lunes, 16 de noviembre de 2009

A 35 años de su asesinato por agentes del ejército Prats y la democracia

A 35 años de su asesinato por agentes del ejército


Prats y la democracia

Aunque están bosquejadas en sus Memorias, las ideas políticas del general Carlos Prats González (1915-1974) han sido menos destacadas de lo que merecen. Novedosas para su tiempo, reflejan un pensamiento original que descarta dos visiones erróneas: que se limitó a ser un comandante en jefe del ejército fiel a la Constitución y leal al presidente Salvador Allende, por ser éste el mandatario legítimo, o bien que compartía las ideas políticas y la ideología del presidente, por quien sentía afecto y respeto. Prats tuvo una visión crítica de la institucionalidad vigente hasta 1973. Consideraba que el sistema político estaba al servicio de los intereses de la burguesía. Aspiraba a la materialización de un proyecto que asegurara progreso, libertad y justicia una vez terminada la dictadura, sobre la base de una muy amplia mayoría nacional orientada por ideas de avanzada, en un marco democrático y pluralista. Fueron para él ideas bien definidas.
El prólogo de sus Memorias está fechado el 20 de septiembre de 1974, diez días antes de su asesinato, hace 35 años en Buenos Aires. En su exilio, Prats dedicó el tiempo que le dejaba libre su trabajo en una fábrica, a escribir sus Memorias. Quiso dejar establecido cuál había sido su papel como comandante en jefe del ejército entre 1970 y 1973 y su actuación como ministro del Interior desde noviembre de 1972 hasta marzo de 1973. Su propósito primitivo era escribir un historial mítico del ejército, examinando a través de él sus interacciones con la sociedad chilena a lo largo de la historia. Debió abandonar sus planes porque no tenía la documentación suficiente y, además, temía que la muerte dejara su trabajo inconcluso.
Prats, que era un autodidacta en materias políticas y económicas no se consideraba calificado para dar lecciones en estas materias. Sin embargo, su experiencia como oficial de alto rango, con sólida cultura y capacidad de estudio sumada a su trayectoria como hombre de Estado, lo capacitaban suficientemente. Es sabido, por lo demás, que la política no la hacen los politólogos ni la economía los profesores de economía. Las Memorias indican, por otra parte, que la política le interesó desde muy joven. En su madurez, siendo jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encabezó un estudio que anticipó con notable exactitud el resultado de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, en las que triunfó el candidato de la Izquierda, Salvador Allende.

Visión crítica

Más allá de las visiones convencionales, Prats no se había dejado seducir por la idealización de la democracia existente en Chile hasta 1970. Pensaba que el Estado representa los intereses dominantes en la sociedad, que se disfrazan tras las apariencias de separación e interdependencia de los poderes públicos, respeto a los derechos ciudadanos, equidad y Estado de derecho (pág. 549)(1). Unas frases suyas reflejan bien sus convicciones: “Los dirigentes políticos burgueses chilenos habían sostenido sistemáticamente en los 37 años precedentes a septiembre de 1970 que eran ‘absolutamente respetuosos de la legalidad democrática’. Les faltaba, sí, -prosigue- añadir la frase… ‘mientras no tengan acceso al poder los marxistas’” (pág. 521).
A su juicio, entre 1932, comienzos del segundo gobierno de Arturo Alessandri, hasta 1970, Chile vivió en una “democracia condicionada”: un “condominio” de la burguesía industrial y la burguesía democrática, beneficiándose la primera con las modalidades de administración de la economía que desarrolla la segunda (pág. 526). En ese reparto del poder estaban ausentes los campesinos y otros sectores populares; “el proletariado no está incluido” (id) pero es gratificado con “imposiciones populistas a la burguesía industrial” (id.) Carabineros es el instrumento de fuerza de la democracia condicionada y excepcionalmente se recurre a las fuerzas armadas. “Las instituciones de la Defensa Nacional son políticamente neutrales dentro del sistema imperante. Pero ellas tácitamente integran el condominio burgués” (id). Resume con estas palabras: “Se trataba de un sistema democrático peculiar en el que sobre la base de las reglas de juego de la Constitución de 1925, la vida nacional se desenvolvía en un régimen de elasticidad política caracterizado por el armónico equilibrio de los poderes del Estado, cuyas sendas jurisdicciones, compensadas eclécticamente, posibilitan el predominio de la burguesía, seccionada en estamentos complementarios” (pág. 520). Esa democracia condicionada había sustituido a los regímenes propiamente oligárquicos anteriores, en que se combinaron la oligarquía latifundista con la burguesía minera, industrial, comercial y burocrática, ligadas primero al imperialismo británico y después al “imperialismo occidental” fórmula que Prats usa para referirse al imperialismo norteamericano y sus aliados) (pág. 520).
Es evidente que la mirada escéptica de Prats no se extiende al gobierno de Salvador Allende, en que se hicieron esfuerzos reales por instaurar el socialismo en libertad, pluralismo y democracia, frustrados por la oposición derechista, las maniobras del imperialismo y también los errores de la Unidad Popular. Buscar una salida que después de la dictadura asegurara estabilidad y no repitiera la “democracia condicionada”, fue una de sus preocupaciones centrales.
También es clara la pertinencia de las críticas de Prats a la actual “democracia tutelada” de que habla Felipe Portales, que ha continuado la institucionalidad de la dictadura. Coincide además con muchas otras opiniones críticas, como las del filósofo Gianni Vattimo, que ha escrito: “Todo el sistema de democracia modelo, como la norteamericana, es un testimonio estrepitoso de la traición de los ideales democráticos a favor de la pura y simple plutocracia” (citado por Atilio Borón, en “Aristóteles en Macondo: notas sobre el fetichismo democrático en América Latina”, en América Latina 8. Revista del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, 2º semestre 2008-ler semestre 2009, Universidad Arcis).

La democracia avanzada

Prats consideraba como necesidad imperiosa una nueva Constitución generada democráticamente, que no fuera producto de la elaboración de un “grupo reducido de eminentes juristas de concepciones filosóficas tradicionales y comprometidas con los intereses de la alta burguesía”. Aspiraba a una Constitución que diera cuenta de “nuestra peculiar problemática” y abriera perspectivas al destino nacional en “la competencia de un mundo cada vez más interdependiente”. La democracia avanzada debía ser pluralista y libertaria, comprometida con los derechos humanos y la paz y estabilidad internas. Formulaba de este manera sus contenidos esenciales: “La nueva ‘democracia avanzada chilena’ debe construirla una sociedad humanista cuya potencialidad resida en una colaboración solidaria entre la mayoría de los miembros de la comunidad a través de mecanismos legales que posibiliten una movilización nacional, afianzadora de las libertades democráticas y neutralizadoras de la violencia”.
Estimaba Prats indispensable la construcción de una amplia y sólida mayoría comprometida de a lo menos el 66 por ciento de la población, dejando un margen de más o menos un 15 por ciento para la derecha y la Izquierda, en sus expresiones extremas. Esa era para él la “mayoría nacional”. Se terminaría así con los tres tercios como factor de inestabilidad y barrera para las mayorías amplias. Textualmente sostiene: “En las condiciones políticas de derecha, centro e Izquierda, las posiciones centristas han sido normalmente la interpretación más realista de las aspiraciones mayoritarias de nuestra comunidad nacional. Pero, como fórmula de expresión política han fracasado porque sus disparos reformistas no han alcanzado a corroer la estructura de la fortaleza capitalista y tarde o temprano han terminado por identificarse con las tendencias derechistas. Por ello, al hablar de mayoría nacional no nos referimos a una banda central del espectro político que deja a un tercio de éste a la derecha y otro tercio a la Izquierda. Nos referimos a una banda que cubre dos tercios del centro del espectro, dejando un sexto a la derecha y un sexo a la Izquierda”. Y agrega: “Esta concepción quiebra los esquemas tradicionales ya insostenibles de la mayoría relativa o de una mayoría absoluta de la mitad más uno. También exige articular un gran movimiento nacional que agrupe a todas las corrientes de avanzada social, capaces de emerger después del letargo político actual” (págs. 558-559).
Hace una salvedad, en el caso de la Izquierda, “si los comunistas no se proponen ir más allá de los linderos del sistema democrático avanzado de economía mixta. Tendrán cabida en el gran movimiento nacional” (pág. 559). No hace lo mismo con la extrema derecha, ya que en ningún caso podría definirse como de avanzada social. Por último, ejemplifica, para ilustrar, lo indispensable que resulta un entendimiento entre los sectores democráticos: “Si los marxistas insisten en que la próxima etapa les exige luchar para imponer el socialismo y los democratacristianos creen que pueden volver a gobernar con el aval de la burguesía oligárquica, no hay perspectiva alguna de salud democrática en un país de predominante clase media. Tampoco ni la más remota esperanza de restaurar la paz social eliminando el odio de clases” (id).

La economía
debe ser la base

Todo país necesita de una economía potente para crecer y disponer de recursos que beneficien a su población. Existe, por lo mismo, una indisoluble relación entre el sistema político institucional y la economía, entre el Estado y el mercado. Para Prats esto era de una evidencia absoluta: “Debe tenerse presente -dice- que la política está fusionada con la economía, por lo que no cabe esbozar una doctrina política que deje de señalar metas económicas viables, en función de la realidad interna de Chile y de su ubicación inexorable en el campo geopolítico” (págs. 549-550). No dudaba, ¡en 1974!, al decir: “Una economía social de mercado en un país de márgenes rígidos para el juego de la oferta y la demanda, deriva en beneficio directo de la minoría detentadora de los grandes capitales, acentuando la capacidad de enriquecimiento de los ricos y empobreciendo a la mayoría trabajadora. En un sistema económico en el que juega libremente la iniciativa privada, el crecimiento sólo es factible mediante el incremento de la rentabilidad empresarial, que se logra comprimiendo el régimen salarial”. Y más adelante anticipaba: “El desarrollo a costa del consumo popular (con amplia benevolencia hacia el sector empresarial), de restricción drástica de la emisión monetaria, de paralización de la inversión fiscal o de subordinación a los grandes intereses foráneos, exige sofocar drásticamente las presiones sociales. Por ello resulta contraproducente en un país subdesarrollado como Chile, cuya comunidad nacional quedaría dividida en un décimo de explotadores y nueve décimos de explotados” (págs.55l-552). En el plano propositivo, Prats postula una economía mixta, que combina Estado y mercado dando prioridad al primero. Sigue el esquema de las áreas de la economía del programa de gobierno de la Unidad Popular, con un Estado fuerte con el fin de asegurar su funcionamiento, respaldado por la “mayoría nacional”. Precisa en estos términos: “El Estado es fuerte cuando logra implantar deberes por sobre los derechos, cuando se impone sin tener que agitar artificialmente los sentimientos populares y cuando tiene sometido al poder armado oficial al poder de la autoridad representativa” (pág.549). Una visión autoritaria que, seguramente, se explica por la condición militar de Prats, por la experiencia dramática de la Unidad Popular y por la situación muy compleja que preveía una vez terminada la dictadura. En ese contexto, el área social debe comprender “exclusivamente aquellas industrias o empresas estratégicas y monopólicas que son pivote del desarrollo”. Representaría no más del medio al uno por ciento de las empresas existentes en Chile, pero con ellas se podría condicionar la orientación del desarrollo económico y social del país (págs. 553-554). En el área mixta deberían estar las empresas “en que se yuxtaponen el capital y la gestión, tanto del Estado como de los particulares nacionales o extranjeros”. Los aportes tecnológicos y/o financieros deberían estar bajo control del Estado. “El resto de las empresas no básicas grandes, medianas y pequeñas constituirían el área privada” (id). Más adelante hace algunas consideraciones generales: “La transformación global de la economía pasa por la eliminación de los mecanismos de explotación oligárquica mediante la dirección centralizada de la programación de las metas de inversión, producción y distribución y de la supervisión tecnocrática del proceso de ejecución descentralizado en las tres áreas de la economía nacional complementadas. Esta transformación debe conducir a liberar el potencial de productividad nacional para intensificar la producción interna a fin de lograr una distribución cada vez más extensiva de ella, en beneficio popular” (págs. 554-555). No olvida el contexto internacional: “El éxito económico chileno está condicionado no sólo al esfuerzo interno de transformación del sistema funcional y estructural, sino también por la orientación de sus relaciones internacionales. Ello, debido al alto grado de complejidad de nuestro comercio exterior, con largas líneas de comunicación y diversificados mercados con los países industrializados, no alineados y limítrofes, que determinan servidumbres inexorables en las balanzas comercial y de pagos” (id). Prats no abunda en el papel de las fuerzas armadas en la “democracia avanzada”, y opina con cautela. Frente a cuerpos armados desprestigiados por su involucramiento represivo, sugiere que la responsabilidad debe hacerse recaer en la “minoría de la jerarquía militar que destruyó la irrestaurable democracia y no en los niveles jerárquicos que debieron cumplir órdenes superiores”. Declara “la sujeción de la fuerza pública al poder civil”, excluye perentoriamente los sofismas de la presunta “autonomía” del órgano de fuerza respecto de los poderes constitucionales del Estado, para constituirse en el “supercontralor del interés nacional y los altos destinos de la patria sustituyendo la voluntad soberana del pueblo” (pág. 607). Plantea una nueva concepción estructural de los cuerpos armados que se aproxime orgánicamente a las modalidades de empleo estratégico de fuerzas conjuntas en la eventualidad de una agresión exterior. Propone reservar constitucionalmente para el presidente de la República la denominación adicional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, asignando los mandos técnicos de cada rama de la Defensa Nacional el cargo de “comandante general” subordinado a un “jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional”, que podría ser incluso un miembro en retiro de las FF.AA. llamado al servicio activo con acción de mando para la coordinación estratégica de los “órganos de fuerza” (pág. 608)


HERNAN SOTO

(1) Las citas corresponden a Memorias: testimonio de un soldado, de Carlos Prats González, editorial Pehuén, marzo de 1985.

(Publicado en Punto Final, edición Nº 696, 16 de octubre, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)

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'Le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios'-15-11-09

ARGENTINA| Crímenes durante la dictadura

'Le cortó los testículos, se los metió en la boca y le cosió los labios'

  • Confesión de un policía argentino sobre las torturas a un 'traidor'
  • Los agentes dejaron morir al 'ajusticiado' mientras se comían un asado

Argentina revive el horror de los autos de fe durante la ‘guerra sucia’ de la dictadura militar (1976-1983). Un policía de ese régimen confesó el viernes a la Justicia cómo los verdugos caparon al subcomisario Ricardo Albareda –37 años, sospechoso de colaborar con la guerrilla- y luego engulleron una barbacoa frente a la víctima agonizante.


Foto: elargentino.com

Foto: elargentino.com

En la sala de audiencias, a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Córdoba (centro) se les descomponía el rostro aguantando el deseo de vomitar a medida que Ramón Calderón, ex guardia del campo de concentración "El Embudo", avanzaba con su relato sobre la ceremonia de eviscerar, propia de Tomás de Torquemada.

El 26 de septiembre de 1979, según contó, Calderón cumplía servicio en "El Embudo", que dependía del Departamento de Inteligencia de la policía cordobesa y funcionaba en un chalé. Vio llegar a sus jefes arrastrando a un hombre con uniforme policial, al cual ataron con alambres a una silla. Era Albareda.

La pandilla de secuestradores estaba encabezada por el inspector general Raúl Pedro Telleldin, 51 años. Y le seguían sus lugartenientes Calixto Luis Flores, Américo Pedro Romano, y Hugo Cayetano Britos, todos ellos oficiales del Departamento de Inteligencia (D2), la temible ‘gestapo’ de la policía en Córdoba.

"Ahora vas a ver lo que le pasa a los traidores", amenazó Telleldín antes de dar la orden a Britos que degradara al subcomisario arrancándole los galones y otros distintivos de la fuerza. Enseguida propinaron a Albareda una paliza de muerte y Telleldín extrajo una sevillana del bolsillo y se calzó guantes de látex en las manos.

'Ahora vas a ver lo que le pasa a los traidores'

"Usted Albareda está en la tierra por el peso de las bolas. Se las voy a cortar y se va a ir al cielo", avisó el inquisidor, a la vez que sus esbirros subían a tope el volumen de la radio para tapar los alaridos que iba a proferir el torturado. Entonces cortó la bragueta del pantalón y tomando los testículos, se los amputó.

Con la mano en alto, Telleldín agitaba el ‘botín’ ensangrentado y gritaba como un poseído a sus esbirros: "¡Esto mismo les va a pasar a ustedes cuando no cumplan las órdenes!". Luego introdujo los testículos en la boca de Albareda y, usando hilo y aguja, le cosió los labios. A la vez, Romano rociaba con whiskey la zona genital castrada.

Culminada la faena, los verdugos se deleitaron con un asado a las brasas, frente a lo que para entonces quedaba de Albareda, que demoró dos horas más en morir allí desangrado. Telleldín dio la orden a Calderón que limpiara el suelo con lejía, antes de cargar el cadáver del subcomisario en el maletero de un coche y hacerlo desaparecer hasta hoy.

Este crudo testimonio ha sido crucial en el juicio a Britos, Romano y Flores que lleva adelante el tribunal de Córdoba. Se supone que Telleldín murió en 1983 en un accidente de coche, aunque muchos sospechan que vive escondido en la Patagonia. Su hijo, Carlos, estuvo imputado en el ataque terrorista a la mutual judía AMIA, que causó 86 muertos en 1994.

elmundo.es
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El brazo radial de El Mercurio acusado de colusión-11-11-09

11 de Noviembre de 2009

Detalles de una operación imperfecta

El brazo radial de El Mercurio acusado de colusión

El brazo radial de El Mercurio acusado de colusión Un proceso iniciado por la Fiscalía Nacional Económica describe cómo el Consorcio Radial de Valparaíso pagó a los competidores para ganar algunas de las licitaciones que le permiten tener hoy una cadena con casi cincuenta emisoras regionales, las que constituyen un poder comunicacional nada despreciable.

Por Felipe Saleh

"Dos días antes del acto de licitación para el cual fuimos citados me llamó por teléfono Cristian Wagner para ver la posibilidad de que ellos fueran solos al acto de licitación y comprarme los derechos en la licitación. Para ello me ofreció el pago de $1.500.000 con tal de que yo postulara con un monto mínimo (....) si bien llegamos a acuerdo respecto de la licitación con Cristián Wagner, igual fui al acto de apertura de la licitación y realicé mi postura"

Este es uno de los testimonios incluidos en el expediente mediante el cual la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusa de "colusión" a 9 personas -entre naturales y jurídicas- con el fin de "eliminar la competencia entre oferentes de diversos procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión en frecuencia modulada", según consigna el requerimiento.

Entre todas las acusadas, fue el Consorcio de Radio Valparaíso (CRV), entre cuyos accionistas están las sociedades Empresa Periodística del Norte S.A. Empresa El Mercurio de Valparaíso y Empresa Periodística Araucanía. En la práctica estas compañías forman la cadena de los 19 Diarios Regionales que mantiene El Mercurio a lo largo de Chile.

Según la fiscalía, CRV, desde el 2003 comenzó a trazar sus planes de instalar una cadena radial de dimensiones similares, "aprovechando las sinergias del negocio de periódicos regionales", como se afirma en el expediente. Y sin duda lo logró. Actualmente las radios Positiva y Digital suman 47 estaciones repartidas por Chile y Digital ocupa entre el cuarto y sexto puesto de sintonía nacional. Prácticamente un imperio, forjado soslayando, eso sí, la ley a la que está obligado a someterse cualquier otra persona con interés de obtener concesiones de radio.

Comprando el aire

Específicamente, la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) autoriza a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que tres veces al año llame a licitación para adjudicarse las concesiones radiales que se le hayan solicitado o hayan caducado. Este proceso se lleva a cabo en el primer mes de cada cuatrimestre y la decisión se toma convocando a un "beauty contest" (concurso de belleza) donde se compara la factibilidad técnica de cada proyecto y si no hay diferencias entre los que postulan, se elige el que ofrezca el mejor precio.

Precisamente, gracias al precio es que CRV, la cadena ligada a El Mercurio, ganó por lejos las licitaciones donde se presentó. Pero lo irrisorio de las cifras levantó las sospechas de la FNE. En su presentación al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) la fiscalía afirma que "dichas licitaciones fueron adjudicadas a un precio menor al que hubiera resultado de un proceso competitivo, con todo lo cual lograron impedir, restringir y entorpecer la libre competencia en tales licitaciones".

Para concretar este proceso de expansión, en octubre de 2003 los propietarios de Diarios Regionales (accionistas de CRV), firmaron un contrato con la sociedad Transco S.A. para formalizar "la venta de espacios radiales de 20 concesiones a lo largo del país, con todas las instalaciones que se requieren para el funcionamiento de la red radial", según consigna el expediente de la FNE.

Transco S.A. es una sociedad formada en partes iguales por Cristián Wagner Muñoz y Claudio Toro Arancibia. Wagner fundó la radio Finísima a mediados de los '80 y hasta 2002 fue gerente del Consorcio Radial de Chile, la "primera piedra" del grupo español Prisa, que hoy es el controlador más grande del mercado radial convertido en Iberoamericana Radio Chile.

El manejo de Wagner en el mercado radial pesó a la hora de nombrarlo representante legal y gerente de operaciones de CRV. Junto a Claudio Toro ejecutaron "al menos desde 2006", según afirma la fiscalía en su requerimiento, los convenios que dieron origen a la acusación en curso.

El método

El expediente recoge al menos nueve ejemplos de cómo CRV, ligada a El Mercurio, logró convertirse en una cadena regional. Para adjudicarse las localidades de Alerce (X Región) y Coyhaique se acordó ante notario en 2007, que la empresa dueña de las concesiones (Altronix) "cedería sus derechos de participación" a favor de CRV a cambio de $10.000.000. Igual Altroniz se presentó a la licitación con una oferta de $50.000 contra la de CRV que se adjudicó cada una de las concesiones por $150.000

Luego, el 30 de octubre de 2008, días antes de que se hiciera una licitación para ganar un espacio de transmisión en Iquique, Claudio Toro acordó con el representante de Inversiones San José su derecho a postulación, previo pago de $28.500.000. La gestión se hizo a través de Santa Ignacia, una sociedad ligada a CRV. Paralelamente negoció en forma verbal un trato similar para ganar la licitación en La Serena.

Finalmente Santa Ignacia se adjudicó Iquique por $150.000 y luego Pichilemu, después de pagar $1.500.000 a Duplex, otra sociedad que hizo una oferta por $80.000. La FNE logró determinar que Santa Ignacia "no ha sido un competidor de CRV sino un representante de sus intereses, burlando de esta forma las bases de licitación de la Subtel, que prohíbe presentar más de una solicitud por persona jurídica".

En efecto, Claudio Toro que era dueño de Santa Ignacia, hizo su negocio cediendo a CRV las concesiones en Iquique, Pichilemu y Antofagasta en $98.700.000.

A través de Transco, sociedad también de Toro y Wagner, según antecedentes de la FNE, el brazo radial de El Mercurio se adjudicó concesiones en otras cinco localidades aparte de las ya detalladas

Con estos hechos probados, la FNE presentó el 7 de octubre una demanda en el Tribunal de Libre Competencia contra todos los involucrados y pidió multas en Unidades Tributarias Anuales que suman US$8,2 millones. La abogada Gabriela Morales del estudio de Gabriel Zaliasnick, que representa a Wagner y otros requeridos, se muestra tranquila, a pesar de que ayer el TDLC rechazó una "excepción dilatoria" que pretendía comprobar la "ineptitud del libelo" ya que "la fiscalía pide multas bastante disímiles sin especificar por qué". De todas formas, tenemos quince días para contestar el libelo. Luego viene la vista de la causa y los alegatos antes de la sentencia. El juicio puede durar un año" asegura la abogada.

ELMOSTRADOR.

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La CIA sabía que los militares de El Salvador planeaban matar a los jesuítas en 1989-15-11-09

La CIA sabía que los militares de El Salvador planeaban matar a los jesuítas en 1989

15 Noviembre 2009

Murdered Jesuits

La CIA y los servicios secretos españoles sabían que los militares salvadoreños iban a matar a seis jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) y dos mujeres en El Salvador hace 20 años, según el diario español El Mundo de este domingo.

“El Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona“, según el diario.

Esto lo prueban “una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas” a la justicia española, que investiga el asesinato, añade.

Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, admitió en enero de este año una querella presentada por dos organizaciones de derechos humanos por la muerte de los jesuitas españoles.

La justicia española investiga por ello a 14 militares salvadoreños y al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, denunciado por “encubrir” el crimen.

El 16 de noviembre de 1989, miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño asesinaron en San Salvador a los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y al vicerrector, Ignacio Martín Baró, a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño y a una trabajadora doméstica y su hija.

Los documentos de la CIA que acaban de ser desclasificados los entregarán al juez Karen Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, según el diario.

Ambas declararán ante el juez español como testigos, así como, en los próximos días, “dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto”, pero que según el diario son “de muy alto rango”.

Se espera que con la nueva documentación, el juez pueda “citar a declarar al representante” de los servicios secretos españoles de entonces en El Salvador y a “altos cargos salvadoreños” de la época, según la fuente.

El miembro de los servicios secretos españoles destinado en el país entonces, interrogado por El Mundo, respondió que ni él ni Estados Unidos sabían del crimen.

Por él fueron juzgados nueve militares, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, condenado a 30 años de cárcel y liberado en 1993 tras promulgarse la ley de amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

En 2001, información desclasificada de la CIA contribuyó a investigar el asesinato del arzobispo Oscar Romero también en El Salvador en 1980 a manos del ejército.

(Con información de AFP)

cubadebate.cu
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¿Quieren saber si tienen su teléfono móvil intervenido?


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No obstante, no se fíen. Aunque no tengan su teléfono móvil "pinchado", es sumamente fácil escuchar las conversaciones por ese medio.
Así, tengan cuidado con lo que hablan.

INSURGENTE
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domingo, 15 de noviembre de 2009

Una concepción falaz sobre la cuestión mapuche-11-11-09

Una concepción falaz sobre la cuestión mapuche

Por F. Trentini, S. Valverde, L. Bersten, J. C. Radovich, M. A. Berón, A. Balazote *

Ante la aparición de diversas notas periodísticas en medios nacionales, regionales y locales del norte de la Patagonia, que tienen como común denominador negar la preexistencia del pueblo indígena mapuche, un grupo de profesores e investigadores de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y del Conicet deseamos hacer pública nuestra posición. La misma se apoya en nuestra trayectoria en base a los trabajos científicos realizados en algunos casos a lo largo de 25 años, y considerando los aportes de diferentes disciplinas a nivel nacional e internacional.
En las últimas décadas existe un amplio acuerdo en las ciencias sociales y humanas en considerar la identidad en términos procesuales y relacionales –es decir que se define en la interrelación con un “otro”—, por lo cual nunca puede concebirse como una entidad estática ni promoverse asociaciones del estilo “una raza igual una cultura”. Este tipo de análisis, de corte preterista y esencialista que definía a las poblaciones como una “sumatoria de rasgos” (biológicos y culturales), ha sido dejado de lado desde la década del ’60, ya que tiende a negar que los pueblos se adaptan y reactualizan en sus identificaciones en forma dinámica y variable. Los enfoques actuales, que vienen desarrollándose desde hace décadas en centros académicos del país y el mundo son sugestivamente omitidos por estas notas periodísticas.
Una falacia en la que incurren los abordajes estáticos de las identidades consiste en apelar al concepto de “araucanización”, planteando que los mapuches no son “originarios” de la Argentina, sino “invasores” chilenos. Desde la arqueología, la historia, la antropología social y la etnohistoria, esta noción ha sido ampliamente refutada.Diversas investigaciones arqueológicas demuestran la temprana presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de gran profundidad histórica.
En esta misma línea, diversos trabajos históricos revelan cómo el cordón montañoso pasó a erigirse como frontera sólo después de la constitución de los Estados nacionales y, en algunos casos, varias décadas después. De allí la lectura sesgada que supone atribuir a los grupos indígenas una nacionalidad “argentina” o “chilena”, cuando aún no se había efectivizado la ocupación territorial de ambos Estados.
Resulta por demás llamativa, en estas notas, la omisión de los muchos testimonios y documentos que registran la gran cantidad de población mapuche asentada en el actual territorio argentino, que debieron huir hacia el oeste de la cordillera a medida que avanzaba la conquista militar. Unos años después, al finalizar las campañas a ambos lados de los Andes, estas familias “retornan”. Es decir, aquello que se lee como una invasión trans-cordillerana, en realidad implica el “regreso al territorio originario”.
La pretendida identificación del mapuche como “chileno”, con la consiguiente negación sistemática de su preexistencia étnica y cultural, se contrapone con la multiplicidad de estudios académicos que rebaten tales teorías. Pero también –lo que no es menor– contradice las legislaciones vigentes, ya que la Constitución nacional del año 1994, con la sanción del artículo 75, inciso 17, ha incorporado con rango constitucional el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoce al pueblo mapuche, al igual que artículo 53 de la Constitución de Neuquén, provincia a la que alude una parte importante de estas notas.Como miembros de la comunidad científica instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a los funcionarios involucrados a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad que se merece, acorde con los avances científicos de las últimas décadas y con lo estipulado en la Constitución nacional, las provinciales, así como las demás legislaciones vigentes.

* Docentes e investigadores (UBA y Conicet).
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*pagina12.
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*http://orgpueblosoriginarios.blogspot.com/
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¿Dónde estaba el general? -15-11-09

¿Dónde estaba el general?

escrito por Editorial de Punto Final

domingo, 15 de noviembre de 2009

Polémico ha resultado el nombramiento del general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete como nuevo comandante en jefe del ejército. Según la versión oficial, la presidenta de la República lo nombró después de un acucioso estudio de sus antecedentes.

Descartarían toda implicación de Fuente-Alba en violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar, período durante el cual hizo casi toda su carrera militar. Sin embargo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, ha denunciado que Fuente-Alba Poblete, cuando era subteniente del Regimiento Calama, en octubre de 1973, estuvo involucrado en la masacre de prisioneros cometida por la Caravana de la Muerte que encabezaba el general Sergio Arellano Stark. Esas declaraciones las sostiene también el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez. El general Fuente-Alba señala que para la fecha del asesinato de 26 prisioneros políticos en Calama -el 19 de octubre de 1973-, él se encontraba en la mina de Chuquicamata, custodiando equipos de ese yacimiento cuprífero. Agrega que el actual juez instructor de la causa, Víctor Montiglio, ante el cual declaró en dos oportunidades en calidad de inculpado, lo dejó fuera de enjuiciamiento por no existir antecedentes en su contra.
El ministro Montiglio le extendió un certificado señalando que hasta ahora “no aparecen presunciones fundadas” para estimar que el oficial haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor de la masacre. Existiría, por lo tanto, una virtual declaración de inocencia judicial. Sin embargo, hay tres declaraciones de militares que refutan a Fuente-Alba. Una es del brigadier (r) Pedro Espinoza, segundo jefe de la Dina, que tomó parte en la Caravana de la Muerte. Su testimonio ha sido descalificado porque, se asegura, ha mentido varias veces. Una segunda declaración judicial es del teniente (r) Patricio Lapostol Arno. Sostiene que el subteniente Fuente-Alba estuvo presente en una tensa reunión que sostuvo en Calama con Marcelo Morén Brito, uno de los oficiales-verdugos de la Caravana de la Muerte. Morén habría reprochado a Lapostol la conducta de su padre, comandante del Regimiento Arica, que se negó a fusilar a unos prisioneros. La tercera declaración es del suboficial (r) Leopoldo Pérez Paredes en la causa por el desentierro de los cuerpos de los mártires (a fines de 1975) que fueron lanzados al mar. Esa operación la dirigió el teniente Miguel Trincado Araneda, llamado a retiro y sometido a proceso en diciembre de 2006, cuando -con el grado de general- se desempeñaba como comandante de la II División en la Región Metropolitana. Un documentado relato de estos antecedentes se encuentran en la nota del periodista Jorge Escalante en La Nación-Domingo (31/8/2008).
El caso del general Fuente-Alba induce a reflexión. Hay precedentes que indican que en materia de militares, asuntos que aparecían claros e indiscutibles, dejaron de serlo después. Ha sucedido con otros nombramientos de altos oficiales de las fuerzas armadas. Esto se relaciona con el “pacto de silencio” que rige entre los uniformados y que ha entorpecido la investigación de los crímenes de la dictadura. El hecho de haber sido Fuente-Alba un joven subteniente en 1973, no borra el hecho de que la mayor parte de su carrera militar transcurrió en el ejército comandado por Pinochet y su camarilla de asesinos y ladrones.Fuente-Alba no pudo, al menos, dejar de tener noticias de los crímenes y atrocidades cometidos por sus camaradas de armas. Su silencio implica una evidente responsabilidad ética. Sin embargo, el mismo razonamiento debería aplicarse prácticamente a todos los mandos actuales del ejército, por lo menos hasta el grado de coronel, o incluso más abajo. Esta situación significa que en las fuerzas armadas existen elementos de peligrosidad latente que deberían ser afrontados con tacto pero también con firmeza, buscando formar una nueva mentalidad castrense que se inspire en valores democráticos y que permita a la sociedad avanzar sin amenazas hacia formas más profundas de igualdad y justicia social. Es inquietante saber que Pinochet -con todos sus crímenes y enriquecimiento ilícito a cuestas- sigue siendo una figura emblemática y admirada en el ejército y en el conjunto de las fuerzas armadas. Esto sucede mientras el asesinato del ex comandante en jefe, general Carlos Prats González, y de su esposa, sigue impune.Durante los 20 años de la democracia de baja intensidad que impera en Chile, las fuerzas armadas han sido intocables y son un tema tabú en el debate político. Ninguno de los candidatos presidenciales se ha atrevido a enfrentar el tema y a proponer una política que termine con privilegios, corruptelas y potenciales peligros antidemocráticos.
Las fuerzas armadas siguen siendo -tal como las dejó Pinochet- un estamento privilegiado de la sociedad, sometido a la doctrina de Seguridad Nacional levemente maquillada y repotenciada para la lucha “antiterrorista” que hoy propugna el Pentágono y que amenaza al continente desde las bases que instalará en Colombia.
Los privilegios de que gozan los militares chilenos son variados. Desde la discrecionalidad con que los altos mandos deciden la compra de armamentos (4.778 millones de dólares en 2008, según el Instituto de Investigaciones para la Paz, de Estocolmo) con los recursos que provienen de las ventas de cobre de Codelco, hasta sus regímenes especiales de previsión y salud. Aunque ese sistema previsional está quebrado, sigue funcionando gracias al aporte fiscal -pagado por todos los chilenos- a razón de más de 1.500 millones de dólares anuales. Los hospitales de cada rama de las fuerzas armadas y de Carabineros son los más modernos del país -como el nuevo Hospital Militar inaugurado en la comuna de La Reina-.
Los uniformados gozan de todo tipo de asignaciones especiales que ya se las quisieran profesores y funcionarios públicos que gritan su pobreza en las calles. El Código de Justicia Militar les asegura una justicia propia que invariablemente los favorece. Cada una de las ramas de las fuerzas armadas cuenta con patrimonio propio del que disponen como si lo hubieran adquirido con su trabajo y no gracias al financiamiento fiscal. El dispendio en el gasto militar facilita la corrupción, como se ha visto en el caso de los aviones Mirage y en la adquisición de los tanques Leopard. Los suicidios de conscriptos rara vez son investigados a fondo, y menos los crímenes como el de Pedro Soto Tapia o el del cabo Orlando Morales Pinto, este último para ocultar un desfalco en el Comando de Salud del ejército. Hizo falta la movilización y protesta para que el ejército se diera por enterado de los casos de radiación que afectaron a conscriptos que sirvieron en el centro nuclear de Lo Aguirre.Tampoco se puede sostener razonablemente que las fuerzas armadas se hayan empleado a fondo para ayudar a la justicia en materia de violaciones de los derechos humanos. Esto alimenta las sospechas y suspicacias cuando se producen ascensos en los altos mandos. Con razón los ciudadanos se preguntan: ¿dónde estaba y qué hacía ese general o aquel almirante cuando la dictadura militar torturaba, asesinaba y hacía desaparecer prisioneros? ¿O es que los actuales comandantes en jefe fueron abnegados y pulcros oficiales, dedicados a su perfeccionamiento profesional y a la formación de contingentes en los cuarteles? ¿Fueron sólo oficiales de escritorios, polígonos y desfiles? ¿Nunca se enteraron de lo que hacían sus compañeros en la Dina, la CNI, la Dine, etc.?
Lamentablemente, el gobierno de la presidenta Bachelet, que por antecedentes familiares y profesionales pudo haber abordado con mayor autoridad el tema de las fuerzas armadas y su readecuación para servir a la Patria en democracia, ni siquiera intentó comenzar esa tarea que seguirá congelada durante el próximo gobierno, según nos prometen los candidatos que se disputan la Presidencia de la República.
PF(Editorial de Punto Final, edición Nº 698, 13 de noviembre, 2009. Suscríbase a Punto Final,

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Rabinos eran los de antes- Por Daniel Goldman *

Rabinos eran los de antes



Radowitzky sale en libertad tras pasar 21 años preso.
Por Daniel Goldman *


Motivado por la nota que publicara el sábado pasado en este mismo diario Osvaldo Bayer, recordé que hace algunos años, el notable intelectual escribió un ensayo llamado “Simón Radowitzky, ¿mártir o asesino?”, trabajo biográfico sobre la vida de aquel joven revolucionario quien, como consecuencia de la represión del 1º de mayo de 1909, en la que se derrama sangre de 26 manifestantes obreros, al grito de “Viva el Anarquismo” decidió arrojar un artefacto explosivo en el automóvil del coronel Ramón Falcón, jefe de la Policía, acabando con la vida de este último. Sin intención de juzgar el hecho, desde la adolescencia, época en la que escuché esta historia, siempre enredé mi imaginación con la imagen de un tal Moishe (Moisés) Radowitzky, primo o tío de Simón. El detalle de la saga: Moishe era rabino. Qué curioso: Sobre Moisés Maimónides, el sabio medieval, se decía que “desde Moisés hasta Moisés no hubo ningún otro Moisés”. Pero se me ocurre extender en los siglos este dicho a cada Moishe, incluyendo a Radowitzky. No hay judío que no tenga un Moishe en su familia. A tal punto que usualmente en este país los judíos somos todos Moishes. Por otro lado, no hay judío que no haya tenido un rabino en su familia (si no pregúntele al judío que tenga a mano). Y rabinos llamados Moishe habrá habido por doquier. Sólo yo conozco no menos de una docena. Pero ¿cuál fue el acto que destaca al Radowitzky del resto de los Moishes? Después del ataque, Simón iría a ser condenado a muerte. La historia terminaría mal. Pero él tenía sólo una posibilidad. El preso más “peligroso” de la época debía probar que no cumplía con la edad suficiente como para ser ejecutado. Tenía que tener no menos de 22 años para ser pasado por las armas. Su edad era desconocida. En su pasaporte no estaba claro. A pesar de su juventud, la piel de este caucásico estaba ajada por las penurias. Como muchos judíos de Europa Oriental, los Radowitzky eran oriundos de un “shtetl”, un pequeño y pobre villorrio en el límite entre Polonia y Ucrania. Movida por la miseria, su familia se traslada a la industrial orbe rusa de Ekaterinoslav. Con 10 años y apenas algunos rudimentos de lectura y escritura, Simón debe abandonar la escuela para comenzar a trabajar como ayudante de herrero. Pasaba los días clavando herraduras a los caballos y las noches durmiendo debajo de la mesa de trabajo del establo. En la oscuridad del galpón escuchaba las conversaciones entre la hija del patrón y sus revolucionarios amigos. A la edad de 14 años consigue un trabajo en una fábrica. Y es a esa misma edad que es herido por un sablazo en el pecho durante una manifestación, a manos de un cosaco represor. Convaleciente durante seis meses, debe escapar de la Rusia zarista, llegando a estas latitudes.


Volviendo al juicio, la oligarquía y las clases medias de la época clamaban por su pena de muerte (como decía el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol). Y la prensa de ese período ya lo condenaba con unos supuestos 29 años de edad. Pero de repente todo se modifica. La historia cambia. Aparece el rabino Moishe Radowitzky con una partida de nacimiento de su sobrino Shimen Radowitzky, en la que consta que habría nacido en 1891, lo cual indicaba que tendría en ese momento 18 años de edad. La legendaria revista Caras y Caretas dice en uno de sus viejos números:”Radowitzky tiene cada vez menos años”. ¿Quien le creía esto de la edad? Bayer, con una dulce ironía, alega que ni siquiera los anarquistas.

Ahora, ¿habrá mentido el rabino? ¿Un rabino engaña? Considero humildemente que algunos sí, cuando creen ser dueños de la verdad y no buscadores de certezas. Rabinos hay de todo. Ortodoxos y progresistas, fachos y zurdos, nacionalistas y universalistas, anarquistas y no tanto. En este sentido, no sé si el Rabi Moishe era un anarquista, pero sin duda era un genuino humanista, porque condena la pena de muerte y reconoce en esencia que la existencia de la vida debe superar la legalidad y sus instituciones. Roberto Espósito, el filósofo italiano, dice algo similar. Y por eso me parece que el anarquismo y el judaísmo no se perciben como tan separados. Inclusive podría pensarse que todo anarquista porta algo de judío y viceversa. En Redención y Utopía, Michael Lowy da cuenta de las relaciones entre mesianismo judío y utopía libertaria en intelectuales como Walter Benjamin, Martin Buber y Erich Fromm.

Se me ocurre agregar un solo detalle más de la tradición judía. En idioma hebreo a la mentira piadosa la denominamos verdad piadosa. Porque cuando la piedad existe, nunca hay falsedad. La misericordia la trasciende.

No recuerdo en qué revista nacionalista local leí textualmente que el primer subversivo tenía olor a Moishe. Y qué extraordinaria paradoja: para los judíos, desde el de la Biblia hasta Radowitzky, siempre hay un Moishe que te salva.

* Rabino.
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Otro dilema para Obama-12-11-09

Otro dilema para Obama

Por Juan Gelman

El asesinato ¿a sangre fría? de doce soldados y un civil en la base militar de Fort Hood, la más grande de EE.UU., ha desatado especulaciones diversas sobre las razones que llevaron al mayor Nidal Malik Hassan a perpetrar semejante crimen. Nunca fue destinado a Irak o Afganistán, pero como psiquiatra del ejército trató decenas de casos del llamado síntoma de stress postraumático que padecen muchos veteranos a la vuelta de esas guerras. ¿Experimentó esos conflictos como si hubiera participado en ellos, haciendo suyos los sufrimientos y las miserias de quienes tal vez no duermen asaltados por recuerdos horribles de lo que hicieron o no hicieron o simplemente presenciaron? ¿Fue un rapto emocional, entonces? Hay otra versión: Hassan habría actuado en total posesión de sus facultades.

Osman Danquah, fundador de la Comunidad Islámica de Greater Killen, Texas, declaró que lo habían turbado las afirmaciones de Hassan en charlas recientes que con él mantuvo: iba a ser trasladado a Afganistán y atravesaba una dura contradicción entre su fe musulmana y la misión de participar en la lucha contra otros musulmanes (
www.gosa nangelo.com, 7/11/09). Pensaba que la “guerra antiterrorista” era, en realidad, una guerra contra el Islam. El doctor Van Finnell, su compañero de estudios en el 2007, relató que Hassan decía a quien quisiera oírlo que él era “ante todo musulmán y en segundo lugar, estadounidense”, y el coronel (R) Bailey Hutchison, que lo conoció en Fort Hood, recordó que el psiquiatra quería que la Casa Blanca retirara las tropas de Irak y Afganistán y discutía acerbamente con otros militares de opinión contraria (AP, 9/11/09).

La primera versión oficial de la matanza indicaba que ésta nada tenía que ver con Al Qaida: los servicios de inteligencia escrutaban minuciosa y permanentemente a Hassan por su pertenencia religiosa y no encontraron, durante años, elementos que lo involucraran en actividades terroristas (
www.nytimes, 8/11/09). Entre paréntesis, cabe preguntarse cuántos de los diez millones de musulmanes que viven en EE.UU. son objeto de la misma vigilancia. Por lo demás, el mayor tenía un comportamiento curioso para los integristas de su fe: frecuentaba un club de strip tease cercano a la base militar, permanecía seis o siete horas mirando el espectáculo y el 29 y 30 de octubre pasados pagó 50 dólares a una de las stripteasers para bailar con ella tres melodías en una habitación privada del club (www.foxnews.com, 9/11/09). El Edén seguramente no lo espera.

Se habla, sin embargo, de unos correos aparecidos en Internet y procedentes de la base que elogiaban el terrorismo suicida y se atribuyen a Hassan. Se averiguó que éste concurría en el 2001 a una mezquita en Virginia que el FBI vinculó con dos terroristas del 11/9 (www.mcclatchydc.com, 8/9/09). El imán era Anwar al Awlaki, que ahora predica la Guerra Santa desde el Yemen, y se dice que Hassan bien pudo allí encontrarse con “Azzam, el estadounidense”, nacido en Oregon y miembro de una familia judía convertido al islamismo, que con el celo de un converso invita a los musulmanes norteamericanos, en particular a los miles que pertenecen a las fuerzas armadas, a combatir a “los infieles” en el frente patrio (
counterterrorismblog.org, junio 2009). De esto a la inferencia de que Hassan bien pudo contactarse con Al Qaida hay menos de un paso.

Unos psiquiatras proponen interpretaciones diferentes. “Muchos de los soldados que uno evalúa y trata hablan de acontecimientos espantosos”, observó el doctor Daniel Amen, que ejerció la profesión en el ejército de EE.UU. y, como Hassan, trabajó en el Centro Médico Militar Walter Reed de Washington. “En los psiquiatras –agregó– puede prosperar algo que se llama fatiga de compasión.” “No verán los combates con sus ojos, pero perciben sus consecuencias”, advirtió el congresista republicano Tim Murphy, que se desempeñó como psicólogo en la reserva naval (
www.dallasnews.com, 8/11/09). Rafid Hamas, tío de Hassan, declaró a la AP que veía lágrimas en sus ojos cuando hablaba de algunos de sus pacientes. En la décima versión del clásico Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry (Lippincot Williams & Wilkins, Filadelfia, 2007) se establece que, entre los médicos, los psiquiatras son más propensos a intentar el suicidio.

Obama enfrentaba un dilema para la nueva definición oficial del caso. Decir que “es un hecho aislado” producto del impulso irracional de un psiquiatra compasivo y fatigado de escuchar historias pavorosas. O atribuirlo a Al Qaida. Si lo primero, subrayaría los estragos mentales que la guerra causa en los veteranos estadounidenses que la sobreviven. Si lo último, podría servirle para justificar el envío de tropas a Afganistán, pero surgirían otras preguntas: ¿Al Qaida opera nuevamente en EE.UU.? ¿Para qué sirven, entonces, tantas medidas de seguridad que recortan los derechos civiles de los estadounidenses?
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EXCLUSIVO: UNA JUEZA DECLARO INCONSTITUCIONAL LA PROHIBICION DE CONTRAER MATRIMONIO A UNA PAREJA HOMOSEXUAL-12-11-09

EXCLUSIVO: UNA JUEZA DECLARO INCONSTITUCIONAL LA PROHIBICION DE CONTRAER MATRIMONIO A UNA PAREJA HOMOSEXUAL


María Rachid y Claudia Castro en febrero de 2007, cuando fueron al Registro Civil a pedir turno para casarse.
Imagen: Gustavo Mujica
El día en que la Justicia salió del closet

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad ordenó al Registro Civil porteño “celebrar el matrimonio” de dos hombres que así lo reclaman. El gobierno porteño puede apelar la decisión. Los argumentos del fallo.

Por Andrés Osojnik

La Justicia le dio el sí al matrimonio gay: en un fallo iné-dito, una jueza declaró inconstitucional el impedimento para que dos personas del mismo sexo puedan casarse y ordenó al Registro Civil porteño que celebre la unión de la pareja homosexual que inició la demanda. La sentencia es de primera instancia y previsiblemente será apelada por el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, crea un precedente que excede el ámbito judicial y brinda un espaldarazo insoslayable a la campaña para instaurar esa figura en el país en un momento donde un proyecto en ese sentido se debate en la Cámara de Diputados.
La jueza Gabriela Seijas, del fuero Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, declaró en su fallo la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil “en cuanto impiden que los señores Alejandro Freyre y José María Di Bello puedan contraer matrimonio”. El artículo 172 es el que establece que para el casamiento es necesario el consentimiento de “un hombre y una mujer”. El 182 fija la famosa fórmula de “los declaro marido y mujer”.

El amparo que originó el fallo de Seijas forma parte de la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo que viene llevando adelante la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt), con el apoyo del Inadi (el Instituto Nacional contra la Discriminación) y otras entidades y personalidades. María Rachid, la presidenta de la Falgbt, celebró el fallo y señaló que se trata de “un respaldo importante para nuestro reclamos y sobre todo para que los diputados y diputadas cumplan con su trabajo, discutan el proyecto y voten a favor de nuestros derechos” (ver aparte).

La campaña empezó en febrero de 2007, cuando María Rachid y su novia, Claudia Castro, fueron al Registro Civil porteño a pedir turno para casarse. Tras el rechazo, la pareja presentó en la Justicia un recurso de amparo: fue el puntapié inicial para la movida más ambiciosa de la comunidad gay, lésbica, bisexual y trans del país. El amparo de las dirigentes de la Federación llegó a la Corte Suprema de Justicia, tiene dictamen favorable del procurador general de la Nación y ya se encuentra a la espera de los votos de los magistrados. En paralelo, se presentó en el Congreso un proyecto para instaurar el matrimonio gay por vía legislativa.

Tras ese primer amparo hubo otros tres. Uno de ellos es el que derivó en el fallo de ayer. Quienes también estaban exultantes anoche eran los abogados que participaron del andamiaje jurídico de las presentaciones. Gustavo López, secretario legal de la Falgbt, destacó la “solidez” de la sentencia: “Es un fallo que va al fondo, toma la cuestión de los derechos civiles y va más allá de la jurisprudencia, está planteado como doctrina judicial, porque brinda una enseñanza sobre el tema, es como si estuviera escribiendo un libro”. A su lado, festejaban Analía Mas, también asesora jurídica de la Federación; Lorena Gutiérrez Villar, patrocinante de Freyre y Di Bello, y Carolina Von Opiela, asesora legal del Inadi.

La sentencia desgrana en sus quince páginas argumentos jurídicos, sociales y culturales para sostener que negarles la posibilidad de casarse a dos personas de igual sexo es profundamente discriminatorio. “Visto y considerando que –arranca la sentencia– debido al amor y la admiración mutua que se profesan y luego de cuatro años de vivir en pareja, los actores (Freyre y Di Bello) decidieron contraer matrimonio.” Luego sintetiza los fundamentos jurídicos que plantearon en su reclamo.

En seguida da cuenta de la respuesta que brindó la parte demandada, es decir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires: que la acción de amparo no es la vía adecuada, que no le corresponde a la Justicia dilucidar la cuestión y, en definitiva, que negar la posibilidad de casarse a los dos hombres que lo solicitan “no afecta el derecho a la igualdad ni es discriminatorio”.

Luego, la sentencia plantea el problema central: que la “medida estatal impugnada –dice– impide a los actores disfrutar de los derechos de que son titulares las parejas que acceden al matrimonio. Por ejemplo, ventajas tributarias a la pareja –y a sus miembros considerados individualmente–, derechos de herencia y pensiones, privilegios testimoniales, beneficios en políticas migratorias, capacidad de decidir por otro en situaciones de imposibilidad, entre muchas otras”. “Tales ventajas –sigue– no resultan intrascendentes para quienes asumen como pareja un compromiso sexual, emocional y financiero con miras de estabilidad.” Y agrega que “las ventajas mencionadas pueden parecer poco significativas comparadas con la trascendencia pública que conlleva el matrimonio, la celebración del compromiso asumido y el respeto moral por la decisión de cada uno, incluso si los otros emplean un esquema ético distinto en sus propias vidas”.

Más adelante introduce la gran pregunta: “Si la prohibición legal que impide a los actores contraer matrimonio –y por ende acceder a las ventajas mencionadas– resulta discriminatoria.”

A partir de allí, enumera diversas posturas jurídicas, relatos históricos y argumentos sociológicos. Recuerda que en 1929, para avalar la legislación nacional electoral que no preveía el voto de las mujeres “se hizo referencia a las diferencias ‘naturales’ entre hombres y mujeres que justificaban el trato diferencial”. La mención no es caprichosa: en el debate en las comisiones parlamentarias se escuchó días pasados varios argumentos que sostenían lo “antinatural” de la unión entre personas del mismo sexo. En su fallo, Seijas recuerda que en Argentina la institución matrimonial se fue modificado sensiblemente a lo largo de la historia. Y apunta que en 1867, cuando el gobernador Nicasio Oroño sancionó en Santa Fe el matrimonio civil, fue excomulgado por la Iglesia, debió abandonar el gobierno, fue disuelta la Legislatura y sus reemplazantes derogaron la ley.

Gustavo López destacó que el fallo toma la figura de las “categorías sospechosas” de la doctrina norteamericana: “Hay restricciones razonables, como no permitir manejar a un chico, o exigir que para entrar a la universidad se tenga el secundario completo. Pero los impedimentos sobre la base de la raza, la religión o el sexo son ‘sospechosos” de ser discriminatorios y anticonstitucionales. Así, se invierte la carga de la prueba: es el Estado el que debe demostrar que su anulación pondría en juego intereses superiores en el orden de la Nación. Y eso es muy difícil. Así sucedió cuando se eliminó la prohibición de que los negros integraran el jurado en los juicios”.

Carolina Von Opiela acotó que la sentencia “repasa diversos cambios en las legislaciones, sobre todo en el Código Civil, en los cuales los opositores a las modificaciones preveían cataclismos sociales como los que anuncian ahora quienes rechazan el matrimonio entre personas del mismo sexo”. “El fallo muestra que el Código no es la Biblia, que alguna vez tenía instaurada la figura de hijos naturales, o la dependencia de la mujer al marido y eso se fue eliminando y la sociedad no colapsó”, resaltó Analía Mas.

Seijas en su texto resalta que “el derecho a la igualdad supone previamente el derecho a ser quien se es, y la garantía de que el Estado solo intervendrá para proteger esa existencia y para contradecir cualquier fuerza que intente cercenarla o regularla severamente”. “La ley debe tratar a cada uno con igual respeto en función de sus singularidades, sin necesidad de entenderlas o regularlas”, señaló.

Los argumentos de la jueza destacan que la Constitución nacional resguarda el derecho a la intimidad y que la porteña “reconoce y garantiza el derechos a ser diferente” por lo cual no admite discriminaciones que tiendan a la segregación por orientación sexual: “Partiendo del régimen constitucional de la ciudad de Buenos Aires –expresa la sentencia–, es claro que no hay orientaciones sexuales o géneros buenos o malos: la opción sexual y el género son cuestiones extramorales”. También enumera los tratados internacionales que prohíben la discriminación por orientación sexual.

Por todo ello, advierte Seijas “que no es posible saber qué sucederá con el matrimonio frente a los cambios que se avecinan. Sin embargo, es posible prever que la inclusión de minorías sexuales en su seno le permitirá ser fuente de nuevas curas para las viejas enfermedades sociales como el miedo, el odio y la discriminación”.

Ahora, Alex Freyre y José María Di Bello ya planean volver al Registro Civil para pedir turno.
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EN UN CONFUSO EPISODIO, LE DISPARARON A NESTOR LEONARDO, YERNO DE FRANCO MACRI Y CUñADO DE MAURICIO-12-11-09

UN DISPARO EN LA SOMBRA

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann

Anoche balearon al cuñado de Macri, que había acusado a la familia del jefe de Gobierno de espiarlo. En un hecho confuso, fue tiroteado por dos personas que lo esperaban en la puerta de su casa. Su abogado dice que le dispararon directamente y la policía que fue un intento de robo. Hay un detenido
EN UN CONFUSO EPISODIO, LE DISPARARON A NESTOR LEONARDO, YERNO DE FRANCO MACRI Y CUñADO DE MAURICIO

Primero pinchado y después baleado

Néstor Leonardo había declarado ayer en la causa por las pinchaduras de teléfono. Anoche, cuando llegaba a su casa junto a una sobrina, fue baleado por dos desconocidos. Quedó internado, fuera de peligro. Según las versiones fue un robo o un atentado.

En un confuso episodio, Néstor Daniel Leonardo, yerno de Franco Macri y cuñado de Mauricio, fue atacado ayer a tiros y resultó herido en la ingle y la mano. En el juzgado de Norberto Oyarbide hablaban anoche de atentado. Señalaron que la agresión se produjo sin que mediara palabra alguna, cuando Leonardo llegaba a una de sus viviendas, en Ituzaingó. Un individuo resultó detenido –Julio César Cabrera– aunque en el juzgado no estaban seguros de que tuviera que ver con el ataque. La versión de los allegados a la jefatura de Investigaciones de la Bonaerense era distinta: “Se trató de un robo. Leonardo intentó quitarles el arma y recibió dos disparos. Está detenida una persona, con antecedentes y domicilio en La Matanza, a la que se le encontró el arma usada”. Al cierre de esta edición, Leonardo estaba fuera de peligro en el hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía. Mucho antes, por la mañana, el marido de Sandra Macri reiteró sus acusaciones contra los Macri y volvió a decir que lo amenazaban. Incluso su abogado, Luis Conde, relató ante el juez Oyarbide que Franco Macri le dijo que si no se alejaba de su hija le mandaría “unos chinos”.

Leonardo es una de las ocho personas que integran la lista de los espiados en forma ilegal a través de la organización descubierta hace más de un mes. El protagonista central, Ciro James, armaba causas falsas en Misiones; junto a policías de esa provincia les pedían ordenes judiciales a los magistrados de Posadas para intervenir los teléfonos y, de esa manera, concretaba las escuchas sin gastar un peso, usando el aparato del Estado. Desde el primer momento, Leonardo acusó por las escuchas a la familia del jefe de Gobierno porteño, dado que había una enorme presión para que se distanciara de la hija de Franco. Ayer mismo, Leonardo dijo en el juzgado que todo el choque con los Macri tenía como eje una dura disputa en la que –según él– el dinero era la cuestión central. Las sospechas del yerno-cuñado tienen otro fundamento: todo indica que James trabajaba a las órdenes de Jorge “Fino” Palacios y éste fue llevado y sostenido por Mauricio Macri tanto como jefe de seguridad de Boca Juniors y como titular de la Policía Metropolitana en el Gobierno de la Ciudad.

El abogado de Leonardo, Luis Conde, en un breve diálogo con este diario, afirmó que se trató de un atentado, una hipótesis que también sostenía anoche el juzgado de Oyarbide. Así describían los hechos:

- Leonardo estaba frente a una vivienda de su propiedad, en compañía de una sobrina.
- Cuando estaba a punto de cruzar la calle, se acercaron dos personas y, sin que hubiera ningún diálogo, le dispararon a Leonardo y no a su acompañante.
- El arma utilizada fue una pistola Bersa calibre 22.
Según mencionaban anoche en el entorno de Leonardo, los balazos fueron dos. Uno se incrustó en la ingle y el otro en la mano. Otras versiones indicaban que el balazo fue uno solo, que atravesó la mano y quedó en la ingle.
Para los responsables de Investigaciones de la Policía Bonaerense, en principio, se trató de un robo. Y la secuencia habría sido la siguiente:
- Leonardo estaba a punto de ingresar a la vivienda, junto a su sobrina. La casa tiene una reja y cuando se acercaba a ella fue abordado por dos delincuentes. Sería un robo al voleo.
- El yerno de Franco y cuñado de Mauricio habría intentado quitarle el arma.
- Se produjeron uno o dos disparos.
- Los supuestos delincuentes huyeron. Uno fue apresado. Sería un sujeto con antecedentes y domicilio en La Matanza.
- El fiscal de la Unidad Descentralizada de Ituzaingó calificó el delito como tentativa de robo y lesiones.
La hipótesis del atentado –señalada desde el juzgado– y la del robo –sostenida por la Bonaerense– se unifican en lo que tiene que ver con el relato de lo que sucedió después. Los atacantes habrían huido del lugar y, según un vecino, que habría visto lo ocurrido, se subieron a un colectivo. Un patrullero que recorría la zona fue advertido de lo sucedido y tras un corto rastrillaje, uno de los atacantes –Cabrera– fue sorprendido por efectivos de la Bonaerense y le encontraron un arma, calibre 22, entre sus ropas. La versión policial, orientada a sostener la hipótesis del robo, se completaba anoche con otro dato: apenas una hora después de los hechos ya se habría determinado que la pistola que supuestamente le encontraron a Cabrera fue robada en Laferrère.
Al cierre de esta edición, un fiscal estaba llegando al hospital San Juan de Dios para tomarle declaración a Leonardo. Su testimonio será clave para echar luz sobre lo ocurrido, aunque en la jefatura de Investigaciones afirmaron anoche que la calificación provisional, hasta escuchar a los testigos, fue la de tentativa de robo calificado y lesiones. En forma paralela, el juzgado de Oyarbide resolvió anoche ponerles una custodia a Leonardo y otra a su abogado, Conde.
Leonardo pasó a estar en el centro de la tormenta cuando se descubrió que también era víctima de las escuchas ilegales. Ciro James proporcionó falsos de datos de una supuesta relación de Leonardo con el crimen de un contador –un expediente que se utilizó para ordenar intervenciones telefónicas– y todo indica que con esa excusa lo espiaron en el marco de la controversia con su suegro Franco. De entrada, Leonardo sostuvo ante Oyarbide que estaba seguro de que Franco consultó a Mauricio “para violar mi intimidad”. En su declaración de ayer trató de exculpar a Mauricio, con quien dijo que se llevaba muy bien.
En la fiscalía que conduce Alberto Nisman, sin embargo, hicieron notar que la secuencia de la escucha a Leonardo es llamativa. La gestiona James, el juez misionero accede y pocos días después el espía es contratado, por seis mil pesos mensuales, en el Ministerio de Educación porteño. Y lo cierto es que no hay pruebas de cuál fue su trabajo allí. Se supone que era asesor, pero los responsables del área no pudieron aportar ni un informe que probara la actividad de James en Educación.
SUBNOTAS

Dos nuevos espiadosPor I. H. y R. K.
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CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Valparaíso | 13/11/2009 | Departamento de Prensa

Valparaíso 13/11/2009 Departamento de Prensa

Sesión 65ª, Extraordinaria, en miércoles 11 de noviembre de 2009.

Presidieron la sesión los senadores Jovino Novoa, Presidente y Carlos Bianchi, Vicepresidente. Actuó de Secretario don Carlos Hoffmann y se realizó de 15.12 a 19.18 horas, con la asistencia de 33 senadores.

EXTIENDE FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS DEL CRIMEN

Senadores Alvear, Pizarro y FloresPor unanimidad (27 votos) y sin debate, se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo quinto transitorio de la ley Nº 19.655 extendiendo el funcionamiento de los tribunales que indica. (Boletín Nº 6.750-07) Con urgencia calificada de "discusión inmediata".

El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto prorrogar el funcionamiento de dos juzgados subsistentes del sistema judicial del crimen anterior a la reforma procesal penal, los que tendrán a su cargo el conocimiento de las causas relativas a hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo procedimiento.

Contenido del proyecto:

- Extiende el plazo de funcionamiento de dos juzgados del crimen de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, desde el 1° de enero de 2010 al 1° de enero de 2011.

Intervino la senadora Soledad Alvear.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo, para su promulgación.


CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Se aprobaron las observaciones de la Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, formulada al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. (Boletín Nº 3.878-17). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".

El proyecto, iniciado en Mensaje, tiene por objeto crear, dentro de la institucionalidad nacional, un organismo autónomo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan el territorio chileno.

Principales materias contenidas en el proyecto:

- Crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sometido a las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, cuyo objetivo será la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional.

- Establece sus funciones y competencias, entre las que se destacan:

- Elaborar un Informe Anual sobre sus actividades y sobre la situación nacional en materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes para su debido resguardo y respeto;

- Proponer a los órganos del Estado las medidas que deban adoptarse para la promoción y protección de los derechos humanos;

- Deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, incluidos los recursos de amparo y protección, en el ámbito de su competencia;

- Reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o violencia política, y

- Difundir el conocimiento de los derechos humanos y favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional.

- Faculta al Instituto para solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado, así como, para recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia. Asimismo, podrá comisionar a sus consejeros o al Director para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.

- Todos los actos y resoluciones del Instituto, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, serán públicos.

- Entrega a un Consejo la dirección superior del Instituto, definiendo su integración y atribuciones, el que será dirigido administrativamente por un Director.

- Se establece un Consejo Consultivo Nacional, en el que tendrán representación los organismos sociales y académicos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, cuya función será la de asesorar al Consejo.

- Crea el Premio Nacional de los Derechos Humanos.

- Crea una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, con el objetivo exclusivo de calificar a las personas que no lo hubieren sido anteriormente, por las Comisiones creadas por ley con ese propósito, estableciendo los plazos y procedimientos que deberán seguir los interesados en ser acreditados por dicha Comisión.

- Esta Comisión no sólo queda facultada para calificar a víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, sino también a las víctimas de secuestros y atentados cometidos por particulares bajo pretextos políticos (terrorismo) en el período comprendido entre 1973 y 1990.

- Establece una pensión en favor de la cónyuge sobreviviente de los beneficiarios de la pensión establecida en la ley de reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

Intervinieron los Senadores Andrés Chadwick, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier, Jaime Naranjo, Alberto Espina, Adolfo Zaldívar y el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo para su promulgación

http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20091113/pags/20091113104027.html
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Piñera prometió a militares no alargar juicios por crimenes lesa humanidad-Chile Mi Patria, congrega oficiales en retiro, elogió al candidato-13-11-09

Una señal de impunidad

Por Christian Palma

Desde la otra vereda, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sostuvo que “los ropajes pseudodemocráticos y populistas del candidato de la derecha Sebastián Piñera le llegaron hasta su reunión en el Círculo Español, donde en medio de vítores abogó por la prescripción de los crímenes de lesa humanidad”. La agrupación reclama que “utilizando su reiterativa verborragia, Piñera dio una clara señal de impunidad para su auditorio, compuesto por ex militares, quienes en su mayoría participaron activamente como agentes represivos de la dictadura que hasta el día de hoy mantienen adhesión y justificación de las atrocidades cometidas durante los diecisiete años en que usurparon el poder por la fuerza, aplicando el terrorismo de Estado”. La agrupación dijo: “Habría que decirle al candidato Piñera que ‘la correcta aplicación de nuestra legislación y los tratados internacionales’ suscritos por Chile dicen que los crímenes de lesa humanidad, tales como la desaparición forzada de personas y la tortura, no se pueden amnistiar y tampoco prescribir”. Finalmente, Familiares de las víctimas sentenciaron:
“Piñera acuñó su fortuna mediante la especulación con una legislación hecha a medida por su hermano José, pero confiamos en la sabiduría de los chilenos que vivieron allanamientos, exilios, la pérdida de empleos, del derecho a la huelga.... no se dejarán engañar por quien se esconde bajo disfraces democráticos”.

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EL PRESIDENCIABLE DE LA DERECHA DE CHILE DIJO QUE VELARA POR LA APLICACION DE LA PRESCRIPCION DE LOS DELITOS

Piñera prometió a militares no alargar los juicios

El presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, elogió al candidato por su “predisposición a dar una solución definitiva” a un sinnúmero de militares en retiro investigados por violaciones a los DD.HH.

Por Christian Palma

Desde Santiago

Cuando en 1988, el fallecido dictador chileno Augusto Pinochet llamó a un plebiscito para definir si la ciudadanía decía Sí o No a su continuidad en el poder, la derecha dura –obnubilada por las botas, bayonetas y medallas de los militares– que votó por él perdió inapelablemente, pues la opción de perpetuarse en el gobierno sólo alcanzó oficialmente un 43 por ciento de los votos en las urnas.

De a poco la fuerza del genocida fue decayendo tanto como el apoyo de sus adherentes, al menos en público, más cuando se supo que además de asesino, Pinochet amasó una fortuna ilícita en bancos internacionales. Las caras de horror y las muecas no se hicieron esperar, en especial de los civiles que perdonaron los asesinatos, secuestros y desapariciones, pero no que el militar “metiera las manos en lo ajeno”. Hoy, gran parte de ese porcentaje persiste, como lo indica el alto apoyo que el candidato de derecha, el multimillonario Sebastián Piñera, anota en las encuestas.

De ese grupo, más otros que han vuelto a ser derechistas envalentonados por el aire triunfalista de Piñera, destaca una fracción que jamás le dio la espalda al dictador: los ex uniformados pinochetistas, muchos de los cuales siguen siendo perseguidos por la Justicia o procesados por su participación en la violación sistemática de los derechos humanos en Chile desde 1973 a 1989, lapso en que las fuerzas armadas gobernaron de facto este país.

Con este mismo grupo de oficiales se reunió de manera privada el pasado martes Sebastián Piñera. Consultado el miércoles por el carácter de la cita, el dueño de Lan Chile y Chilevisión, declinó hablar de los trascendidos que emanaron del encuentro, en el cual habría establecido no “estirar” más los juicios relacionados con violaciones de los derechos humanos. Por más que Piñera, acostumbrado a esconder lo que no le conviene o a tapar lo que lo enloda, intentó frenar la información, de a poco, como goteras de una casa que se llueve, los propios ex uniformados ligados a la dictadura fueron dando detalles que agradecidos valoraron “el gesto” del empresario.

Según cita el diario La Nación de Chile, el presidente de Chile Mi Patria, organismo que congrega a oficiales retirados, Rafael Villarroel, elogió al candidato que lidera las encuestas para llegar a La Moneda en diciembre asegurando que su promesa “es una demostración de buena predisposición, de buena voluntad y de dar una solución definitiva a la situación que afecta a un sinnúmero de oficiales y suboficiales en retiro de la Defensa Nacional”, mencionados, investigados y/o procesados por violaciones de los derechos humanos. “Como agrupación –sostiene la publicación– estamos muy contentos, muy conformes (pues) él nos interpretó plenamente.”

Otros antecedentes entregados por la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia (Ospped) señala que “el tema que motivó los mayores aplausos se refiere a la situación de persecución, de procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista”.

Llama la atención el uso de la palabra marxista, el mismo calificativo usado despectivamente por los militares dictatoriales, por ejemplo, para referirse al presidente Salvador Allende, o a todo el que oliera a democracia y libertad, por esos años.

“Velaré por la aplicación correcta –de acuerdo con nuestra legislación– de los tratados internacionales, el principio de prescripción de los delitos. Vamos a apelar para que la Justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, incluyendo por supuesto a las personas que están en servicio activo o retiro de nuestras fuerzas armadas y del orden, sin arbitrariedades”, agregó Piñera. Más aplausos.

Para entender el tono del “perdonazo” se puede decir que sería equivalente a que un eventual presidenciable como Mauricio Macri se presentara ante represores de la ESMA, les pidiera el sufragio y les prometiera que en su eventual gobierno procurará que los tribunales apliquen con rapidez la amnistía y la extinción de penas por el transcurso del tiempo. Así de duro.

Y con sus típicas frases para la galería –cualquier galería– Piñera insistió en que, en caso de llegar a La Moneda, “tomará medidas para que la justicia se aplique en forma oportuna y sin mantener procesos ad eternum, que nunca terminan”.

Desde el gobierno, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, aclaró que el candidato de derecha “se refiere a crímenes de lesa humanidad que el mundo se ha puesto de acuerdo en que son imprescriptibles”, mientras que el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que existe el debido proceso, y que “si alguien estima que ello no se produce, debiera señalar caso por caso o situación por situación, en qué ejemplo ve lo que no se ha respetado”.

Esto hasta el miércoles. Cercado por la prensa, Piñera no tuvo más remedio que hablar de ello ayer. Pero, como viejo zorro, montó todo un show mediático para hacerlo. Mandó levantar un muro de cartón, con conceptos escritos sobre él, como abuso, respeto, temor, indiferencia. Tras derribarlo, accedió a hablar con los medios, dando la sensación de que todo eso es parte del pasado, haciendo un símil con la caída del Muro de Berlín hace 20 años.

“Por supuesto que me he reunido con muchos de ellos (fuerzas armadas), me reuní con muchos de ellos en Talcahuano, me he reunido con ellos en Santiago y me voy a reunir con ellos en Valparaíso y en Iquique.”

En las agrupaciones de detenidos-desaparecidos y de derechos humanos, el encuentro no pasó inadvertido. De hecho, que Piñera pretenda dirigirse a Iquique, en la zona norte de Chile, hizo recordar los peores momentos de la dictadura, cuando la Caravana de la Muerte, comandada por el general Sergio Arellano Stark –delegado por Pinochet para matar si era necesario a dirigentes contrarios al régimen– llegó hasta Iquique, la última ciudad de esa nefasta gira. En esa ciudad Pinochet vivió por años. Siempre obtuvo una alta aprobación y, de hecho, adquirió varios inmuebles, pues era de todo su agrado.

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12 de Noviembre de 2009

Diputados del PPD acusan a Piñera de sacarse “careta” en materia de DD.HH.

Ramón Farías y Enrique Accorsi rechazaron que el abanderado de la derecha haya prometido a militares en retiro no prolongar sus procesos.
La bancada del PPD, encabezada por el diputado Ramón Farías, criticó duramente al abanderado, Sebastián Piñera, quien se comprometió con ex militares del régimen militar, a que en su eventual gobierno no se extenderán más de lo debido los procesos en materia de Derechos Humanos.
"No nos extraña que Piñera se reúna con ellos y haga este tipo de declaraciones porque no puede desconocer que es una de las personas beneficiadas con la dictadura. Mediante esta reunión sólo confirmó su lealtad y afinidad ideológica con los ex colaboradores de Pinochet", sostuvo Farías.
El parlamentario agregó que incluso el candidato de la Alianza, reprobó el trabajo realizado por el Poder Judicial, al querer que se apresure el cierre de las causas por violaciones en derecho humanos que se siguen, "queriendo tapar de esta manera, la justicia con un manto de impunidad".
Por su parte, el subjefe de la Bancada PPD, Enrique Accorsi, indicó que "Piñera finalmente se sacó la careta en materia de Derechos Humanos", y recordó que cuando el candidato fue senador "presentó un proyecto de ley para aplicar la Amnistía, pero que después lo retiró".
"En estos casos, queremos que se aplique la ley y los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país", destacando que "ha habido avances importantes, pero que aún es necesario profundizar en verdad y justicia", aseguró Accorsi.

elmostrador.

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Circular de Chile Mi Patria: Compromisos eran “off the record”


THE CLINIC PRESS

Sebastián Piñera considera los “interminables” juicios por causas de derechos humanos como “arbitrarios, ilegales e injustos”. Por lo menos eso narra la siguiente circular de Chile Mi Patria, organización de militares en retiro que busca la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet. En el documento se explica a los socios de la organización los compromisos asumidos con ellos, originalmente de manera secreta, por el candidato a la presidencia, durante una reciente reunión realizada en el Círculo Español.

Estimados consocios y amigos

Un sexto punto del compromiso, expresamente comunicado “off de record” por el candidato, se refiere a la aplicación durante su gobierno, de la justicia cabal de un Estado de Derecho (derecho a un juicio justo e imparcial, amnistía, prescripción, etc.) a nuestros prisioneros encarcelados y a los cientos de encausados de la Defensa Nacional, en retiro, arrastrados a interminables juicios de derechos humanos, situación que él reconoce como arbitraria, ilegal e injusta y motivo que atenta contra la necesaria paz y reconciliación nacional.

Con ésto se completa el compromiso del candidato que en los hechos ha acogido todas nuestras principales demandas por las que hace 10 años han venido trabajando con persistencia y sin claudicar Chile Mi Patria y la Unión de Oficiales en Retiro. Son los planteamientos permanentes de estas organizaciones las que, en los hechos, ha tomado casi al pié de la letra y en su total espíritu, el candidato Piñera.
Los invito a reconocer y a repartir esta información ya que es un mérito de estas organizaciones cuyo trabajo dedicado, sistemático y permanente, en justicia no puede ni debe ser olvidado, soslayado ni auto-atribuído por terceros. La franqueza de este reconocimiento hace al robustecimiento y al prestigio de estas dos organizaciones, que se complementan en sus potestades estatutarias y legales, para el logro de sus altos objetivos en beneficio de todos los retirados y montepiadas de la Defensa Nacional.

Sergio Contardo Flores Co Presidente Union de Oficiales de las Fuerzas Armadas en RetiroVicepresidente “Chile Mi Patria”

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Cámara Nacional de Casación Penal:sostuvo que la apropiación de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad es delito de lesa humanidad

Ampliación de Casación

13-11-09


La Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo en el que sostuvo que la apropiación de hijos de desaparecidos y la supresión de su identidad es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Así lo resolvió la Sala II en la causa que María Eugenia Sampallo Barragán impulsó contra el militar que la entregó, Enrique Berthier y sus apropiadores Osvaldo Rivas y su ex mujer María Cristina Gómez Pinto. El Tribunal Oral en lo Federal Nº 5 los había condenado el año pasado a 10, 8 y 7 años de prisión. La sentencia fue apelada por el fiscal Félix Croux y el abogado querellante Tomás Ojea Quintana.

“La declaración de crimen de lesa humanidad muestra la extrema gravedad de estos delitos. También ratifica que la responsabilidad penal es tanto del apropiador como de la apropiadora, y que la identidad de las personas es un valor que debe ser protegido”, señaló ayer Ojea Quintana. Casación agregó además a la condena del TOF 5 el delito de “alteración del estado civil” de la víctima. María Eugenia, nacida en cautiverio, fue la primera hija de desaparecidos que llevó a juicio oral a sus apropiadores.
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CALIFICO DE IMPRESCRIPTIBLE "LA ALTERACION DE LA IDENTIDAD"

Casación declaró de lesa humanidad la apropiación de hijos de desaparecidos

La Sala II de Cámara Nacional de Casación Penal amplió un fallo del Tribunal Oral Federal 5 que, el 4 de abril del 2008, había condenó a diez años de cárcel al ex capitán Enrique Berthier, y a ocho y siete años a Osvaldo Arturo Rivas y Maria Cristina Gomez Pinto, por anotar como propia a Eugenia Sampallo Barragán, hija de desaparecidos y nacida en cautiverio.

En un fallo dictado el 8 de septiembre último pero conocido recien ahora, los jueces de casación Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, agregaron al veredicto del TOF 5 contra el militar y el matrimonio el delito de "alteración del estado civil" de la víctima, lo que no había dicho el tribunal compuesto por los jueces Luis Renzi, Andrés Gordo y Ricardo Farías.

Berthier, un ex capitán que entregó a la nena con un cerificado de nacimiento falso firmado por el fallecido medico militar Julio César Cáceres Monier, cumple su pena en el penal de Campo de Mayo, mientras que Rivas y Gomez Pinto siguen en libertad hasta que el fallo quede firme.

El fiscal del juicio Félix Croux y el abogado Tomás Ojea Quintana, abogado de la víctima y querellante, habían pedido para los apropiadores una pena de 25 años de prisión.

Según se dijo en el juicio, la pareja recibió a la nena de solo tres meses de manos de Bethier, luego de que su madre, Mirta Barragán la diera a luz tras su secuestro y traslado junto a su marido Leonardo Sampallo, a los centros clandestinos "Club Atlético" y "El Banco", en diciembre de 1977.

En su fallo, la Sala II de Casación ratificó la extrema gravedad de estos delitos, al considerarlos imprescriptibles
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