La deuda que sigue pendiente
El Congreso argentino sancionó en 2006 una norma que prohíbe los desalojos indígenas y fija tres años para un censo catastral. Pero la expulsión de pueblos originarios siguió adelante y, a sólo un año de expirar el plazo, aún no se inició el relevamiento de tierras. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos. Los pueblos originarios señalan una causa principal: total falta de voluntad política, tanto del gobierno argentino como de las provincias.
Por Darío Aranda / Diario Pagina 12
En un rápido debate, el 1º de noviembre de 2006 la Cámara de Diputados sancionó la Ley 26.160, que prohibió los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordenó relevar, en tres años, las tierras que ocupan los pobladores ancestrales de todo el país. El Gobierno la presentó como una “reparación” para los pueblos originarios. Las organizaciones indígenas la evaluaron como una herramienta más para sus reivindicaciones, producto de sus luchas y resistencias, y no de la dádiva política. A dos años de vigencia de la ley, los desalojos no se detienen, en ninguna provincia comenzó el mapeo catastral y no existen explicaciones del destino de los fondos. Los pueblos originarios señalan una causa principal: total falta de voluntad política, tanto del gobierno nacional como de las provincias. Según consta en la legislación, sólo resta un año para finalizar el censo territorial que aún no comenzó. Desalojos diarios Durante la noche, con metrallas, blindados y violencia. El 28 de julio último, en El Talar, departamento de Ledesma, Jujuy, en territorio ancestral de la comunidad guaraní Jase Endi Guasu, hombres, mujeres y niños fueron reprimidos, sus casas destruidas con topadoras y luego incendiadas. El gobierno jujeño, por medio del Instituto de Colonización, había cedido esas 2000 hectáreas –con la comunidad dentro– para desmonte y posterior siembra de soja. La Justicia, de la mano del juez Argentino Juárez, ordenó el desalojo. La policía ejecutó la represión. La Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria (26.160) fue violada, aunque su artículo número dos es claro:
“Suspéndase la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo”. “La situación en El Talar fue grotesca. Se pisoteó la 26.160, pero es el botón de muestra de lo que sigue sucediendo en la gran mayoría de las provincias”, afirmó el abogado Enrique Oyharzábal, histórico defensor de las luchas indígenas del Noroeste del país. El avance sobre territorio indígena se repite en innumerables casos en Salta, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Los estados provincial y el nacional, junto con una variedad de sectores empresariales (multinacionales mineras y petroleras, hasta pasteras e ingenios azucareros, y los infaltables productores sojeros) impulsan desalojos de comunidades originarias. “Hay un claro avance del sector privado por los recursos naturales. Es un modelo extractivo que cada día va por más, que avanza con complicidad política y judicial. Lo que nunca avanzan son nuestros derechos, sean gobiernos peronistas o radicales no hay respuestas, no aparecemos en sus agendas”, resumió Mauro Millán, de la Organización Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre de Chubut. Relevamientos frenado “Durante los tres primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”, legisla el artículo tres de la 26.160. A sólo un año de finalizar el plazo para el censo de tierras, aún no comenzó en ninguna provincia. La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) nuclea a familias campesinas e indígenas de Mendoza, zona por excelencia del pueblo huarpe en el norte provincial y mapuche en el sur. “No se detuvieron los desalojos, menos se comenzó con el relevamiento y reconocimiento de territorio. Es un deber del Gobierno y es claro que no lo está cumpliendo”, explicaron desde la UST, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Para la realización del censo debía conformarse equipos técnicos en cada provincia. Pero ése fue otro botín de disputas políticas del gobierno nacional y los provinciales, donde se avanzaba o retrocedía según el signo político y el nivel de independencia del equipo. Ejemplos sobran: en Río Negro no se dio participación al Consejo Asesor Indígena, la organización mapuche más grande la provincia. Similar realidad ocurre en el resto del Norte argentino. “No hay ni un relevamiento. Está todo congelado. Da impotencia ver cómo pasa el tiempo y no hay voluntad política para avanzar”, afirmó Julio García, abogado especializado en derecho indígena, que desde hace una década acompaña a comunidades de Formosa, Chaco y Misiones. El Equipo Misionero de la Pastoral Aborigen (Emipa) coincide:
“En Misiones no pasa nada. El gobierno provincial demora todos los intentos de avance y el INAI permite que las empresas, los particulares y el Estado provincial, por acción y por omisión, violenten el territorio ancestral”. En la Patagonia son otras las organizaciones pero los mismos reclamos. “No conozco ni una comunidad que haya sido relevada”, sintetizó Gustavo Macayo, abogado referente en las luchas indígenas del noroeste de Chubut. En la misma región, Mauro Millán –de la Organización 11 de Octubre– es más escéptico: “No sucedió ni sucederá nada. Es un reflejo de la política indígena del gobierno nacional y provincial, no cumplen ni una de las leyes que refieren nuestros derechos”. Fondos perdidos El artículo cuarto de la ley asigna 30 millones de pesos para los tres primeros años.
“Dudo de que el dinero exista”, arriesga Sonia Ivanoff, coordinadora del Equipo Técnico Operativo de Chubut, órgano oficial de implementación metodológico de la 26.160, y asegura que no ha bajado dinero a ninguna comunidad de esa provincia. El abogado chaqueño Julio García, que asesoró al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) para la implementación de la ley, cree que el dinero existe, pero considera exigua la suma para la tarea a desarrollar y sospecha que tuvo un destino equivocado: “No ha llegado a ninguna comunidad. Toda la caja está en el INAI, ellos manejan a antojo, compran y cooptan, y no rinden cuentas a nadie”. “La falta de aplicación de esta ley en beneficio de las comunidades, la inexplicable demora en la aplicación del programa de relevamiento y el ocultamiento de la información sobre fondos públicos que deberían destinarse a las comunidades dibujan el más lamentable de los escenarios: el presupuesto de 30 millones es, al menos en Río Negro, un botín de fondos públicos destinado a alimentar un grupo de burócratas que ejercen como mapuche profesionales”, advierte el comunicado del Consejo Asesor Indígena.
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SUBNOTAS:
Los aciertos y las dudas sobre la ley La Línea Sur de Río Negro es el camino que une los extremos de la provincia, Viedma y Bariloche, el mar y la montaña. Es una llanura extensa, de clima hostil, desértico y con innumerables comunidades mapuches asentadas desde antes de que esa tierra sea llamada Argentina. El Lof Mapuche Pedraza-Melivillo, descendiente de los primeros habitantes, enfrentó una orden de desalojo del gobierno provincial, en diciembre de 2006. Junto al Consejo Asesor Indígena (CAI) resistieron la medida y lograron interponer la Ley 26.160 para permanecer en el lugar. A un mes de ser sancionada, la legislación cumplía su cometido. El CAI la reconoce como una herramienta, pero también advierte sobre una serie de baches que tienen un doble filo para los pueblos indígenas. “La ley sirvió, pero no por virtud de los políticos ni de los jueces, sino porque estamos organizados, nos movilizamos y luchamos políticamente para evitar los desalojo”, explicó Chacho Liempe, del CAI, y considera la norma como “una cortina de humo para dejar pasar tiempo, frenar la lucha de los pueblos indígenas, dividir y cooptar comunidades”. La 26.160 es breve: veintiséis líneas que conforman siete artículos. Al legislar sólo en casos de comunidades que “tradicionalmente ocupan”, deja fuera a las familias que desean volver a sus tierras ancestrales; contempla sólo a quienes cuentan con personería jurídica (no hay cifras oficiales, pero las organizaciones estiman que son amplia mayoría las que no tienen reconocimiento legal. Caso testigo el de Misiones: con más de cien comunidades, sólo 26 tienen figura legal). Ambos situaciones van a contramano de legislación internacional. Otro fuerte cuestionamiento es la incertidumbre sobre qué sucederá luego de realizar el relevamiento. Ni la ley ni el Gobierno contemplan un programa de regularización territorial ni mucho menos expropiaciones a favor de las comunidades. “La 26.160 propone un mapeo de tierras, pero no va más allá. Se queda a mitad de camino. No propone nada.
Pareciera dejar todo librado a que cada comunidad haga juicio, pero ése sería un camino largo, costoso y que no asegura buenos resultados para los pueblos indígenas”, explicó el abogado Enrique Oyharzábal. Una solución de fondo, reclamada por las organizaciones más críticas, es analizar el proceso histórico de usurpación de tierras a los pueblos indígenas, tomar como prueba la infinidad de material revisionista existente y poner en tela de juicio los títulos de propiedad sospechados. Los principales opositores de una acción de fondo son los estados provinciales (aún poseedores de tierras fiscales), grandes estancieros y empresas internacionales.
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