Se agota la paciencia mapuche
OCUPACION mapuche de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco.
Llegaron a Temuco desde diversos puntos de la IX Región. Cansados de “dialogar” durante meses y sin resultados con el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, los comuneros pasaron de los dichos a los hechos. En una sorpresiva acción, un centenar de mapuches ocupó la mañana del 22 de julio la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en pleno centro de la capital regional. Demandas no resueltas de tierras, ausencia de diálogo con el gobierno e incumplimiento de compromisos por parte de Egaña motivaron la acción de comunidades de Curarrehue, Galvarino, Ercilla, Collipulli, Traiguén, Pitrufquén y Puerto Saavedra: cerca de cien personas -entre hombres, mujeres y niños- encabezados por el werken de la emblemática comunidad Temulemu, Juan Pichún Collonao.
Parapetados en el edificio, exigían sostener una reunión con la ministra de Mideplan, Paula Quintana, considerando que no existían en la región autoridades idóneas para establecer acuerdos. Poco y nada escuchó el gobierno sus requerimientos. Frente al reclamo mapuche, una vez más imperó la lógica de los calabozos. Cuarenta y tres detenidos, cinco comuneros lesionados y tres dirigentes formalizados por el Ministerio Público arrojó el violento desalojo que fuerzas especiales de Carabineros llevaron a cabo al día siguiente en la Conadi y las oficinas del programa Origenes, estas últimas ocupadas por comuneros y estudiantes del Hogar Mapuche Pelontuwe.
Oídos sordos
“Lo que quedó en evidencia fue la falta de voluntad del director nacional de la Conadi de llegar a un acuerdo. En todo momento estuvimos abiertos al diálogo y si hubiéramos realizado destrozos, o actuado de forma violenta, no se hubiera hecho presente la intendenta a las 2 de la mañana en el recinto ocupado. Lo que denunció la Conadi fue una falsedad para justificar el actuar de Carabineros”, señaló a Punto Final el vocero de la movilización, Juan Pichún. Acto seguido profundizó en las razones de la ocupación. “Las comunidades apostamos en su momento por el diálogo, y buscamos mecanismos para lograr un acercamiento con el gobierno, específicamente con el comisionado. Entendíamos que este señor tenía el mandato y el respaldo absoluto de la presidenta Bachelet. Por ello nuestras comunidades confiaron y nos respaldaron. Teníamos además el antecedente de que la presidenta había comprometido recursos para las comunidades que manteníamos conflictos de tierras con empresas forestales y particulares. Esto nos llevó a reunirnos con Egaña y solicitar que se resolvieran casos pendientes emblemáticos para nosotros, entre ellos los de las comunidades Temulemu, Pantano y Didaico, en Traiguén, y el de la comunidad Ignacio Lemún, donde vive la familia de Alex Lemún, en Ercilla”, subraya Pichún. No sólo hablaron de tierras con Egaña, enfatiza el werken. “Durante los dos encuentros que tuvimos con este señor le presentamos otros temas, como nuestra demanda por educación intercultural, nuestra visión del programa Orígenes, la violación de derechos humanos en las comunidades y la implementación de las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas. Por lo que ha sucedido, pensamos que este señor vino solamente a confundir y mentir a las comunidades”, concluye.
José Nain, dirigente mapuche de Galvarino, concuerda con Pichún. “El comisionado se comprometió con 11 casos de tierras, que para nosotros resultaban emblemáticos y llevan más de una década solicitando la restitución a través de la compra por parte de la Conadi. El comisionado se comprometió a incluir esos casos en las 115 comunidades que la presidenta anunció como prioritarias. Pero resulta que hoy existe un listado oficial de la Conadi donde no figuran estos 11 casos. Esto demuestra que el comisionado vino solamente a mentir a las comunidades, por eso hoy guarda silencio y no se pronuncia. Se ha demostrado además que no existe voluntad política para generar un real acercamiento entre las comunidades que se han movilizado y las autoridades de Mideplan. Hoy decimos que este señor no tiene credibilidad para seguir hablando con los mapuches. Ya no vamos a aceptar que un señor que miente, que manipula, que juega con las expectativas de las personas, se siente en una mesa de diálogo con nosotros”, señala a Punto Final.
La mayoría de las comunidades que ocuparon la sede de la Conadi buscan que el gobierno compre predios en conflicto. En casos como Temulemu, la demanda es más bien legalizar una recuperación territorial que mantienen por casi una década, específicamente desde febrero de 1999, cuando expulsaron para siempre a la poderosa Forestal Mininco del fundo Santa Rosa de Colpi. Desde entonces los comuneros controlan el extenso predio de más de 2.500 hectáreas que colinda con otras dos comunidades: El Pantano y Didaico. Allí las familias han construido viviendas, ampliado sus tierras para agricultura y pastoreo de animales, y asegurado en parte un mejor futuro para sus hijos. Lo que demandan hoy es que el gobierno compre las tierras a la forestal y los títulos de propiedad sean entregados a las familias. De esta forma, argumenta Pichún, podrían optar a beneficios sociales como subsidios de vivienda, proyectos de desarrollo local e inclusive, la instalación de una escuela intercultural. Los sueños son muchos y por ello anunciaron que retomarían las acciones de presión, radicalizando las movilizaciones. Si bien apostaron en su momento por el diálogo con Egaña, hoy asumen que sólo la movilización social podrá garantizarles que los acuerdos sean respetados.
El camino de la resistencia
Es el que han optado por transitar las comunidades de Choque y Las Huellas, al norte de la comuna de Tirúa, VIII Región. Adscritas a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), ambas reivindican el fundo Labranza, propiedad de Forestal Mininco. Aspiran a recuperar terrenos que les fueron usurpados durante la dictadura militar para ser regalados a las forestales. En el mismo fundo está ubicado un campamento de Carabineros, donde desde enero de 2007 hay un contingente policial de alrededor de 50 efectivos. Los comuneros denuncian la militarización del sector y han respondido haciendo uso de su legítimo derecho a la autodefensa.
Diversas son las acciones que los denominados Organos de Resistencia Mapuche han emprendido contra Carabineros, como respuesta a la acción represiva del contingente policial, que actúa como guardia privada de la maderera. El 8 de julio, consignaron en un comunicado que “más de 50 pu weichafe (guerreros) utilizando armamento básico sorprendieron a las fuerzas represivas, replegándose sin mayores inconvenientes pese a haber sido repelidos con armamento de guerra, tales como fusiles, granadas y bengalas. Las acciones tuvieron como objetivo frenar la producción maderera de los predios demandados; la inhabilitación del acceso a las faenas y el ataque al campamento de Carabineros de fuerzas especiales apostado al interior del fundo Labranza, en Alto Las Huellas”.
La última acción tuvo lugar el pasado 2 de agosto y afectó a camionetas que transportaban carabineros por un camino rural de la zona. Si bien sólo se registraron daños materiales y ningún carabinero resultó herido de gravedad, el gobierno y la prensa no dudaron en calificar lo sucedido como una “feroz emboscada”. Los mapuches prefirieron hablar de “autodefensa”.
La tensión en la zona es creciente. Para constatarlo en terreno arribó a Tirúa el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló. El parlamentario socialista, junto al diputado Manuel Monsalve, al alcalde Adolfo Millabur y a dirigentes locales, visitó el 22 de julio el polémico campamento de fuerzas especiales y del Gope que resguarda el Fundo Labranza. Lo observado por Aguiló lo sorprendió. “Es muy distinto venir aquí, al lugar mismo donde están ocurriendo los hechos, y constatar que las denuncias son absolutamente efectivas. Esta situación no es tolerable en un Estado democrático”, manifestó. “Es una provocación inaceptable. Esta presencia prácticamente militar, con tanquetas, micros, cascos, subametralladoras, fusiles, es algo que jamás había visto en los tres períodos que llevo como parlamentario y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos”, agregó Aguiló. Luego de visitar el campamento policial, el diputado se reunió con las comunidades mapuche-lafkenche de Curapaillaco, Tranaquepe y Choque.
No sólo la presencia policial aumenta la tensión en Tirúa. La detención de dirigentes emblemáticos para las comunidades también agota la paciencia de los mapuches. Es el caso del lonko de la Comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco y su hijo Luis Meñaco. Ex miembros fundadores de la Coordinadora Arauco-Malleco, padre e hijo se encuentran recluidos en la cárcel de Lebu. El lonko Avelino por su supuesta responsabilidad en la quema de cabañas de veraneo en la ribera del Lago Lleu Lleu. Su hijo Luis, perseguido por su supuesta participación en la quema de un vehículo perteneciente al periodista Daniel Roa, de radio Bío Bío, hecho acontecido en el marco de un corte de ruta en apoyo al dirigente José Huenchunao, también ex líder y fundador de la CAM, condenado a 10 años de cárcel y recluido en Angol. Por este mismo hecho están detenidos en Lebu los hermanos José y Pedro Lepicheo, Juan Mariñán y Mauricio Donoso. Luis Meñaco es sindicado como autor intelectual y de liderar la quema del vehículo, mientras que los otros comuneros serían los autores materiales del hecho. Ambos procesos judiciales son sustanciados en Cañete por el fiscal especial Mario Elgueta, el mismo que ordenó instalar el campamento de fuerzas especiales y del Gope al interior del fundo Labranza.
Refugio en Argentina
En Temuco, Traiguén, Tirúa o Lleu Lleu, el escenario para las comunidades movilizadas por tierras es el mismo: oídos sordos del gobierno, militarización y persecución judicial. Es lo que acontece también desde 2002 en la zona mapuche–pewenche del Alto Bío Bío, específicamente en el Cajón del Río Queuco. Bien lo sabe el dirigente Pedro Vivanco Rebolledo. Nacido y criado en la cordillera, el año 2001 Vivanco fue elegido lonko de la comunidad Butalelbum y lideró la recuperación del fundo Cochico. Cerca de 200 familias participaron en una movilización inédita en la zona, que contó con el respaldo de comunidades de Trapa Trapa y Cauñicú. Partieron el año 2001 y tres años más tarde, miles de hectáreas usurpadas en décadas pasadas habían vuelto a manos pewenches. Pero la lucha tuvo sus costos. A la violenta respuesta represiva del Estado se sumó la acción implacable de los tribunales de justicia. Una tras otra se fueron sumando las denuncias de los colonos que habitaban las tierras usurpadas a las comunidades. Reales o ficticias, lo claro es que desembocaron en una feroz cacería de dirigentes. Acusado de robo con fuerza, Vivanco fue detenido en marzo de 2003. Sometido a juicio y condenado a 5 años de cárcel, aprovechó una breve libertad bajo fianza para desaparecer.
El pasado 14 de julio, Pedro Vivanco apareció de manera sorpresiva en Neuquén, para solicitar refugio político en Argentina. Lo hizo acompañado de los abogados Valeria Neculqueo y Fernando Dalmazzo, este último de la Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén, organismo que le ha prestado apoyo y asesoría. El dirigente formalizó su petición de refugio en las oficinas provinciales del Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (Cepare). Dicho organismo gubernamental, dependiente del Ministerio del Interior argentino, será el encargado de evaluar la admisibilidad del caso, el segundo de tales características tras la petición de refugio presentada a fines de 2005 por Pascual Pichún Collonao, de la Comunidad Temulemu de Traiguén, y acogida a tramitación. Los abogados argumentaron ante el Cepare que en los últimos años Pedro Vivanco y su comunidad han sido víctimas de persecución judicial y política, producto del reclamo territorial que mantienen en la zona del Valle del Queuco. “Yo fui detenido el 20 de marzo de 2003. Me acusaron los colonos de usurpación de tierras y robo con fuerza, eso después que entramos a recuperar el fundo Cochico. Días después fue detenido el lonko de Butalelbum, peñi Roberto Carlos Manquepi. Estuvimos dos meses presos y salimos bajo fianza. En 2006 el juzgado de Santa Bárbara nos condenó a 5 años y un día. Esta sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones el mismo año y, finalmente, con fecha 20 de enero de 2008 la Corte Suprema confirmó esto”, señaló Vivanco a Punto Final. “Nosotros estábamos recuperando lo nuestro”, agregó. “Los colonos pasaban a ser como dueños ilegales, los Ruiz, los Castillo, los Acuña. Por eso decidimos entrar con nuestras familias. Pero apenas entramos ellos hicieron las denuncias por robo de animales, por daños, por usurpación de tierras. Fíjese; la tierra había sido de nuestros abuelos, veranadas que teníamos, y nos acusaban de estar usurpando. No nos movilizamos solos, tambien de Malla Malla, de Cauñicú, la gente comenzó a moverse para recuperar su tierra. Es por esta razón que me persiguen judicialmente”, enfatizó el dirigente.
Cabe señalar que Roberto Manquepi Vita, lonko de Butalelbum, envió desde la cárcel de Los Angeles su respaldo a Vivanco por su opción de no entregarse a la justicia chilena. “Me encuentro recluido en esta cárcel por reivindicar nuestro derecho como Nación Mapuche. Me han encarcelado injustamente, este es el costo que tenemos por luchar por nuestro pueblo. ¿Por qué el gobierno de Chile no nos respeta como pueblo?”, interpeló el jefe tradicional.
PEDRO CAYUQUEO
En Temuco y Neuquén
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 669, 22 de agosto, 2008)
OCUPACION mapuche de la Dirección Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco.
Llegaron a Temuco desde diversos puntos de la IX Región. Cansados de “dialogar” durante meses y sin resultados con el comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, los comuneros pasaron de los dichos a los hechos. En una sorpresiva acción, un centenar de mapuches ocupó la mañana del 22 de julio la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en pleno centro de la capital regional. Demandas no resueltas de tierras, ausencia de diálogo con el gobierno e incumplimiento de compromisos por parte de Egaña motivaron la acción de comunidades de Curarrehue, Galvarino, Ercilla, Collipulli, Traiguén, Pitrufquén y Puerto Saavedra: cerca de cien personas -entre hombres, mujeres y niños- encabezados por el werken de la emblemática comunidad Temulemu, Juan Pichún Collonao.
Parapetados en el edificio, exigían sostener una reunión con la ministra de Mideplan, Paula Quintana, considerando que no existían en la región autoridades idóneas para establecer acuerdos. Poco y nada escuchó el gobierno sus requerimientos. Frente al reclamo mapuche, una vez más imperó la lógica de los calabozos. Cuarenta y tres detenidos, cinco comuneros lesionados y tres dirigentes formalizados por el Ministerio Público arrojó el violento desalojo que fuerzas especiales de Carabineros llevaron a cabo al día siguiente en la Conadi y las oficinas del programa Origenes, estas últimas ocupadas por comuneros y estudiantes del Hogar Mapuche Pelontuwe.
Oídos sordos
“Lo que quedó en evidencia fue la falta de voluntad del director nacional de la Conadi de llegar a un acuerdo. En todo momento estuvimos abiertos al diálogo y si hubiéramos realizado destrozos, o actuado de forma violenta, no se hubiera hecho presente la intendenta a las 2 de la mañana en el recinto ocupado. Lo que denunció la Conadi fue una falsedad para justificar el actuar de Carabineros”, señaló a Punto Final el vocero de la movilización, Juan Pichún. Acto seguido profundizó en las razones de la ocupación. “Las comunidades apostamos en su momento por el diálogo, y buscamos mecanismos para lograr un acercamiento con el gobierno, específicamente con el comisionado. Entendíamos que este señor tenía el mandato y el respaldo absoluto de la presidenta Bachelet. Por ello nuestras comunidades confiaron y nos respaldaron. Teníamos además el antecedente de que la presidenta había comprometido recursos para las comunidades que manteníamos conflictos de tierras con empresas forestales y particulares. Esto nos llevó a reunirnos con Egaña y solicitar que se resolvieran casos pendientes emblemáticos para nosotros, entre ellos los de las comunidades Temulemu, Pantano y Didaico, en Traiguén, y el de la comunidad Ignacio Lemún, donde vive la familia de Alex Lemún, en Ercilla”, subraya Pichún. No sólo hablaron de tierras con Egaña, enfatiza el werken. “Durante los dos encuentros que tuvimos con este señor le presentamos otros temas, como nuestra demanda por educación intercultural, nuestra visión del programa Orígenes, la violación de derechos humanos en las comunidades y la implementación de las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas. Por lo que ha sucedido, pensamos que este señor vino solamente a confundir y mentir a las comunidades”, concluye.
José Nain, dirigente mapuche de Galvarino, concuerda con Pichún. “El comisionado se comprometió con 11 casos de tierras, que para nosotros resultaban emblemáticos y llevan más de una década solicitando la restitución a través de la compra por parte de la Conadi. El comisionado se comprometió a incluir esos casos en las 115 comunidades que la presidenta anunció como prioritarias. Pero resulta que hoy existe un listado oficial de la Conadi donde no figuran estos 11 casos. Esto demuestra que el comisionado vino solamente a mentir a las comunidades, por eso hoy guarda silencio y no se pronuncia. Se ha demostrado además que no existe voluntad política para generar un real acercamiento entre las comunidades que se han movilizado y las autoridades de Mideplan. Hoy decimos que este señor no tiene credibilidad para seguir hablando con los mapuches. Ya no vamos a aceptar que un señor que miente, que manipula, que juega con las expectativas de las personas, se siente en una mesa de diálogo con nosotros”, señala a Punto Final.
La mayoría de las comunidades que ocuparon la sede de la Conadi buscan que el gobierno compre predios en conflicto. En casos como Temulemu, la demanda es más bien legalizar una recuperación territorial que mantienen por casi una década, específicamente desde febrero de 1999, cuando expulsaron para siempre a la poderosa Forestal Mininco del fundo Santa Rosa de Colpi. Desde entonces los comuneros controlan el extenso predio de más de 2.500 hectáreas que colinda con otras dos comunidades: El Pantano y Didaico. Allí las familias han construido viviendas, ampliado sus tierras para agricultura y pastoreo de animales, y asegurado en parte un mejor futuro para sus hijos. Lo que demandan hoy es que el gobierno compre las tierras a la forestal y los títulos de propiedad sean entregados a las familias. De esta forma, argumenta Pichún, podrían optar a beneficios sociales como subsidios de vivienda, proyectos de desarrollo local e inclusive, la instalación de una escuela intercultural. Los sueños son muchos y por ello anunciaron que retomarían las acciones de presión, radicalizando las movilizaciones. Si bien apostaron en su momento por el diálogo con Egaña, hoy asumen que sólo la movilización social podrá garantizarles que los acuerdos sean respetados.
El camino de la resistencia
Es el que han optado por transitar las comunidades de Choque y Las Huellas, al norte de la comuna de Tirúa, VIII Región. Adscritas a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), ambas reivindican el fundo Labranza, propiedad de Forestal Mininco. Aspiran a recuperar terrenos que les fueron usurpados durante la dictadura militar para ser regalados a las forestales. En el mismo fundo está ubicado un campamento de Carabineros, donde desde enero de 2007 hay un contingente policial de alrededor de 50 efectivos. Los comuneros denuncian la militarización del sector y han respondido haciendo uso de su legítimo derecho a la autodefensa.
Diversas son las acciones que los denominados Organos de Resistencia Mapuche han emprendido contra Carabineros, como respuesta a la acción represiva del contingente policial, que actúa como guardia privada de la maderera. El 8 de julio, consignaron en un comunicado que “más de 50 pu weichafe (guerreros) utilizando armamento básico sorprendieron a las fuerzas represivas, replegándose sin mayores inconvenientes pese a haber sido repelidos con armamento de guerra, tales como fusiles, granadas y bengalas. Las acciones tuvieron como objetivo frenar la producción maderera de los predios demandados; la inhabilitación del acceso a las faenas y el ataque al campamento de Carabineros de fuerzas especiales apostado al interior del fundo Labranza, en Alto Las Huellas”.
La última acción tuvo lugar el pasado 2 de agosto y afectó a camionetas que transportaban carabineros por un camino rural de la zona. Si bien sólo se registraron daños materiales y ningún carabinero resultó herido de gravedad, el gobierno y la prensa no dudaron en calificar lo sucedido como una “feroz emboscada”. Los mapuches prefirieron hablar de “autodefensa”.
La tensión en la zona es creciente. Para constatarlo en terreno arribó a Tirúa el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Aguiló. El parlamentario socialista, junto al diputado Manuel Monsalve, al alcalde Adolfo Millabur y a dirigentes locales, visitó el 22 de julio el polémico campamento de fuerzas especiales y del Gope que resguarda el Fundo Labranza. Lo observado por Aguiló lo sorprendió. “Es muy distinto venir aquí, al lugar mismo donde están ocurriendo los hechos, y constatar que las denuncias son absolutamente efectivas. Esta situación no es tolerable en un Estado democrático”, manifestó. “Es una provocación inaceptable. Esta presencia prácticamente militar, con tanquetas, micros, cascos, subametralladoras, fusiles, es algo que jamás había visto en los tres períodos que llevo como parlamentario y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos”, agregó Aguiló. Luego de visitar el campamento policial, el diputado se reunió con las comunidades mapuche-lafkenche de Curapaillaco, Tranaquepe y Choque.
No sólo la presencia policial aumenta la tensión en Tirúa. La detención de dirigentes emblemáticos para las comunidades también agota la paciencia de los mapuches. Es el caso del lonko de la Comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco y su hijo Luis Meñaco. Ex miembros fundadores de la Coordinadora Arauco-Malleco, padre e hijo se encuentran recluidos en la cárcel de Lebu. El lonko Avelino por su supuesta responsabilidad en la quema de cabañas de veraneo en la ribera del Lago Lleu Lleu. Su hijo Luis, perseguido por su supuesta participación en la quema de un vehículo perteneciente al periodista Daniel Roa, de radio Bío Bío, hecho acontecido en el marco de un corte de ruta en apoyo al dirigente José Huenchunao, también ex líder y fundador de la CAM, condenado a 10 años de cárcel y recluido en Angol. Por este mismo hecho están detenidos en Lebu los hermanos José y Pedro Lepicheo, Juan Mariñán y Mauricio Donoso. Luis Meñaco es sindicado como autor intelectual y de liderar la quema del vehículo, mientras que los otros comuneros serían los autores materiales del hecho. Ambos procesos judiciales son sustanciados en Cañete por el fiscal especial Mario Elgueta, el mismo que ordenó instalar el campamento de fuerzas especiales y del Gope al interior del fundo Labranza.
Refugio en Argentina
En Temuco, Traiguén, Tirúa o Lleu Lleu, el escenario para las comunidades movilizadas por tierras es el mismo: oídos sordos del gobierno, militarización y persecución judicial. Es lo que acontece también desde 2002 en la zona mapuche–pewenche del Alto Bío Bío, específicamente en el Cajón del Río Queuco. Bien lo sabe el dirigente Pedro Vivanco Rebolledo. Nacido y criado en la cordillera, el año 2001 Vivanco fue elegido lonko de la comunidad Butalelbum y lideró la recuperación del fundo Cochico. Cerca de 200 familias participaron en una movilización inédita en la zona, que contó con el respaldo de comunidades de Trapa Trapa y Cauñicú. Partieron el año 2001 y tres años más tarde, miles de hectáreas usurpadas en décadas pasadas habían vuelto a manos pewenches. Pero la lucha tuvo sus costos. A la violenta respuesta represiva del Estado se sumó la acción implacable de los tribunales de justicia. Una tras otra se fueron sumando las denuncias de los colonos que habitaban las tierras usurpadas a las comunidades. Reales o ficticias, lo claro es que desembocaron en una feroz cacería de dirigentes. Acusado de robo con fuerza, Vivanco fue detenido en marzo de 2003. Sometido a juicio y condenado a 5 años de cárcel, aprovechó una breve libertad bajo fianza para desaparecer.
El pasado 14 de julio, Pedro Vivanco apareció de manera sorpresiva en Neuquén, para solicitar refugio político en Argentina. Lo hizo acompañado de los abogados Valeria Neculqueo y Fernando Dalmazzo, este último de la Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén, organismo que le ha prestado apoyo y asesoría. El dirigente formalizó su petición de refugio en las oficinas provinciales del Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (Cepare). Dicho organismo gubernamental, dependiente del Ministerio del Interior argentino, será el encargado de evaluar la admisibilidad del caso, el segundo de tales características tras la petición de refugio presentada a fines de 2005 por Pascual Pichún Collonao, de la Comunidad Temulemu de Traiguén, y acogida a tramitación. Los abogados argumentaron ante el Cepare que en los últimos años Pedro Vivanco y su comunidad han sido víctimas de persecución judicial y política, producto del reclamo territorial que mantienen en la zona del Valle del Queuco. “Yo fui detenido el 20 de marzo de 2003. Me acusaron los colonos de usurpación de tierras y robo con fuerza, eso después que entramos a recuperar el fundo Cochico. Días después fue detenido el lonko de Butalelbum, peñi Roberto Carlos Manquepi. Estuvimos dos meses presos y salimos bajo fianza. En 2006 el juzgado de Santa Bárbara nos condenó a 5 años y un día. Esta sentencia fue ratificada por la Corte de Apelaciones el mismo año y, finalmente, con fecha 20 de enero de 2008 la Corte Suprema confirmó esto”, señaló Vivanco a Punto Final. “Nosotros estábamos recuperando lo nuestro”, agregó. “Los colonos pasaban a ser como dueños ilegales, los Ruiz, los Castillo, los Acuña. Por eso decidimos entrar con nuestras familias. Pero apenas entramos ellos hicieron las denuncias por robo de animales, por daños, por usurpación de tierras. Fíjese; la tierra había sido de nuestros abuelos, veranadas que teníamos, y nos acusaban de estar usurpando. No nos movilizamos solos, tambien de Malla Malla, de Cauñicú, la gente comenzó a moverse para recuperar su tierra. Es por esta razón que me persiguen judicialmente”, enfatizó el dirigente.
Cabe señalar que Roberto Manquepi Vita, lonko de Butalelbum, envió desde la cárcel de Los Angeles su respaldo a Vivanco por su opción de no entregarse a la justicia chilena. “Me encuentro recluido en esta cárcel por reivindicar nuestro derecho como Nación Mapuche. Me han encarcelado injustamente, este es el costo que tenemos por luchar por nuestro pueblo. ¿Por qué el gobierno de Chile no nos respeta como pueblo?”, interpeló el jefe tradicional.
PEDRO CAYUQUEO
En Temuco y Neuquén
(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 669, 22 de agosto, 2008)
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