Gobierno usa Fondo de Tierras para pagos a 'testigos protegidos'
La Asociación de Funcionarios de CONADI ha hecho público lo que era un secreto a voces: el Gobierno chileno ha usado el Fondo de Tierras para pagar a "testigos protegidos" que han testificado contra comuneros mapuches en juicios.
Es el caso de cinco integrantes de comunidades de la zona en conflicto (y envueltos en la investigación del incendio al fundo Poluco Pidenco) que recibieron $12 millones cada uno en la asignación de casos especiales entre 2005 y 2006.
ENTREVISTA EN EL DIARIO AUSTRAL
Lohengri Ascencio, abogado de la Conadi y secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios.
"Sentimos que se están riendo de la transparencia que debe primar en la gestión pública y de la intención de nosotros, que fue transparentar Conadi, porque al final los responsables no tienen sanción alguna", se lamenta Lohengri Ascencio, abogado de la Conadi y secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios.
El dirigente menciona que el despido de ocho trabajadores (uno de Temuco, dos de Iquique y cinco del programa Orígenes) no resuelve el problema de las irregularidades en el concurso de asignación de tierras.
La falla está en que quienes toman las decisiones ocupan cargos políticos y por ende, los fondos públicos que manejan pueden ser usados para esos fines.
LOS PRINCIPALES RESPONSABLES SON LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
"El gobierno no ha querido asumir que los principales responsables son los que aprobaron esto, que son los representantes del gobierno y no los funcionarios", sostiene. Por ello, cree que quienes deberían dejar sus cargos o recibir una sanción son Álvaro Marifil, director nacional de la Conadi, la ministra y el subsecretario de Planificación, más los directivos de los ministerios de Agricultura y Educación que forman parte del Consejo Nacional y que dieron su venia para la entrega de tierras.
Añade que la responsabilidad es doble, ya que a través de cartas informaron a todos ellos de que algo irregular estaba ocurriendo, pero nadie les hizo caso.
- ¿Por qué cree que se empiezan a dar estas prácticas?
- Porque hubo un abuso de poder de algunos consejeros y, por otro lado, el Gobierno de turno, creyendo que mientras el tema indígena no tuviera conflicto y la Conadi les mantuviera la fiesta en paz, ellos no se metían.
- Durante todo este proceso alguien tiene que haberse dado cuenta de esto.
- El fiscal de la Conadi en particular, en ese entonces Arturo Huenchullán y sus asesores.
Ascencio va más allá y añade que el abuso de la asignación no sólo fue de los acusados consejeros Hilario Huirilef y José Santos Millao.
"Nos llegó la información de que habrían testigos protegidos a quienes se les hizo asignación de tierras", dice.
Es el caso de cinco integrantes de comunidades de la zona en conflicto (y envueltos en la investigación del incendio al fundo Poluco Pidenco) que recibieron $12 millones cada uno en la asignación de casos especiales entre 2005 y 2006.
"Se transformó en una práctica de la Conadi el entregar subsidios de tierra en forma irregular", comenta. Esto lo avala el manual de procedimiento del concurso de 2005, que indica que se pueden entregar hasta diez fondos a personas que vivan fuera de Chile.
"Para que esto no ocurra los funcionarios tienen que ser de carrera, no de confianza política. Esa debería ser una de las reformas de la Conadi, porque si no están sujetos al pauteo de 'tantos subsidios de tierra para los testigos protegidos' o 'tantos subsidios para los retornados'", opina.
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Publicado en
Diario Austral edición del Domingo 8 de noviembre 2009
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