PARTIDO HUMANISTA TACHA DE "DESVERGONZADAS" DECLARACIONES DEL ALCALDE TEMUCO
"HOY PREGUNTAMOS ¿DÓNDE QUEDÓ LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL SR. HUENCHUMILLA CUANDO EJERCIÓ COMO DIPUTADO?, ¿DÓNDE QUEDÓ LA RESPONSABILIDAD DE PARTIDO POLÍTICO AL CUAL HUENCHUMULLA Y EL EX ALCALDE SAFIRIO PERTENECEN? (PDC)"
Declaración Pública, Partido Humanista de Temuco.
El Partido Humanista de Temuco llama la atención de la opinión pública, y los organismos fiscalizadores, para expresar el más rotundo rechazo a la irresponsabilidad de quienes se han hecho cargo de la administración municipal en los ultimos17 años y a las desvergonzadas declaraciones de la primera autoridad municipal, don Francisco Huenchumilla, El ciudadano de Temuco no debe aceptar, ni hacerse cargo de los enjuagues políticos de la concertación con los torturadores y asesinos de la dictadura. Resulta escandaloso que la autoridad municipal haya entregado la concesión de la función municipal de aseo y ornato, a quién estuviera vinculado a casos de violación de los derechos humanos, en contratos irregulares, cancelándoles cuantiosas sumas de dinero por supuestos servicios, y mas encima asumir las deudas que estos delincuentes dejaron con sus trabajadores. Nos resulta increíble escuchar por los medios de prensa, a quien fuera en esa época diputado de la república por el distrito Temuco P. las Casas, decir que su antecesor alcalde –René Saffirio-le dejara una nefasta herencia de mala gestión y deuda que la ciudad debe asumir. Hoy preguntamos
¿dónde quedó la función fiscalizadora del Sr. Huenchumilla cuando ejerció como diputado?, ¿dónde quedó la responsabilidad de partido político al cual Huenchumulla y el ex alcalde Safirio pertenecen? (PDC) Queremos que se aclaren estas graves situaciones frente a la opinión pública, de Temuco, ya que la administración municipal ha sido llevada adelante por las mismas personas, coalición política y partido, la democracia cristiana.
Resulta doloroso y vergonzoso que mientras a los trabajadores se les entregan migajas en un miserable aumento en el salario mínimo, y sean tantas las demanandas de mejoras, por parte de los vecinos de Temuco que han sido postergadas y no escuchadas, el actual alcalde sigua votando los recursos que le pertenecen a toda la comuna. Partido Humanista, Dirección. Regional.
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26 de Febrero de 2000
Pablo Iturriaga presentó una querella por injurias y calumnias por acusaciones que lo vinculan con atentados a forestales Ex jefe de seguridad de Mininco denunció montaje en su contra
Empresario aseguró que su relación contractual con Mininco terminó en agosto de 1999, tras perder una licitación que se adjudicó la empresa de seguridad ASS, con la cual niega tener alguna relación. Fredy Palomera, Temuco
En contraste con las declaraciones de Iturriaga, ayer los parlamentarios Guido Girardi y Eugenio Tuma reiteraron su tesis de los autoatentados y su vinculación con la empresa Osepar.
Pablo Iturriaga presentó una querella por injurias y calumnias por acusaciones que lo vinculan con atentados a forestales Ex jefe de seguridad de Mininco denunció montaje en su contra
Empresario aseguró que su relación contractual con Mininco terminó en agosto de 1999, tras perder una licitación que se adjudicó la empresa de seguridad ASS, con la cual niega tener alguna relación. Fredy Palomera, Temuco
Rechazan vínculo
Su total rechazo a la posibilidad de que los hechos de violencia ocurridos en predios forestales sean "autoatentados" expresó ayer el gerente de Asuntos Públicos de Forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla, interpretando aquello como "una maquinación de los que lideran a las personas, en su mayoría mapuches, que están declarados reos y a punto de ser condenados por otros hechos y que, viéndose encerrados por la Justicia, ocupan cualquier artificio para salir de ello".
Agregó que le parecía insólito que se piense que los trabajadores heridos por el último ataque pudieran haber atentado contra sí mismos, "o que el carabinero que resultó herido con un hacha en su espalda en mayo del año pasado se hubiera atacado a sí mismo". Respecto de las compañías de seguridad que les proveen guardias, señaló que han sido investigadas sin detectarse anomalías. Recalcó además que Mininco nunca ha trabajado directamente con Osepar, sino con una firma relacionada durante el primer semestre de 1999. Por último, recordó que la confesión de los ex guardias no se refería a ningún hecho que hubiera ocurrido en algún predio de Mininco.
Diputados
Diputados
El vicepresidente del PPD, diputado Guido Girardi, y su homólogo Eugenio Tuma, solicitaron al Gobierno la presentación de una querella y requerimientos por asociación ilícita terrorista en contra de quienes resulten responsables de los hechos denunciados el jueves por ex trabajadores de empresas de seguridad que prestan servicios a empresas forestales de la Región de la Araucanía.
Ello, luego que dos personas que se identificaron sólo como ex guardias forestales declararon a la prensa que por orden del dueño de la empresa Osepar, Pablo Iturriaga, tres de sus jefes de terreno -Cristián Gañán, Adrián Lavín y Alvaro Villagrán- los obligaban a hostigar a los mapuches y dañar los bienes de las empresas forestales con el fin que éstas siguieran contratando sus servicios.
Girardi y Tuma señalaron que los hechos denunciados son "verdaderos actos de terrorismo que deben ser investigados por los tribunales de justicia" y agregaron que es necesario que se aplique la Ley Antiterrorista "no sólo por la gravedad de los hechos", sino porque "entrega instrumentos jurídicos como la delación compensada, que permite desarticular grupos terroristas".
Los parlamentarios afirmaron que la próxima semana se reunirán con el ministro del Interior, Raúl Troncoso, y el subsecretario Guillermo Pickering, para entregarles los nuevos antecedentes y solicitarles que "pidan a la Corte de Apelaciones de Temuco que designe un ministro en visita para investigar los hechos denunciados".
En cuanto a la veracidad de las denuncias, Tuma dijo que "es lo que deben investigar los tribunales de justicia" y agregó que las declaraciones de los ex guardias "coinciden con los partes de Carabineros y con los antecedentes que se manejan en tribunales". Añadió que la versión de los autoatentados es verosímil, porque "tiene detalles que sólo puede saber alguien que estuvo en el momento de los hechos".
Una querella por injurias y calumnias presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Temuco el empresario y ex oficial de Ejército Pablo Iturriaga, dueño de la empresa de seguridad Osepar, debido a las acusaciones que se le han hecho de ser quien daba las órdenes de atentar contra intereses de empresas forestales para culpar a los mapuches, mientras prestaba servicios para Forestal Mininco.
El libelo acusatorio es en contra de Leticia Fonseca Araneda y Gerson Espinoza, madre y hermano de Leonardo Espinoza -ex brigadista que se suicidó el año pasado supuestamente afectado por haber cometido tales actos-, a quienes imputa haber iniciado una serie de acusaciones en su contra por la muerte de este último.
Respecto a los encapuchados que el jueves lo acusaron de incitar los autoatentados contra Mininco para justificar la presencia de brigadistas en la zona, aseguró que por el momento no podía hacer nada. "Que entren a mi oficina y lo digan en mi cara", afirmó, sin descartar que éstos podrían estar siendo utilizados. Así, denunció un manejo comunicacional "amarrado a una madre que está sola por el suicidio de su hijo, de lo cual algunas otras personas han hecho causa común. Esto lo toman políticos y con su trabajo, que también es comunicacional, lo tratan de explotar y desvirtuar el problema real".
DEFENSA
El ejecutivo desmintió categóricamente las acusaciones, indicando que proveyó a Mininco de personal brigadista para el combate y prevención de incendios forestales en un número de trabajadores que iba desde los 10 a los 30, y que las motivación de quienes le acusan sería desvirtuar lo que está ocurriendo hoy en los sitios conflictivos, cuando ya no trabaja con su gente en la zona.
Aseguró que su relación contractual con Mininco se inició en enero de 1998 y terminó en agosto del año pasado, tras perder en julio una licitación privada, que fue adjudicada a la actual empresa que trabaja para Mininco -ASS- con la cual asegura no tener relación alguna, ni siquiera a través de algún familiar.
Iturriaga posee tres empresas -Osepar, Esedpa y una tercera sin nombre de fantasía- cuyos funcionarios desempeñan labores como telefonistas, aseo, capacitación, guardias y brigadistas forestales para la prevención y combate de incendios. A ello se suma un restorán, una empresa de aseo, otra de recarga de extintores, una de recursos humanos, una de seguridad y una de alarmas.
En cuanto a las acusaciones que se le hicieron de que era él quien daba las órdenes para realizar autoatentados, utilizando el nombre de "Alfa Uno", las calificó de "telenovelas y circo", enfatizando que "no me comunicaba por radio con la gente, porque no tenía nada que ver con los operativos, por lo tanto, cuando me comunicaba con ellos era por teléfono".
Agregó que "jamás he dado una orden, jamás he dispuesto algo que no tenga que ver con temas administrativos. Las personas eran entregadas a las forestales con disposiciones absolutamente administrativas y su trabajo lo regulaba la empresa".
Reiteró que "llegué a los predios forestales no para formar violencia, sino que llegué porque ya había violencia" y que sus trabajadores jamás usaron armas.
Respecto de su relación con Alvaro Villagrán, Adrián Lavín y Cristián Gañán, reconoció que le prestaron servicios como brigadistas y que tuvieron a su cargo grupos determinados de personas, pero sin ningún rango especial. Hoy, ninguno de ellos tiene relación contractual con su empresa
Rechazan vínculo
Su total rechazo a la posibilidad de que los hechos de violencia ocurridos en predios forestales sean "autoatentados" expresó ayer el gerente de Asuntos Públicos de Forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla, interpretando aquello como "una maquinación de los que lideran a las personas, en su mayoría mapuches, que están declarados reos y a punto de ser condenados por otros hechos y que, viéndose encerrados por la Justicia, ocupan cualquier artificio para salir de ello". Agregó que le parecía insólito que se piense que los trabajadores heridos por el último ataque pudieran haber atentado contra sí mismos, "o que el carabinero que resultó herido con un hacha en su espalda en mayo del año pasado se hubiera atacado a sí mismo". Respecto de las compañías de seguridad que les proveen guardias, señaló que han sido investigadas sin detectarse anomalías. Recalcó además que Mininco nunca ha trabajado directamente con Osepar, sino con una firma relacionada durante el primer semestre de 1999. Por último, recordó que la confesión de los ex guardias no se refería a ningún hecho que hubiera ocurrido en algún predio de Mininco.
Diputados
El vicepresidente del PPD, diputado Guido Girardi, y su homólogo Eugenio Tuma, solicitaron al Gobierno la presentación de una querella y requerimientos por asociación ilícita terrorista en contra de quienes resulten responsables de los hechos denunciados el jueves por ex trabajadores de empresas de seguridad que prestan servicios a empresas forestales de la Región de la Araucanía.
Ello, luego que dos personas que se identificaron sólo como ex guardias forestales declararon a la prensa que por orden del dueño de la empresa Osepar, Pablo Iturriaga, tres de sus jefes de terreno -Cristián Gañán, Adrián Lavín y Alvaro Villagrán- los obligaban a hostigar a los mapuches y dañar los bienes de las empresas forestales con el fin que éstas siguieran contratando sus servicios.
Girardi y Tuma señalaron que los hechos denunciados son "verdaderos actos de terrorismo que deben ser investigados por los tribunales de justicia" y agregaron que es necesario que se aplique la Ley Antiterrorista "no sólo por la gravedad de los hechos", sino porque "entrega instrumentos jurídicos como la delación compensada, que permite desarticular grupos terroristas".
Los parlamentarios afirmaron que la próxima semana se reunirán con el ministro del Interior, Raúl Troncoso, y el subsecretario Guillermo Pickering, para entregarles los nuevos antecedentes y solicitarles que "pidan a la Corte de Apelaciones de Temuco que designe un ministro en visita para investigar los hechos denunciados".
En cuanto a la veracidad de las denuncias, Tuma dijo que "es lo que deben investigar los tribunales de justicia" y agregó que las declaraciones de los ex guardias "coinciden con los partes de Carabineros y con los antecedentes que se manejan en tribunales". Añadió que la versión de los autoatentados es verosímil, porque "tiene detalles que sólo puede saber alguien que estuvo en el momento de los hechos".
latercera@copesa.cl
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Por : Marcelo Sandoval- Comunal Partido Humanista Temuco
Mil hombres contratados por Osepar Esedpa,S:A- para prestar servicios de seguridad a las Forestales, y servicios de aseo y ornato a las Municipalidades y otras entidades públicas de la región.
“Mantenían un régimen militar con sus trabajadores, los hacían cortarse el pelo y cuadrarse cuando el ex general llegaba”.- precisó en relación al ex uniformado, el abogado “Julio Landaeta” quién representa al grupo de “trabajadores estafados”.
Las actividades de los hermanos Iturriaga Neumann dejaron ver una vasta red de contactos e influencias que llegaron mas allá de los círculos militares, alcanzando ámbitos políticos y empresariales que les permitió acceder a contratos y concesiones públicas y privadas.
Las actividades de los hermanos Iturriaga Neumann dejaron ver una vasta red de contactos e influencias que llegaron mas allá de los círculos militares, alcanzando ámbitos políticos y empresariales que les permitió acceder a contratos y concesiones públicas y privadas.
En el círculo empresarial, los hermanos Iturriaga Neumann obtuvieron contratos para prestar servicios de seguridad a las empresas forestales Mininco, Arauco y otras que operan en la región, es en esta actividad donde toman un rol bastante activo. En el año 1998 es donde empieza aparecer con mayor fuerza en los medios de comunicación, los incidentes entre las comunidades Mapuche y las empresas forestales.-
La sombra de Raúl Iturriaga Neumann con su influencia, marcó la agenda noticiosa, Judicial y política desde fines de los 90” y en adelante, ya que sus actividades dieron como resultado un sin número de espectaculares hechos noticiosos que denunciaban atentados de carácter terroristas, generando con ellos un clima de inseguridad y conflicto en toda la región. Pudieron de esta manera instalar, un estado de excepción que ahogo cualquier expresión de rechazo y protesta para numerosas comunidades mapuches, favoreciendo con ello los planes de expansión de las empresas forestales.
Las comunidades fueron puestas en una situación límite de subsistencia de la noche a la mañana sus pozos, vertientes y todas sus fuentes de agua y alimentos se fueron agotando, cundió la miseria en los campos, colocando a la región como la más pobre del país, según las propias estadísticas del gobierno. Frente a este cuadro algunas comunidades se organizaron y pusieron en marcha el proceso de recuperación de tierras, que termino por afianzar la actividad de Iturriaga y los mil hombres que tenia bajo su mando.
En julio de 1980, 160 hombres de Osepar Esepda S:A provistos de armas de fuego, junto a carabineros atacan a mapuches en el fundo Cuyinco de `propiedad de Bosques Arauco, que había sido tomado por una comunidad del sector, después de varios años de reclamos y juicios que pedían la devolución de las tierras a sus legítimos dueños. Brutal fue la acción de carabineros y los guardias privados, destruyendo todo a su paso y dejando a numerosos hombres y mujeres lesionados, algunos graves.
Son muchos los sucesos con estas características que subsiguieron, atentados, represión, allanamientos y el conflicto Mapuche se agudizo en noviembre del 2002 con la muerte de un joven mapuche de 17 años, Alex Lemun Saavedra, durante una toma del fundo Sta Elisa , esto significo una nueva escalada de denuncias y respuestas violentas por parte de carabineros, el grupo paramilitar de Iturriaga Neumann y la justicia, que en una descarnada cacería humana, siguió deteniendo y encarcelando a comuneros en un plan de descabezamiento de la Coordinadora Arauco Malleco CAM, acusada de cometer los atentados de carácter terrorista, llevándolos a juicios donde se les aplico la ley antiterrorista heredada de Pinote.
Marcada con una creciente movilización social, los procesos judiciales a los lonkos y comuneros Mapuche son llevados adelante y patrocinadas por las forestal, Mininco SA del grupo Mate, influyentes latifundistas encabezados por Agustín Figueroa Yavar, y la Municipalidad de Temuco, representada por el alcalde democratacristiano, Rene Saffirio Espinoza.
Ya en febrero del 2000, dos trabajadores de Osepar que se identificaron como ex guardias de seguridad denunciaron, autoatentados, declararon a medios de prensa que “por orden de Pablo Iturriaga , tres de sus jefes en terreno: Cristian Gañan, Adrián Lavín y Álvaro Villagran los obligaron a hostigar a los comuneros mapuches y dañar los bienes de la empresa forestal, con el fin de seguir prestando servicios de seguridad”, esto motivó a los diputados PPD Guido Girardi y Eugenio Tuma a pedirle al gobierno que presente una querella y requerimientos por “asociación ilícita terrorista”, en contra de quien resulte responsable de los hechos denunciados por estos trabajadores.
Las denuncias nunca fueron tomadas con la intención de aclarar los hechos sino para desvirtuarlos, ya que el gobierno a través del Ministerio del Interior y por medio del sub. Secretario de la época, Guillermo Correa Sutil, convoca la ley antiterrorista 18.314 para ser aplicada en los juicios a los Lonkos.
El vínculo municipio de Temuco e Iturriaga Neumann, queda en evidencia en esta maraña de violencia, cuando Rene Saffirio se hace parte querellante en los juicios a los lonkos, y le adjudica un contrato en forma irregular a Osepar para el aseo y ornato de la ciudad, delegándole esta importante función municipal a quien estuviera vinculado a violaciones de los derechos humanos y principal actor en los confusos hechos de los cuales los lonkos eran enjuiciados.Posteriormente los trabajadores de Osepar-Esedpa SA, demandaron a la empresa por el no pago de sueldos y finiquitos a fines del 2003, esto producto de que repentinamente la empresa desapareció del mapa, no se encontró dirección ni a nadie a quien cobrar lo adeudado, después de tres años de juicio la corte sentencio a la municipalidad de Temuco por ser la entidad mandante, a pagar a los trabajadores de Osepar-Esedpa SA, los finiquitos y todo lo adeudado por un monto total de 200 millones de pesos.
Numerosas fueron las movilizaciones de las comunidades Mapuche, organizaciones sociales y políticas extra parlamentarias durante los años 2005 y 2006, que hicieron retroceder esta oscura maraña de violencia y negocios, que involucran a políticos de la Concertación, la derecha, empresarios forestales y militares en retiro.
La emblemática huelga de hambre de los presos políticos Mapuches, fue la que marcó un antes y un después del conflicto.
La dignidad del pueblo mapuche fue reconocida por sus acciones, la discriminación ejercida fue rechazada por la gente que pudo conocer de las extrañas acusaciones del poder judicial, que uso la ley antiterrorista en tiempo de paz y que uso a testigos sin rostro y no investigó las actuaciones del ex general Raúl Iturriaga Neumann cuando presto servicios a las empresas forestales y al Municipio local,
Fue la gente en las calles que dicto un veredicto, enfrentando la represión policial, marchando innumerables veces hasta la sede del gobierno regional, para entregar mil cartas que denunciaban los abusos, fueron las movilizaciones en las calles de Temuco, que se conocieron en el Exterior, que fueron explicadas por representantes mapuches, y por el propio Tomas Hirsch, ex candidato presidencial del “Juntos Podemos Mas” en su gira por Europa.
Hoy algunos de los Lonkos están libres, unos fueron absueltos, otros cumplieron condenas, pero Patricia Troncoso, los hermanos Marileo y Juan Huenulao siguen encarcelados y se suman otros detenidos recientemente.
Raul Iturriaga Neumann hoy, esta prófugo de la justicia, la Municipalidad de Temuco fue condenada a pagar por complicidad y es enjuiciada moralmente por la gente por dar una dura bofetada a las organizaciones de Derechos Humanos, Torturados, Ex Presos Políticos, Exonerados y todos los que fueron victimas de los vejámenes de la dictadura, al brindarle cobijo y sustento al militar condenado en Chile por violar los Derechos Humanos.
Ya en febrero del 2000, dos trabajadores de Osepar que se identificaron como ex guardias de seguridad denunciaron, autoatentados, declararon a medios de prensa que “por orden de Pablo Iturriaga , tres de sus jefes en terreno: Cristian Gañan, Adrián Lavín y Álvaro Villagran los obligaron a hostigar a los comuneros mapuches y dañar los bienes de la empresa forestal, con el fin de seguir prestando servicios de seguridad”, esto motivó a los diputados PPD Guido Girardi y Eugenio Tuma a pedirle al gobierno que presente una querella y requerimientos por “asociación ilícita terrorista”, en contra de quien resulte responsable de los hechos denunciados por estos trabajadores.
Las denuncias nunca fueron tomadas con la intención de aclarar los hechos sino para desvirtuarlos, ya que el gobierno a través del Ministerio del Interior y por medio del sub. Secretario de la época, Guillermo Correa Sutil, convoca la ley antiterrorista 18.314 para ser aplicada en los juicios a los Lonkos.
El vínculo municipio de Temuco e Iturriaga Neumann, queda en evidencia en esta maraña de violencia, cuando Rene Saffirio se hace parte querellante en los juicios a los lonkos, y le adjudica un contrato en forma irregular a Osepar para el aseo y ornato de la ciudad, delegándole esta importante función municipal a quien estuviera vinculado a violaciones de los derechos humanos y principal actor en los confusos hechos de los cuales los lonkos eran enjuiciados.
Posteriormente los trabajadores de Osepar-Esedpa SA, demandaron a la empresa por el no pago de sueldos y finiquitos a fines del 2003, esto producto de que repentinamente la empresa desapareció del mapa, no se encontró dirección ni a nadie a quien cobrar lo adeudado, después de tres años de juicio la corte sentencio a la municipalidad de Temuco por ser la entidad mandante, a pagar a los trabajadores de Osepar-Esedpa SA, los finiquitos y todo lo adeudado por un monto total de 200 millones de pesos.
Numerosas fueron las movilizaciones de las comunidades Mapuche, organizaciones sociales y políticas extra parlamentarias durante los años 2005 y 2006, que hicieron retroceder esta oscura maraña de violencia y negocios, que involucran a políticos de la Concertación, la derecha, empresarios forestales y militares en retiro.
La emblemática huelga de hambre de los presos políticos Mapuches, fue la que marcó un antes y un después del conflicto.
La dignidad del pueblo mapuche fue reconocida por sus acciones, la discriminación ejercida fue rechazada por la gente que pudo conocer de las extrañas acusaciones del poder judicial, que uso la ley antiterrorista en tiempo de paz y que uso a testigos sin rostro y no investigó las actuaciones del ex general Raúl Iturriaga Neumann cuando presto servicios a las empresas forestales y al Municipio local,
Fue la gente en las calles que dicto un veredicto, enfrentando la represión policial, marchando innumerables veces hasta la sede del gobierno regional, para entregar mil cartas que denunciaban los abusos, fueron las movilizaciones en las calles de Temuco, que se conocieron en el Exterior, que fueron explicadas por representantes mapuches, y por el propio Tomas Hirsch, ex candidato presidencial del “Juntos Podemos Mas” en su gira por Europa.
Hoy algunos de los Lonkos están libres, unos fueron absueltos, otros cumplieron condenas, pero Patricia Troncoso, los hermanos Marileo y Juan Huenulao siguen encarcelados y se suman otros detenidos recientemente.
Raul Iturriaga Neumann hoy, esta prófugo de la justicia, la Municipalidad de Temuco fue condenada a pagar por complicidad y es enjuiciada moralmente por la gente por dar una dura bofetada a las organizaciones de Derechos Humanos, Torturados, Ex Presos Políticos, Exonerados y todos los que fueron victimas de los vejámenes de la dictadura, al brindarle cobijo y sustento al militar condenado en Chile por violar los Derechos Humanos.
LA SOMBRA DEL EX GENERAL RAÚL ITURRIAGA NEUMANN Enviado por: EDITOR el Miércoles, 04 de Julio de 2007 - 10:08 GMT
Chile
La lucha del pueblo mapuche
Artículos tomados de la publicación ClaseContraClase, nº 62, de nuestra organización hermana en Chile.
“Hoy todos los mapuche somos terroristas a menos que demostremos lo contrario”*
08-02-04
Virginia Andrea Peña
La “justicia” patronal chilena ha mostrado ser un ejemplo de injusticia y racismo para ricos: mientras en estos momentos hay 16 presos políticos mapuche, acusados de cargos tan increíbles como “terrorismo”o “asociación ilícita”, los militares de la dictadura -verdaderos “terroristas” contra el pueblo- están libres en su amplia mayoría, mientras que el Mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer, asesino del joven mapuche de 17 años Edmundo Alex Lemun -abatido en una acción de recuperación de tierras en un fundo ocupado por la empresa Forestal Mininco-, también está libre y este hecho se encuentra en total impunidad.
Y es que es tan brutal la justicia patronal chilena contra la lucha del pueblo mapuche, que su actuar es definido como una verdadera criminalización del conflicto, ya que junto con el aumento de la dotación policial y la persecución a autoridades tradicionales mapuches el Gobierno y su Justicia siguen encarcelando, reprimiendo, condenando, acosando y discriminando al pueblo mapuche.
Si bien la historia de la represión al pueblo mapuche viene desde la propia colonización, y fue brutal también durante los años de la dictadura, en los últimos años los distintos Gobiernos de la Concertación, incluyendo al “democrático” Gobierno del “socialista” Ricardo Lagos han profundizado la entrega de los recursos naturales (forestales) a empresas privadas nacionales y transnacionales aumentando por ello la represión y persecución contra los mapuches, ya que la prioridad de este Gobierno es garantizarle “seguridad jurídica” y buenos negocios a estos empresarios.
El propio Ministro del interior José Miguel Insulza en su discurso en el Encuentro Empresarial de la Araucanía, en que empresarios analizaron la situación económica nacional y regional y sus proyecciones -incluidas en el marco de los tratados internacionales- planteó que “la pasividad en la zona en el marco del denominado conflicto mapuche se viene dando desde antes de los juicios a los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, por ley antiterrorista. Asimismo mencionaba que la calma reinante se ha conseguido por las arremetidas judiciales y por la participación e integración de los indígenas a distintos programas de desarrollo” [1].
Actualmente los mapuches ocupan solo 250 mil hectáreas, más de la mitad habitan en las ciudades en un proceso de migración que se viene produciendo hace varios años debido a la escasez de tierra que ha llegó a un punto límite para la subsistencia de las comunidades, viviendo la mayor parte de ellos en situación de pobreza.
El estado chileno mientras ha usurpado tierras a los indígenas mediante distintas “Leyes” y mecanismo, reconoce a los usurpadores como dueños: del total de las tierras forestales y bosque de Chile, en el caso del bosque nativo, los particulares son propietarios de 5 veces más bosques nativos que el Estado [2].
“7 empresas...en 1992 poseían 233.900 hectáreas (comparar con las 250 mil hectáreas de tierras mapuches) de bosques nativos en las regiones VIII a XII....las cifras de la gran concentración de propiedades con bosque nativo en pocas manos son elocuentes: el 22,48% de los propietarios posee el 88,15% de las tierras...” [3].
Por otro lado la política del Gobierno es brindar un subsidio para la adquisición de tierras por parte de las comunidades indígenas, en el año 2003, postularon a este concurso 5 mil 178 personas naturales y 89 comunidades de las regiones VII, IX, X y XII, de los que fueron adjudicados sólo 80 subsidios individuales y 11 para comunidades, asignándose para ello poco más de dos mil millones de pesos, es decir, el Estado atendió tan sólo el 2,7 por ciento de la demanda general, por efectos de compra de tierras indígenas del sur del país.
Es a través de este proceso de subsidio realizado por la Corporación de Desarrollo Indígena -CONADI- donde los mapuches “recuperan legalmente” sus tierras, es decir, comprando a elevadas cifras sus propias tierras que en un pasado les fueron usurpadas y actualmente poseen empresas y particulares. Esta política es completamente inútil para alcanzar los justos fines de recuperar sus tierras y conquistar su autodeterminación nacional.
Fundamentalmente, se trata de una política para dividir al pueblo-nación mapuche, arrojando unas migajas a algunos, para intentar aislar a quiénes luchan activamente contra las forestales y sus guardias blancos, y contra el Estado patronal chileno y sus instituciones como carabineros, el Parlamento y la Justicia.
La Reforma Procesal Penal y la Criminalización de la lucha del pueblo-nación mapuche
Sin duda una herramienta formidable puesta en practica en el actual Gobierno es la reforma Procesal Penal que ha permitido “agilizar” las condenas a los luchadores del pueblo mapuche.
La política de criminalización de la lucha es sostenida tanto por la Derecha como por el Gobierno, por ejemplo el Informe sobre el conflicto mapuche en relación al orden público y seguridad ciudadana en las regiones de Bío Bío y la Araucanía dado a conocer por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, sostiene con preocupación que el denominado “conflicto mapuche” que hoy se verifica en el sur del país constituye una “... grave alteración a la vigencia del principio de la seguridad jurídica en las regiones del Bío Bío y La Araucanía.” A juicio de los senadores, tal conflicto se habría generado a raíz de “...las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias.”
Según los mismos senadores tales “acciones violentistas”, las que incluirían “...atentados en contra de la vida e integridad física de las personas, incendios, destrucción de inmuebles, robo de maderas, tala de bosques, etc.”, que se habrían iniciado a mediados de los 90, “...han suscitado un grave problema de orden público y seguridad ciudadana, fundamentalmente en las zonas rurales.”
Otro ejemplo son los 20 senadores de distintas bancadas quienes presentaron en noviembre del año pasado un oficio ante el Ministerio del Interior, solicitando que “inicie las acciones legales correspondientes para sancionar a quienes están detrás de ilícitos, que han generado intranquilidad y preocupación entre campesinos, agricultores y empresas forestales de la zona.” [4].
El documento está firmado por grandes senadores “demócratas” como Jorge Arancibia, Evelyn Matthei, Carlos Bombal, Andrés Chadwick, Carlos Cantero, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Sergio Fernández, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Sergio Páez, Baldo Prokurica, Mario Ríos, Hosaín Sabag, Enrique Silva Cimma, Rodolfo Stange y Gabriel Valdés, y su objetivo es que se deriven los antecedentes a los Tribunales de Justicia para que “investiguen dichos hechos y sancionen, en el evento de estimar la configuración de algún delito, a los responsables”.
Parte de esta política represiva es permitir, a pesar de las múltiples denuncias hechas por mapuches y organismos de Derechos Humanos, de los grupos paramilitares que viene actuando en la zona, como el grupo Hernan Trizano [5] denunciado por Víctor Ancalaf [6], representante de las comunidades de Malleco con "preocupación por la conformación de grupos paramilitares en territorio mapuche, que han afectado la integridad de nuestras comunidades, nos referimos a la organización ’Hernán Trizano’, que han amenazado mediante espacios radiales locales vociferando sus prácticas y acciones anti mapuches” [7].
Por otro lado las empresas forestales han sido denunciadas por sus vínculos con empresas privadas de seguridad, este es el caso emblemático de la Forestal Bosques Arauco, quién el segundo semestre del año 1999 fue acusada públicamente por comunidades de Arauco de planificar atentados y montajes al interior del Fundo Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650 hectáreas y reivindicado desde hacía más de 18 años por miembros de la comunidad Pablo Quintriqueo.
“En aquella ocasión, varios ex guardias de la forestal, molestos por el abandono de sus superiores a uno de sus compañeros detenido en el marco del conflicto mapuche y que posteriormente se quitó la vida, declararon públicamente haber recibido instrucciones de cometer auto atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la comunidad. Cabe destacar que todos ellos pertenecían a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines de los años ochenta por el coronel de Ejército ® Alfredo Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones(CNI, policía secreta de Pinochet) y qué más tarde huiría del país perseguido por causas de violaciones de derechos humanos” [8].
Todas estas denuncias fueron minimizadas por el Gobierno y la Justicia planteando que no había “pruebas suficientes” de la existencia y accionar de estos grupos, mostrando claramente un doble estándar donde se “deja correr” estos grupos como parte de la misma política de amedrentamiento contra el pueblo mapuche.
Esta clara criminalización del conflicto implica vulneración del derecho al debido proceso de los indígenas cuando las autoridades y el Ministerio Público solicitan indiscriminadamente - y obtienen - la aplicación de leyes de excepción como la Ley Antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado que restringen severamente los derechos procesales de los imputados .
A tal punto es escandaloso el actuar del Estado y Gobierno de Chile que el propio relator especial de la ONU Rodolfo Stavenhagen señaló en su informe posterior a su visita a territorio mapuche su preocupación “...ante las situaciones de privación de libertad en la que se encuentran algunos líderes mapuches y la aplicación de leyes sectoriales que permiten, entre otros, largos periodos de detención con las consabidas consecuencias en el disfrute de los derechos humanos de los afectados” [9].
La agrupación de Familiares de Presos Políticos Mapuche, a través de su vocera Cristina Painemal, dio a conocer al finalizar el 2003 el listado de presos mapuches, “destacando el negativo balance que hacen respecto del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal. Consideran que los mapuche que luchan por sus derechos son reprimidos y acusados de delitos que la fiscalía ha caracterizado como ’terroristas’ para poder aplicarles altas penas y detener así la lucha de su pueblo. Similar calificación ha recibido la Coordinadora Arauco Malleco, a la que pertenecen algunos de los presos políticos” [10].
Están imputados por asociación ilícita e incendio terrorista José Osvaldo Cariqueo Saravia, Mireya Figueroa Araneda, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Marinan, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles.
Mientras de asociación ilícita está acusado Héctor Llaitul Carillanca, de ’incendio terrorista’ están acusados Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, y Luis Amable Catrimil Huenupe de incendio simple, Víctor Ancalaf Llaupe, José Nain Curamil, y Juan Arraigada Fren.
Finalmente hace poco tiempo fueron encarcelados los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin, tras ser ratificada la condena a cinco años y un día, por amenazas terroristas, según resolución de la Corte Suprema, contra el propietario del fundo Nancahue, el ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, cuya parte del bosque y su casa patronal fueron quemadas en diciembre de 2001, un caso escandaloso ya que en el primer juicio habían sido absueltos, el caso de ambos dirigentes indígenas fue presentado en agosto de 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que en el juicio oral y en la sentencia condenatoria no hubo un debido proceso y que fue vulnerado el principio de presunción de inocencia, además de considerar la condena “amenazas terroristas” como una aberración jurídica.
En el caso del dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco Vìctor Ancalaf éste fue sentenciado como único responsable identificado de los tres atentados incendiarios contra camiones que participaban en el mega-proyecto hidroeléctrico Ralco, en el Alto Bío Bío condenandolo a 10 años de cárcel, el fallo fue emitido por el ministro instructor Simpertegui, quien sustanció el requerimiento por ley antiterrorista interpuesto por la Gobernación de la provincia del Bío Bío, Octava Región.
Ancalaf permanece recluido desde noviembre del 2002 en la cárcel El Manzano de Concepción, debiendo enfrentar además, otros delitos que se le acusa en el marco de la persecución política de que es objeto.
Todos los prisioneros están recluidos en cárceles de Angol, Concepción, Lebu y Temuco.
Los hechos por los que se ha encarcelado a la mayoría de los presos tienen que ver con la lucha por la recuperación de tierras que vienen desarrollando en los últimos años.
La justa lucha de la menos una importante parte del pueblo-nación mapuche, es la que ha permitido que sus demandas históricas no hayan sido reducidas a la nada. Y le han impuesto un límite a la voracidad explotadora y opresora de los patrones en general y las forestales en particular, y sus políticos de la Concertación y la derecha.
La misma voracidad explotadora que comienza a despertar la lucha más sostenida de los trabajadores y el pueblo pobre chileno, como el paro nacional del 13 de agosto del 2003 mostró. La lucha común del pueblo-nación mapuche por sus justas demandas de tierras y autodeterminación nacional, y de los trabajadores y el pueblo pobre de Chile, es una tarea fundamental contra quienes nos explotan y nos oprimen.
* Periódico Azkintuwe Nº 3 - Enero de 2004. Entrevista exclusiva al dirigente mapuche Víctor Ancalaf Llaupe desde la Cárcel El Manzano de Concepción.
[1] Mapuexpress Informativo Mapuche,http://www.mapuexpress.net
[2] Fuente: Consejo de Todas las Tierras. “El Pueblo Mapuche y sus derechos Fundamentales”. 1er. Edición.
[3] Idem
[4] Noticia aparecida en http://www.rn.cl/news/viewdoc.asp?idnoticia=580
[5] Pedro Hernán Trizano mercenario de ascendencia italiana, que combatió en Chipre, Rusia, la Guerra del Pacífico y finalmente en el Wallmapu contra los mapuches contrarios a doblegarse ante el Estado chileno tras finalizar la campaña militar de Ocupación de La Araucanía el año 1883. Si bien su historia se inicia en Italia, parte importante de su “leyenda” comenzaría a forjarse a su llegada a Sudamérica en la segunda mitad del siglo XIX y tras enrolarse como soldado en las fuerzas militares chilenas que, bajo el mando del General Patricio Lynch y el financiamiento de acaudalados capitalistas ingleses, marcharon el año 1879 más allá de la frontera norte de Chile para tomar el control de los ricos yacimientos del salitre boliviano de Antofagasta. Allí, entre campañas de guerra sucia, saqueos a poblaciones indefensas, ajusticiamientos masivos de indígenas en el Altiplano y una que otra batalla ganada en buena lid frente a sus pares del Ejército peruano, se iría forjando la leyenda de este mercenario que llegaría a ser conocido más tarde como el “Bufallo Bill” chileno o “El gatillo más rápido” de La Araucanía. Concluida la Guerra del Pacífico, Hernán Trizano -ahora convertido en flamante oficial de ejército- se dirigiría al sur del país acompañando al Coronel Cornelio Saavedra en su nueva destinación militar. Si bien no le tocaría al genovés participar directamente de la guerra contra los mapuches -que finalizaría “oficialmente” el año 1883 con la refundación de Villarrica-, la misión que le había encomendado Saavedra en las tierras sureñas lo dejaría más que satisfecho: debía ayudar a menguar el bandolerismo en La Araucanía integrándose al Cuerpo de Policía Rural que operaba desde hace varios años sin éxito en La Frontera. Trizano entre los años 1880 y 1896 se desempeñó como un eficiente Policía Rural, destacando frente al resto de sus camaradas de armas por su extremada sangre fría a la hora de hacer frente a sus eventuales y desdichados rivales. El año 1896, el gobierno de la época comisionó al propio Hernán Trizano para formar por su cuenta un cuerpo especial de policías que sirviera como verdadera fuerza paramilitar en las zonas de Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Llanquihue. Esta vez, sin embargo, sus principales objetivos no serían aquellos bandidos y cuatreros de poca monta que perseguía sin éxito la Policía Rural, sino principalmente aquellos grupos mapuches rebeldes que seguían combatiendo a las fuerzas militares chilenas en los campos de La Araucanía, poniendo en grave peligro tanto las explotaciones trigueras en la zona como la efectividad de una ocupación militar amenazada constantemente por nuevos conatos de sublevación indígena. Trizano formaría entonces el "Cuerpo de Gendarmes de las Colonias", un grupo armado compuesto mayoritariamente por agricultores y ex militares (ex oficiales y suboficiales), supeditado al Ministerio de Relaciones Exteriores -esto por la gran cantidad de inmigrantes europeos que colonizaban la zona y exigían su debida protección del gobierno- y que sería recordado más tarde simplemente como “Los Trizanos”, en honor al primer apellido de su sanguinario jefe. Con el tiempo, este grupo se convertiría en una especie de Ejército Irregular al margen de las Fuerzas Armadas, con muchas atribuciones y con un infinito poder. La impunidad en sus acciones y las redes de protección a su alrededor que integraban personajes como el propio magnate triguero José Bunster, por aquellos años el principal financista de la colonización del territorio mapuche, convirtieron rápidamente a Trizano en un dictadorcillo siniestro y despiadado, un verdadero sheriff de La Frontera bajo cuya Winchester de repetición caían fulminados decenas de buscavidas, aventureros, bandidos, cuatreros, traficantes, borrachos y, principalmente, lonkos mapuches prófugos de la justicia militar de aquellos tiempos. FUENTE: “Hernán Trizano, pacificador de la frontera mapuche.”Por Pedro Cayuqueo Periodista. Director del Sitio Web de Kontrainformación Mapuche Kolectivo Lientur.
[6] Información aparecida en el Diario “LA Cuarta” el 21 de Marzo de 2002.-
[7] Idem.
[8] “Paramilitares en La Araucanía.El Far West del ex ministro concertacionista Juan Agustín Figueroa ” Pedro Cayuqueo. Periodista mapuche. Director del Sitio Web de contrainformación Mapuche Kolectivo Lientur. Este es un extracto de un libro en etapa de elaboración titulado “Paramilitares en Territorio Mapuche: La historia no contada de una guerra sucia”.
[9] Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: Tendencias Internacionales y Realidad Local, encuentro organizado por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, Temuco. Fuente: www.mapuexpress.net
23-03-2007
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Reportaje
Denuncian que existirían Autoatentados en las forestales
Mientras el subsecretario Guillermo Pickering y los funcionariosde las madereras, así como los dirigentes de la corporaciónque los agrupa, la Corma, entonan al unísono acusaciones sin fundamento contra comunidades mapuches y sus organizaciones de estar detrás del atentado a una camioneta de Forestal Mininco el sábado pasado,ex funcionarios de una empresa de seguridad que presta servicios a lasforestales, denunciaron que eran instados a cometer autoatentados que inculparana las organizaciones mapuches.
Una investigación realizada por periodistas de la Radio BíoBío de Temuco, y ratificada en conferencia de prensa por el diputadoEugenio Tuma del PPD, cambió el tenor de las acusaciones sobre laautoría del atentado a una camioneta de la forestal Mininco al interiorde Collipulli en la madrugada del sábado 19 de febrero, volcandolas sospechas a los propios trabajadores involucrados o a otros funcionariosde la empresa de seguridad contratada por Mininco. La denuncia realizadapor la radio Bío Bío, establece que existirían seisguardias que prestaban servicios en las empresas forestales, dispuestosa declarar que recibían ordenes expresas de sus superiores de hostigara las comunidades mapuches y de realizar autoatentados con el fin de inculpara los comuneros. La denuncia se centra principalmente en la empresa de seguridad Osepar,de propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo, la que según se señalaen la información, daba instrucciones precisas a sus trabajadoresde hostigar sistemáticamente a las comunidades mapuches que mantienenlitigios de tierras con las forestales. En la nota radial, el diputado Tuma, declaró que el objetivode estos guardias de seguridad era crear un clima de violencia para beneficiarse económicamente. "Se les ha conminado a cometer delitos. Se les ha proporcionado elementos para fabricar, por ejemplo, bombas caseras con el fin de atentarcontra las comunidades indígenas y atentar contra los propios bienesque ellos estaban protegiendo. De atentar contra vehículos de lapropia empresa de seguridad para los efectos de hacer las denuncias correspondientes.Como tenían cobertura de seguros, entonces, hacían creíble el atentado con el propósito de convencer a las empresas forestal de aumentar el número de guardias forestales que deberíanser contratados". Los guardias dispuestos a denunciar las maniobras de estas empresas,esperan protección para poder testificar sin temor a las represalias.Por lo cual, para el diputado Tuma, se hace necesario la aplicaciónde la Ley Antiterrorista, como herramienta legal que contempla la delacióncompensada.
Por ahora, estos antecedentes están en manos del ministrode la Corte de Apelaciones de Temuco, Leonardo Llanos. Las organizaciones mapuches desde hace mucho tiempo que estándenunciando las prácticas poco ortodoxas de los guardias de seguridadcontratados por las empresas forestales. Denunciando la presencia de exintegrantes de organismos represivos de la dictadura dirigiendo los guardiasde seguridad de las madereras, así como la sospechosa presenciaen la zona de Oscar Carpenter, conocido como funcionario de "La Oficina",organismo de seguridad de los gobiernos de la Concertación. Hoy está apareciendo la punta del iceberg.
Reproducimos extractos de los testimonios de dos de los guardias dispuestosa declarar transmitidos en la nota de Radio Bío Bío. Guardia 1 "ÉEra simple para ellos. Como nosotros trabajábamos sincontrato, sin nada, nos decían: tú tienes que hacer un incendio,o te vas. Muchas personas pasaban por eso también, la mayoríaaccedía por la falta de trabajo y tenía que incurrir en esosactos. Yo personalmente también. A mi me mandaron, presionado porlo mismo, por lo del trabajo. Nosotros teníamos que justificar nuestrotrabajo, porque la empresas forestales presionaban a Osepar, a este señorPablo Iturriaga, él a la vez presionaba a Adrián Lavíny Alvaro Villagrán, que eran los jefes, y ellos nos presionabana nosotros. Nos decían que teníamos que incurrir en actosde hostigamiento a las comunidades mapuches y asediarlos para poder mantenernosnosotros ahí trabajando. Y una vez que se desató el conflictoen Traiguén, fue demasiado, nosotros no podíamos controlarla magnitud, el peso que había tomado la situación. Comose volcó de un rato para otro y fuimos sacados de eso para no despertarmás sospechas".
Guardia 2 "Éen una ocasión le fui a pedir disculpas a unas señorasmapuche. Aparte que ellas sabían que los que mandaban eran esosseñores. Ellos eran, no nosotros. Yo nunca me metí en problemas, de ir a quemar bosques, perosí una vez que fui a tirar unas cosas. Yo llegué en febrerodel 97, me sacaron a conocer el bosque y me dijeron aquí viven losFren. Yo no tenía idea de quién eran los Fren, no teníaidea. Y al otro día, me dijeron: vamos, y se enteraron estos quevenían de Talcahuano con una carpa a tomar el terreno, y me dijeron:ya, vamos a tirarles las cosas al agua, la cocina, todo. Ahí fuimostodos corriendo, un grupito como de diez a tirarles las cosas al agua".
Víctor Ancalaf, vocero de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco,
se trata de enlodar la imagen de nuestro movimiento
Víctor Ancalaf, es uno de los nombres más recurridosa la hora de inculpar a mapuches en las diferentes acciones enmarcadasen el conflicto indígena ocurridas en la Región de la Araucanía.Esta vez, su nombre circuló rápidamente a la hora de establecerlos autores de la quema de una camioneta de la Forestal Mininco, con sustres ocupantes al interior, encontrándose uno de ellos en estado grave. Este suceso que conmocionó a la opinión pública,nuevamente puso en la palestra el conflicto entre mapuches y empresas forestales,mostrando de paso la parcialidad y la ligereza con que actúa elgobierno en este conflicto, esta vez a través de las declaracionesde su subsecretario del Interior, Guillermo Pickering, quien inculpósin prueba alguna a los mapuches, y más precisamente, a la CoordinadoraArauco Malleco, de lo ocurrido El Siglo, conversó con Víctor Ancalaf, sobre lo sucedidoy sobre las reiteradas acusaciones en su contra.
¿Por qué cree que su nombre aparece tan rapidamente cuandosuceden hechos de esta naturaleza?
"Yo creo que hay una persecusión hacia los dirigentes con el fin de ir desperfilando el movimiento mapuche y la imagen de losdirigentes".
¿Pero se le acusa como uno de los posibles autores del atentado?
"El que hayan visto mi camioneta a esa hora merodando en el lugar delos hechos, es totalmente falso, porque nuestro vehículo estámalo, se le gastaron las ruedas. Hace una semana que la camioneta estáen el taller y no la podemos retirar porque no tenemos plata para comprarlos neumáticos".
¿Que piensas de las declaraciones de Guillermo Pickering alinculpar directamente a la Coordinadora Arauco Malleco de ser losautores de estos hechos?
"La opinión nuestra es que el señor Pickering, al igualque otras personalidades, han estado haciendo declaraciones sin tener loselementos necesarios que le permitan tener una opinión aterrizadadel tema. Sus declaracones carecen de fundamentación y estánsiendo políticamente irresponsables. No sólo frente a losdirigentes y la Coordinadora, sino que ante el pueblo mapuche. Estánnegando el origen de este conflicto llevando este tema aun plano delictual,policial y desconociendo nuestros derechos políticos territoriales.El tema nuestro es un tema político que no tiene nada que ver conlo delictual".
¿Está dentro del actuar de la Coordinadora el realizareste tipo de acciones para consegir sus objetivos?
"La Coordinadora a través de las distintas comunidades que estanen su proceso de recuperación siempre ha sido responsable, siemprehemos dado la cara. Hemos actuado a rostro descubierto y sabemos que loque estamos haciendo es lo correcto. Nosotros no validamos para nada loshechos de violencia, todo lo contrario: los condenamos. Ese es el caso de la represión contra nuestras comunidades y nuestra gente. "Hoy día, atribuyéndonos estos lamentables hechos, setrata de enlodar la imagen de nuestro movimiento y la línea políticade nuestra gente no es, por ningún motivo, hacer peligrar la vidade otras personas. Nosotros negamos toda participación y repudiamoseste tipo de actos.
¿Quiénes piensan ustedes, que están detrásde lo sucedido?
"Nosotros tenemos tres hipótesis, una que podría habersido una autoatentado, otra que pudo haber sido gente al interior de laforestal que tenía un problema interno y otra posibilidad, es quequizás un mapuche cansado por toda la situación derepresión que ha habido dentro de la zona haya tomado esta decisión,escapándose al control de nuestra gente. Pero ni la comunidad CatrioÑancul, ni nuestra gente de la Coordinadora Arauco Malleco han tenidoparticipación en los hechos". Pero ustedes han sido acusados con frecuencia de ser una organizaciónque utiliza métodos violentos
"Nosotros hemos reccionado frente al maltrado de nuestra gente. Hemosreaccionado, pero la violencia no la hemos puesto nosotros".
El Gobierno regional anunció que pedirán un ministroen visita para que investigue los hechos. Ustedes ya tienen experienciacon otros ministros en visita, ¿Cómo ven una designación de este tipo?
"Nosotros pensamos que hoy día debe dársele una connotaciónpolítica. El ministro que venga debe tener una capacidad políticade acotar el tema y que en lo posible se encuentren los responsables. Nuestraconciencia está tranquila por que no hemos ninguna participaciónenestos hechos, y si alguna detención hay, va a ser producto de larepresión cotidiana a la que está sometida nuestra gente. Pero nosostros estamos concientes que al reclamar nuestros espaciosterritoriales, estamos sujetos a todo tipo de cosas, como es el caso delos sobornos en que ha incurrido la Mininco hacia nuestras comunidades,al encarcelamiento. A todo tipo de cosas".
¿Cren que luego de esto venga una escalda represiva?
"Yo creo que si el gobierno endurece la mano, reprimiendo más,lo único que van a conseguir es que las movilizaciones se van aagudizar y en el fondo nuestra gente va a seguir reclamando sus tierras.De esa forma no se va a solucionar el problema. Nosotros pensamos que elgobierno debe dar soluciones poítica y eso significa devolver losespacios territoriales a nuestras comunidades.
¿Cuáles son las proximas acciones de la Coordinadora,se detiene por el momento el proceso de recuperaciónÉ?
"Nuestro proceso de reuperación no se detiene por ningúnmotivo. Todo lo contraro, nosotros tenemos planificado en el mes de marzosacar más recuperaciones, hay más comunidades que se vana sumar a la demanda de tierra. Esa es la línea que las comunidades están tirando y nosotros como voceros estamos encargado de darla a conocer". A. M.
http://www.elsiglo.cl/
Email: elsiglo@ctcreuna.cl
Nº 972 - Del 25 de febrero al 2 de marzo del 2000
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La DC chilena y la conjura contra Chávez
23-03-2007
En la medida que en la propia prensa chilena se vienen dando a conocer algunos de los entretelones de la reciente salida de Claudio Huepe, como embajador de Chile en Venezuela, viene quedando más en claro el papel jugado por los sectores de derecha de la DC chilena, en la desestabilización del gobierno de Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002.
En ese entonces Gutemberg Martínez, ocupaba la presidencia de la DC a escala regional y mantenía estrechos contacto y colaboración con el COPEI venezolano. Martínez es el esposo de la actual presidenta de la DC, con grandes ambiciones presidenciales y presunta candidata de la Concertación para las presidenciales del 2009. Soledad Alvear, estaba en pleno conocimiento de los pasos en que andaba su marido, para crear las mejores condiciones para la desestabilización del gobierno de Hugo Chávez. La Alvear y su marido, además se opusieron tajantemente el año pasado, a que la primera mandataria Michelle Bachelet, apoyará al gobierno de Venezuela para que éste ocupara un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Es más, el propio Gutemberg Martínez, en entrevista concedida para la prensa chilena expreso y amenazó con el retiro de su partido de la Concertación, si el gobierno de Bachelet a poyaba a Venezuela al Consejo de Seguridad.Recordemos que Claudio Huepe, Gutemberg Martínez y otros altos dirigentes de los sectores de la derecha DC, tenían pleno conocimiento de la conjura que se estaba preparando contra Chávez en abril 2002. El ex embajador de Chile en Caracas, Marcos Alvarez, en consultas realizadas por el diario golpista La Tercera, señalo que dichos personajes, cinco días antes del golpe, se habían reunido con los embajadores chilenos en América Latina y Centro América, con el objeto de prevenirlos e informarles de los cambios que se iban a producir en Venezuela en ese entonces. Las declaraciones de Alvarez, reflejan claramente que en el complot contra Chávez, la Democracia Cristiana chilena, estaba profundamente involucrada, a través del papel jugado por Martínez, en su calidad de presidente de la DC regional y sus estrechos lazos con el COPEI y el Departamento de Estado Norteamericano. Gutemberg Martínez y la DC regional, fueron los primeros en avalar y reconocer a los golpistas. Desde esa responsabilidad además, presiono al gobierno de Ricardo Lagos, para que se apresurará a reconocer a las nuevas “autoridades”, que se instalaban producto del putch. Situación que a Lagos le ha pesado permanentemente en su imagen de demócrata en la región.Hasta el momento las investigaciones llevadas a cabo, por cuestiones secretas del sumario, no han permitido conocer en toda su magnitud el involucramiento de la DC chilena, en los intentos de golpe de Estado contra Chávez el 2002, esto al margen de lo que hayan publicado algunos medios de izquierda al respecto.Pero no es solo eso, de la DC chilena estuvieron permanentemente viajando en esa época a Venezuela, tomando contacto con la oposición a Chávez y participando en innumerables actos políticos del COPEI. Conducta que se ha seguido manteniendo pero con un perfil más bajo.Hasta ahora, lo cierto, es que Claudio Huepe, gran amigo de Alejandro Foxley y Juan Pablo Lira, los dos DC, y visceralmente anti Chávez , en su circulo más cercano, se han expresado profundamente conmovidos con las declaraciones de Huepe para el canal de televisión Telesur, en donde expresaba que la primera mandataria, estaba por apoyar a Venezuela para el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. Cuestión que finalmente no se produjo por la presiones y amenazas producidas desde la DC y el pinochetismo. La salida de Huepe, ha sido un duro golpe para Foxley, Gutemberg Martínez y sus secuaces.Ahora el órgano oficial de la CIA en Chile, el diario golpista El Mercurio, ha tratado de mostrar a un Huepe, como un demócrata ponderado y consecuente, con lazos respetables dentro de la izquierda chilena, por el hecho de haber firmado una declaración de algunos dirigentes DC en los primeros días del golpe, en donde se cuestionaban los excesos de la represión militar. Sin embargo su conducta como embajador, no siempre obedeció a la de un demócrata.Pero con respecto al reciente embajador renunciado, es claro señalar que éste nunca fue del agrado del gobierno de Hugo Chávez, puesto que éste en noviembre pasado había organizado una reunión en donde participaron los embajadores chilenos de la región, con el candidato opositor, Manuel Rosales. Huepe sin una agenda clara en las relaciones diplomáticas con Venezuela, venía jugando un papel de doble estándar, tratando de aparecer apoyando a Venezuela para su ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU y por otro lado manteniendo estrechos contactos con la oposición.Ahora si nos atenemos a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, con respecto a la región y Venezuela, no es raro que el Imperio este privilegiando a Chile y la DC de este país, para montar una campaña a gran escala, para desacreditar a Hugo Chávez y el proceso de cambios que conduce en su país.La DC chilena tiene su propia experiencia en contribuir a la desestabilización de gobiernos, que no son de las simpatías de la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca. Recordemos que ésta entidad política desde el año 1962 estuvo recibiendo financiamiento desde el Imperio, para primero alcanzar el gobierno en 1964 con su tatareada “revolución en libertad”, que pusiera en boga la Alianza para el Progreso en el cono sur latinoamericano hasta 1970.Durante el gobierno de Salvador Allende, la Democracia Cristiana jugo un papel opositor negativo y obstinado contra el proceso de cambios que vivía Chile, lo que significo que los sectores de derecha del partido, se incorporaran al carro de la conspiración, recibiendo miles de millones de dólares para desestabilizar el gobierno de la Unidad Popular. Así ha quedado establecido en la infinidad de documentos desclasificados de la CIA, el Departamento de Estado norteamericano y el propio Senado de los Estados Unidos.De allí que los sectores de derecha de la Concertación, junto con la Alianza por Chile (UDI-RN) tienen la misión de contribuir a erosionar la imagen de la revolución bolivariana. Ahora el trasfondo político de la conspiración encubierta contra Chávez, hay que buscarlo en las políticas agresivas de la Casa Blanca contra Venezuela, en la labor de zapa que realiza la OEA y la campaña desinformativa de los medios de comunicación de centro derecha, que son orientados por la Suciedad Interamericana de Prensa (SIP), y de los testaferros que se ponen a disposición de estas maniobras golpistas.Ahora el actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley según lo consigna la propia prensa chilena, nunca ha querido definir una agenda de trabajo en las relaciones bilaterales con Venezuela. Foxley desde antes que asumiera como Canciller, ha mostrado claramente su animadversión en contra de Chávez, ideólogizando las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.Lo que queda absolutamente claro, es que Chile carece de una política exterior autónoma, independiente y soberana. Actualmente las relaciones diplomáticas chilenas, están supeditadas a los intereses geopolíticos de los EEUU y el gobierno terrorista y genocida de G.W. Bush, en donde el principal promotor es el propio Foxley.Según declaraciones del senador Carlos Ominami, Chile actualmente no solo es asociado como un referente de derecha en la región, sino que además ha desarrollado sus gestiones de gobierno (Concertación), bajo el imperio de toda la legislación política y económica heredada de la dictadura militar, y que reina en gloria y majestad en el país. Los EEUU pretende utilizar además a Chile, México, Perú y Brasil, para su plataforma desestabilizadora del gobierno de Hugo Chávez.Al culminar estas líneas, lo cierto es que el conglomerado de gobierno conocido como Concertación por la Democracia, está viviendo su propia bolsa de gatos, una erosión interna que nadie sabe como va a terminar y con una Democracia Cristiana dividida en varios flancos, en donde uno de ellos aboga por un acuerdo con una parte del pinochetismo moderado (RN), y que está por apoyar las políticas desestabilizadoras encubiertas de Estados Unidos en Venezuela. Por otro lado, el Departamento de Estado norteamericano y la CDU Alemana, han cuestionado la permanencia de la DC chilena en la Concertación, y le han recomendado volver a ser un partido de “centro”, desligado de la actual coalición de gobierno, en donde todo parece indicar, que se va en camino hacia el abismo.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48627
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