domingo, 6 de septiembre de 2009

Lorena Pizarro y el caso de ex agentes Dina contratados por el Ejército-“Vidal debiera presentar su renuncia”-02-09-09

02 de Septiembre de 2009

Lorena Pizarro y el caso de ex agentes Dina contratados por el Ejército

“Vidal debiera presentar su renuncia”

Este martes la Presidenta de Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) señaló que el ministro "insulta" a los familiares de las víctimas de la dictadura al decir que "hay presunción de inocencia para ex agentes represivos". "Me gustaría saber si puede mirarnos a la cara y decirnos eso", agregó, indicando que solicitó audiencia con el titular de Defensa y que aún no hay respuesta.
Por Miguel Paz
La noticia de la existencia de ex agentes de la DINA y la CNI contratados por el Ejército en distintas labores fue recibida como un nuevo duelo por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Su presidenta, Lorena Pizarro, solicitó este martes "una audiencia urgente" con el ministro de Defensa Francisco Vidal para solicitarle explicaciones por esta situación, que se suma a otros episodios similares dados a conocer durante las administraciones Bachelet, Lagos y Frei.
La información fue
dada a conocer el domingo pasado por el diario La Nación indicando que entre los ex uniformados "hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo" de la DINA, así como un ex fiscal militar "que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile"."Palabras inaceptables"Lorena Pizarro señaló a El Mostrador que hasta anoche en la AFDD aún no recibían ninguna comunicación formal o informal proveniente del gabinete de Vidal y se manifestó contrariada por el silencio del ministro para con los familiares de las víctimas. "La situación amerita que él nos reciba de manera inmediata", expresó y fustigó a Vidal por insistir en la presunción de inocencia de los ex agentes que trabajan con contratos a honorarios para el Ejército. "Me gustaría saber si el ministro puede mirarnos a la cara y decirnos que hay presunción de inocencia para ex agentes represivos de la dictadura. El ministro Vidal debiera presentar su renuncia porque sus palabras son inaceptables", agregó, recordando que entre los ex uniformados se encuentran oficiales que tuvieron alto protagonismo en las actividades represivas como el coronel (R) Hugo Acevedo Godoy, ayudante del director de la DINA Manuel Contreras; o el médico y coronel en retiro Guido Díaz Paci, sindicado como torturador de prisioneros en el regimiento Arica de La Serena, donde la Caravana de la Muerte ejecutó a 15 prisioneros en octubre de 1973.
Complicidad de ministros de Defensa
La dirigente de la AFDD también dijo que le gustaría saber si los ministros del gabinete de la Presidenta Bachelet "ven estas situaciones como inaceptables". "Porque después de escuchar la respuesta insultante de Vidal a los familiares de las víctimas del terrorismo del Estado queda la duda. Además está el hecho que el propio ministro Vidal señaló que hace un mes habló con Ricardo Izurieta. La conclusión es que esto siempre se ha sabido. Lo único que queda es entender que hay una complicidad de los ministros de Defensa de los gobiernos de la transición".
-La Presidenta Bachelet fue ministra de Defensa y víctima también...
-Mas grave que si la Presidenta fue victima de la dictadura, tiene que ver con como el Estado y un gobierno se comprometen con la verdad, la justicia y el "Nunca más". Parece que el gobierno y los últimos gobiernos de la Concertación han hecho bastante más por comprometerse con la impunidad que con un convencimiento ético con los Derechos Humanos. Aquí se están amparando violadores de derechos humanos.

Artí­culos Relacionados :

Vidal: "Son 14 los procesados por DD.HH. vinculados a las FF.AA." (01-09-2009)
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Los señores de la guerra -"ALTA TRAICIÓN" -02-09-09

02 de Septiembre de 2009

Análisis político

Los señores de la guerra

La mayoría de estos hechos expresan una debilidad técnica del poder político, el que en veinte años fue incapaz de dotar a la Defensa Nacional de una institucionalidad coherente y moderna, y que al final de un ciclo de desarrollo nacional exhibe una administración sectorial que apenas si tiene diferencia con lo que se recibió en 1990 al momento de reinstalarse la democracia.


Por Santiago Escobar


Luego de veinte años de gobiernos democráticos se asienta la convicción de que en política de Defensa, especialmente en su componente militar, la Concertación sólo puede exhibir una administración menos que mediocre. Lo que complementa el aserto de que si bien el tema es demasiado importante para dejarlo solo en manos de militares, los resultados pueden ser aún peores si a ello se suma civiles incompetentes.

El pasado fin de semana el país se conmovió con la noticia de que el Ejército mantenía en la nómina de sus contratos a honorarios a militares retirados, vinculados a violaciones de derechos humanos.
La noticia, explicada de manera políticamente balbuceante por parte de las autoridades del sector, confronta de manera brutal la disposición presidencial expresada hace algunas semanas de considerar indultos a militares condenados por estos delitos. Porque tales indultos reforzarían la renuencia de las instituciones militares a asumir de manera institucional su responsabilidad en las violaciones del pasado, y a aceptar los derechos humanos también como un principio fundamental de su organización interna.
Durante veinte años de régimen democrático, sectores importantes de las Fuerzas Armadas han negado información, adulterado documentos o amparado u ocultado a personal involucrado en violaciones a los derechos humanos. En muchos casos ello ha quedado en evidencia después de largas investigaciones judiciales o hallazgos de los propios familiares de las víctimas.
Tales hechos confirman la hipótesis de que las Fuerzas Armadas no desean reconocer la responsabilidad institucional, es decir del mando de la época, por hechos que consideran propios de una situación de guerra. Para ellos el tema siempre ha sido de responsabilidad individual y solamente cuando se prueba en juicio, y su discurso permanente ha sido que acatan las decisiones de los tribunales.
El país, en cambio, ha marchado en sentido contrario y pese a las dificultades ha incluso ratificando el tratado que crea el Tribunal Penal Internacional para sancionar los delitos de lesa humanidad. Por ello, era de esperar que los derechos humanos tuvieran una fuerza simbólica nueva que impregnara la percepción y la conducta de todas las instituciones de la Defensa.
Ellas se desenvuelven en un medio profesional extraordinariamente sensible a los elementos doctrinarios y simbólicos, por lo que el Ejército, institución involucrada en este caso, no puede omitir el hecho de que está amparando a militares que infringieron todos los códigos de honor y profesionalismo que lo sostienen. Lo que compromete tanto su imagen institucional como la del Estado chileno.
Por lo mismo, las explicaciones del ministro de Defensa (y sus incomprensibles apelaciones a la Revolución Francesa) en torno a la presunción de inocencia de los militares contratados por el Ejército, resulta pueril. Esta indica una falta de comprensión fina de su papel cautelar en la aplicación de una política institucional de recursos humanos, con negación de principios doctrinarios básicos, en una institución de la cual es la máxima autoridad después de la Presidenta.
En el caso del Ministro Viera Gallo el error tiene un doble significado negativo. Él fue parlamentario -incluso Presidente de la Cámara de Diputados- es decir ha estado en el cenáculo del control político de la democracia chilena. En tal calidad está perfectamente enterado de las agrias disputas políticas y presupuestarias, desde el inicio de los gobiernos de la Concertación, por la mantención de agentes de la DINA y la CNI en las nóminas de las Fuerzas Armadas. Conoce muy bien el largo proceso hasta lograr transparentar el tema de los derechos humanos con verdad y justicia, evadiendo todos los intentos por consolidar la impunidad, y ha experimentado personalmente los clivajes del juego de la desinformación al cual los militares sometieron en muchas oportunidades al poder civil. Más aún, por su formación jurídica, entiende claramente la diferencia que existe entre responsabilidad de Estado, responsabilidad institucional y responsabilidad individual. ¿Para qué ofender la inteligencia de la ciudadanía y el dolor de las victimas y sus familiares con justificaciones sobre procesos o condenas judiciales que no vienen al caso?

La maniobra política de los militares

Pero sería reduccionista sostener que los problemas de la conducción civil de la Defensa se limitan a aspectos doctrinarios y de principios. Aunque estos son una muestra clara de cómo las autoridades civiles han ido cediendo a través de los años en sus convicciones republicanas, y entregado la conducción de la Defensa a la autorregulación militar.
También los escándalos por corrupción que actualmente investiga la justicia, el debate legislativo sobre la nueva institucionalidad ministerial, la profesionalización de las Fuerzas Armadas o el financiamiento de la Defensa, contienen huellas de un corporativismo militar extremo y una baja calidad de la gestión civil.
En las últimas semanas, de manera previa a la aprobación definitiva de la nueva Ley del Ministerio de Defensa Nacional por el Senado, se han hecho sentir las voces, principalmente de altos mandos en retiro, que abogan por la necesidad de mantener el esquema institucional actual, incluida la Ley Reservada del Cobre, a estas alturas un instrumento totalmente irracional. Aunque también hay militares que aprovechan la tribuna para producir acomodos políticos.
La mayoría de estos hechos expresan una debilidad técnica del poder político, el que en veinte años fue incapaz de dotar a la Defensa Nacional de una institucionalidad coherente y moderna, y que al final de un ciclo de desarrollo nacional exhibe una administración sectorial que apenas si tiene diferencia con lo que se recibió en 1990 al momento de reinstalarse la democracia.
La corrupción en las compras está vinculada tanto a la debilidad de los procesos decisorios civiles y la falta de control - que tempranamente quedaron en evidencia con el contrabando de armas a Croacia- como al hecho de que no existe una institucionalidad ministerial capaz de hacer gerencia integrada de los proyectos, que obliguen a quienes los diseñan y requieren a una adecuada claridad y justificación técnica.
Fuera de administrar formalmente los fondos disponibles en abundancia y a cualquier evento por la Ley Reservada del Cobre, quienes deciden qué, cuándo y cómo se compra en realidad son los militares, y siempre por ramas. Autorizados de manera acrítica por civiles que, en palabras del actual ministro de Defensa, deben aceptar que ellos son los profesionales y los que saben de la materia.
En medio de esta autorregulación perfecta, financiamiento automático y cero control, la planificación conjunta es un eufemismo, y la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional contenida en la actual propuesta de ley, no está destinada a crear un mando interoperativo real permanente que decida, sino a seguir siendo un organismo asesor. El poder militar real sigue compartimentado en cada una de las ramas y sus respectivos Comandantes en Jefe, los que se comportan como señores feudales.
El proceso de paralización burocrática ha ido acompañado de una extrema politización del mando militar superior. Es decir, en vez de desarrollar una capacidad técnica civil en materia de Defensa, las autoridades civiles, carcomidas por el diálogo cívico-militar, crearon los incentivos para que el mando militar se acercara de manera política al mundo civil, lo que lesiona el desarrollo de las instituciones y un vínculo subordinado sano con el poder político.
El caso extremo se ha dado en la Armada. Fue inaugurado por Jorge Martínez Bush quien logró su designación como senador abandonando unos meses antes el mando de la Armada, en plena vigencia de los enclaves autoritarios. Luego lo siguió con éxito el Almirante Jorge Arancibia, quien antes de terminar su período de Comandante en Jefe pasó a ser senador de la UDI y ahora maniobra para posicionarse como eventual ministro de Defensa si Sebastián Piñera gana la elección presidencial. Otros altos oficiales del mando más reciente pasado a retiro buscan eventuales diputaciones o se erigen derechamente como operadores políticos entre sus instituciones y el mundo político. La actitud crítica de la oficialidad joven ante este hecho es total, mientras que el antiguo esquema institucional de un Cuerpo de Almirantes prácticamente ha desaparecido.
Es evidente que los escándalos de corrupción son el resultado de una debilidad endémica de los procedimientos administrativos y de control ministerial, pero también provienen de una falta de liderazgo civil, pues además de comprometer al menos la responsabilidad política de las autoridades sectoriales civiles en ejercicio en la época que ellos ocurrieron, no existen evidencias claras de una voluntad orientada a modernizar toda la administración de la Defensa y, en especial, sus instituciones militares.

elmostrado
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DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR 06-09-09


Por Diego Martínez

Uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte de la ESMA, en los que se tiraba a los prisioneros al mar, está en exhibición en un museo que la propia Armada tiene en la base Comandante Espora. Dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por los militares para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.



DOS DE LOS ELECTRA USADOS POR LA ARMADA PARA ARROJAR PRISIONEROS AL MAR

Aviones de la muerte


Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.

Por Diego Martínez



Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.
El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.
La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.
El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.
El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.
El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.
“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.

“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.



dmartinez@pagina12.com.ar


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Las drogas como farmacopea del alma 06-09-09

Las drogas como farmacopea del alma



Por José Natanson


El éxito de las drogas radica en su capacidad ansiolítica en el marco de una sociedad altamente ansiógena como la contemporánea. En un mundo incierto, marcado por trabajos inestables y el temor a la inseguridad como trasfondo omnipresente, las drogas se consolidan como –en palabras del especialista francés Iban de Rementería– una farmacopea del alma: sirven para mantener la productividad en el trabajo, asegurar el reposo en el descanso y asumir el dolor en el duelo.
Si los cereales son la panacea de las culturas agrícolas (alimentos de fácil producción y asimilación) y si el azúcar y el alcohol lo son para el capitalismo industrial (calorías para trabajar), las drogas son el elixir de la sociedad posindustrial (reconstituyentes del alma). Y no es raro. Como señala De Rementería, cada época encuentra su instrumento de control social y político por excelencia: el control de la fe (en la Edad Media), el control de la sexualidad (en la Modernidad) y el control de las drogas (en la Era de la Razón).


Tolerancia cero


Lanzada en los ’60 por Estados Unidos como una estrategia global de combate a los estupefacientes, la guerra contra las drogas se basa en la idea de reducir el consumo mediante el control de la oferta. En Globalización, narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia (Norma), Juan Gabriel Tokatlian explica de manera sencilla pero clarísima el carácter quimérico de esta cruzada. El prohibicionismo, el enfoque en el que descansa la guerra contra las drogas, parte de la idea de que una represión perdurable y eficiente permitirá, en algún momento, extinguir el problema. En otras palabras, la ilusión de que será posible, tarde o temprano y por vía del combate frontal, lograr la abstinencia total.
Nada de esto ha sucedido, por supuesto. La guerra contra las drogas ha generado efectos sociales, medioambientales y de derechos humanos muy negativos. También produjo consecuencias políticas impensadas: la emergencia del liderazgo de Evo Morales no se explica sin considerar la brutal represión a los cocaleros del Chapare por parte de las fuerzas de seguridad boliviana asistidas por la DEA.
Pero para no entrar en estas discusiones pantanosas tal vez alcance con mencionar que la prevalencia del consumo de drogas se ha mantenido más o menos igual en los últimos años, pese a los redoblados esfuerzos guerreros. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd), del total de población mundial de entre 15 y 64 años, solo el 5 por ciento consumió drogas en el último año (208 millones de personas). De ese 5 por ciento, solo el 0,6 adquiere un patrón problemático de consumo. La marihuana, la droga más difundida, es consumida por el 4 por ciento de la población mundial (unos 165 millones de personas), y hay alrededor de 16 millones de consumidores de cocaína y 24 millones de anfetaminas.
Y si el fracaso de la estrategia se hace evidente al repasar los números, lo absurdo de sus planteos se revela con unos pocos datos. Va uno: el porcentaje de adultos que consume tabaco es 5 veces mayor que el que consume drogas (25 por ciento de la población mundial) y sus efectos mucho más letales: se estima que cada año mueren por causas atribuibles a las drogas unas 200 mil personas, contra 5 millones que mueren por motivos asociados al tabaquismo.
Oferta
Las estadísticas del consumo no son las únicas que confirman la ineficacia de la estrategia de tolerancia cero; también las de la oferta. La producción de cocaína, tras el descenso experimentado luego del boom de los ’80, se mantuvo estable en los últimos años, a pesar de los enormes recursos destinados a combatirla. Lo mismo sucede con la de marihuana, en tanto que la producción de heroína y drogas sintéticas se ha incrementado. Pero lo más notable del análisis de la oferta mundial de drogas es su especialización geográfica en territorios con fuerte influencia político-militar de Estados Unidos. Afganistán produce el 80 por ciento de la heroína del mundo, el 60 por ciento de la cual se genera en la provincia de Helmand, en el sur del país. Los talibán, que en el pasado combatieron las plantaciones de amapola por motivos religiosos, aprendieron la lección y ahora las administran (y se benefician de ellas), lo que de paso demuestra que incluso las interpretaciones islamistas más fanáticas admiten cierta flexibilidad. El otro país en donde se concentra la producción es Colombia, que genera el 55 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo y al que Estados Unidos destina 800 millones de dólares al año, desde hace una década, en concepto de ayuda militar y al desarrollo.
La marihuana, en cambio, se produce en prácticamente todos los países (alcanza con una maceta y un poco de sol). Hasta en Cuba, que combate las drogas con rigor soviético, es posible ver las plantas a la vera de algunas rutas.
Esto confirma la idea de que el problema pasa tanto por la oferta como por la demanda. Así como todas las culturas que han tenido acceso a ellas han consumido drogas, aunque siempre bajo algún tipo de control social, las sociedades actuales no son una excepción. Y no sólo por el poder de seducción y el valor de uso de la droga, sino también por un dato que a menudo se pasa por alto pero que vale la pena subrayar: su capacidad de generar ingresos para los sectores más pobres de la población.
Las drogas, en efecto, cumplen una función social. Si se analiza el conjunto del negocio, queda claro que los carteles (unos pocos) controlan la producción a gran escala, en tanto que los grandes narcotraficantes (también pocos) se ocupan del traslado mayorista. Sin embargo, es el último segmento, atomizado en miles de pequeños microtraficantes, el que se lleva la parte del león de las ganancias (el 57 por ciento del ingreso total según los número de Iban de Rementería, revista Nueva Sociedad N° 222). Ocurre que, a diferencia de lo que ocurre con los productos legales, cuya distribución se concentra en las grandes cadenas –de supermercados o ropa o lo que sea–, en el caso de las drogas es imposible, por motivos de seguridad, oligopolizar la distribución minorista, que recae en miles y miles de dealers individuales, en general pertenecientes a los sectores excluidos (es un negocio lucrativo pero riesgoso). Para usar una expresión de moda en tiempos K, las drogas contribuyen a la redistribución del ingreso.
En el mundo
Desde que en 1909 se firmó el primer acuerdo de la Comisión sobre el Opio de Shanghai, la normativa internacional en materia de drogas fue avanzando. La Convención Unica sobre Estupefacientes, firmada en 1961, prohibió la cocaína, los opiáceos, la marihuana y las drogas sintéticas (salvo para uso médico). Con el argumento de que el mercado de drogas es global y que, por lo tanto, su solución también debe ser global, las normas internacionales en materia de estupefacientes establecen una forma única de control aplicable a todas las sociedades. Ninguno de los países miembro de las Naciones Unidas puede aceptar el uso recreativo de las drogas mencionadas, y todos tienen la obligación de combatirlas.
Pero la Convención Unica deja algunos espacios grises, aprovechados por cada vez más países para flexibilizar el manejo del consumo y la tenencia de drogas (no su producción), mediante contrarreformas legales tendientes a la despenalización. En Portugal, por ejemplo, se admite la tenencia de dosis personales para hasta diez días (considerando como tal 2,5 gramos de cannabis y 0,2 de cocaína). Austria, por su parte, no considera delito la tenencia de 1,5 gramos de cocaína y 1 gramo de anfetaminas. Y lo mismo sucede –con variaciones en las cantidades admitidas– en España, Alemania y Australia, entre otros.
Uno de los casos más famosos es el de los Países Bajos, donde uno puede fumarse un porro en alguno de los elegantes coffee shops que prosperan por todos lados. Esto es posible gracias a una despenalización de facto del consumo y la venta –no la tenencia– de marihuana. La paradoja es que, como la normativa internacional no admite la despenalización de la producción, los dueños de los cafés deben comprar la marihuana que venden legalmente a clientes legalmente habilitados para consumirla en un mercado considerado ilegal (aunque no muy combatido).
Pero el caso más interesante es el de Estados Unidos. Como se sabe, en la patria de Obama el derecho penal, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, es una atribución estatal. Esto genera una diversidad subnacional en materia de drogas mucho más amplia de lo que habitualmente se piensa. Desde que Oregon hizo punta en 1973, 13 estados despenalizaron el consumo o la tenencia de marihuana, y otros 13 aceptan su uso médico. El más importante es California, que en el plebiscito de 1996 aceptó las recetas médicas y donde hoy hay 200 mil personas con autorización para comprar marihuana en los cientos de dispensarios que la venden en el estado. Existen incluso máquinas expendedoras de porros: el paciente entrega la receta, se le toma una foto y su huella digital, y luego puede utilizarlas libremente. Como sostienen Tom Blickman y Martin Jelsman, del Transnational Institute de Holanda, esto demuestra que, mientras Estados Unidos exportaba su política prohibicionista al resto del mundo, no lograba imponerla internamente.
Junto a la tendencia a la despenalización, algunos países comenzaron a desarrollar en los últimos años políticas de control de daños, es decir medidas que no apuntan a frenar el consumo de drogas sino a morigerar sus efectos más perniciosos. En Europa, países como Alemania y Francia distribuyen jeringas gratuitas entre los adictos para prevenir el contagio de enfermedades, habilitaron centros de análisis químicos a los que cualquier persona puede llevar la drogas para que la testeen sin riesgo a ser detenidos y hasta crearon salas de consumo limpias y dignas. Además de los efectos positivos más directos, este tipo de políticas, bien implementadas, pueden abrir oportunidades de contacto con los adictos en pos de su recuperación.
Modernidad
La decisión de la Corte Suprema argentina de declarar inconstitucional una condena por consumo de drogas y el Plan Nacional de Drogas presentado al Gobierno por el Comité de Expertos avanzan en la misma línea de reversión del enfoque prohibicionista. No es el único caso en América latina. La Corte Suprema de Colombia emitió un fallo en el mismo sentido, duramente cuestionado por Uribe, Brasil entrega pipas de crack como parte de experiencias piloto de reducción de daños y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa adoptó una decisión audaz, de pura justicia, que levantó polvareda: el año pasado decidió indultar a tres mil personas, en su gran mayoría mujeres pobrísimas, detenidas por transportar droga al exterior (conocidas como mulas), siempre y cuando no tuvieran una condena anterior.
Desde luego, las políticas deben ser adaptadas a las particularidades de cada país, y es necesario estudiar cuidadosamene su viabilidad. Por ejemplo, una estrategia de reducción de daños debe tener en cuenta que en Argentina, al igual que en el resto de la región, el consumo gira alrededor de la cocaína, la marihuana y los estimulantes (prácticamente no hay heroína). En lugar de repartir jeringas, la venta legal de estimulantes más suaves podría evitar que algunas personas recurran a la cocaína. Finalmente, en Argentina como en América latina la cuestión de las drogas está cruzada, mucho más que en Europa o Estados Unidos, por los problemas de pobreza y exclusión, lo cual no impide desarrollar alternativas al enfoque de tolerancia cero, pero sí advierte sobre los riesgos de copiar las experiencias extranjeras en papel carbónico.


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comunicación ANCESTRAL en el cuarto poder:Anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que responde a los 21 puntos básicos



Los Pueblos Originarios exigen que se los reconozca en la Ley de Medios Audiovisuales
Los Pueblos Originarios en Argentina están exigiendo la inclusión de su Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad en una nueva Ley que regule al cuarto poder en el país. Y dan batalla en el campo de la opinión pública.
Por Kvrvf Nawel / Piren Wegaywe
Desde milenios los Pueblos Originarios se comunican con todas las vidas de la naturaleza. Saben interpretar los mensajes de cada ser que habita en sus territorios, y de esta manera logran establecer formas de comunicación con lo que vemos y con lo que no vemos, con lo que tocamos y lo que no.Fundamental fue la vigencia de sus idiomas. Moldeados y perfeccionados con ancestral sabiduría, las culturas originarias desprenden de sus lenguas los sonidos que expresan los ríos, montañas, nubes, animales; por eso se traduce al Mapuzugun (idioma Mapuce) como “habla de la tierra”, porque no sólo las personas lo desarrollan, sino la naturaleza toda.
El conocimiento de los ancestros indígenas también se plasma en sus instrumentos musicales donde a través de sus sonidos se transmiten las melodías del viento, cascadas y volcanes, el canto de los animales, y hasta el latido de la tierra.
La concepción de la vida para los Pueblos Originarios se basa precisamente en la vida del territorio, es decir, sin territorio no hay vida. Fuego, aire, tierra y agua son las fuerzas naturales que permiten generar la existencia de las personas y de cada ser. En las culturas milenarias no se conciben los conceptos de “bióticos” y “abióticos”, ya que cada elemento cumple una función particular logrando un complemento perfecto entre ellos. Los indígenas no se creen a si mismo dueños de la tierra, sino parte inseparable de ella.Tanto el idioma como los instrumentos indígenas forman parte de los elementos que permiten la comunicación de los Pueblos Originarios entre las personas y con la naturaleza. Y esa comunicación se sustenta necesariamente en la identidad indígena, lo que la hace única e irrepetible.
El quiebre

A fuego y degüello avanzaron las coronas europeas sobre territorio indígena. Luego fue el turno de los países que se “independizaron” para someter a Pueblos milenarios que vivían sin fronteras. El genocidio que el Estado argentino planificó contra los pueblos originarios impuso armas y constituciones. Leyes y religiones, idiomas y jurisdicciones.La combinación exacta para imponer un sistema ajeno y diferente a la cosmovisión indígena fue la instalación de escuelas, iglesias y fuertes militares. La asimilación del indígena al ficticio “ser nacional” era por las buenas o por las malas. De todas formas, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX tanto el sistema educativo como el católico adoctrinaban a los “indios salvajes” con el mismo rigor y terror que lo ejercía el militar.Desde la llegada del invasor a territorios de los Pueblos Originarios, la comunicación armónica se fracturó. No sólo al interior de la vida indígena al quedar su territorio diseminado en cientos de porciones alambradas; además, los idiomas quedaron excluidos a ser una herramienta clandestina de comunicación, limitado al ámbito familiar y prohibido en las escuelas.
Los invisibles de siempre

Se dice que los Medios de comunicación elaboran y presentan una realidad, y lo que no aparece en ellos, aparentemente no existe. Nadie puede negar la importancia y el poder de los Medios de comunicación en las decisiones y opiniones de la sociedad. Lo que tampoco nadie puede negar es que una minoría poderosa controla lo que leemos, vemos y lo que escuchamos en el país. Y nos indica a quien votar y a quien echar.Ya en las crónicas escritas por los militares que encabezaron grandes masacres indígenas se hablaba que “los indios ni siquiera eran personas”. Para los argentinos ilustres de la generación del ´80, los indígenas eran “seres salvajes y despreciables a los que se debía exterminar”. Estos próceres prefirieron levantar las bases del Estado en baños de sangre indígena en lugar de alimentar el conocimiento de la sociedad con las culturas ancestrales, y a los sobrevivientes del genocidio se los oculto bajo la alfombra de la “civilización”.Para moldear la idea de una Argentina eurocentrista sin “indios salvajes” se aposto a la invisibilización, pronto a cumplir 200 años, que los libros y los Medios de comunicación supieron aplicar hacia la identidad originaria.El trabajo de los Medios también es generar opinión e incidencia para manipular el pensamiento de la sociedad. Ejemplo claro es al momento que el Pueblo Mapuce recupera su territorio usurpado y alambrado por algún terrateniente, y los Medios titulan: “Aborígenes usurpar tierras de empresario”. Siguen utilizando conceptos errados y atrofiados a esta altura de la humanidad como “aborígenes”, “reservas”, “agrupaciones” o “indios”. De manera intencional distorsionan la imagen de las culturas originarias y crean un estereotipo del indígena ligado a la nostalgia folclórica o al mero atractivo turístico.Al vacío informativo que generan los Medios masivos de comunicación reaccionarios a la diversidad cultural, se agrega la mirada reduccionista de los Medios comunitarios o “populares” que pretenden seguir siendo “la voz de los sin voz”. Son pocos los que encarnan en profundidad la realidad indígena con seriedad.
Los indígenas a los medios

El control del territorio ideológico de la opinión pública en Argentina es sin duda la pelea de fondo en la discusión por revertir una Ley dictatorial de radiodifusión que encierra intereses poderosos y peligrosos.
Las grandes corporaciones mediáticas no están dispuestas a soltar lo que durante décadas han manipulado y utilizado en beneficio de sus intereses económicos y políticos. Estos mismos monopolios informativos son los que presentan a la realidad de los Pueblos Originarios como “problemática indígena” o “conflicto indígena”, diciéndole a la sociedad que la sola existencia de los pueblos originarios es un problema.
Por estos días las organizaciones de los más de 25 Pueblos Originarios en Argentina están impulsando su derecho indígena a la comunicación con identidad para que sea incluido en el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El marco jurídico internacional reconoce los derechos de los Pueblos Originarios en el mundo, Argentina tiene el gran deber de incluir y respetar esa normativa indígena a través de sus políticas públicas. El Estado tiene que generar los mecanismos necesarios para que el Derecho a la Comunicación Indígena avance de una simple y bonita declamación, a hechos concretos que impulsen la diversidad cultural en el país.
Hoy, los Pueblos preexistentes del país están generando un proceso histórico porque dejan de ver a los Medios como herramientas de “otros” para ejercer su Derecho a la Comunicación con Identidad y acceso a las nuevas tecnologías.No pretenden seguir siendo objeto de análisis por los formadores de opinión, son ellos los que buscan administrar sus propias radios y canales de televisión, para que todos y todas tengamos la posibilidad de acceder al conocimiento de las diversas culturas y a los más de 16 idiomas originarios.
El carácter de Preexistentes que poseen los Pueblos Originarios determina su existencia anterior a la creación del Estado argentino, por lo que es un error sumirlos al campesinado, a las minorías o a un “sector” más de la sociedad civil, porque los derechos indígenas son particulares y diferentes al resto de la sociedad. Ni siquiera superiores, tampoco inferiores, pero sí diferentes.Por ello, la exigencia de los pueblos originarios es que reconozcan a sus Medios de comunicación con el carácter de públicos no estatales, y reconocer como cuarto prestador de Servicios de Comunicación Audiovisual a los Medios Indígenas Públicos, diferenciándolos de los medios privados, estatales y comunitarios.La palabra indígena

Gvbam le llama el Pueblo Mapuce a los consejos que entregan sus kimce (sabios) y Rakizuam al mensaje que trasmiten. Ayer y hoy las culturas ancestrales siguen dialogando con el cosmos. Y el aporte de los Medios Indígenas a la sociedad es el de transmitir principios inalterables: el resguardo y la defensa de la naturaleza como proyecto de vida.
Los Medios administrados por los Pueblos Originarios no pretenden lucrar con su identidad ni ser obsecuentes con los gobiernos de turno. Su objetivo no sólo es informar su propia realidad, tienen la responsabilidad de promover y difundir sus culturas, como Pueblos vivos que tienen historias que necesitan ser contadas.Cuando los Medios Indígenas estén en plano de igualdad en el espectro radioeléctrico, con los privados, estatales y comunitarios, podremos hablar de democracia en la comunicación argentina, porque serán las voces de la tierra las que informen.Con la exigencia de la inclusión del Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad en esta Ley, es evidente que los Pueblos Originarios a través de sus Medios de comunicación audiovisuales rompen el manto de la invisibilización que los silenció desde la misma creación del Estado.Dejan de ser meros espectadores, y dan batalla en el territorio de la opinión pública para convertirse en actores en el escenario del cuarto poder.
Descargá el proyecto entregado al Ejecutivo:
Propuesta de inclusión del Derecho Indígena a la Comunicación con Identidad



sábado, 5 de septiembre de 2009

EL PRIMER ABSUELTO POR LA NUEVA DOCTRINA DE LA CORTE ES UN JOVEN DETENIDO EN CORDOBA POR OCHO GRAMOS DE MARIHUANA -05-09-09

EL PRIMER ABSUELTO POR LA NUEVA DOCTRINA DE LA CORTE ES UN JOVEN DETENIDO EN CORDOBA POR OCHO GRAMOS DE MARIHUANA



La organización Cogollos, de Córdoba, organiza en esa provincia la habitual concentración de consumidores que reclaman la despenalización.
Imagen: Gentileza La Voz del Interior

Un fallo que pone a los perejiles en su lugar


El juez federal de Córdoba venía procesando a los consumidores encontrados con poca cantidad de droga. Ahora, con la despenalización de la tenencia dictada por la Corte Suprema, tuvo que sobreseer a un hombre de 27 años detenido en abril.

Por Emilio Ruchansky

Roberto Ledesma, un joven cordobés de 27 años, se convirtió ayer en el primer perejil sobreseído en nombre del fallo Arriola de la Corte Suprema de la Nación, que la semana pasada declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para consumo personal. El juez federal de Córdoba dejó “a salvo” su criterio, que por lo que pudo saber este diario es contrario al de la Corte Suprema, pero decidió favorecer al acusado debido a las similitudes del caso que debía resolver con el que expuso la Corte. Ledesma tenía en un bolsillo ocho gramos de marihuana prensada y no estaba fumando. Mercedes Crespi, la defensora oficial que lo asistió, reconoció que en los primeros seis meses del año tuvo más de 320 casos como éste. “Es vergonzoso los recursos que se malgastan en perseguir consumidores”, dijo la abogada.

La policía detuvo a Ledesma a minutos de la medianoche del 2 de abril de 2009 en la esquina de San Luis y Marcelo T. de Alvear, en Córdoba capital. Al igual que el caso Arriola, la requisa obedeció a tareas de inteligencia de los uniformados que buscaban dar con un dealer que viviría por la zona. El joven fue revisado sin orden de un juez aunque el procedimiento fue considerado legal. Según explicó Crespi, “en determinadas circunstancias, cuando se sospecha que alguien lleva un elemento que puede constituir delito es posible la requisa sin autorización”. Cabe recordar que en muchas causas no llegan a juicio porque la prueba, la droga, se obtuvo ilegalmente.

Sin oponer resistencia, el joven vació sus bolsillos y de uno de ellos, el delantero derecho del pantalón, extrajo lo que el expediente definió como “una sustancia de origen vegetal de color verde amarronada, similar en sus características a la picadura de marihuana, acondicionada en el interior de cuatro envoltorios de nylon”. Inmediatamente, se le inició una causa por infracción al artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 (tenencia para uso personal). Las penas previstas en esta norma van de un mes a dos años de prisión canjeable por una medida curativa.

Ledesma pasó esa noche en la comisaría y cuando se entrevistó con su defensora oficial recibió el consejo más habitual para estos casos: no declarar. Su caso estaba en manos del juez Alejandro Sánchez Freytes, del Juzgado Federal número 2, y estuvo en el limbo judicial varios meses. No lo habían procesado, pero tampoco estaba sobreseído. Crespi, su defensora, estaba tapada de trabajo y se puso a redactar el pedido de sobreseimiento dos días después de la salida del fallo de la Corte, luego de leerlo completo.

“Yo ya tenía un texto estándar para pedir la inconstitucionalidad de la figura que pena la tenencia para consumo y agregué algunos tramos del fallo Arriola. Entre el lunes y el jueves pasado debo haber mandado 40 pedidos de este tipo en los tres juzgados en los que defiendo. La verdad es que me sorprendió la rapidez en la respuesta y también la decisión del juez, porque antes me había negado el mismo pedido”, contó Crespi.

Dos de los nueve ayudantes que tiene esta defensora se dedican exclusivamente a las causas por tenencia para consumo personal y son asistidos ocasionalmente por otros ayudantes. “Y lo mío no es tan grave, hay juzgados y fiscalías colapsados por estas causas”, dijo Crespi, que hace poco más de un año que asumió como defensora oficial y los números no le cierran. En el primer semestre de 2009 tuvo 320 casos de consumidores de droga detenidos por la policía y “en verdad son más todavía porque los casos me llegan más tarde”, agregó.

En su fallo de seis carillas, el juez citó los votos de los magistrados de la Corte Suprema sobre el caso Arriola, cuyo veredicto fue unánime. En el tramo que versa sobre el voto de Enrique Petracchi, el juez Sánchez Freytes aclaró: “Después de la reforma constitucional, han ingresado principios internacionales que han impactado fuertemente en nuestro derecho constitucional. Ello se ha visto reflejado en diversos pronunciamientos de la Corte que han generado una constelación o cosmovisión jurídica en la que el precedente ‘Bazterrica’ encaja cómodamente”.

El principio constitucional en juego es el de los actos privados que no afectan a terceros. El fallo Bazterrica fue firmado también por Petracchi en 1986 y es similar, en la cuestión de fondo, al caso Arriola. Este juez de la Corte repitió sus propios argumentos al fallar sobre esta cuestión el martes 25 de agosto pasado. Del voto del doctor Ricardo Lorenzetti, Sánchez Freytes tomó un extracto en el que se afirma: “No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”.

El fallo también retoma lo dispuesto por Carlos Fayt, que señaló que el marco constitucional de los derechos de la personalidad comprende la intimidad, la conciencia, el derecho a estar a solas y el derecho a disponer de su propio cuerpo. “Como último punto –sostiene Sánchez Freytes–, conviene resaltar que la Corte sostuvo que la decisión tomada en modo alguno implicaba ‘legalizar la droga’. Consideró que no estaba demás aclarar ello expresamente, pues ese pronunciamiento tendría seguramente repercusión social, por ello se debía informar a través de un lenguaje democrático, que pudiera ser entendido por todos los habitantes”. A poco más de una semana de conocerse el fallo de la Corte Suprema, la decisión de este juez cordobés hace presumir que sus colegas de otros tribunales federales imitarán su ejemplo. Y no porque estén necesariamente obligados, ya que –a diferencia de otros sistemas jurídicos, como el norteamericano, donde existe el “stare de quisis”–, la jurisprudencia de la Corte no es obligatoria para el resto de los tribunales.

Sin embargo, Crespi recordó a Página/12 que los jueces tienen una “obligatoriedad moral” ante el fallo Arriola. “Pueden no hacerle caso, pero yo apelaría a la Cámara Federal y lo seguiría haciendo hasta llegar a la Corte Suprema y ya se sabe cómo terminaría la historia. Si lo hacen, si insisten en penar la tenencia para consumo personal, estarían yendo en contra de algo que se conoce como ‘economía procesal’”, dijo la defensora. Por economía procesal hay que entender un gasto innecesario de recursos humanos y financieros.

Este gasto que ha sido mencionado varias veces por Aníbal Fernández, cuando aseguró que el 70 por ciento de las causas judiciales por drogas son contra consumidores y que se ahorraría una cifra estimada en 350 millones de pesos. El doble del presupuesto nacional sobre VIH, como gusta decir el jefe de Gabinete. En Córdoba, comentó la defensora, hubo un gran rechazo al fallo de la Corte por parte de sectores conservadores.

El propio jefe de la policía local, Alejo Paredes, consideró que “con esta decisión iba a aumentar la venta”, que muchas veces su agentes detienen a alguien “con cinco o seis ravioles pero la Justicia considera que era una cantidad para consumo”. Crespi tiene en claro que hasta que no cambie la ley, la criminalización de la tenencia para consumo personal seguirá favoreciendo a la institución policial, porque “ellos aprovechan la prohibición para ejercer un control social sobre los jóvenes”.


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HABLA EL JUEZ ROBERTO FALCONE

“Decisión lógica”

Por Emilio Ruchansky

Roberto Falcone es un juez federal de Mar del Plata y recibe, sobre todo en verano, innumerables causas de tenencia para consumo personal. Tantas que fue uno de los primeros en celebrar el fallo Arriola de la Corte Suprema, con la cautela de sus investiduras. También advirtió que el fallo de su colega cordobés “es una decisión lógica”. Este juez también integra el Comité Científico Asesor en Materia de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja. Desde marzo del 2008, Falcone discute una nueva ley penal junto a sus colegas judiciales del Comité (Mónica Cuñarro, Martín Vázquez Acuña, Horacio Cattani y Patricia Llerena). La norma sería consensuada el 11 de septiembre próximo. Página/12 lo consultó sobre el estreno de la doctrina que asentó el fallo Arriola.
–La decisión de la Corte no es una doctrina obligatoria para los demás tribunales, sin embargo se prevé una gran acatamiento. ¿Es así?
–Yo diría que es casi obligatorio porque la Corte Suprema es el último tribunal, sus decisiones no las puede impugnar nadie, es el último intérprete del alcance de las garantías constitucionales.
–¿Qué posibilidades tiene entonces un juez para pasar por alto la nueva jurisprudencia?
–Para desobedecer el fallo el juez tiene que proponer nuevos argumentos, argumentos que enerven los que dictaminó la Corte a lo largo de 90 páginas y que se acercan a la doctrina Bazterrica.
–La doctrina Bazterrica fue reemplazada en el ’90 por el fallo Montalvo, pero hace poco los jueces de las cámaras federales porteñas retomaron Bazterrica. ¿Cómo se explica eso? Los jueces conservadores ahora podrían condenar a un usuario usando la doctrina Montalvo.
–En primer lugar la doctrina Montalvo fue desestimada por la Corte actual. Un juez puede estar obligado a sobreseer por la Corte, pero ningún juez puede estar obligado a condenar si no tiene la convicción. Nadie puede condenar, insisto en esto, dejando “a salvo su criterio”, como el juez cordobés. Yo jamás apliqué la doctrina Montalvo cuando estaba vigente. Lo que siempre estuvo en juego es el límite del poder punitivo en un estado de derecho constitucional. Y el fallo Arriola es muy claro en este sentido, es impecable.
–Si un juez va en contra de la economía procesal y decide penar la tenencia para uso personal, ¿hasta dónde es responsable por esa persona a la que castiga?
–Es una discusión en el mundo judicial. Si un juez dispone un procesamiento por un hecho que la Corte dictamina que es una figura atípica, el responsable por todas las consecuencias negativas del procesamiento, por la estigmatización que sufrirá el consumidor, es el Estado. Y si el consumidor reclama, es el Estado el que debe indemnizarlo por esto, pero el juez es el funcionario que representa al Estado. Alguna responsabilidad debería caberle.


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viernes, 4 de septiembre de 2009

Protesta en la Academia termina con desquiciado actuar de la PDI.-03-09-09




A eso de las 13:30 hrs de hoy miércoles, se llevo a cabo en las afueras de la universidad de humanismo cristiano una jornada de protesta en repudio a un nuevo aniversario del golpe de estado que se ha extendido durante la forma democrática-burguesa y que sigue manteniendo la dictadura económica pero su fundamento material se mantiene. Bajo ese contexto, las contradicciones se han mantenido y las luchas también. Es por eso que los manifestantes no solo hacían memoria por el acontecimiento específico del golpe, sino que reivindicaban a todos los que hoy continúan luchando contra el dominio del capital. La protesta estaba dentro de los ribetes normales hasta que un funcionario de la PDI, del cuartel de la brigada de homicidios que se encuentra cercano a la universidad, decidió dárselas de “héroe” e intento llevarse a un compa encapuchado. La reacción fue inmediata, el compa fue rescatado y el rati golpeado. Ver “Tres dientes menos” (Oda a la estupidez policial en el estilo del poeta Bruno Vidal) Luego se arrojaron bombas molotov a este cuartel, que suele no ser atacado pero en vista que el rati se trato de hacer el héroe, su acción recibió una respuesta. Lo que vino después fue el enfrentamiento entre los encapuchados y funcionarios de la PDI que salieron con armas de guerra y escudos metálicos a intentar disolver la protesta. La actitud desquiciada de la PDI queda plasmada en varias imágenes.




Desquiciada en tanto la labor de “disolver las manifestaciones” está a cargo de las fuerzas especiales que ocupan los implementos requeridos para ello como gases lacrimógenos o carros lanza aguas. La PDI quizás pensó que serian incendiados, algo bastante difícil pues la protesta estaba orientada bajo otras premisas, pero los ratis salieron con todo a enfrentar a los encapuchados lo que lógicamente provoco la defensa de estos. Rápidamente los hechos se convirtieron en noticia y la relación entre la dictadura económica y las luchas sociales se disgregaron al recalcarse estas últimas como situaciones ajenas al sistema económico. La atencion se focalizo en el enfrentamiento con la PDI, tomando la parte por el todo, diciendo que habria sido premeditado , adquiriendo ribetes de "atentado terrorista" para legitimar el actuar enfermizo de la policia. Por que si dicen que los hechos fueron como los vimos, las imagenes no se legitimarian a la vista del sentido comun. Pero en tanto estas se desvian, el mutante en casa encuentra "legitimo" el actuar de la PDI pues..."fueron victimas de un ataque preparado"...

El descerebrado subsecretario del interior dijo con baba en la boca de rabia que “Vamos a perseguir a estos desquiciados” además de que estas acciones "en nada ayudan al entendimiento y no se condicen con en el sistema democrático y el Estado de Derecho" a diferencia de la necesidad que el Estado siga disparando como lo hizo hoy la pdi al verse amenazados…con cascos de acero y de igual material sus escudos ante piedras y bombas molotov, apuntando con armas de guerra, lo que para Rosende si ayuda al entendimiento….básicamente porque usted no tiene nada que entender, tiene que obedecer o ser aniquilado. De ahí que lo que se ha dicho en televisión y medios llega a rozar lo burdo, pero no sorprende. La intensificación de la guerra social va cada vez más en subida. No estamos diciendo que antes haya sido diferente, sino que el uso de armas se está volviendo una constante, además de esa sensación que las policías y jueces cada vez se sienten más con el “derecho” de hacer lo que les venga en gana. Quizás debemos empezar a adecuarnos al contexto.

No habría detenidos y un rati habría sido herido, lo cual es una noticia que causa gran alegría. La universidad habría sido allanada y encontrada las terribles bombas molotov además de carteles alusivos a la muerte de Jaime Collio, lo que revelaría nexos de los malvadísimos anarco tropicalísimos encapuchados con los aun mas malvados (ya casi encarnación del mal) que son los mapuche….y aun mas”, rayados alusivos al “extremista” punki mauri, lo que para los medios convierte esta protesta en un verdadero acto terrorista. No estaría mal que les diéramos en el gusto para que al menos digan sus weas con razón.
Aclaracion: Todo lo comunicado respecto a este acontecimiento esta lejos de victimizarnos o "decir la verdad". Simplemente pretendemos cooperar a desgarrar el espectaculo mediatico que busca legitimar un accionar represivo del Estado contra nosotros, sus enemigos, que busca darnos una figura unitaria que legitime las balas. Algo que apuntamos a ser, peligrosos para sus intereses, pero que aun no somos; donde la pura potencialidad es el peligro que motiva a que no quieran esperar a que ocurra y aniquilarnos luego.

A continuacion un comunicado que corrobora lo que vimos y lo que la camara de la PDI vio. Comienza explicando las razones del porque de la protesta....que dista mucho de la accion premeditada terrorista contra el cuartel de la pdi que la prensa mantiene y el gobierno. La accion de protesta se simbolizaba en enfrentamiento contra la policia, no en un suicidio enfrentandose contra quienes se tiene una relacion de poder de fuego desproporcionalmente asimetrico. Cuando se enfrenta a enemigos desproporcionadamente mas fuertes en poder de fuego, sabemos no se hace con molotov. Las circunstancias provocaron lo que ocurrio...que la PDI se metiera y terminara haciendose la victima. Aun asi valoramos a los compas que enfretaron a esos desquiciados jaleros y pedofilos.
[Comunicado]

Estudiantes Revolucionarios

En varias poblaciones y sectores ya hemos visto como los órganos represivos del Estado ya han comenzado a actuar frente al próximo 11 de septiembre. Ya se comienzan a copar algunas poblaciones, a allanar casas en los sectores populares, a realizar masivos controles de identidad, a hacer seguimientos posibles manifestantes, etc. Por otro lado, la maquinaria ideológica del capitalismo se centra en lo “traumático” del Golpe Militar, repitiendo una y otra vez el bombardeo a la Moneda, y llenándonos de discursos de personeros de gobierno y personajes varios que nos hacen el llamado: “para que nunca más en Chile”. Para que nunca más en Chile nos organicemos, para que nunca más en Chile construyamos Poder Popular, para que nunca más nos preparemos para ganar la lucha contra el capitalismo, para que nunca más sea necesario recurrir a los militares para mantener los privilegios de los ricos.
Para nosotros el 11 de septiembre es mucho más que el derrocamiento de Allende. El 11 de septiembre simboliza la destrucción de un movimiento popular revolucionario, significa el fin de la ilusión que mediante las reformas y la vía electoral podremos conquistar una sociedad nueva, indica el día en que comenzó una política sistemática de terrorismo de Estado (torturas, secuestros, desapariciones) en contra de nuestro pueblo, y marca el comienzo de una Dictadura Militar que impuso un modelo económico que ha sido perfeccionado por los gobiernos de la Concertación y que hoy día tiene a nuestro pueblo sumido en la miseria. Es por esto que salimos a las calles, para mantener la memoria viva, recordando a las victimas tanto de la Dictadura como del modelo implantado por esta – cuyo gerente es la Concertación-, y para nosotros decir “para que nunca más”: para que nunca más estemos desarmados, para que nunca más confiemos en el reformismo y en las promesas de la clase dominante, para que nunca más permitamos que aniquilen a nuestro pueblo, para que nunca más en Chile el pueblo acepte el dominio y la explotación de unos pocos.
Es por esto que este 11 de septiembre salimos a la calle desde la Academia de Humanismo Cristiano. Iniciada nuestra manifestación, un detective de la Brigada de Homicidios procedió a agredir a un compañero, por lo que lo repelimos a golpes. Frente a esto, el resto de los detectives salió en su defensa utilizando sus armas contra nosotros. Con escopetas de repetición, pistolas, revólveres, subametralladoras y escudos, intentaron dispersarnos, pero nuestra convicción revolucionaria y el coraje que nos da el saber que estamos luchando por nuestro pueblo y en la senda de quienes han caído en la lucha popular, fue más fuerte.
Nuestras armas eran para impedir que las fuerzas represivas acabasen con nuestra manifestación. En verdad, esperábamos que fuesen fuerzas Especiales de Carabineros, sin embargo fue la PDI, parte del aparato represivo del Estado, quien se hizo presente. No dudamos ni un segundo en hacerles frente. La PDI se ha caracterizado por su carácter opresivo, como lo hemos visto en Wall Mapu, en donde junto a carabineros y el Ejército han militarizado la zona y desarrollado una política contrainsurgente para acabar con la lucha mapuche; hemos sabido también como estos opresores abusan de menores de edad en Valparaíso y se caracterizan por ser reiteradamente corruptos; y muchos sabemos también como la PDI es parte esencial de la cadena del narcotráfico (defendiendo a ciertos narcos, atacando y realizando “mexicanas legales” a su competencia), que tiene a los jóvenes de nuestras poblaciones sumidos en la droga. No creemos en las blancas palomas que nos muestran los programas de televisión.
Con piedras, bombas molotovs y bombas de pinturas, enfrentamos las balas de la Policía de Investigaciones y los obligamos a mantenerse encerrados al interior del cuartel. Anticipo de lo que ocurrirá este 11 de septiembre cuando la juventud combatiente y el resto del pueblo que es explotado y marginado cotidianamente por este sistema, salga a las calles a recuperar sus poblaciones y a demostrar su rabia en contra las desigualdades que genera el capitalismo y de quienes las defienden.

Hacemos un llamado al pueblo a salir a la calle este 11 de septiembre, con la fuerza y determinación de compañeros como los hermanos Vergara Toledo, Aracely Romo, Daniel Menco, Jhony Cariqueo, Rodrigo Cisternas, Matias Catrileo, Jaime Mendoza Collío. Que otros se desgasten en políticas electorales, ya sea a favor o en contra. Nosotros sabemos que la única alternativa que le queda al pueblo es lucha, lucha y más lucha.

¡COMPAÑEROS CAÍDOS EN LA LUCHA! ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
POR LOS MUERTOS NO PRENDEMOS VELAS SINO BARRICADAS

Estudiantes Revolucionarios

En la prensa el mundo volvía a invertirse y las balas a los encapuchados, eran balas “al aire”, que en una extraña abstraccion metafisica se transformaron en balas que salian desde la Universidad hacia los pobres detectives. El siguiente video muestra el clasico enfrentamiento callejero. Con la unica diferencia que lo que sale de las armas de los pacos son bombas lacrimogenas. En este caso, balas de acero. "Legitima defensa", dirán. El poder cada vez hace lo que le viene en gana. Ya ha asesinado a dos peñis cobardemente y allana casas okupadas metiendo polvora y creando situaciones donde neutralizar todo esbozo de practicas antagonicas. El video demuestra que, pudiendo quedarse en su cuartel esperando a que llegaran los pacos a hacer lo suyo, los funcionarios de la PDI decidieron salir con armas de guerra a disolver una protesta con los encapuchados ya dentro de la universidad. Ya es hora que nos peguemos la pescá y cachemos que estamos en guerra. Si no se convence con el siguiente video, entonces arriesguese. 

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03 de Septiembre de 2009


Capturan a segundo sospechoso de ataque a cuartel policial


La PDI dio con el paradero del joven estudiante de la Academia de Humanismo Cristiano tras realizar un allanamiento en Pudahuel.



La Policía de Investigaciones concretó esta madrugada la detención de un segundo sospechoso del atentado al cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI, ocurrido este miércoles en la comuna de Providencia.Tras realizar una serie de allanamientos en Pudahuel, los detectives dieron con el paradero de Matías Josué Castro Aguilera, quien según los antecedentes es estudiante de antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.Durante la tarde de ayer, efectivos de la Policía de Investigaciones detuvieron a un joven de 18 años, sindicado como uno de los responsables del ataque.


Artí­culos Relacionados :



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Bancada DC pide al Ejecutivo que envíe proyecto que deroga la ley reservada del cobre-02-09-09

02 de Septiembre de 2009

Bancada DC pide al Ejecutivo que envíe proyecto que deroga la ley reservada del cobre

El jefe del grupo parlamentario, Eduardo Saffirio, advirtió que "esta es la segunda vez que no se cumple un compromiso; primero, se nos dijo que se reenviaría cuando firmamos un protocolo de acuerdo en el marco del Presupuesto y, luego, se nos dijo, por varios ministros, que el proyecto se enviaría a mas tardar el 31 de agosto y esto no se cumplió".
Al cumplirse, el lunes 31 de agosto, el plazo que el Gobierno le había confirmado a la bancada DC para hacer efectivo el ingreso del proyecto de deroga la Ley Reservada del Cobre, los diputados de la Democracia Cristiana manifestaron hoy su preocupación, señalando que "el Gobierno debe cumplir con su compromiso ya; es indispensable que Chile cuente con una ley propia de una democracia. "No hay ninguna razón para seguir conviviendo con la ley que es un caldo de cultivo a la corrupción".
Así lo expresó el diputado DC Jorge Burgos, junto a los diputados Eduardo Saffirio, Gonzalo Duarte, Patricio Vallespín y Mario Venegas, en representación de la bancada.
Burgos precisó, al respecto, que "Chile debe tener una ley moderna, que reconozca las especificidades de los gastos de Defensa, con presupuestos plurianuales, donde la discusión sea financiera y no sobre aspectos técnicos, pero no podemos seguir con esta ley. Haciendo un símil con seguridad ciudadana, si bien uno no evita el delito con una reja muy alta, sí ayuda a evitarlo. Pues bien, en este caso, no hay reja y esto permite que facinerosos hagan negocios particulares".
En tanto, el jefe de la bancada, diputado Eduardo Saffirio, agregó que "esta es la segunda vez que no se cumple un compromiso; primero, se nos dijo que se reenviaría cuando firmamos un protocolo de acuerdo en el marco del Presupuesto y, luego, se nos dijo, por varios ministros, que el proyecto se enviaría a mas tardar el 31 de agosto y esto no se cumplió.".
Señaló, además, que "debido al alto precio del Cobre, aún considerando la crisis, ya no es razonable que esas enormes cantidades de dinero, acumulados en una cuenta, estén sujetas a ese destino. El país debiera discutir, por ejemplo, si con parte de esos excedentes pudiéramos, entre otras demandas, enfrentar la deuda histórica con los profesores, las deudas de los municipios, enfrentar los temas de modernización del Estado que supone que mucha gente pueda salir pero que no lo ha hecho por problemas en su jubilación, etc. Creo que ya es hora de discutir estos temas y, como bancada, esperamos que el Gobierno cumpla con su compromiso.
Tanto el ministro de Defensa como el ministro de Hacienda han señalado a la bancada DC que esta iniciativa está considerada por el Gobierno para su envío
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La derecha justifica veto a periodista de La Nación-02-09-09

02 de Septiembre de 2009

La derecha justifica veto a periodista de La Nación



Mientras el presidente de RN indicó que el matutino "se dedica sistemáticamente a desacreditarnos de manera grosera", su par de la UDI acusó al medio de haberse convertido en "un brazo armado para los efectos de atacar una candidatura presidencial".

Por Claudia Rivas Arenas

Con matices, en la derecha justificaron la decisión del comando de Sebastián Piñera de negarle acreditación a los periodistas del diario La Nación para cubrir el evento en que el candidato fue proclamado oficialmente, realizado este martes en el centro de eventos Arena Santiago, y negando a rajatabla que se haya tratado de un acto de censura.

Si bien en primera instancia el presidente de RN, partido del aspirante a La Moneda, Carlos Larraín, aseguró que "yo los habría dejado entrar. No veo ninguna razón para impedir que un periodista entre a un acto público. No lo encuentro una buena idea", defendió la actitud, porque "La Nación se dedica sistemáticamente a desacreditarnos de manera grosera. En La Nación del Domingo venían 11 artículos referidos a Sebastián Piñera. En ninguno de ellos salía, siquiera, medianamente bien".

En la misma línea, Larraín agregó que "resulta ser que La Nación se imprime y se publica con plata de los impuestos, entendámoslo de una vez, es la plata del IVA y es la plata del Diario Oficial y toda persona que necesita cumplir con la ley tiene que comprar espacio en el Diario Oficial, que es la publicación más rentable que hay en Chile. Y lo que gana el Diario Oficial va a dar a La Nación".
Sin embargo, el timonel de RN recalcó que "yo no lo habría hecho (sacar al representante del diario), porque entre otras cosas habría sido muy pedagógico para este periodista" permanecer en el recinto. Pero descartó de plano que éste haya sido un acto de censura. "Censura no es, porque era un acto público que se transmitía por una pantalla de televisión", sentenció, con lo que dio por cerrado el episodio que empañó la polémica proclamación.

Más dura fue la posición asumida por el timonel de la UDI. Según Juan Antonio Coloma "los periodistas de La Nación están siendo víctimas de la dirección de La Nación, que ha transformado ese medio en golpeadores profesionales de Piñera y de la Alianza. ¿Alguien cree que La Nación es un diario imparcial, que es un referente periodístico imparcial? Yo creo que hace mucho rato nadie puede decirlo. Entonces, yo digo honestamente que los periodistas son víctimas de una forma de dirigir La Nación que los ha transformado en francotiradores respecto de la campaña presidencial de Piñera y eso es lo delicado".

En coincidencia con los argumentos esgrimidos por su par de RN, Coloma señaló que "aquí hay diario de gobierno, financiado por el gobierno, con los recursos de todos los chilenos que se ha transformado en algo inconcebible en la lógica periodística. Porque yo entiendo la lógica periodística, unos pueden hacer un periodismo más o menos agresivo, más punzante o menos punzante, más comprometido o menos comprometido, pero (no es aceptable) un periodismo que depende de La Moneda, porque depende de La Moneda, que se transforme en un brazo armado para los efectos de atacar una candidatura presidencial".

Por lo que adujo que de lo que realmente se está hablando con esta polémica es de "intervención del Estado y del gobierno, respecto de un organismo de todos los chilenos para informar y no denigrar a las personas".

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01 de Septiembre de 2009

Periodista de La Nación fue expulsada de proclamación de Sebastián Piñera

A pesar que el medio controlado por accionistas privados logró ingresar sin acreditación al acto del abanderado de la derecha, la seguridad del recinto "detectó" su presencia y terminó por expulsar a la periodista.
Por José Ignacio Stark
Ni siquiera la acomodada ventaja que Sebastián Piñera le ha sacado a los demás candidatos a La Moneda, ha diezmado el recelo que el piñerismo le tiene al diario La Nación y que el comando ni siquiera intenta ocultar: de hecho, cualquiera hubiera imaginado que en un acto de proclamación, donde todo es alegría, la tensión con el medio oficialista habría quedado de lado, pero no fue así. Una periodista del diario fue expulsada del evento de proclamación del candidato de la Coalición por el Cambio, que se realiza hasta esta hora en el Movistar Arena.
Según trascendió, la negativa de acreditar a La Nación fue categórica. Cuando la periodista afectada del medio - controlado por accionistas privados - llegó hasta el comando con la intención de retirar las acreditaciones correspondientes, se le objetó, señalando que "por orden de Rodrigo Hinzpeter", coordinador general de la campaña, no serían acreditados. De todas formas, La Nación llegó esta tarde hasta el Movistar Arena antes de las 18 horas e intentó ingresar sin éxito, pues les fue impedido el paso; aún así, lograron acceder de todas formas.
La periodista afectada, contactada telefónicamente por El Mostrador, narró que estando en cancha, a un costado del sector de Prensa - separado del escenario por vallas papales -, guardias privados notaron que portaba una croquera. Ellos se le aproximaron, y le pidieron que abandonara el recinto ya que "no estaba permitido reportear" fuera del sector designado, accesible solo con la credencial que Hinzpeter le negara a La Nación.
La profesional explicó al personal de seguridad que no estaba tratando de ingresar o quedarse en cancha, sino de retirarse del recinto. Pero, insistentes, los guardias le impidieron todo movimiento, incluso regresar a buscar al fotógrafo que le acompañaba. Tras esto, debió dejar el lugar rápidamente.
http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/periodista-de-la-nacion-fue-expulsada-de-proclamacion-de-sebastian-pinera/

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