1.600.000 HECTÁREAS EN RIESGO
Salta aprobó el Reordenamiento Territorial y sería legal el desmonte
Diputados sancionó la ley impulsada por el Ejecutivo provincial. Ambientalistas: "Es peligrosa".
Comunidades aborígenes de Salta, portando sus multicolores "whipalas", durante una de las protestas en las que reclamaban la propiedad comunitaria de sus tierras, la devolución de momias a sus lugares de origen y el fin de los desmontes y desalojos. (Télam)
La Cámara de Diputados de Salta dio sanción definitiva a la Ley de Ordenamiento Territorial, a pesar de las críticas de comunidades indígenas y pequeños productores criollos.El cuerpo aprobó la nueva norma por mayoría, con las modificaciones introducidas por el Senado provincial al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.Según la opinión de entidades ambientalistas, el proyecto apunta a extender la frontera agrícola y "podría poner en peligro la biodiversidad y afectar la supervivencia de las comunidades aborígenes y criollas". Autoridades gubernamentales del área podrían pedir el veto de la ley.
Los diputados Carlos Morello, de Libres del Sur, y Pablo López y Patricia Pobrete, del Partido Obrero, votaron en contra. Las principales objeciones fueron contra aquellos artículos que habilitarían permisos de nuevos desmontes. El diputado Morello calificó de "inconstitucional" el artículo 28 de la nueva ley que establece que podrían ser aprobados aquellos pedidos de desmontes que se presentaron antes de la sanción de la ley nacional de presupuestos mínimos.Morello aseguró que "es bastante audaz este artículo" porque, según explicó, iría en contra del artículo 3 del Código Civil, que dispone que, "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". El legislador de Libres del Sur cuestionó también el artículo 30 que prorroga por tres años los permisos de desmontes y sostuvo que "estamos hablando de permisos sin entidad legal" y coincidió con entidades ambientalistas como Greenpeace, que criticaron otros artículos de la ley en los cuales se modificó el porcentaje de las pendientes en las cuales se prohíbe desmontar: el proyecto original establecía un 5 por ciento, en tanto que el proyecto aprobado anoche fija un 15 por ciento. En esos mismos puntos, se corre el margen de monte sobre las riberas de los ríos, lo que podría provocar "un desastre ambiental", manifestó el legislador opositor. Para Morello, "estos artículos fueron tratados con una dejadez absoluta". Por su parte, el diputado Pablo López, dijo que "este es un proyecto elaborado por la patria sojera, que tiene el visto bueno del gobernador (Juan Manuel) Urtubey". En tanto, los diputados oficialistas Manuel Chauque, Antonio Lucena y Cristina Lobo, también criticaron estos artículos, pero terminaron votando a favor, tanto en general como en particular. El proyecto había sido consensuado por una Comisión Bicameral que introdujo las modificaciones al proyecto original. En la discusión previa causó sorpresa que el gobierno no enviara el mapa con las zonas establecidas como reservas. Con esta ley se habilitarían aproximadamente 1.600.000 hectáreas para ser desmontadas. Pero el senador justicialista Alfredo Olmedo, quien además es uno de los más importantes productores de soja de la provincia, había presentado un proyecto en el que incluía la habilitación de cinco millones de hectáreas para desmontar. Desde el Gobierno provincial se afirmó que el mapa se elaborará en base a los términos fijados por la nueva ley.Por otra parte y con el patrocinio de la ex ombudsman porteña Alicia Oliveira y el abogado Gustavo Ferreira, una docena de aborígenes de la comunidad Wichi pidió hoy a la Corte Suprema que ordene el cese de "los desmontes y la tala indiscriminada de bosques nativos" en la provincia de Salta. También solicitaron que se declare la "nulidad" de todas las autorizaciones otorgadas por el Gobierno provincial a las empresas para ejercer dicha actividad en cinco departamentos de Salta. Mediante una medida cautelar hecha ante el Alto Tribunal solicitaron que se declaren inconstitucionales y absolutamente nulas todas las autorizaciones concedidas a empresas antes de la sanción de la Ley de Bosques Nativos, y que se les prohíba dar lugar a nuevos pedidos de tala. Basándose en el hecho de que los bosques nativos han sido desde siempre los proveedores del sustento de estas comunidades, advierten sobre el proceso de desaparición de estas zonas, en especial en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, los cuales ocupan un tercio de la superficie de la provincia de Salta. Además solicitaron que los responsables recompongan y restablezcan el ambiente al estado anterior al daño que denuncian y, en caso de no resultar técnicamente factible –por el daño irreversible que el desmonte provoca- se fije una indemnización acorde. También incluyeron un pedido para que el Gobierno salteño aporte un listado de todas aquellas personas o empresas que solicitaron permisos de tala y se les fue concedido.Entre el año 2004 y 2007 hubo unos 211 pedidos de autorización para desmontes, de los cuales 195 fueron aprobados por el Gobierno provincial, explicaron en el escrito.
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Piden a la Corte Suprema que frene los desmontes
Autoridades de nueve comunidades wichi y del Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo (integrado por otras 20 comunidades) y de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “disponga el cese inmediato y definitivo” de los desmontes y tala de bosques nativos en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia.
Indígenas y criollos presentaron ayer un amparo contra la provincia de Salta y el Estado nacional por la “arbitraria e ilegal autorización y/o tolerancia a los inconstitucionales desmontes y talas indiscriminadas de bosques nativos” de los tres departamentos del norte salteño. Con el patrocinio de los abogados Alicia Oliveira y Raúl Ferreyra, pidieron a la Corte Suprema que ordene a las demandadas arbitrar en forma “urgente las medidas necesarias para controlar en forma efectiva el cumplimiento de dicha prohibición” de desmontar y talar. Solicitaron asimismo que declare la “inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable” de las autorizaciones otorgadas; que prohiba dar nuevos permisos, y obligue a la provincia y a la Nación “recomponer y restablecer” el ambiente a su estado anterior o que fije una indemnización a favor de las comunidades y criollos afectadas. En la demanda se reseña que las comunidades indígenas obtienen del monte los recursos para su supervivencia y mantienen con él una relación de carácter espiritual. Esta forma de vida está siendo afectada debido a que “los bosques nativos del Chaco Salteño vienen siendo sistemáticamente devastados por los particulares, con la aquiescencia expresa o tácita de las autoridades estatales provinciales y nacionales”. También se destaca que entre 2004 y 2007 la provincia autorizó 191 desmontes por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo.
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Salta
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Aprobaron una ley de ordenamiento que va por más desmontes
Como se sabía iba a suceder, ayer los diputados aprobaron por mayoría la ley de ordenamiento territorial que tras ser modificada en una comisión bicameral de senadores y diputados, apunta a extender la frontera agrícola a un punto que podría poner en peligro la biodiversidad de la provincia y con ello, la ya vapuleada supervivencia de las pequeñas comunidades que viven del monte.
Los únicos que votaron en contra del proyecto fueron los diputados Carlos Morello (Libres del Sur), Pablo López y Patricia Poblete (Partido Obrero). Cuando fue la votación de la ley en particular la diputada Margarita Véliz (FREJUVI), votó en contra de los artículos 28 y 30, argumentando que ante los desmontes indiscriminados y la falta de controles sobre ellos Rivadavia, departamento que representa, fue uno de los que se vio más afectados. Aunque hubo diputados como Manuel Chauque, Antonio Hucena y Cristina Lobo que hicieron manifestaciones que hacían pensar que su voto sería en contra al menos en la votación en particular, los legisladores terminaron avalando la votación a favor de las modificaciones. Todos los legisladores destacaron el proceso participativo realizado, proceso que tras este tratamiento de la ley, y a entender de las comunidades de criollos e indígenas, no ha servido de nada. Inconstitucional Morello indicó que incluso se aprobó una ley que roza lo inconstitucional por lo dispuesto en el artículo 28. Este punto indica que aquellos pedidos de desmontes sin autorización que se presentaron antes de la sanción de la ley de presupuestos mínimos podrán ser aprobados según la normativa anterior a la ley nacional. "Es bastante audaz este artículo", sostuvo el legislador al indicar que va en contra de los establecido en el artículo 3 del Código Civil que dispone que "a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". En cuanto al artículo 30, que prorroga por tres años más los permisos de desmontes sostuvo "estamos hablando de permisos de desmontes sin entidad legal". Morello también cuestionó los artículos 12, 14 y 15 entendiendo que sus contenidos -que hablan de cambiar del 5% al 15% el porcentaje de pendiente para permitir el desmonte, y baja la cantidad de metros a dejar en las riberas de los ríos- fueron tratados con "una dejadez absoluta". López por su parte, sostuvo que la ley ayer aprobada "es el proyecto de la patria sojera", al que el gobernador Juan Manuel Urtubey ya "le dio el visto bueno". Entre las consideraciones a favor se escuchó al diputado del PJ, Luis Mendaña, decir que como los distintos sectores están en desacuerdo con la ley esto da la pauta que es "seguro que sacamos una normativa que tiene equilibrio". Por su parte, el diputado Santiago Godoy sostuvo que con esta ley en realidad se da un instrumento por el cual el único órgano a decidir será el Ministerio de Ambiente. Por su parte, y a pesar de la profunda crítica al manejo que hizo el senador Alfredo Olmedo por el manejo de Salta Forestal y su condición de productor al momento de agregar las modificaciones que se aprobaron con la ley, el diputado Pedro Sandez sostuvo que el proyecto consensuado entre los legisladores "no tiene nombre ni apellido". No garantiza sustentabilidad"Estamos en un estado de derecho y democracia y estas son instancias de debate y consenso", dijo el ministro de Ambiente, Julio Nasser al terminar la sesión. Al ser consultado por la posibilidad de pedir el veto a la ley por parte del Ejecutivo, dijo que eso se debe discutir con el gobernador. En cuanto al piso de sustentabilidad que se buscaba con la elaboración del ordenamiento, dijo que la ley aprobada no garantiza esa posibilidad en algunos aspectos, entre los que señaló el cambio de los porcentajes de la pendiente al momento de autorizar un desmonte.
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