La Paz, 17 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Bolivia impidieron hoy a un fiscal acceder a sus archivos para esclarecer las desapariciones en la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), pese a que el Gobierno de Evo Morales anticipó esta semana que los militares iban a cooperar en la investigación.
Como estaba anunciado, el fiscal Milton Mendoza ingresó hoy a las 09.30 hora local (13.30 GMT) al archivo del Estado Mayor del Ejército y una hora después salió de las instalaciones castrenses denunciando "una obstaculización al proceso de investigación".
Según Mendoza, la cúpula militar explicó que la documentación desclasificada sobre esos casos de desaparecidos se entregará a un juez a finales de febrero, pero no a la Fiscalía.
El fiscal calificó la decisión de "despropósito" porque existe una orden judicial para que el Ministerio Público reciba esa información.
Ante la imposibilidad de acceder a los archivos militares, el fiscal Mendoza anunció que evaluará si los jefes de las Fuerzas Armadas pueden ser demandados penalmente por incumplir la citada orden judicial.
El propósito de esta investigación es esclarecer la desaparición de varios bolivianos en la dictadura de García Meza, entre ellos, el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, dijo estar "muy molesta" con la actitud de los militares quienes, a su juicio, no tienen por qué negar el acceso del fiscal Mendoza a los archivos de las FF.AA.
"Sabemos que hay una deuda histórica y las Fuerzas Armadas tienen mucho que decir (...) y no tendrían por qué negar la posibilidad de que el fiscal pueda revisar archivos e identificar elementos que le sirvan para su investigación", dijo Mencias a los periodistas.
Desde el Gobierno, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró hoy, antes de la visita del fiscal a los archivos militares, que las Fuerzas Armadas habían recibido la orden judicial "y con el espíritu democrático" no iban a poner ninguna objeción a que se cumpla la norma.
"En la ley orgánica se prevé que se pueda acceder a información confidencial (...) siempre y cuando exista una orden judicial. En este caso existe la orden judicial", dijo el ministro Saavedra.
Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes de izquierda fueron asesinados y desaparecidos en julio de 1980 cuando se produjo el golpe de Estado de García Meza, quien está preso desde hace trece años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro del departamento de La Paz con una pena de 30 años por los delitos de la dictadura.
A la misma prisión ingresó en agosto pasado el que fue su ministro de Gobierno (Interior), Luis Arce Gómez, entregado a las autoridades bolivianas por EE.UU.
Según la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Mártires por la Democracia (Asofamd), hay 156 denuncias registradas por la organización respecto a personas desaparecidas en las dictaduras de las décadas de 1960, 1970 y 1980.
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