El triste monopolio de los Derechos Humanos
Por Javier Sajuria*
La Concertación, y la izquierda en general, reúnen a la mayor parte de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas hace más de 20 años en plena dictadura. Eso es un hecho innegable, como innegables que, para muchos de los afectados y sus familias, el dolor perdura hasta nuestros días. Si hay alguna herida histórica por la que Chile aún sufra, debiera ser ésta. Pero por lo ocurrido hace 30 años no podemos permitir que haya sectores en Chile que crean tener el monopolio de los DD.HH. y que sólo ellos puedan hablar o denunciar supuestos abusos.
Los casos de falsos detenidos desaparecidos que se han denunciado estos últimos días pueden ser considerados como el margen de error esperable de un sistema que no se luce por su rigor, sino por el interés de abarcar la mayor cantidad posible de casos. Así, el espacio a aprovechamientos mezquinos y el engaño está abierto. En ese sentido, la primera responsabilidad sobre estos casos no está en el Gobierno o en las comisiones que tuvieron a su cargo la redacción de la lista de los beneficiarios, sino que recae sobre aquellos que, abusando de la fe pública, pretenden ingresar a estas categorías para obtener beneficios que no se merecen ni les corresponde. Un gran daño le han hecho al sistema y a los familiares de los DD.DD. que ven como un grupo de desvergonzados se sirve de las luchas que ellos mismos han protagonizado.
Pero sin duda, una acción penal contra estos sujetos no es lo único que debiera hacerse. El Gobierno tiene una responsabilidad solidaria con este tema, pues son ellos los primeros encargados del buen uso de los dineros públicos y de cotejar que aquellos nombres que aparecen en los listados correspondan a la realidad. Las denuncias ocurridas en ese último tiempo dejan ver la fragilidad del sistema y la poca transparencia con que la Concertación ha manejado el asunto.
Para que exista transparencia y acceso a la información en el Estado, es importante que existan entes, ya sea políticos o ciudadanos que tengan la capacidad de pedir cuentas de lo que se hace y lo que no. En el tema de DD.HH., gracias a lo ocurrido en dictadura y a la colusión de gran parte de los organismos dedicados al tema, hay muy pocas instancias de accountability al respecto. La Concertación se ha encargado de mantener indemne el último bastión de superioridad moral que les queda - amén de los casos de corrupción ocurridos en democracia - y, por lo tanto, declaraciones como las del ministro Vidal hace poco se entienden en esa lógica. No sea que a la Concertación, heredera de la lucha histórica por los DD.HH. les vengan a pedir cuenta por la repartija de beneficios que hay entre ellos mismos. No sea que los "hijos de la dictadura" como les gusta llamar a la derecha, en especial ahora que tienen a una mujer de 30 años como inquisidora, les venga a sermonear acerca de cómo deben resarcirse los daños de lo ocurrido hace tres décadas. En definitiva, el Gobierno ha cooptado los DD.HH., circunscribiéndolos únicamente a lo ocurrido el siglo pasado y arrogándose un monopolio del tema. Al respecto, es interesante analizar la reacción de Lagos cuando Human Rights Watch emitió un informe condenatorio a su gobierno.
Pero esto no es sólo culpa o responsabilidad de las filas concertacionistas o de la izquierda. La derecha en Chile ha permitido que la mantengan inhabilitada de opinar en estos temas, por su propia acción y omisión. La negativa a cambiar el padrón electoral y el rechazo a modificar el binominal han logrado que sigan votando los mismos que echaron a Pinochet el 88'. Por lo tanto, no ha habido la adecuada renovación ni modificación de los electores. Para los votantes actuales, la derecha es y será siempre la heredera del pinochetismo y votar por ellos es entregarle el poder al mismo sector que se lo tuvieron que arrebatar hace 20 años. Si a eso le sumamos que los actores políticos son los mismos y que las caras se repiten, tenemos como resultado a una Concertación que nunca va a dejar de enrostrar el tema de los DD.HH. al resto y que nunca va a soltar el monopolio que tiene, mientras que haya una derecha timorata, que se atreve de a poco a hablar del tema, pero que nunca ha hecho un ejercicio de asumir las culpas pasadas y de cambiar los escenarios de discusión.
Si queremos que los DD.HH. sean patrimonio de todos y no de algunos en especial, tenemos que generar los mecanismos para erradicar los comentarios insidiosos y destructivos y plantear el desafío de cara al futuro. Si Chile quiere aprender de los errores del pasado y mirar hacia delante con optimismo, no podemos seguir permitiendo que impere la lógica de los ganadores y vencedores, menos en un tema que nos compete a todos por igual.
*Javier Sajuria es director Administrativo y de Proyectos, Independientes en Red.
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