Hubo mil masacres y 2500 desapariciones
La suma de las confesiones de 4000 desmovilizados paramilitares da 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones, 1033 secuestros, 1437 casos de reclutamiento ilícito, 2326 desplazamientos forzados y 1642 extorsiones.
Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellín
Escandalosas cifras de los crímenes cometidos por los paramilitares fueron reveladas ayer en un informe de la Fiscalía colombiana. Se habla de 30.000 homicidios, 1000 masacres y 2500 desapariciones. Es la suma de las confesiones de cuatro mil desmovilizados paramilitares que, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, relatan sus crímenes a los fiscales para obtener los beneficios de esta ley que promovió Uribe: máximo ocho años de cárcel sin posibilidad alguna de ser extraditado, aun cuando los crímenes cometidos sean de lesa humanidad.
Aunque son horrorosas las estadísticas, no hubo reacciones del gobierno ni mayor repercusión en la agenda política nacional. Sin embargo, entre los defensores de los derechos humanos, ONG y académicos sí se manifestó gran preocupación. Pues además de los números ya conocidos, se cree que los crímenes son muchos más. Esto dado que algunos desmovilizados todavía no confiesan todos sus crímenes. Los bloques paramilitares y los militantes son tan numerosos que se ha dificultado corroborar toda la información otorgada. Además, estos beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz están relatando crímenes anteriores al año 2005.
Hace un mes, en el diario El Tiempo de Bogotá se informó que la Fiscalía recibió 300 mil denuncias por el asesinato de, al menos, unas 150 mil personas. Las denuncias vinieron de 400 ciudades y poblaciones colombianas y se señala en todas como responsables a los paramilitares. Además, en muchos de los casos, como lo señaló recientemente el informe de Human Right Watch, los desmovilizados se armaron mientras el surgimiento de grupos ilegales paramilitares no se detuvo con la reinserción a la vida civil. Hoy están fortalecidos, aseguran las pesquisas de HRW.
En el informe se habla también de 1033 secuestros, 1437 casos de reclutamiento ilícito, 2326 desplazamientos forzados y 1642 extorsiones, además de los 30.470 homicidios. En el documento preparado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, creada hace cuatro años para sacar adelante el proceso de desmovilización que comenzó en Medellín, se dice que las víctimas de homicidio son mujeres, hombres y niños; y las masacres se realizaron contra campesinos y líderes de localidades por todo el país. Entre las víctimas hay también militares, sindicalistas, funcionarios de entidades públicas y dirigentes políticos. Luis González León, director de esta Unidad, habló recientemente de la necesidad de juzgar más pronta y severamente a estos criminales a través de imputaciones parciales.
Gracias a las confesiones que dan origen a estas escalofriantes cifras, se abrieron múltiples investigaciones por complicidad con el accionar “para” de 240 militares y policías colombianos, 311 dirigentes políticos y 106 funcionarios de instituciones públicas. El ejército paramilitar surgió en los años ’80, como brazo armado de hacendados y empresarios que buscaban defenderse de las guerrillas, en especial del secuestro. De ahí su nombre de Autodefensas. También tiene su origen en la guerra entre carteles de la mafia durante los años de reino de Pablo Escobar y el clan de los Ochoa. Algunos investigadores señalan como otro génesis del paramilitarismo la creación de grupos de Convivir, civiles armados para defender las calles de Medellín de la delincuencia en los años ’90, por parte del entonces gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez.
Desde 2003, unos 32 mil paramilitares se han sumado al proceso de negociaciones con el gobierno de Uribe. Algunos, como los comandantes extraditados a Estados Unidos en 2008, son expulsados del programa perdiendo los beneficios. Los que no van a la cárcel reciben pensiones mensuales de alrededor de 300 dólares, estudian y se capacitan para el empleo. Otros enuncian delitos a diestra y siniestra esperando recibir beneficios, sin embargo después no aceptan su participación y no responden a las víctimas.
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Ex paramilitares colombianos reconocen haber cometido cerca de 30 mil 500 asesinatos
TeleSUR _ Hace: 14 horas
Según el informe unos cuatro mil 112 ex combatientes de las AUC aseguran haber perpetrado 30 mil 470 asesinatos entre mediados de los ochenta y su desmovilización a partir de 2003.
Estos datos reveladores de la cruda violencia que ha azotado a los colombianos se da en el marco del Plan Justicia y Paz en el que el gobierno de ese país ofrece beneficios judiciales a los paramilitares de las AUC que se desmovilizaron en un proceso impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, entre 2003 y 2006 a cambio de su desarme y confesión de los crímenes.
Esta ley fija una pena máxima de ocho años de prisión para los paramilitares que se sometieron a la justicia, confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas.
Fuentes del organismo aseguran que en este proceso de verificación de la información ya se han validado denuncias sobre 11 mil 797 homicidios.
De acuerdo al informe, la Fiscalía recibió declaraciones de los ex combatientes que dan cuenta de mil 085 masacres, mil 437 reclutamientos de menores; dos mil 520 desapariciones forzadas, dos mil 326 desplazamientos forzados y mil 642 extorsiones, además de mil 033 secuestros.
Hasta diciembre de 2009 la Fiscalía verificó la ocurrencia de 485 masacres, mil 093 reclutamientos de menores, mil 412 desapariciones forzadas, 747 desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros, dijo la fuente.
El informe concluye sus cifras refiriendo que unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en ese proceso, aunque organismos de Derechos Humanos han denunciado que una cifra indeterminada de mandos medios que se marginaron de ese plan aún actúan en bandas criminales al servicio del narcotráfico.
De acuerdo a otro informe elaborado por la Universidad de Berkeley (California) de EE.UU. titulado La verdad tras las rejas (Truth behind bars), el proceso de Justicia y Paz se empezó a agrietar por la ausencia de un acuerdo por escrito que determinara la cooperación judicial entre Colombia y EE.UU., una vez los jefes paramilitares, protagonistas de la violencia de al menos las últimas dos décadas , fueron encarcelados en ese país por delitos relacionados exclusivamente con el narcotráfico.
Todo lo anterior, se suma a las dificultades logísticas para tener contacto con los reclusos y a la propia voluntad de éstos, pues sólo cinco de los 15 extraditados en mayo de 2008 han continuado con sus versiones libres.
Un serio obstáculo, anota el informe, es que los fiscales norteamericanos han puesto de lado los esfuerzos de las víctimas por intervenir en los procesos para obligar a los ex jefes 'paras' a revelar información, a pesar de que en ese país existe la ley de derechos de víctimas de crímenes (Crime Victims Rights Act).
El documento señala que la misma Corte Suprema colombiana ha visto entorpecido su trabajo. Esta institución ha hecho múltiples solicitudes para obtener declaraciones de ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Carlos Mario Jiménez Naranjo (Macaco), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40) y Diego Fernando Murillo Bejarano (Don Berna), que hasta el pasado 28 de octubre no habían sido contestadas. Se recordó que en ese mes, luego de un viaje a Washington, el ex presidente del alto tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, calificó de preliminares los esfuerzos por lograr la anhelada cooperación judicial.
Los impedimentos logísticos también han empantanado la posibilidad, estipulada por la Ley de Justicia y Paz, de que las víctimas cuestionen directamente a sus victimarios o su derecho a la reparación.
El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos de Berkeley, (IHRLC, por su sigla en inglés), encontró en EE.UU. a 30 hombres extraditados desde Colombia relacionados con el paramilitarismo, de los cuales en 18 casos la información de sus juicios no es pública. El Centro Jurídico recordó la importancia que estos hombres tienen en los delicados procesos de la parapolítica y otros graves crímenes, "cuyos testimonios no han sido enteramente explotados (...) La extradición ha limitado su disponibilidad como testigos potenciales".
El asunto, por supuesto, no se limita a la parapolítica. Los ex jefes 'paras' aún están involucrados en cientos de investigaciones penales por masacres, desplazamientos, robo de tierras, asesinatos y desapariciones forzadas, entre otros delitos. Según el informe, en la Fiscalía colombiana hay abiertos 276 expedientes contra funcionarios públicos que posiblemente conspiraron con los paramilitares, y aunque en un período de cinco meses las autoridades colombianas pidieron 39 audiencias con los ex jefes 'paras', sólo una decena fueron llevadas a cabo.
Luego de 21 meses de la salida de los ex jefes 'paras' de Colombia, ningún ex integrante de las AUC ha recibido una condena. "Las extradiciones pueden haber acabado los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada" afirma el documento del IHRLC .
Según el informe, "las investigaciones actuales contra procesados colombianos ofrecen a Estados Unidos una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad (...) Los ex comandantes paramilitares están en capacidad de proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos", corrupción y crímenes contra sindicalistas.
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