jueves, 3 de septiembre de 2009

Chile ratifica Convención de la ONU sobre desaparición forzada de personas02-09-09

02 de Septiembre de 2009

Chile ratifica Convención de la ONU sobre desaparición forzada de personas
La norma legal formaba parte de un acuerdo político que permitió destrabar el Tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI) y tipificar en la legislación chilena los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
La Convención de Naciones Unidas para la protección de las personas contra la desaparición forzada será ley en Chile tras ser aprobada, en su último trámite legislativo, por el Senado, informaron hoy fuentes parlamentarias.La aprobación de la norma, que no tiene efecto retroactivo y ahora debe ser promulgada como ley por la Presidenta Michelle Bachelet, fue por unanimidad de los senadores, precisaron las fuentes.La norma legal formaba parte de un acuerdo político que permitió destrabar el Tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI) y tipificar en la legislación chilena los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra."Este acuerdo permitirá a Chile estar presente en las distintas instancias de protección de los derechos humanos, ya que busca poner freno a una práctica cruel e ignominiosa", destacó el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, que asistió a la sesión del Senado."El gobierno se someterá a todos los mecanismos internacionales de control", precisó Viera Gallo.Para el senador socialista Camilo Escalona, la aprobación de la norma supone "un compromiso del sistema político del país contra esta lamentable y terrible práctica que, en el pasado reciente, conmocionó profundamente nuestra convivencia nacional"."Chile queda a la altura de sus responsabilidades en materia de adhesión a los principales instrumentos internacionales de derechos humanos", destacó por su parte el senador Jaime Gazmuri (PS).Por su parte, Jorge Pizarro (DC) explicó que la norma define el delito de detención forzada como el arresto, secuestro u otra forma de privación de libertad por parte de agentes del Estado o personas con apoyo u autorización del Estado, seguido de la negativa a reconocer esa privación de libertad o del ocultamiento de la víctima.
EFE
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