sábado, 31 de octubre de 2009

LA DICTADURA CEDIO A LA PRESION DE EE.UU. Y EL PRESIDENTE LEGITIMO HONDUREñO SERIA RESTITUIDO EL JUEVES-31-10-09


LA DICTADURA CEDIO A LA PRESION DE EE.UU. Y EL PRESIDENTE LEGITIMO HONDUREñO SERIA RESTITUIDO EL JUEVES


Acuerdo para que Zelaya retome el poder


El texto, de ocho puntos, establece un nuevo gobierno de unidad y reconciliación nacional. Pero los 128 diputados nacionales hondureños tienen la última palabra y, por eso, ni Zelaya ni los suyos quisieron celebrar ayer, aunque hubo festejos en todo el mundo.

Por María Laura Carpineta


Tardó cuatro meses y dos días, pero Manuel Zelaya finalmente lo logró. Ayer los golpistas hondureños cedieron y firmaron un acuerdo que podría restituirlo en el poder en menos de una semana. El texto, de ocho puntos, establece que la vuelta del presidente derrocado deberá contar con la aprobación final del Congreso nacional, en donde los zelayistas ya casi acarician una mayoría sólida. La sesión sería el lunes y aunque no tiene un plazo, el acuerdo requiere que el nuevo gobierno de unidad y reconciliación nacional sea inaugurado el jueves próximo. “Si el Congreso no acepta, entonces Honduras se mantiene aislada y las elecciones no serán reconocidas en el mundo. Los golpistas ya reconocieron que un país así es ingobernable”, explicó el asesor zelayista Carlos Eduardo Reina.


El punto central del acuerdo bautizado Tegucigalpa-San José-Diálogo Guayamuras es el que requiere la aprobación del Congreso. “Para lograr la reconciliación y la paz nacional, y en el espíritu del acuerdo de San José ambas comisiones deciden que el Congreso nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, decida en consulta de las instancias que considere pertinente, como la Corte Suprema de Justicia, retrotraer el Poder Ejecutivo al 27 de junio. La decisión que adopte el Congreso deberá sentar las bases para alcanzar la paz social y gobernabilidad del país”, leyó Reina, en diálogo telefónico con Página/12. En otras palabras, los 128 diputados nacionales hondureños tienen la última palabra y, por eso, ni Zelaya ni los suyos quisieron celebrar ayer. “El Congreso puede negar el deseo del pueblo hondureño y de la comunidad internacional de restituir el sistema democrático, pero sería un error muy lamentable”, reconoció Zelaya. Hacía ya varios días que sus asesores habían empezado una campaña para asegurar los votos necesarios. Necesitan una mayoría simple, 65 votos. Según una fuente que participa de esas negociaciones, el presidente derrocado cuenta con el apoyo de 57 diputados y en las próximas horas podría conseguir el respaldo de otra docena, una pequeña escisión del Partido Liberal, la fuerza política a la que pertenecen tanto Zelaya como el hombre que usurpó su cargo, Roberto Micheletti.
La única carta que los zelayistas pueden jugar para convencer a los diputados es la amenaza de Washington. “El Congreso puede decir que no, pero entonces sentencian a Honduras a vivir aislada del mundo y que nadie reconozca las elecciones y al próximo gobierno”, explicó Reina, intentando mantener el optimismo. Ese había sido el mensaje del subsecretario de Estado para América latina, Thommas Shannon, cuando llegó a Tegucigalpa el miércoles para presionar a la dictadura. “No hay elecciones sin restitución”, les había dicho el funcionario norteamericano a los negociadores zelayistas.
Ayer, desde Pakistán, Hillary Clinton se tomó un minuto para celebrar el acuerdo en Honduras y repitió la misma consigna. “Fuimos muy claros en la restauración del orden constitucional”, advirtió la secretaria de Estado de Barack Obama. Durante los cuatro meses de dictadura, Washington había cortado la mayoría de la ayuda financiera directa y suspendido las visas a Micheletti y su gabinete, a los jueces de la Corte Suprema y a decenas de diputados y empresarios que financian el régimen de facto. Pero aún le quedaban muchas sanciones en la manga: congelar las cuentas bancarias de los golpistas y las reservas estatales en Estados Unidos, bloquear el comercio (el 70 por ciento de las exportaciones hondureñas tienen como destino la potencia del norte) y, eventualmente, romper relaciones diplomáticas.
Sin duda, la presión de Estados Unidos y la presencia de un negociador como Shannon logró torcer el brazo de Micheletti y destrabó un diálogo que había entrado en coma hace más de una semana. La dictadura cedió y firmó, pero nada más parece haber cambiado en Honduras. “Lo que más nos preocupa es que a pesar de firmar un acuerdo, la dictadura no cambia su tono agresivo”, advirtió Andrés Conteris, coordinador de medios de Zelaya dentro de la asediada embajada brasileña y periodista del sitio de noticias norteamericano Democracy Now. “¿No es raro que el mismo día (jueves) que se llega a un consenso fue uno de los días más violentos y represivos de los últimos tiempos? Bajo estas condiciones no se puede tener un clima de confianza”, agregó.
El tono de Micheletti no cambió ni siquiera después de haber firmado el acuerdo. “Estamos seguros de que el señor Zelaya y la gente que lo acompaña van a emprender una campaña de persecución una vez que vuelvan al poder”, advirtió el dictador, quien no escatimó en adjetivos ante la cámara de CNN al pronosticar un futuro negro para su país. Tampoco aflojó el asedio a la embajada brasileña, donde se refugia Zelaya, ni despejó las calles del centro de Tegucigalpa de militares.
El escenario para empezar a diseñar un gobierno de unidad y reconociliación nacional no es el óptimo. Ayer Micheletti se apuró a informar que el acuerdo no cambia la situación de Zelaya. “Su estatus sigue siendo el de un visitante en la casa de Brasil”, dijo, advirtiéndole que aún no es tiempo de volver a caminar tranquilo por la calle.
Encerrado y rodeado de soldados que le apuntan las 24 horas, el presidente derrocado deberá negociar y consensuar con los golpistas los nombres de los ministros y los secretarios que lo acompañarán en el futuro gobierno. Estarán vigilados por una comisión de verificación, formada por cuatro personas: dos representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), un zelayista y un miembro del régimen golpista. Ellos serán los responsables de garantizar que todos los puntos del acuerdo se cumplan.
La justicia y la verdad quedaron relegadas en el texto firmado ayer. No habrá amnistía política para nadie, pero la comisión de la verdad recién será instalada durante los primeros seis meses del próximo gobierno. Ese es el punto menos desarrollado. No se establece de antemano la participación de representantes internacionales ni de sectores de la sociedad civil, como pedía el movimiento de la Resistencia Popular. Lo único que promete es investigar lo que sucedió antes y después del golpe.
Para los golpistas, el de ayer fue un acuerdo “sin vencedores ni vencidos”; para los zelayistas, la mejor alternativa a más sangre, más violaciones a los derechos humanos y más ilegalidad.

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30 de Octubre de 2009


Palamentarios resolverán si restituyen al depuesto mandatario


Zelaya y Micheletti firman acuerdo final y trasladan la presión al Congreso


El documento suscrito por los representantes de ambas partes da un plazo de una semana para la conformación de un gobierno de unidad y establece también el reconocimiento de las elecciones de noviembre y el rechazo a una amnistía política y a una Asamblea Constituyente.


Por EFE/El Mostrador


El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y el de facto, Roberto Micheletti, firmaron este viernes, por mediación de sus respectivas comisiones de diálogo, el acuerdo definitivo para poner fin a la crisis y que establece una semana para pactar un Gobierno de unidad.


La verdadera presión pasó así al Congreso, que, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José, deberá dar su aval legal o rechazar la restitución en el poder de Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio por el Ejército y destituido por ese mismo Legislativo, que designó a Micheletti como gobernante.


Las dos delegaciones, que el jueves último destrabaron las negociaciones al consensuar el último punto que las bloqueaba, el referente a la restitución, concretaron hoy los asuntos pendientes del convenio y firmaron el acuerdo, según el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico."El acuerdo entra en vigencia a partir de (...) hoy (viernes), y en los próximos días se conformará la comisión de verificación, que va a coordinar la OEA, (y) el Gabinete de Unidad Nacional, (para lo que hay) plazo hasta la próxima semana", explicó.


Según el funcionario de la OEA, otros de los puntos que contempla el pacto -que aún no ha sido difundido- son una verificación internacional, una comisión de la verdad, el reconocimiento de las elecciones de noviembre y el rechazo a una amnistía política y a una Asamblea Constituyente.


La verificación internacional, dijo, estará conformada por dos representantes de la OEA y uno por cada una de las partes en conflicto.


Después de suscribir el acuerdo, las dos delegaciones trasladaron el documento al Congreso Nacional, que deberá convocar a sus miembros, ahora en receso, para dictaminar, tras escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si Zelaya vuelve o no a la Presidencia."Vamos a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancada para conocer el contenido todos" y después "continuar con lo que procede", anunció el titular del Congreso, Alfredo Saavedra.


De acuerdo con Rico, "no hay un plazo fijado" para que el Legislativo tome esta decisión, pero antes de haber recibido el texto los diputados ya estaban recibiendo múltiples presiones."


Estoy seguro de que los congresistas tendrán plena comprensión de la importancia y de la urgencia política de estas determinaciones y espero que lo hagan en el menor plazo posible", declaró el funcionario de la OEA.Mientras, unos 400 simpatizantes de Zelaya, miembros del Frente e Resistencia contra el Golpe de Estado, se volvían a concentrar frente a la sede del Parlamento, en el centro de Tegucigalpa, para "exigir que el Congreso apoye y ratifique de inmediato el acuerdo", según uno de los líderes del movimiento, Juan Barahona.


Barahona anticipó que a partir del lunes se manifestarían todos los días en el mismo lugar hasta que los legisladores aprueben la restitución del mandatario depuesto.El punto referente al regreso al poder de Zelaya se resolvió luego de que Micheletti renunciara a que la decisión la tomara la CSJ, cuya opinión, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José, sí deberá ser oída por el Parlamento, lo que el presidente de facto también dice compartir.


El jefe de la delegación de Micheletti, Armando Aguilar, aseguró que "la Corte no le puede imponer criterio alguno al Congreso Nacional".No obstante, Saavedra indicó que el Legislativo "obligadamente" debe "escuchar, previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, la opinión de la honorable CSJ".


En tanto, Zelaya deberá seguir refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permanece desde su regreso sorpresivo al país, el pasado 21 de septiembre, según Micheletti."La situación, el estatus del señor Zelaya, sigue siendo como un visitante en la casa de Brasil, y eso lógicamente (se mantendrá) hasta que la decisión del Congreso sea tomada", dijo el gobernante de facto."No quiere decir que con la firma ya se resolvió la crisis, quiere decir que se inicia el proceso que debe culminar con la restitución del presidente Zelaya", dijo desde la legación diplomática Carlos Reina, asesor del depuesto jefe de Estado.
EFE


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