La desaparición del testigo Julio López puso en evidencia la ausencia de soluciones integrales a problemas actuales

ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCION DE TESTIGOS

Lo que López dejó en evidencia

Expertos internacionales debatieron con especialistas del país sobre la situación generada a partir de las amenazas a quienes deben testificar en juicios sobre violaciones a los derechos humanos. Donda presentará un proyecto de ley.


Por Adriana Meyer

“La desaparición del testigo Julio López puso en evidencia la ausencia de soluciones integrales a problemas actuales y la falta de herramientas adecuadas por parte del Estado para la protección de testigos en causas por delitos de lesa humanidad”, aseguró la diputada kirchnerista Victoria Donda, y coincidió con ella Raúl Ricardes, coordinador de Asuntos Multilaterales de la Cancillería. Fue ayer en la apertura del encuentro internacional “Hacia un marco integral de protección de testigos”, organizado por el programa Verdad y Justicia. A su turno Karen Kramer, coordinadora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó que en la continuidad de los programas de protección de testigos “es clave la voluntad política” de cada país, sobre todo para su financiamiento por sus altos costos. Precisamente a la voluntad política del oficialismo apelará Donda para que sea aprobada este año la ley que creará un programa federal, cuyo proyecto presentará la próxima semana.

Donda y Ricardes marcaron los “avances” en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión durante la dictadura, tras la anulación de las leyes de impunidad, pero coincidieron en que durante los juicios

“se presentaron nuevos desafíos”, tales como la desaparición de López, hace dos años. La legisladora también mencionó los casos de Luis Gerez y Juan Evaristo Puthod, desaparecidos y luego encontrados, y la muerte del represor Héctor Febres, mientras estaba detenido en Prefectura, y la fuga de Julián Corres, como “obstáculos para la búsqueda de la verdad”.

El proyecto de ley, cuyo borrador siguen consensuando contrarreloj con el equipo del programa Verdad y Justicia y algunos organismos de derechos humanos, propicia la creación de “una unidad especial separada de las fuerzas de seguridad” para la protección “integral” de los testigos de delitos de lesa humanidad, y también para los de trata de personas, gatillo fácil y secuestros extorsivos. Donda admitió que los organismos de derechos humanos consultados pretenden una ley que sólo contemple a los testigos por delitos de lesa humanidad. “Tiene que ser una ley amplia con un área específica para delitos de lesa humanidad y no hacer dos programas separados. Acordamos que los testigos por delitos de lesa humanidad merecen un tratamiento específico, pero los veinte años de impunidad trajeron una corrupción estructural en una parte de las fuerzas de seguridad que hace que sean delitos en los que se necesitó la omisión o la intervención de una parte del Estado para su concreción”, explicó la diputada.

Cuando PáginaI12 le preguntó si piensa que esta ley puede ser aprobada en el actual período legislativo, Donda dijo que va a hacer “todo lo posible para que no duerma en el cajón, como pasa con el proyecto de inhabilitación para que los represores no puedan ocupar cargos públicos, que Graciela Camaño, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, no desempolva desde hace cuatro meses”.

Felipe de La Torre, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, describió la situación de la protección de testigos en América latina y mencionó que los operadores judiciales de varios países coinciden en su resistencia a la adopción de ciertas figuras previstas en la Convención de Palermo sobre Crimen Organizado, tales como declaraciones por videoconferencias. “Argentina está en un momento crítico y por eso estamos aquí, mientras que otros países no lo tienen en su agenda”, dijo. En tal sentido, Karen Kramer agregó que “los países le empiezan a prestar atención al tema después de que pasa algo”, y se refería no sólo a Argentina sino a Perú, donde un testigo de un caso de corrupción contra el gobierno fue asesinado en la cárcel. Ambos expertos mencionaron la importancia de la elaboración de una matriz de riesgo, que sólo se puede hacer con “gente especializada”. Entre los desafíos señalaron la necesidad de “asegurar la protección de los protectores, evitar la politización del tema, garantizar una estricta confidencialidad y fortalecer la investigación forense y la valoración de la prueba física para no sobreexponer a los testigos a constantes testimonios, lo que termina revictimizándolos”. Kramer recomendó que la futura legislación sobre testigos no se focalice sólo en los casos de violaciones a los derechos humanos. “No dejen que un problema específico los aleje de la protección de todos los testigos”, expresó.

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