martes, 2 de diciembre de 2008

Picolotti presentó su renuncia A PEDIDO DE LA PRESIDENTA 02-12-08


Echaron a Picolotti de la Secretaría de Ambiente


19:49


El jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia esta tarde. Estaba entre los pocos funcionarios ligados a Alberto Fernández que seguían en el Gobierno. La Justicia investiga presuntos manejos irregulares cometidos durante su gestión.


Después de dos años y medio, hoy finalizó la gestión de Romina Picolotti al frente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a la que había llegado a mediados de 2006 de la mano del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y catapultada por el conflicto de Botnia (era abogada de los ambientalistas). El jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia esta tarde; la ahora ex funcionaria estaba entre los pocos dirigentes vinculados a Alberto Fernández que seguían en el Gobierno. En varias ocasiones habían trascendido rumores sobre su inminente salida; la última vez, el día en que abandonó el PEN el hoy ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capascioli, otro "albertista". La hoy ex funcionaria había llegado al Gobierno en julio de 2006, poco después de que el entonces presidente Néstor Kirchner diera un fuerte respaldo a la protesta de los ambientalistas de Gualeguaychú contra la papelera que la finlandesa Botnia instaló en Fray Bentos. Fundadora de Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), con sede en Córdoba, Picolotti había cobrado notoriedad, justamente, en su representación de los asambleístas entrerrianos.Hace menos de un mes, la Policía Federal hizo un procedimiento en la Secretaría de Ambiente en el marco de una causa penal abierta tras una investigación de Clarín sobre presuntos manejos irregulares en esa área. La investigación apunta a determinar cuántos empleados contrató Picolotti y con qué remuneraciones, cuántas veces alquiló aviones para trasladarse al interior del país y cuál fue el papel de ArgenINTA en la financiación de los gastos de la Secretaría. No fue ese el único traspié de la ambientalista en la Secretaría: durante las presentaciones ante La Haya por Botnia, su oficina se cruzó fuerte con Cancillería por la estrategia a adoptada ante el tribunal internacional. También recibió duros cuestionamientos por la demora en la limpieza del Riachuelo y por la demora con la que actuó la Secretaría en los incendios de pastizales que se registraron este año en medio del conflicto del campo.





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El Gobierno echó a Romina Picolotti


Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió la renuncia a la secretaria de Medio Ambiente al rechazar su gestión



Martes 2 de diciembre de 2008 19:47 (actualizado a las 19:52)


El Gobierno echó hoy a la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, debido al descontento que tenía la presidenta Cristina Kirchner con su gestión.


Fuentes gubernamentales adelantaron a LA NACION que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, le pidió hoy su renuncia a la funcionaria, que había sido designada por el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.


La ahora ex funcionaria es investigada desde hace más de un año en la Justicia en una causa por presunta malversación de caudales públicos.
El fiscal Guillermo Marijuán busca determinar si Picolotti incurrió en desmanejos presupuestarios y administrativos en su área.
Picolotti fue separada de su cargo -según indicaron las fuentes a este medio- debido a los cuestionamientos que efectuó la Presidenta por su gestión. Entre los motivos que alegó, figuran el proyecto de ley de protección de los glaciares que impulsó y fue vetado por el Gobierno y las subejecuciones de presupuesto en su área.




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Martes 02 de Diciembre de 2008

Echaron a Picolotti


Cristina Kirchner le indicó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, que le pida la renuncia a la Secretaria de Medio Ambiente. Es por diferencias en la gestión, supo


Infobae.com


La presidente Cristina Kirchner decidió esta tarde pedirle la renuncia a la hasta hoy secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, quien estaba en el cargo desde el 28 de junio de 2006, cuando había sido designada por el entonces mandatario Néstor Kirchner. Según informaron fuentes oficiales a Infobae.com, la Presidente le solicitó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, que le exiga inmediatamente la renuncia a la funcionaria, que se desempeñaba bajo la órbita de su cartera. La decisión surge como consecuencia de algunas irregularidades en la gestión. Según informaron a la Presidente, la situación judicial de la ex funcionaria tuvo un duro revés en las últimas horas en una causa que impulsa el fiscal Guillermo Marijuan. En este proceso, Picolotti podría ser citada a indagatoria en las próximas horas.El fiscal Guillermo Marijuán busca determinar si Picolotti incurrió en desmanejos presupuestarios y administrativos en su área. Romina Picolotti había llegado al Gobierno en el pico de tensión entre la Argentina y Uruguay por la instalación de dos plantas procesadoras de celulosa en la margen del Río Uruguay.




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Proyecto de Centro de Sostenibilidad para estudiar y tratar las enfermedades y malformaciones aparecidas en Afganistán tras la “liberación” en curso

02-12-2008

Proyecto de Centro de Sostenibilidad para estudiar y tratar las enfermedades y malformaciones aparecidas en Afganistán tras la “liberación” en curso

El sueño de un luchador

Mohammed Daud Miraki

Afghanistanafterdemocracy.com


Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Hace pocos días descubrimos un llamamiento desgarrado a la solidaridad por parte de un médico de origen afgano, el Dr. Mohammed Daud Miraki, ante la situación desesperada en que se encuentra gran parte del pueblo de Afganistán, enfrentado a la muerte por hambre y frío al haber tenido que huir de sus humildes hogares tras los duros bombardeos desencadenados en varias provincias por las fuerzas ocupantes extranjeras, cuyas consecuencias suelen cebarse, como siempre, en los civiles. Intentamos averiguar algo más sobre las motivaciones de la persona que hacía el llamamiento y así fue como, a través de la información contenida en su página web, supimos del proyecto que quiere poner en marcha para hacer frente a la situación de intensa y extendida contaminación por uranio y otros elementos que padece el país como resultado de los mencionados bombardeos, de los más duros registrados en la historia tanto por la cantidad de bombas arrojadas como por las características de los componentes de las nuevas armas desarrolladas y utilizadas.

El Dr. Daud Miraki se mueve por el mundo tratando de encontrar apoyos de instituciones y gobiernos para su proyecto. También por nuestra parte podemos contribuir de forma modesta a su sueño adquiriendo el magnifico libro que ha elaborado sobre la situación en Afganistán. (El libro representa un viaje virtual por Afganistán tras la invasión estadounidense. En el primer capítulo se nos introduce detalladamente en la situación del país y en los capítulos dos a diez se describen diferentes aspectos de la vida expuestos mediante una serie de fotografías tomadas entre marzo y abril de 2006. A este respecto, contamos también con las impresiones que sobre el libro nos ofreció a finales de 2006 Deanna Spingola en un emocionado artículo).

Antecedentes

Tras los bombardeos estadounidenses sobre Afganistán, han ido apareciendo en el país infinidad de inexplicables dolencias y enfermedades. Asimismo, se ha producido un incremento de los casos de leucemia y otras modalidades de cáncer. La situación empeoró cuando los recién nacidos empezaron a presentar malformaciones terribles [se advierte de la dureza de las imágenes]. La gravedad y extensión de las diversas enfermedades fue haciéndose evidente con el paso del tiempo. Las zonas más bombardeadas eran las que presentaban mayor incidencia de dolencias inexplicables, de leucemia entre los adultos y niños y bebés nacidos con deformidades.

A través del trabajo de investigación del Uranium Medical Research Center, cuyos equipos realizaron dos viajes consecutivos a Afganistán en 2002, se confirmó que se había utilizado munición de uranio. Se recogieron datos y se halló que los niveles de uranio alcanzaban cifras que iban de un 400 a un 2.000%.

La omnipresencia de la muerte perpetua en Afganistán se manifiesta con cada día que pasa. Todos los días, los seres humanos que allí habitan tienen que contemplar cómo una muerte silenciosa asola a familiares y amigos, desesperados y aterrados ante la inminencia de un próximo funeral. Este continuo asesinato indiscriminado del pueblo afgano prosigue mientras los ciudadanos estadounidenses, que son quienes pagan los impuestos destinados a crear armas monstruosas aplicadas al genocidio, pretenden que todo va muy bien.

Las horrendas fotografías de los que murieron permanecen en la memoria de los que siguen con vida mientras esperan atemorizados su turno en el desastre. Las mujeres embarazadas tienen miedo de dar a luz a sus bebés, espantadas ante la idea de encontrar una deformidad en lugar de un bebé saludable. Ese es el legado de la “liberación” estadounidense, el asesinato indiscriminado de los débiles y de los desarmados que no tienen medios para defenderse. En realidad, no hay medida defensiva alguna frente a esas Armas de Destrucción Masiva porque esas mortíferas partículas de óxido de uranio –el polvo que se forma una vez que el uranio se pulveriza tras impactar contra un objetivo- permanecen en el suelo, en el agua y cubrirán la superficie de la vegetación durante las próximas generaciones.

Cuando una bomba estadounidense o de sus aliados aterriza sobre un pueblo o ciudad afgano, la tierra y su gente se convierte en parte de un mortífero legado de muerte silenciosa. Esta sentencia de muerte difiere de la de cualquier otro tipo, ya que condena a la gente, a su tierra y a las futuras generaciones a un genocidio ineludible. La tragedia que hace tan terrible ese estado de cosas es la inevitable e invisible amenaza que acecha indiscriminadamente a todos sus habitantes.

Además, la amenaza se ha convertido en endémica para la esencia de la vida, contaminando la tierra, el agua y a sus habitantes. Así es, cuando Bush junior dijo: “Vamos a hacer que les salga humo”, no reparó en medios para cumplir su promesa haciendo de la vida un hecho inalcanzable para los no nacidos y una realidad insoportable para los vivos, condenando al pueblo afgano y a sus generaciones futuras a una sentencia de muerte predeterminada.

La extensión real del desastre se va ampliando con el paso del tiempo. A la luz de las continuas revelaciones sobre la cantidad y tipos de armas utilizadas en Afganistán, se puede prever que lo peor está aún por llegar. Cada día, los AC-130, los A-10 y los B-52 de combate bombardean los pueblos y ciudades afganos dondequiera que una unidad de tropas estadounidenses encuentra resistencia.

Por consiguiente, no sólo la muerte perpetua continúa su camino adelante sino que cada nueva ronda de uranio empobrecido es un clavo más en el ataúd colectivo del pueblo afgano.

El uso de gran número de munición y armamento arrojado por los aviones estadounidenses hizo que se registrara ya un aumento de los problemas de salud a las pocas semanas de empezar el año 2002. La pauta fue diferente de la experimentada en Iraq tras la primera Guerra del Golfo, donde pasaron varios años antes de que se manifestaran muchas de las malformaciones de nacimiento y otros problemas en la salud. Esto indica la enormidad del armamento con uranio utilizado en Afganistán, un hecho que ha sido ilustrado por muchos investigadores de todo el mundo, notablemente por Dai Williams en Inglaterra, el Dr. Durakovic del Centro de Investigaciones Médicas sobre el Uranio en Canada, y el Dr. Marc Herald en Estados Unidos, entre otros.

Por otra parte, varios periódicos internacionales y cadenas de los medios, especialmente Le Monde Diplomatique, Guardian, Frontier Post, BBC, CBC y Al Yasira, entre otros, han informado también sobre los distintos sistemas de armamento utilizados contra objetivos afganos –pueblos y ciudades- y una serie de conjuntos de cuevas en las montañas.

Según la BBC (10 de abril de 2002), se habían arrojado sobre Afganistán más de 6.600 bombas JDAM.

En octubre de 2002, el Boston Globe informaba: “A diferencia de armas anteriores, la nueva generación de armas aprovechaba avances tales como señales de satélite, suministro de datos sobre objetivos a gran altura, etc. Las JDAM se probaron en Afganistán. En febrero [2002], los comandantes habían lanzado ya 6.600 JDAM, según estimaciones de las fuentes consultadas, tantas arrojaron que se les agotaron las reservas y los oficiales tuvieron que conseguir más producto en una fábrica de Missouri”

En octubre de 2002, con el primer aniversario de la invasión estadounidense de Afganistán, se arrojaron sobre suelo afgano más de 1.000 toneladas de bombas (Socialist Workers Online, 11 de octubre de 2002).

Imaginen la magnitud de la carnicería y la contaminación causada por esa atrocidad. Otro informe, de Kate Randall, de diciembre de 2001, señalaba que el número de bombas arrojadas por EEUU había sido de 12.000: “Desde que EEUU lanzó la guerra contra Afganistán el 7 de octubre, EEUU ha arrojado sobre el país más de 12.000 bombas. Según el Pentágono, alrededor del 60% de esas bombas eran de precisión guiada por satélite o tecnología láser. Sin embargo, muchas de esas bombas, arrojadas por los B-52 y otros aviones desde decenas de miles de metros de altura, se desvían de su curso y golpean objetivos civiles”. (WSWS, 29 de diciembre de 2001).

En otro informe, un año después del 11-S, Matt Kelley, de Associated Press recogía las siguientes estadísticas sobre la munición empleada por EEUU:

“EEUU y los aviones de la coalición han efectuado más de 21.000 vuelos sobre Afganistán arrojando más de 20.000 municiones de guerra. Alrededor del 60% de toda la artillería lanzada sobre Afganistán ha sido de precisión guiada, el porcentaje más alto registrado en un conflicto”.

De forma similar, el Guardian informaba el 10 de abril de 2002:

“En los últimos seis meses se han arrojado sobre el país más de 22.000 explosivos, en una escala que va de misiles de crucero a pesadas bombas de aire-fuel. Los pilotos estadounidenses lanzaron más de 6.600 bombas JDAM, las bombas guiadas por satélite. Una de cada cuatro bombas y misiles arrojados por EEUU sobre Afganistán pueden haber fallado en el objetivo a alcanzar”.

Las nuevas generaciones de armas para objetivos difíciles (HTW, por sus siglas en inglés), cuyas cabezas están hechas de metales densos, han contribuido a contaminar intensamente la tierra, el agua y a la población en general.

Desde 1997, EEUU ha estado modificando y mejorando sus bombas para aumentar su penetrabilidad utilizando metales densos como la siguiente cita confirma:

“Desde 1997, EEUU ha estado modificando e intensificando la capacidad letal de sus misiles y bombas guiadas. Prototipos de esas bombas se estuvieron probando en las montañas de Kosovo en 1999, pero en Afganistán, el experimento ha adquirido un nivel mucho más amplio. Las mejoras se han centrado en sustituir las cabezas convencionales por otra de metal denso, pesado. Si se calcula el volumen y el peso de ese metal misterioso, se llega a dos posibles conclusiones: que se trata o bien de tungsteno o bien de uranio empobrecido”, Le Monde Diplomatique, marzo de 2002.

“Las cargas explosivas de uranio empobrecido en los sistemas de bombas guiadas utilizados en Afganistán pueden pesar hasta una tonelada y media (como en el caso de la bomba anti-búnker Raytheon GBU-28)”, Le Monde, marzo de 2002.

El Uranium Medical Research Center (UMRC, por sus siglas en inglés) confirmó también el uso de esas nuevas generaciones de armamento:

“Investigaciones independientes, así como la consulta de documentación de libre acceso de la OTAN sobre el armamento estadounidense, aluden o se refieren directamente a que hay en marcha una serie de programas de desarrollo de armas de uranio (incluyendo uranio empobrecido), no de fisión (nucleares no térmicas). Las fuentes incluyen: laboratorios militares de investigación y subcontratos de programas de desarrollo e investigación; The US Science Based Stockpile Stewardship Program; la Federación de Científicos Estadounidenses; los informes de los veteranos y los informes anuales y propagandas de los contratistas de armas. Las advertencias hechas por los militares estadounidenses al personal que participó en la “Operación Libertad Duradera” indicaban la presencia de contaminantes radiológicos; se recomendaba a las tropas de las fuerzas especiales que tomaran medidas de protección durante las operaciones y tras los bombardeos, y se les proporcionaba instrucciones de protección contra la radiación, detectores de radiación y equipo de protección antes y después de su entrada en Afganistán”.

Continúa diciendo:

“El Proyecto DBHT (siglas en inglés de Deeply Buried Hard Target) estadounidense perseguía alcanzar objetivos profundamente enterrados y quería desarrollar armas que destruyeran almacenes e instalaciones de fabricación de armas químicas, nucleares y biológicas en estados canallas; el Plan Militar Estratégico de EEUU y la Revisión de la Situación Nuclear de EEUU expresan su intención de utilizar nuevas clases de armamento en Afganistán y otros Estados. Se supo que ese programa estaba acelerando el desarrollo de armas y experimentos en preparación de una posible incursión iraquí. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa de EEUU hablaban con frecuencia sobre el desarrollo de armas de fisión, de bajo rendimiento y no fisión contra búnker y cuevas. Esas armas, por su mismo diseño, requieren de balasto pesado y envolturas de diámetro estrecho que puedan penetrar profundamente en la tierra, o a través de objetivos militares muy reforzados, lo suficientemente duros como para resistir impactos de alta velocidad antes de alcanzar la profundidad de detonación”.

El UMRC articula las diferencias entre esas armas y las de la primera Guerra del Golfo de la siguiente forma:

“Esas nuevas generaciones de armas y los objetivos para los que se diseñan establecen una serie rasgos y funciones específicas. Son diseñadas con capacidad de autoforjado y capaces de perforar objetivos endurecidos, muy reforzados en múltiples capas. Deben ser capaces de taladrar entre 4 y 6 metros de hormigón tremendamente reforzado. A diferencia de los derrotados penetradores blindados de uranio empobrecido, esas nuevas cabezas se utilizarían a la vez que altas cargas explosivas o cargas de alta presión y detonadores de acción retardada”.

El Dr. Michael H. Repacholi de la Organización Mundial de la Salud informaba:

“El uranio empobrecido se libera del armamento en forma de pequeñas partículas que pueden ser inhaladas o ingeridas, que permanecen en el medio ambiente”.

Añadía también:

“Los niños, más que los adultos, están muy expuestos a los riesgos de contaminación ante el uranio empobrecido (DU, por sus siglas en inglés) cuando se recuperan las actividades normales en una zona de guerra, a través de los alimentos y el agua contaminados, por el mecanismo simple de mano a boca de los juegos inquisitivos que puede llevar a altas ingestiones de DU procedente de suelo contaminado”. (The Laissez Faire City Times, Volumen 5, Nº 44, 29 de octubre de 2001).

En el informe del Departamento de Defensa, el Dr. Ross Anthony, de la Corporación Rand había indicado lo siguiente sobre el uranio empobrecido:

“El riñón es la parte del cuerpo más susceptible de recibir la contaminación”. (The Laissez Faire City Times, Volumen 5, Nº 44, 29 de octubre de 2001).

Steve Fetter y Frank Von Hippel escribieron en el Boletín de los Científicos Atómicos (1999):

“Las dosis de radiación que pueden recibir los soldados a partir de fragmentos de DU pueden ser peligrosas. La humareda del DU contamina la tierra que atraviesa depositando una delgada capa de polvo de DU, la cual puede ser más tarde recogida por el aire y la actividad humana… El armamento deposita también una capa de polvo de DU sobre las cosechas que pueden ser directamente consumidas por humanos o por los animales que después consumen los humanos. Sin embargo, estimaciones aproximadas sugieren que el riesgo de contraer cáncer tras el consumo de productos contaminados es menor que si se inhala”.

Fundamento

Teniendo en cuenta lo anterior, la magnitud del desastre precisa de esfuerzos equivalentes para poder encontrar soluciones. Como la contaminación por uranio ha condenado a Afganistán y a su población a una ineludible sentencia de muerte, es necesario y urgente explorar qué tipo de soluciones son las más adecuadas para afrontar esa amenaza.

Esa exploración tiene que preparar al menos el camino para ir desarrollando mecanismos que restañen y hagan la vida soportable y se pueda acceder a un bienestar sostenible. Para conseguir una tarea tan colosal, es imprescindible un enfoque global que implique un conjunto de mecanismos de mejora en pos de objetivos alcanzables.

Además, el enfoque que debe darse a una tarea tal requiere de una nueva perspectiva o, mejor aún, de un nuevo tipo de paradigma. Quizá el nombre más adecuado para ilustrar esta idea sería El Nuevo Paradigma del Bienestar Sostenible. El Nuevo Paradigma del Bienestar Sostenible debería resultar fructífero tanto en los cuidados sanitarios a corto plazo como en el diagnóstico a largo plazo, tratamiento e investigación de los efectos del uranio sobre la población. La manifestación operativa de este concepto sería a través de la infraestructura del que podríamos denominar como Centro de Sostenibilidad.

Objetivos a Largo Plazo

El Centro de Sostenibilidad se convertiría en el primer centro mundial en tratar la contaminación del medio ambiente con uranio y sus efectos en la población.

Objetivos de Nivel Medio

La construcción de infraestructuras físicas.
El desarrollo de recursos humanos, expertos, especialistas, etc.
Metas:

Desarrollo de un complejo que albergue a las tres estructuras que se integrarían en el Centro de Sostenibilidad.
Equipamiento de instalaciones con los recursos y maquinaria necesarios.
Ir desarrollando agencias o estaciones de control por todo Afganistán.
Formación de los recursos humanos y desarrollo y reclutamiento de voluntarios para el complejo.
Planear, formular y poner en marcha la agenda del Centro de Sostenibilidad.
Estrategia para la puesta en marcha del Centro Sostenible

A través de los mecanismos del Centro de Sostenibilidad se buscaría el bienestar global del individuo, es decir, de la persona y de su medio ambiente. De forma similar al concepto de desarrollo sostenible, el bienestar sostenible sólo podría conseguir si se tiene en cuenta el bienestar global del individuo. La diferencia entre bienestar sostenible y el concepto convencional de bienestar es que este último trata al individuo como una entidad separada de su entorno mientras el bienestar sostenible aborda al individuo teniendo siempre presente su habitat. En realidad, en enfoque más científico debería centrarse en el tratamiento del individuo en su globalidad, teniendo en cuenta la contaminación sufrida por el medio ambiente en Afganistán.

Este centro se compondría de un centro de investigación del entorno y de la situación sanitaria, un centro médico que confiaría en gran medida tanto en la medicina alternativa como en la convencional, y una instalación para la enseñanza, precursora de lo que podría convertirse en el futuro en una universidad.

Esas instalaciones se centrarían en el estudio de la contaminación de uranio sufrida por el entorno afgano, su pueblo y un proyecto para la supervivencia y sostenibilidad futura de la población.

El centro de investigación tendría agencias de control por todo Afganistán que estarían vinculadas con él, donde se recogería información para constituir una base de datos dinámica. Además, la investigación se centraría en crear los medios para descontaminar el medio ambiente y la gente que lo habita. La instalación médica trataría a las personas contaminadas con polvo de uranio y trabajaría para curar sus dolencias utilizando tanto medicinas alternativas como convencionales.

El centro de investigación de la salud y el medio ambiente
El centro de investigación y desarrollo será uno de los componentes más importantes del Centro de Sostenibilidad. El centro de investigación permitirá que los investigadores puedan avanzar sobre los conocimientos convencionales.

La función de las agencias de control sería recoger datos locales y enviarlos al centro de investigación. Este analizaría los datos durante un período amplio y establecería una base de datos dinámica que utilizaría para prever la supervivencia a largo plazo de la gente. El centro realizaría también muestreos, pruebas y análisis. Además, el centro de investigación encaminaría también sus trabajos para desarrollar métodos potenciales para descontaminar el suelo, los animales y los seres humanos.

Además, el centro llevaría a cabo investigaciones en el área de la salud. Se estudiaría la variedad de enfermedades aparecidas tras los bombardeos estadounidenses y se crearían medios para abordarlas y tratarlas. Esto incluiría atención prenatal, a las madres, jóvenes y adultos. El paradigma dominante que sustentaría la visión de este centro se centraría más en el enfoque alternativo que en el convencional.

El Centro Médico
El segundo componente del Centro de Sostenibilidad sería el Centro Médico. El centro médico se diferenciará de una instalación médica convencional. Sería una instalación en la que la medicina alternativa constituiría el enfoque dominante junto con la medicina convencional.

Dado que la contaminación con uranio ha provocado la aparición de una diversidad de tumores malignos y otras enfermedades desconocidas, el centro médico trataría a los pacientes con el objetivo de lograr su recuperación y/o pervivencia. Los métodos que la medicina tradicional ha estado utilizando para tratar los tumores de diversos tipos, han tenido éxito en algunos casos, pero en la mayoría ellos ha sido limitado. Las medicinas alternativas y terapias herbales se han utilizando durante cientos de años. Por desgracia, el poder monopolizador de las grandes compañías farmacéuticas ha desacreditado la medicina alternativa tildándola de patraña. Creo que el uso de la medicina alternativa junto con los métodos médicos convencionales conseguiría resultados fructíferos con las víctimas en Afganistán.

Mi esperanza es que el centro médico, a largo plazo, pueda convertirse en el centro de tratamiento en la región de los cánceres que presentan las víctimas envenenadas por el uranio. Teniendo en cuenta asimismo la inmensa cantidad de munición con uranio utilizada en Iraq, ese centro podría atender también a esas víctimas. Mientras tanto, el centro médico utilizaría los datos recogidos por las estaciones de control esparcidas por Afganistán. El centro médico acogería hasta donde fuera posible a todas las víctimas de la contaminación por uranio. Por consiguiente, se trataría de una instalación médica multidisciplinar asociada al centro de investigación.

Instalación para la enseñanza/universidad
Los recursos humanos con que se dotaría el complejo de instalaciones médicas necesitarían de formación continua. No sólo se necesitarían especialistas sino que también otros centros sanitarios y hospitales contarían con estas instalaciones de enseñanza/universidad. En lo esencial, la instalación sería un centro de formación para las ciencias naturales/médicas aplicadas con el único propósito de formar médicos en los campos y especialidades necesitadas.

Esas instalaciones de enseñanza serían similares a un centro de estudios de post-graduado. Formaría a los médicos en medicinas alternativas así como en medicina convencional. Además, también formaría a doctores o científicos en las áreas afines como biofísica, bioquímica, genética, patología y hematología.

El paradigma principal que guiaría su formación abogaría por la medicina alternativa, sin embargo, esto no significa que se deje de lado la medicina convencional. A diferencia de los defensores de la medicina convencional, utilizaríamos ambas según fuera más conveniente.

El objetivo más amplio de ese centro de formación sería la transformación de la práctica médica en Afganistán. Confío en que esa transformación absorba las aplicaciones de los métodos que hasta ahora han tenido más éxito en el tratamiento de las enfermedades aparecidas en los países en situación de post-guerra. Reitero que ese centro de formación/universidad serviría de modelo para la región donde el desastre de la contaminación por uranio y otros elementos químicos hacen que la vida sea insostenible.

De hecho, mediante ese enfoque de bienestar sostenible y el centro de formación/universidad, se pondría en marcha una rotación constante para formar a los profesionales de la sanidad por todo el país con la nueva visión mundial de bienestar sostenible. Ese enfoque se implementaría con respecto al método y a la sustancia, ya que la globalidad del tratamiento a los individuos curaría dolencias que de otra forma sería imposible curar.

La instalación de enseñanza sería un centro de formación para formar a médicos y científicos para el futuro, pudiendo llegar a convertirse en una universidad médica y del medio ambiente.

Ese modelo conlleva la cooperación entre el centro de sostenibilidad y otros hospitales e instalaciones para la investigación en el país.

Conclusión

Este proyecto es vital para la supervivencia futura del pueblo afgano. El continuo aumento de los casos de cáncer, además de otras enfermedades no conocidas, puede llevar a la sociedad afgana al borde el colapso. A través de ese centro de sostenibilidad, podría reducirse la excesiva carga del frágil sistema sanitario del país.

El desarrollo de nuevos métodos para tratar el cáncer, la leucemia y otras enfermedades reducirían los sufrimientos. Además, mediante el desarrollo de sistemas de descontaminación del medio ambiente, podría asegurarse la supervivencia futura del pueblo de Afganistán.

(Nota: El proyecto expuesto no es más que un proyecto preliminar que tiene que ser desarrollado).

Enlace con texto original en inglés:

http://www.afghanistanafterdemocracy.com/page7.html


http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76834&titular=el-sueño-de-un-luchador-


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REVUELO EN ESPAñA POR LA AUTORIZACION A LOS VUELOS A GUANTANAMO 02-12-08

REVUELO EN ESPAñA POR LA AUTORIZACION A LOS VUELOS A GUANTANAMO

José María Aznar bajo la lupa

El ex jefe de gobierno podría ser investigado tras la revelación de que aprobó los vuelos clandestinos norteamericanos con prisioneros rumbo a la prisión de Guantánamo. Los socialistas también están incómodos con el escándalo.

Por Oscar Guisoni

Desde Madrid

Investiguen a José María Aznar. Así fue interpretado ayer el pedido de la fiscalía española al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de que incorpore a la causa en la que investiga las escalas realizadas en territorio nacional por los vuelos de la CIA con prisioneros hacia Guantánamo el documento elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que hizo público el diario El País el pasado domingo. La decisión del fiscal desató la polémica y sembró la confusión en los dos partidos políticos más importantes del país. A los socialistas, porque el tema les resulta incómodo, ya que parte de estos vuelos se hicieron durante el gobierno del actual primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero. Al opositor Partido Popular, porque según se desprende del documento, el ex premier José María Aznar estaba perfectamente al tanto de la ilegalidad de las operaciones y dio su visto bueno a que se realizaran con discreción. Ayer fue un día confuso en Madrid.
“No, por supuesto”, fueron las únicas y contundentes declaraciones que realizó Rodríguez Zapatero cuando un periodista le preguntó sobre si sabía que se estaba utilizando suelo español como base de aprovisionamiento de los aviones militares que llevaban presuntos terroristas islámicos hacia la cuestionada prisión americana en el Caribe. El gobierno español prefirió ayer el silencio mientras el Partido Popular lo acusaba de utilizar el caso para tapar la crisis económica que vive España al igual que el resto de las economías europeas. Izquierda Unida y el PP pidieron la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en el Parlamento para que dé explicaciones sobre el escándalo que por ahora tiene un salpicado mayor: José María Aznar, el primer ministro conservador que metió a España de prepo en la guerra de Irak y que ayer guardaba también él un clamoroso silencio.
Mientras en el Partido Socialista reconocen que el tema es muy delicado y que no tienen toda la información que hace falta para abordarlo, desde las filas del PP su secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguraba ayer que “un gobierno con responsabilidad y que sea fiable no se dedica a hacer filtraciones sobre asuntos que afectan a la seguridad nacional”, acusando a los socialistas de haber filtrado la información adrede a un periódico amigo. Los mismos socialistas reconocen que parte del problema surge del convenio especial que existe entre España y Estados Unidos en lo que respecta al uso de las bases militares estadounidense en territorio español, que favorece “la opacidad” de las operaciones. Sin embargo, en el documento hecho público por el diario El País el tema más que opaco parece estar muy claro, ya que se buscaba deliberadamente operar en bases discretas para no llamar la atención, puesto que se estaban realizando traslados ilegales de personas, como se encargó de resaltar ayer en un comunicado la sección madrileña de Amnistía Internacional.
Desde Izquierda Unida, el diputado Gaspar Llamazares decía en voz alta lo que los socialistas no se atreven todavía a decir, aunque lo piensan: que “hay materia suficiente en estos momentos para que el gobierno de Aznar tenga que dar cuentas ante la Justicia” y afirmó que Aznar podría haber sido “cómplice de supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y tortura”. En el Partido Popular, mientras tanto, tratan de disimular su desconcierto ante un tema tan incómodo. Por una parte no pueden dejar solo a su ex jefe político, el todavía influyente José María Aznar. “Sólo conozco un informe de la Comisión Europea que dice que se han cometido una serie de viajes con el gobierno de Zapatero en la legislatura pasada”, afirmó ayer Soraya Sáenz de Santamaría, la portavoz del PP en el Congreso. “La mayor parte de los vuelos se hicieron durante este gobierno”, remató Esperanza Aguirre, la gobernadora de Madrid y miembro del ala dura del aznarismo. Cuando al gobierno las cosas se le ponen feas, dicen en el PP haciendo alusión a la situación económica, sacan el fantasma de la guerra de Irak.
Para la administración socialista esta crisis está resultando demasiado incómoda por varios motivos. En primer lugar, es notorio el movimiento que ha realizado Madrid en los últimos meses por tratar de acercarse a Washington, sobre todo después de que George Bush se negara a que Rodríguez Zapatero participara en la cumbre para tratar la crisis económica que tuvo lugar en Estados Unidos a mediados del pasado mes. Desde que Zapatero asumió el poder y retiró la tropas de Irak en la primavera de 2004, las relaciones con la Casa Blanca han sido frías, por no decir casi inexistentes, algo que la oposición conservadora les achaca a los socialistas. En segundo lugar, el reciente triunfo de Barak Obama abrió las puertas a un nuevo entendimiento con Washington, donde todavía no está muy claro, según fuentes socialistas, cuál será la decisión que tome la flamante administración demócrata en torno del espinoso tema Guantánamo y a la conveniencia de mantener o no la vergonzosa prisión abierta. Si las cosas cambian, el escándalo actual podrá ser utilizado como un elemento a favor del acercamiento entre Washington y Madrid. Pero si la nueva administración americana decide congelar la cuestión Guantánamo dejando la prisión abierta, este episodio corre el peligro de echar por tierra el esfuerzo de la Cancillería madrileña por acercar posiciones entre ambos países.


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Solicitan a la Unesco revisión del informe Rettig por posible manipulación de antecedentes 01-12-08



Documentos Publicado el 01.12.2008 Juicios


Solicitan a la Unesco revisión del informe Rettig por posible manipulación de antecedentes


La comisión Verdad y Reconciliación, dirigida por el abogado Raúl Rettig, que tuvo la misión recién entrada la democracia en Chile de desarrollar un trabajo de investigación acerca de las causas de derechos humanos ocurridas en dictadura, hoy se encuentra en tela de juicio.


Esto después del descubrimiento de Fred Bennets, historiador y cuñado del sacerdote inglés Miguel Woodward, quien fue asesinado a bordo del Buque Escuela Esmeralda, en los primeros días del golpe militar. En el marco de la causa de Woodward, se revisaron páginas del Informe Rettig, que hablaban de casos de derechos humanos ocurridos en la Quinta Región, en ese minuto descubrió que se habrían eliminado testimonios como el del capitán de la Armada Carlos Fanta, comandante de la nave Latorre, considerado como testigo clave en el caso Woodward. Bennets descubrió que este tipo de antecedentes se encontraban en borradores del Informe, que fueron escritos por abogados como Pedro Aylwin, pero que las redacciones finales omitieron estos datos. Luego, se supo que los textos finales fueron redactados por el historiador y abogado de derecha Gonzalo Vial. A juicio de Fred Bennets, esto significa que Vial manipuló los borradores y falsificó los contenidos finales del Informe Rettig, “uno de los consejeros de la comisión Rettig, Gonzalo Vial, manipuló los borradores de los informes que les habían entregado y él dejó fuera muchísimas cosas de interés”. Bennets agregó que el Informe Rettig, “tal como se publicó, en cuanto al caso de mi cuñado Miguel (Woodward) es incompleto y en alguna medida falsificada”. El ciudadano inglés hizo una presentación en Europa ante la UNESCO, ya que una copia del Informe Rettig se encuentra en los archivos del ente internacional, por el programa Memoria del Mundo al cual está suscrito Chile. En nuestro país esta presentación ha sido respaldada por la Comisión Ética Contra la Tortura de Valparaíso, ya que argumentan que Gonzalo Vial ha sido una persona de reconocida postura pro dictadura militar, manifestada en su labor en la redacción del Informe Rettig, así lo afirma Nelson Aramburu, secretario ejecutivo del organismo, quien informó que “respaldamos lo realizado por Fred Bennets”. A juicio de Aramburu, “esto es producto del acuerdo político por consensuar la verdad oficial, (porque) es en ese contexto que es incorporado a la Comisión Rettig Gonzalo Vial y él puso sus talentos como historiador en modificar aspectos que involucraban a la Armada de Chile”. La presentación data de Junio del año 2007 y se encuentra en investigación, a cargo de la Secretaría General de la UNESCO, Bennets conoce que las investigaciones están en curso, pero no ha tenido mayores antecedentes desde agosto del año 2008.


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Estados Unidos se sumó a la recesión global 01-12-08


ANUNCIO OFICIAL DE QUE LA PRIMERA POTENCIA MUNDIAL INGRESO EN UN CICLO DE CAIDA DE SU ECONOMIA


Estados Unidos se sumó a la recesión global


Europa y Japón ya habían avisado que estaban en recesión, y ayer le tocó a Estados Unidos, en una coordinación global de caída de la economía que pone en tensión la economía mundial. La respuesta inmediata fue una fuerte caída de todas las Bolsas.

Por Cristian Carrillo


Los megarrescates que impulsó en los últimos meses la administración Bush llegaron más tarde de lo que se pensaba. La economía más grande del planeta entró oficialmente en recesión y la fecha del ingreso data de diciembre del año pasado, según el Comité de Ciclos de Negocios del Bureau de Análisis Económicos. El diagnóstico no responde a la clásica definición de recesión, que implica dos trimestres consecutivos de caída del Producto Interno Bruto, sino que es un índice más amplio y contempla destrucción de empleos, ingresos y pérdida de poder adquisitivo. Precisamente, los indicadores laborales comenzaron en diciembre pasado un derrape mensual que todavía no culmina. De esta manera, la actividad finalizó hace exactamente un año un ciclo de expansión de 73 meses consecutivos desde la última contracción en 2001. Las Bolsas internacionales reprodujeron la preocupación sobre el contagio global. En Wall Street el índice industrial Dow Jones perdió 7,7 por ciento (ver aparte).

Desde que recrudeció la crisis financiera a mediados de este año comenzó a especularse acerca de cuándo sería que la economía estadounidense iba a mostrar las consecuencias de la desregulación y ausencia en la vigilancia del sistema bancario-bursátil. Hasta el momento parecía que los coletazos de la crisis hipotecaria se circunscribían a los bancos de inversión, recién en los últimos meses a las automotrices y se amplificaba al cruzar el océano. Tan es así que los primeros en declararse en recesión fueron los países europeos, y hasta Japón, la segunda economía mundial, admitía ser una víctima de las “subprime”.

Bajo ese contexto, los analistas daban por hecho que, concluido el actual trimestre, Estados Unidos se sumaría finalmente al grupo del crecimiento negativo. Luego de arrojar un retroceso de medio punto en el PIB –de 0,3 por ciento en la medición ajustada– durante el tercer trimestre las proyecciones coinciden en una nueva caída por encima del 2 por ciento para el cuarto.

Sin embargo, cuando falta menos de un mes para que se confirme ese oscuro pronóstico, se conoce una realidad aún peor: Estados Unidos ya está en recesión hace casi un año. “El comité determinó que el pico de crecimiento en la actividad económica estadounidense ocurrió en diciembre de 2007. El pico marca el fin de la expansión que comenzó en noviembre de 2001”, sentencia el documento del bureau que integran prestigiosos economistas, y es considerado como el órgano que declara oficialmente “los comienzos y fines (mensuales) de los períodos de recesión. Sus informes, a pesar de tratarse de un organismo privado sin fines de lucro, tienen carácter oficial.

El comité no sigue la definición clásica de recesión como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo de la economía. En cambio, incorpora otros parámetros que dan una muestra más cabal de la situación de Estados Unidos. El estudio resalta que la medición de la cantidad de empleos alcanzó su último incremento en diciembre del año pasado y desde entonces, mes a mes, cayó ininterrumpidamente. La “nómina mensual de empleos” se redujo en 1,2 millón al pasar de 138,1 millones de trabajos en diciembre del año pasado a 136,8 millones en octubre último, según el departamento de estadísticas laborales del gobierno. Esta caída, junto con la producción doméstica, son los indicadores de más peso a la hora de evaluar una recesión.

La medición de producción industrial que toma en cuenta es elaborada por la Reserva Federal, por tener un análisis más restrictivo. El banco central estadounidense incluye en su relevamiento la producción de manufacturas, la minería y las utilidades de las compañías, pero excluye todos los servicios y gasto público. Para entender la elección, basta con aclarar que, para compensar la caída en la actividad privada, la administración Bush incrementó en el tercer trimestre en 13,6 por ciento su gasto. Y sólo en defensa nacional lo aumentó un 18 por ciento. Mientras el consumo privado se desplomó a su mínimo en 28 años.

Ayer se conocieron también datos preliminares de la actividad industrial para el mes pasado. El sector fabril se contrajo a su nivel más bajo en 26 años, de acuerdo con el Instituto de Gerencia y Abastecimiento. El indicador retrocedió a 36,2 puntos, su peor desempeño desde 1982, y se ubicó por debajo de la línea que divide la expansión y la contracción de la actividad, que se delimita en los 50 puntos. En este contexto, las industrias podrían reconocer un recorte de 80 mil nuevos empleos en noviembre, tras la pérdida de 90 mil el mes anterior, según una proyección del Departamento de Trabajo, que saldrá este viernes y no hará más que ratificar la situación recesiva del país.

“Lo más importante que podemos hacer ahora por el bien de la economía es retornar el mercado financiero y crediticio a una situación normal, y continuar en línea a mejorar el sector de las viviendas, y eso continuará siendo nuestro objetivo”, afirma un comunicado de la Casa Blanca, que se distribuyó tras conocerse la crítica salud de los Estados Unidos. Según el portavoz del gobierno, Tony Fratto, las políticas se dirigirán a esas áreas para “retornar la economía al crecimiento y la creación de empleos”. Hasta el momento, las políticas implementadas fueron sólo placebos para un sistema enfermo y los rescates sólo sirvieron para ganar algo de tiempo. El propio secretario del Tesoro, Henry Paulson, debió admitir ante el Capitolio que los primeros 250.000 millones de dólares del megasalvataje de 700.000 millones que aprobó el Legislativo fueron mal utilizados.


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El lobby que cerró la puerta al uso de software libre en el Estado 02-12-08


02 de Diciembre de 2008


Impulsado por ACTI y ministros Bitar y Lavados El lobby que cerró la puerta al uso de software libre en el Estado


La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) desplegó un fuerte cabildeo y envió cartas a todos los diputados para pedirles que rechazaran una moción del senador Alejandro Navarro, aprobada por el Senado la semana pasada. La moción buscaba que los organismos públicos evalúen el uso de software de código abierto en las licitaciones para adquirir programas computacionales o renovar licencias que "en el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos", dice Navarro. Los titulares de Economía y el MOP pidieron que no se aprobara el paquete de iniciativas que incluía este tema.
Por Miguel Paz
La
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) tuvo en el ministro Sergio Bitar un inesperado aliado en su cruzada contra una moción del senador Alejandro Navarro que podía afectar los negocios de las empresas que desarrollan software y tienen entre sus clientes a los organismos del Estado. Esto, de no ser por el exitoso lobby desplegado por la ACTI, organización que agrupa a Microsoft y otras compañías grandes, medianas y pequeñas.
La moción presentada por Navarro y aprobada por el Senado el jueves 20 de noviembre de 2008, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, exigía que "la cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función".
Con dicha iniciativa, explica Navarro, se buscaba que cada vez que un servicio público deba adquirir sistemas operativos y programas computacionales, como Windows y Office (de uso mayoritario en el Estado), considere a la hora de la licitación otras opciones, que también pueden ser de pago pero sin requerir nuevos desembolsos de dinero en la renovación de licencias.
Esto porque, de acuerdo a los
cálculos del senador, el Estado desembolsa anualmente en pago de licencias y renovación de licencias de programas computacionales una cifra cercana a los 25 mil millones de pesos. Algo así como lo que cuesta construir cinco hospitales de $5 mil millones, similares al de Puerto Aysén, o 41 escuelas rurales, como la de Calbuco, de $600 millones cada una.
Tienes un e-mail
El tema, según la ACTI, "daña a la industria local del software" y debido a ello la asociación
emitió un comunicado rechazando la moción que aprobó el Senado, y urgió a los diputados a no ratificarla.
El lobby se dejó ver de inmediato y fue reconocido por el secretario general de la gremial empresarial, Aldo Signorelli, en una entrevista en un blog, diciendo que
"estamos haciendo harto lobby. Pero en el buen sentido de la palabra", aunque luego aseguró a El Mostrador.cl que en dicha entrevista fue sacado de contexto.
Signorelli reconoce que en la ACTI una vez enterados de la aprobación de la moción de Navarro, enviaron correos electrónicos a diputados y cartas al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al titular de Economía, Hugo Lavados, a los que les manifestaron la complejidad de aprobar la iniciativa, apelando a los argumentos centrales de su comunicado: 1. Que resta competitividad y dinamismo al desarrollo tecnológico de Chile. 2. Daña a la Industria local de software ya existente, y 3. Resta agilidad a la contratación pública de software.
"Todo lo que hacemos está publicado en nuestra página web", dice el secretario general de la ACTI y añade que su postura está alineada con la Estrategia Digital del gobierno, aprobada por el comité de ministros y que preside la cartera de Lavados.
Dichos cabildeos, que lograron el rechazo de la moción en la Cámara de Diputados, también incluyeron llamados a más de un ministro de Estado para pedirles su apoyo. De acuerdo a informaciones obtenidas por este medio, Hugo Lavados fue el más explícito y habría hecho ver a algunos parlamentarios los inconvenientes de imponer legalmente el uso de software de código abierto en los organismos del Estado.
La carta de BitarEl otro ministro mencionado es el titular de Obras Públicas, Sergio Bitar, aunque rechaza de plano haber tenido cualquier contacto con la ACTI. Bitar mandó el lunes 24 una carta a un número indeterminado de diputados instándolos a rechazar un paquete de 28 indicaciones de la Ley de Presupuesto -entre ellas la polémica propuesta de Navarro- argumentando que “su aprobación rigidizaría más al Ministerio. Ojalá las rechacen”, escribió.
Bitar explica a El Mostrador que envió la misiva debido a que las indicaciones, cuando van a comisión mixta, “se aprueban o no en paquete”, y como consideró que la mayoría de ellas podrían restringir el presupuesto del MOP, “le pedí a todos los diputados que conozco, amigos y otros de la oposición, que consideraran que podían dañar el plan de inversiones 2009, y la promoción de empleos. El tema del software libre no era tema para mí”, dice. Luego agrega que “el software libre se está usando en el MOP. La página nueva del ministro se está haciendo con software libre”.
No obstante estas palabras, el ministro acompañó su carta a los legisladores con una minuta redactada por su equipo técnico, donde se hace especial hincapié en los inconvenientes de usar software de código abierto, explicando que “existen pagos realizados” y “contratos de mantención y actualización a nuestros software”.
En el punto principal los expertos del MOP son enfáticos y contrarían la versión dada por Bitar: “No es recomendable el Código Abierto a nivel corporativo, dado que mayoritariamente nuestros sistemas y nuestra plataforma se ha basado en software de empresas IBM-Microsoft, a nivel corporativo”.
En el documento se explica, además, que los profesionales del ministerio están capacitados en el uso de software licenciados y que abrirse al uso de nuevos programas significaría una “capacitación masiva” de los funcionarios. Luego informa de que es recomendable “evaluar alternativas de código abierto” pero “para soluciones de funcionalidades puntuales”.“Esa es una nota. Yo pregunto a los equipos técnicos. Pero la opinión del ministro es abrir el tema”, aclara Bitar. Falta de motivaciónEl diagnóstico de las dificultades para que los organismos del Estado se cambien de plataforma informática, como se hizo en Brasil, es compartido en otras reparticiones públicas. Pese al enorme ahorro a mediano plazo que supondría para las arcas fiscales reemplazar, en las computadoras de los funcionarios públicos, programas como Office por versiones gratuitas similares.
Patricio Gutiérrez, director de Estrategia Digital, concuerda con que no están dadas las condiciones para reemplazar el software licenciado por otro de carácter abierto en todos los organismos del Estado. “No hay alto compromiso de la autoridad en tomar banderas por el uso del software libre, hay interés de aprovechar ciertas oportunidades pero hacer ese desarrollo a nivel global no es menor. Eso tiene un impacto que requiere una gran capacitación de funcionarios”, asegura. Su balance se basa en un estudio que el gobierno solicitó a la Universidad Católica para revisar la experiencia del uso de software de código libre en Alemania, Brasil y Venezuela, junto con el análisis del contexto local. “Ese estudio finaliza en diciembre y se le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados”, dice Gutiérrez.
El director de Estrategia Digital, además, indica que hay que tener presente cuatro elementos para formular una política pública respecto al software libre. “Primero, alto compromiso de las autoridades para hacer el cambio. Segundo, alta capacidad humana de los técnicos que implementen los cambios y capacitación de los funcionarios que deben usarlo cotidianamente. Tercero, un alineamiento entre la industria y el gobierno para promover el software libre. Y cuarto, que haya motivación para hacer los cambios. Si uno revisa, estos elementos no están presentes en este minuto”.


Revise los documentos:Correo de la ACTI a diputados











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De: Aldo Signorelli [mailto:borrado]


Enviado el: Lunes, 24 de Noviembre de 2008 9:20


Para: (borrado)


Asunto: Por favor leer declaración de ACTI A.G. frente a glosa de Ley de Presupuesto


Estimado Diputado:


Le adjunto declaración de ACTI A.G. sobre glosa relativa a adquisición de equipos
computacionales del proyecto de ley de presupuesto.


Esta materia vulnera la neutralidad tecnológica que esta Ley debe tener, así como
genera otros impactos que detallamos en esta declaración.


Esperamos que en la discusión de la Ley en la Cámara de Diputados se pueda resolver esta situación que afectará a toda la industria tecnológica local.


Esperando una favorable acogida a la presente
Se despide atentamente
Aldo Signorelli B.
Secretario General
ACTI A.G.


DECLARACIÓN PÚBLICA FRENTE A GLOSA TECNOLÓGICA
APROBADA EN EL SENADO EN LEY DE PRESUPUESTO


Santiago, 24 de noviembre de 2008.


- Frente a la aprobación en el Senado de una glosa referente a la adquisición de equipos computacionales, la Asociación Chilena de Empresas de
Tecnologías de Información (ACTI), a través de su Secretario General, Aldo Signorelli, quiere hacer presente a la opinión pública y a los medios de comunicación que, de ser aprobada en la Ley de Presupuesto tal como ha sido redactada, esta glosa representaría un entorpecimiento al proceso de adquisición tecnológica en el sector público.


El texto de la glosa señala: “La cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función”.


A nuestro juicio, esta glosa podría traer los siguientes efectos:


1.- Dañar a la Industria local de software ya existente: Muchas empresas nacionales, pequeñas, medianas y grandes, licencian comercialmente sus programas computacionales y soluciones. Con esta glosa se limita su capacidad de competir en el sector público chileno, ya que, cuando quieran ser contratadas, se requerirá una justificación especial, lo que significaría una carga administrativa y –en definitiva– un desincentivo a su contratación.


2.- Restar agilidad a la contratación pública de software: El establecimiento de una cotización de alternativas de código abierto, como requisito previo para adjudicar estas contrataciones, restringe la fluidez de la contratación de software. En muchos casos esa cotización no podrá obtenerse por no existir productos de código abierto similares y en otros será
muy difícil saber si realmente son comparables con alternativas de software propietario. ¿Qué
ocurre –entonces– si no es posible obtener esa cotización? ¿Qué pasa en un proceso de
licitación si sólo se presentan alternativas de software propietario? ¿Será ésta declarada
forzosamente desierta, aún cuando exista una importante competencia entre proveedores que
ofrecen alternativas de software comercial? En lugar de imponer regulaciones legales que no
facilitan el proceso de adquisición tecnológica, sino que lo entorpecen, creemos que dicho tipo
de consideraciones debe ser regulado naturalmente, tanto por las bases de licitación de acuerdo
a los requerimientos “caso a caso”, como por las diferentes ofertas disponibles en el mercado.
3.- Violar el Principio de Neutralidad Tecnológica del Estado: La soluciones de código
abierto no son necesariamente gratuitas. Aunque la licencia no tenga costo, debe suscribirse un
contrato de soporte con el proveedor que la otorga. Por ello, al establecer la obligación de
justificar administrativamente sólo en el caso de la adquisición de software propietario y no para
adquirir software de código abierto, se está discriminando positivamente en favor de un tipo de
tecnologías y de un tipo de modelo comercial, obstaculizando la libre competencia que debe
operar necesariamente de acuerdo al mérito de las ofertas recibidas y las soluciones
tecnológicas que se requieran. Es el propio organismo público que compra el que debe tomar la
decisión de la mejor solución para sus desafíos.
4.- Restar competitividad y dinamismo al desarrollo tecnológico de Chile: Las empresas de
software comercial, como parte de la Industria TIC chilena, constituyen el 1,5% del PIB chileno,
cifra inferior al menos en un punto porcentual a los países más desarrollados. Son empresas que
generan importantes fuentes de empleo, directo e indirecto, y pagan impuestos año tras año.
Cada vez hay más claridad en la relación directa que existe entre inversión en TIC,
competitividad y productividad. Este tipo de medidas no ayudan a incentivar la creación de
nuevas empresas de software comercial en Chile, sino, por el contrario, al hacer más difícil poder
participar en las licitaciones del sector público, sólo contribuyen a disminuir el mercado potencial
de sus negocios.
La Asociación señala que la Ley de Presupuestos es una guía para el desarrollo del país. En ese
marco, el Gobierno Electrónico debe ser una estrategia global de intervención para atender las
diferentes necesidades de evolución del Estado chileno y, por tanto, se requiere atender con
urgencia diversos proyectos sectoriales e interministeriales con enfoques de e-government.
Finalmente, reiteramos la importancia de que los proyectos sean neutrales frente a las distintas
opciones tecnológicas y cumplan las buenas prácticas de compras públicas que establece el
instructivo de ChileCompra respectivo (Directiva de Contratación Pública N°8, "Instrucciones
para la contratación de bienes y servicios relacionados con tecnologías de la información y
comunicaciones").
Acerca de ACTI
En 1984 fue fundada la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información A.G., ACTI, organismo que
agrupa a las empresas que cubren los distintos rubros de la industria de tecnologías de información y
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comunicaciones en nuestro país (hardware, software, capacitación, integración de sistemas e Internet). Cuenta con
155 empresas asociadas de todos los tamaños (nacionales e internacionales con representación en Chile),
participando en el mercado con ventas anuales superiores a los US$ 2.700 millones. Durante 24 años, ACTI se ha
destacado por ser un referente en el ámbito de las TI y por proteger y promover esta industria en Chile.
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IMPULSADO POR ACTI Y MINISTROS BITAR Y LAVADOS EL LOBBY QUE CERRÓ LA PUERTA AL USO DE SOFTWARE LIBRE EN EL ESTADO 02-12-08


02 de Diciembre de 2008


Impulsado por ACTI y ministros Bitar y Lavados El lobby que cerró la puerta al uso de software libre en el Estado


La Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) desplegó un fuerte cabildeo y envió cartas a todos los diputados para pedirles que rechazaran una moción del senador Alejandro Navarro, aprobada por el Senado la semana pasada. La moción buscaba que los organismos públicos evalúen el uso de software de código abierto en las licitaciones para adquirir programas computacionales o renovar licencias que "en el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos", dice Navarro. Los titulares de Economía y el MOP pidieron que no se aprobara el paquete de iniciativas que incluía este tema.
Por Miguel Paz
La
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) tuvo en el ministro Sergio Bitar un inesperado aliado en su cruzada contra una moción del senador Alejandro Navarro que podía afectar los negocios de las empresas que desarrollan software y tienen entre sus clientes a los organismos del Estado. Esto, de no ser por el exitoso lobby desplegado por la ACTI, organización que agrupa a Microsoft y otras compañías grandes, medianas y pequeñas.
La moción presentada por Navarro y aprobada por el Senado el jueves 20 de noviembre de 2008, en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, exigía que "la cotización de equipos computacionales que incluya el costo de licencias debe indicar al menos una alternativa con software licenciado bajo la modalidad de fuente abierta o libre de costo. La cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función".
Con dicha iniciativa, explica Navarro, se buscaba que cada vez que un servicio público deba adquirir sistemas operativos y programas computacionales, como Windows y Office (de uso mayoritario en el Estado), considere a la hora de la licitación otras opciones, que también pueden ser de pago pero sin requerir nuevos desembolsos de dinero en la renovación de licencias.
Esto porque, de acuerdo a los
cálculos del senador, el Estado desembolsa anualmente en pago de licencias y renovación de licencias de programas computacionales una cifra cercana a los 25 mil millones de pesos. Algo así como lo que cuesta construir cinco hospitales de $5 mil millones, similares al de Puerto Aysén, o 41 escuelas rurales, como la de Calbuco, de $600 millones cada una.
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El tema, según la ACTI, "daña a la industria local del software" y debido a ello la asociación
emitió un comunicado rechazando la moción que aprobó el Senado, y urgió a los diputados a no ratificarla.
El lobby se dejó ver de inmediato y fue reconocido por el secretario general de la gremial empresarial, Aldo Signorelli, en una entrevista en un blog, diciendo que
"estamos haciendo harto lobby. Pero en el buen sentido de la palabra", aunque luego aseguró a El Mostrador.cl que en dicha entrevista fue sacado de contexto.
Signorelli reconoce que en la ACTI una vez enterados de la aprobación de la moción de Navarro, enviaron correos electrónicos a diputados y cartas al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y al titular de Economía, Hugo Lavados, a los que les manifestaron la complejidad de aprobar la iniciativa, apelando a los argumentos centrales de su comunicado: 1. Que resta competitividad y dinamismo al desarrollo tecnológico de Chile. 2. Daña a la Industria local de software ya existente, y 3. Resta agilidad a la contratación pública de software.
"Todo lo que hacemos está publicado en nuestra página web", dice el secretario general de la ACTI y añade que su postura está alineada con la Estrategia Digital del gobierno, aprobada por el comité de ministros y que preside la cartera de Lavados.
Dichos cabildeos, que lograron el rechazo de la moción en la Cámara de Diputados, también incluyeron llamados a más de un ministro de Estado para pedirles su apoyo. De acuerdo a informaciones obtenidas por este medio, Hugo Lavados fue el más explícito y habría hecho ver a algunos parlamentarios los inconvenientes de imponer legalmente el uso de software de código abierto en los organismos del Estado.
La carta de BitarEl otro ministro mencionado es el titular de Obras Públicas, Sergio Bitar, aunque rechaza de plano haber tenido cualquier contacto con la ACTI. Bitar mandó el lunes 24 una carta a un número indeterminado de diputados instándolos a rechazar un paquete de 28 indicaciones de la Ley de Presupuesto -entre ellas la polémica propuesta de Navarro- argumentando que “su aprobación rigidizaría más al Ministerio. Ojalá las rechacen”, escribió.
Bitar explica a El Mostrador que envió la misiva debido a que las indicaciones, cuando van a comisión mixta, “se aprueban o no en paquete”, y como consideró que la mayoría de ellas podrían restringir el presupuesto del MOP, “le pedí a todos los diputados que conozco, amigos y otros de la oposición, que consideraran que podían dañar el plan de inversiones 2009, y la promoción de empleos. El tema del software libre no era tema para mí”, dice. Luego agrega que “el software libre se está usando en el MOP. La página nueva del ministro se está haciendo con software libre”.
No obstante estas palabras, el ministro acompañó su carta a los legisladores con una minuta redactada por su equipo técnico, donde se hace especial hincapié en los inconvenientes de usar software de código abierto, explicando que “existen pagos realizados” y “contratos de mantención y actualización a nuestros software”.
En el punto principal los expertos del MOP son enfáticos y contrarían la versión dada por Bitar: “No es recomendable el Código Abierto a nivel corporativo, dado que mayoritariamente nuestros sistemas y nuestra plataforma se ha basado en software de empresas IBM-Microsoft, a nivel corporativo”.
En el documento se explica, además, que los profesionales del ministerio están capacitados en el uso de software licenciados y que abrirse al uso de nuevos programas significaría una “capacitación masiva” de los funcionarios. Luego informa de que es recomendable “evaluar alternativas de código abierto” pero “para soluciones de funcionalidades puntuales”.“Esa es una nota. Yo pregunto a los equipos técnicos. Pero la opinión del ministro es abrir el tema”, aclara Bitar. Falta de motivaciónEl diagnóstico de las dificultades para que los organismos del Estado se cambien de plataforma informática, como se hizo en Brasil, es compartido en otras reparticiones públicas. Pese al enorme ahorro a mediano plazo que supondría para las arcas fiscales reemplazar, en las computadoras de los funcionarios públicos, programas como Office por versiones gratuitas similares.
Patricio Gutiérrez, director de Estrategia Digital, concuerda con que no están dadas las condiciones para reemplazar el software licenciado por otro de carácter abierto en todos los organismos del Estado. “No hay alto compromiso de la autoridad en tomar banderas por el uso del software libre, hay interés de aprovechar ciertas oportunidades pero hacer ese desarrollo a nivel global no es menor. Eso tiene un impacto que requiere una gran capacitación de funcionarios”, asegura. Su balance se basa en un estudio que el gobierno solicitó a la Universidad Católica para revisar la experiencia del uso de software de código libre en Alemania, Brasil y Venezuela, junto con el análisis del contexto local. “Ese estudio finaliza en diciembre y se le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados”, dice Gutiérrez.
El director de Estrategia Digital, además, indica que hay que tener presente cuatro elementos para formular una política pública respecto al software libre. “Primero, alto compromiso de las autoridades para hacer el cambio. Segundo, alta capacidad humana de los técnicos que implementen los cambios y capacitación de los funcionarios que deben usarlo cotidianamente. Tercero, un alineamiento entre la industria y el gobierno para promover el software libre. Y cuarto, que haya motivación para hacer los cambios. Si uno revisa, estos elementos no están presentes en este minuto”.


Revise los documentos:Correo de la ACTI a diputados











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“Detenido aparecido” fue inscrito con huellas dactilares de otra persona 01-12-08

01 de Diciembre de 2008

Nuevo coletazos del informe Glasgow que Justicia escondió por siete años

“Detenido aparecido” fue inscrito con huellas dactilares de otra persona


La situación de Germán Cofré no deja de sorprender. El protocolo de autopsia hecho por la ex jefa de la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal en 1995 que lo ubicó como víctima en el Patio 29 del Cementerio General, revela que se usaron las huellas de Armando Muñoz Catrileo, nacido en Lumaco en 1944, quien hasta el cierre de esta nota figuraba como vivo, cuestión que el Registro Civil está reverificando para no cometer nuevos errores.

Por Jorge Molina Sanhueza

Germán Cofré Martínez, conocido como el "detenido aparecido", fue inscrito, por un error en el protocolo de autopsia hecho por el Servicio Médico Legal (SML), con huellas de otra persona en el Registro Civil.

La información la obtuvo El Mostrador en una alta fuente de esta última repartición, quien indicó que el informe fechado en 1995 y realizado por la perito Patricia Hernández, entonces funcionaria del SML, usó las huellas de Armando Muñoz Catrileo, nacido en Lumaco en 1944, para integrarlas a la identidad de Cofre.

Este hecho se suma a la cadena de errores y anomalías que salieron a la luz pública con la llegada a Chile de Cofré hace algunas semanas a la casa de su esposa, que recibía una pensión estatal, ya que figuraba como detenido desaparecido, luego de haber sido identificado como víctima. Sus restos estaban supuestamente enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Cofré, en todo caso, vivió los últimos 30 años en Argentina.

La labor del SML desde mediados de los 90' ha sido duramente cuestionada, ya que tuvo una serie de errores de identificación, entregando en algunos casos, restos cambiados a los deudos.

Este hecho quedó al descubierto hace algunos años, cuando este medio publicó el llamado informe de la Universidad de Glasgow cuyos resultados fueron escondidos durante siete años por las autoridades de Justicia por varios años, lo que derivó en la renuncia de Hernández y en la exoneración del ex jefe del SML, Jorge Rodríguez a principios de 2006.

Muñoz Catrileo, según los registros de Dicom está vivo, aunque el Registro Civil indaga, para evitar un nuevo error, si ello es efectivo.

La investigación

La historia de Cofré como un sujeto en el servicio de identidades, comenzó en 1968 cuando pidió por primera vez su cédula.

Años más tarde, en 2004, solicitó en Mendoza, ya figurando como desaparecido, un carné, el cual le fue rechazado, ya que para los efectos legales figuraba muerto. En todo caso, el documento le fue entregado el 30 de mayo de 2008.

De hecho, en abril de este año el Registro Civil presentó una denuncia al Ministerio Público, entidad que se declaró incompetente pues los hechos son anteriores a la vigencia de la reforma en Santiago y los derivó al 22 Juzgado del Crimen de Santiago.

El caso no ha estado exento de polémica. Incluso el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en un informe al subsecretario del ramo, Felipe Harboe, culpó al Registro Civil por las anomalías.

Harboe debiera entregar una versión final esta semana, donde se verificarán las responsabilidades políticas y funcionarias relativas a este caso.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/detenido_aparecido_fue_inscrito_con_huellas_dactilares_de_otra_persona/

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17 de Noviembre de 2008


Luego de 35 años vuelve a Chile hombre al que se daba por detenido desaparecido


Al respecto, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, que duda de las intenciones de Germán RenéCofré, dijo que la agrupación no aceptará que se utilice su lucha "de una manera tan aberrante y mezquina", por lo que anunció que exigirán que la justicia haga una profunda investigación de este caso.

Familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990) denunciaron este lunes a Germán René Cofré como un falso detenido desaparecido que desde la década de 1970 vivía en la ciudad argentina de Mendoza, donde formó una nueva familia.

Cofré llegó la semana pasada al domicilio de su primera familia, en La Cisterna, dijeron dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Sin embargo, la familia chilena de Cofré, que dice no saber nada de él desde 1973, cuando fue detenido por militares, le celebró un funeral en 1995, tras la supuesta identificación de unos restos encontrados en una tumba sin nombre del Cementerio General de Santiago.

Según denunció su primera esposa, María del Carmen Cisterna Zapata, en una querella que presentó en marzo de 1992, Cofré había sido detenido días después del golpe militar chileno del 11 de septiembre de 1973 y nunca más supo de él.

Por eso, cuando en 1995 le comunicaron que un cuerpo encontrado en el Patio 29 del Cementerio General, donde se exhumaron los restos de unas 130 víctimas de la dictadura, correspondía a su marido, lo recibió y sepultó en el monumento a las víctimas de la dictadura, en el mismo campo santo.

No obstante, una vecina de Cofré, Margarita Rivera Monsalve, dijo hoy a Efe que éste "estuvo apenas dos días preso en la Base Aérea El Bosque, de la Fuerza Aérea", volvió a su casa y viajó a Mendoza (Argentina) "en julio de 1975".

"Es imposible que su familia, su mujer y sus hijos o su madre nunca hayan sabido más de él", puesto que visitaba "frecuentemente mi casa" después de que quedó en libertad, señaló Rivera Monsalve.

Incluso, el viaje a Mendoza lo realizó en compañía del esposo de Rivera Monsalve, Fernando Aguilera Godoy, y dos personas más, precisó la mujer.

Hace algunos años se estableció que numerosas identificaciones de víctimas del Patio 29 estaban equivocadas, por lo que además de iniciarse un procedimiento para corregir los errores se abrió una investigación judicial a cargo del juez Carlos Gajardo, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El caso llegó a conocimiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que presentó a Cofré ante el magistrado.

El supuesto desaparecido declaró que a comienzos del régimen militar se fue a trabajar a Argentina y nunca regresó ni se comunicó con su familia porque "en Chile no existían condiciones de seguridad", informaron fuentes judiciales.

Al respecto, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, que duda de las intenciones de Cofré, dijo que la agrupación no aceptará que se utilice su lucha "de una manera tan aberrante y mezquina", por lo que anunció que exigirán que la justicia haga una profunda investigación de este caso.

EFE

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9 de Agosto de 2002

Determinará si investigación b

Patio 29: Juez reactiva pesquisas a raíz de Informe Glasgow El magistrado suplente del 22° Juzgado del Crimen de Santiago, Pablo Droppelmann, ya tomó testimonio a la doctora Patricia Hernández y ahora se apresta a decretar diligencias para evaluar la necesidad de contrastar los datos entregados por la universidad escocesa y los del SML.

Malú Urzúa R.


Una reactivación de las pesquisas por inhumación ilegal en el Patio 29 se produjo en estos últimos días a raíz de la entrega, tras siete años, del informe de la Universidad de Glasgow que dio cuenta de errores en la identificación de tres restos de víctimas de DDHH hallados en ese lugar del Cementerio General.

El juez suplente del 22° Juzgado del Crimen de Santiago, Pablo Droppelmann, se apresta a decretar diligencias en este caso, tendientes a establecer si el estudio de la universidad escocesa está técnicamente correcto y genera la necesidad de tomar medidas como una nueva identificación de los cuerpos.

Ayer miércoles, el magistrado tomó declaración a la doctora del Servicio Médico Legal, Patricia Hernández, quien durante el día presentó la renuncia a la Unidad de Identificación del servicio forense.

En estos días, el magistrado también se ha reunido con abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y con el director de ese órgano, Luciano Fouillioux.

El magistrado tiene por ahora a su cargo sólo la labor de verificar si los informes de Glasgow son lo suficientemente contundentes como para sembrar la duda respecto a la labor de identificación desarrollada por el SML en lo que respecta al Patio 29 y, sobre esa base, decretar diligencias tendientes a corroborar las identidades entregadas en todos estos años.

Sin embargo, a sus manos también debiera llegar la investigación de la Fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, por ocultamiento de información, ya que el órgano forense está bajo la jurisdicción de su tribunal.

Citar al equipo Glasgow

La abogada Pamela Pereira se reunió ayer con el juez Droppelmann y anunció que hoy en la mañana solicitará al magistrado un conjunto de diligencias “con el objetivo de que los antecedentes contradictorios puedan ser evaluados por peritos distintos a quienes han estado involucrados en esta situación y que, con procedimientos científicos, determinen qué está correcto”.

La profesional –que presentó nuevamente patrocinio de poder en la causa, tras una reunión con monseñor Sergio Valech, querellante en la investigación- sostuvo que “en caso que haya dudas, se deberán realizar los exámenes de ADN que correspondan”.

Según la abogada, el paso adecuado en este caso es hacer comparecer ante el tribunal al equipo de Glasgow que participó en las pericias que contradicen las identidades entregadas por el servicio forense. “Así ellos podrán hacer al juez todas las observaciones respecto a cómo llegaron a esos resultados, mismo procedimiento que debiera efectuarse con los resultados del SML”.

Respecto a la reestructuración de la Unidad de Identificación del Servicio Médico Legal anunciada antenoche por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, Pamela Pereira sostuvo que hoy no es necesario sólo modificar esa área, sino todo el órgano forense en su conjunto. “No tengo ninguna duda de la voluntad política del Presidente de la República en este tema, de que se van a poner todos los recursos necesarios y el personal idóneo para que se supere una de las peores crisis del SML”, dijo.

Agregó, y en relación con la investigación que realiza la Fiscal Maldonado, que además de aclarar el tema de los eventuales errores en las identidades es necesario también clarificar “cuál fue el tránsito de este informe que terminó siendo ocultado”.

http://200.27.6.250/modulos/noticias/constructor/detalle_noticia.asp?id_noticia=66064

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9 de Agosto de 2002

Patricia Hernández dejó unidad

Experta renunció al SML: ''Esta situación no es pericial, es personal'' "Yo tengo la misión de identificar los casos del Patio 29 y eso es lo que hago. Paralelo a eso este servicio pide este informe a Glasgow. Cuando llega el informe yo veo si me sirve o no y entrego mis identidades al juez. Eso es lo que tengo que hacer y así lo hice", dice.

María Eugenia González I.


Continúan los coletazos por el ocultamiento del informe del experto de la Universidad de Glasgow Peter Vanezis, cuyo estudio no coincidía con la identificación que hizo el Servicio Médico Legal de tres víctimas del Patio 29 cuyos restos ya habían sido entregados a sus familiares.

La hasta hoy jefa de la Unidad de Identificación de Detenidos Desaparecidos del Servicio Médico Legal, Patricia Hernández, renunció a ese cargo en el marco de la reestructuración de la unidad que anunció tras las repercusiones del ocultamiento el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Su argumento es lo que califica como “falta de confianza” que han manifestado los familiares de las víctimas hacia su trabajo.

Hernández, quien se mantiene como funcionaria del SML, pero en la unidad de identificación criminal, aseguró que no es obligación del organismo entregar todas las pericias realizados por la unidad que ella dirigía a los tribunales, como ha sostenido la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado.

“Hay muchas diligencias que he hecho respecto al Patio 29 y no tengo por que mandarlas al tribunal”, asegura.

Respecto a las acusaciones que ha hecho la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en torno a que nunca supieron del informe de la universidad escocesa, Patricia Hernández dijo que “en 1996 se le comunicó verbalmente a Mireya Garcia y ella así lo reconoció; lo que no se le entregó fue el documento, pues nosotros no tenemos la obligación de entregar el material”.

La doctora Hernández declaró hoy ante el 22° Juzgado del Crimen, en el marco de la investigación que el tribunal lleva a cabo. Explicó que el magistrado recién está conociendo el caso y que le solicitó un informe de las identidades que no coincidieron con los análisis de Vanezis.

- Los casos cuestionados son del Patio 29, que está siendo conocido por la justicia. ¿Aún así usted sostiene que no es obligación informar de un trabajo que realiza la unidad que usted dirigía?
- Insisto. Por qué vas a informar a la justicia pericias si no tienes la obligación de informarlas.

- ¿La unidad es la que decide qué se le envía al juez?
- Cada perito decide lo que le envía al juez y nosotros funcionamos como todos los peritos.

- Pero se pidió un informe para contrastar los resultados.
- Yo tengo la misión de identificar los casos del Patio 29 y eso es lo que hago. Paralelo a eso este servicio pide este informe a Glasgow. Cuando llega el informe yo veo si me sirve o no y entregó mis identidades al juez. Eso es lo que tengo que hacer y así lo hice.

- Es decir que entregaron al tribunal solamente sus peritajes y no los del doctor Vanezis. - Claro, porque fue un informe que solicitó el SML para uso interno y si el informe de Glasgow me dice que es inútil llegar a alguna identificación.... Yo no estoy entregando al tribunal los casos que en el Servicio Médico Legal hemos descartado por ADN. Qué saco con decirle al juez que este esqueleto no corresponde a esta víctima, ni este tampoco, porque el juez lo que quiere son identificaciones y entonces no le mando al juez análisis que lo confundan.

- Al no haber entregado este informe a los tribunales, ¿cree que hubo obstrucción a la justicia?
- Por supuesto que no hay obstrucción a la justicia.

- No es lo que dice la Fiscal de la Corte Suprema, quien estima que todo debe enviarse a los tribunales y no es facultad del SML decidir qué enviar y qué no.
- Por lo que tengo entendido nuestro trabajo es aclarar a los tribunales, uno debe entregar cosas claras y reales.

- ¿Por qué se manda a hacer el estudio con el doctor Vanezis?
- Porque era pionero en ADN mitocondrial, técnica que no se pensaba usar acá en el SM. Nunca pensamos que iba a salir equivocado, es obvio.

- Pero Vanezis es una eminencia en identificación de ADN mitocondrial.
-Era una autoridad en materia de identificación o al menos reconocido. Y lo que se pidió en realidad fue el ADN, qué fue por lo que se pagó y no dio resultados.

- ¿El trabajo de Vanezis no coincide en nada con lo investigado por ustedes?
- Por lo menos en siete casos no coincide, porque los otros casos no están identificados.

- ¿Le hacen ver al doctor Vanezis que sus datos no coinciden?
- Ese fue un trabajo que hizo la doctora América González, porque a Vanezis se lo contrató para hacer el ADN mitocondrial, pero los informes de video superposición, que son los que dan las identidades cuestionadas, los hace la doctora González. Cuando ella llega de su beca, a comienzos del 96 y evaluamos el informe, le demostramos que nosotros teníamos la razón a la luz todos los nuevos antecedentes que teníamos.

Esta situación ni siquiera es pericial, es personal

- Usted se va definitivamente del Servicio Médico Legal.
- No, yo sólo renuncie a la Unidad de Identificación de Derechos Humanos. Específicamente al trabajo de reconocimiento de detenidos desaparecidos. Si la Agrupación no tiene confianza en la gestión que ha realizado la unidad que dirijo, es que no tienen confianza en mí, por lo tanto, no tiene sentido que siga trabajando en derechos humanos.

- ¿Cree que su trabajo ha sido cuestionado?
- Sí, siento que mi trabajo no ha sido evaluado en su totalidad, pues llevó doce años trabajando en identificación, hemos entregado a la Agrupación muchas identificaciones. Toda la unidad ha sido súper entregada a esta labor y siento que ahora esta siendo cuestionado por una situación que no es ni siquiera pericial, porque los cuestionamientos periciales los hace el tribunal, por lo que creo que esto es una cosa personal.

- No es primera vez que esta unidad sufre cuestionamientos. El juez Guzmán y la ministra Valdovinos tuvieron problemas.
- ADN recién se forma en 1999. Estas son técnicas difíciles, no es llegar y periciar un hueso y sacar ADN, te demoras más tiempo de lo que tienes previsto y no siempre llegas a los resultados. Eso no logra entenderlo un lego.

- ¿Quiénes conforman está unidad?
- Somos doce personas, de las cuales cinco son profesionales.

- ¿Cuántos casos quedan por identificar del Patio 29?
- Del Patio 29 faltan 30 caso: Calama, Cuesta Barriga, Concepción.

- ¿Cree que con esta situación el trabajo que ha hecho el SML en materia de identidad de detenidos desaparecidos queda en tela de juicio?
- No encuentro que todo el trabajo esté cuestionado. Tampoco entiendo, conociendo al equipo que ha trabajado, por qué se avala tanto el trabajo de Vanezis, que no lo conocen. ¿Por qué es gringo? ¿Cuál es la razón por la que se avala tanto su trabajo?

- ¿Y quién avala ese trabajo?
- Todas las personas que están poniendo en duda el mio.

- ¿Pero ustedes le pagaron a Vanezis para que hiciera las pericias?
- Yo no soy la que avala el trabajo de Vanezis


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