/ La Nación / Agencias
Prefectos díscolos acusaron de “genocidio” al secretario de la Presidencia de Bolivia
Oposición arremete contra ministro de Evo Morales
Beni, Tarija y Santa Cruz culpan a Juan Ramón Quintana de delitos de “sedición, conspiración, uso indebido de influencias e instigación a la violencia”. Además, también fue implicado en un sonado caso de contrabando de 33 camiones de mercadería.
El mismo día en que la misión especial de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) presentó su informe sobre la matanza de Pando, la oposición boliviana se fue con todo contra el Gobierno y acusó ante la Justicia nada menos que al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de "genocidio".
Además, en la demanda presentada el miércoles, los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni) y Mario Cossío (Tarija), culpan al secretario de los delitos de "sedición, conspiración, uso indebido de influencias e instigación a la violencia, entre otros", señala un comunicado difundido ayer por la prefectura cruceña.
La acción judicial contra Quintana se justifica porque -según Costas- él "fue el causante de los hechos violentos sucedidos en Pando", los que no se hubiesen producido sin su "directa, personal y activa participación".
El prefecto se refería a la masacre acaecida el 11 de septiembre en Pando, la que la Unasur calificó el miércoles como "crímenes de lesa humanidad". En medio de la convulsión político-social de ese momento, al menos 20 campesinos progubernamentales fueron masacrados por desconocidos supuestamente dirigidos por la cúpula prefectual, según el informe entregado al Presidente Evo Morales.
Los partidos de la oposición, liderados por el Poder Democrático y Social (Podemos), han cuestionado los resultados de la investigación de Unasur, y la han tildado de parcial porque, a su juicio, no habla de una presunta responsabilidad del Gobierno o sus aliados en la matanza.
Hasta ahora, el principal acusado por este caso es el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien se encuentra recluido en una cárcel de La Paz desde septiembre.
Según trascendió ayer en el medio boliviano Radio Patria Nueva, Fernández habría reconocido en una entrevista con los comisionados de Unasur que los prefectos de la media luna sí habrían concertado la toma de instituciones públicas durante la crisis político-social. Hasta el cierre de esta edición, el Palacio Quemado no había reaccionado ante el tema.
Contrabando
Paralelamente a la acusación de los prefectos, otra denuncia podría impedirle conciliar el sueño al ministro Quintana. El ex presidente de la Aduana boliviana, general César López -relevado del cargo hace casi un mes-, involucró ayer al secretario en un sonado caso de contrabando de 33 camiones con mercadería.
Ante el Senado, López afirmó que Quintana mantuvo una reunión con los contrabandistas, con quienes "se molestó y les reclamó por su deshonestidad, señalándoles que el trato era sólo de 17 camiones (...) y que excepcionalmente se iba a resolver".
Persecución
En tanto, el presidente del poderoso comité cívico Pro Santa Cruz, Branko Marincovic, habló ayer desde la "clandestinidad" y denunció una persecución política al Ejecutivo.
Funcionarios del Ministerio de Gobierno explicaron que sobre el empresario cruceño pesa una querella por su supuesta participación en un atentado contra un gaseoducto de Tarija, perpetrado en septiembre.
El dirigente, en cambio, afirma que el trasfondo de la acusación es neutralizar a quienes han decidido liderar la campaña por el No, para el referendo sobre la nueva Constitución del Bolivia, convocado para el 25 de enero.
ARCHIVAN CASO REYES VILLA
La Fiscalía General de Bolivia archivó la causa contra el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien fue acusado por el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, de delitos de “resoluciones contrarias a las leyes, incumplimiento de deberes, sedición, instigación pública a delinquir y otros”, informó ayer el medio local La Razón. Dichas denuncias fueron realizadas luego de que el gobernador se negara a participar en el referendo revocatorio de autoridades del 10 de agosto, siendo el único de sus colegas en hacerlo. Esto pues, según el ex prefecto, todo el proceso era inconstitucional y participar en la convocatoria significaba avalar dichas ilegalidades.
La fiscal de Recurso, Mirna Arancibia, sostuvo que la decisión de la Fiscalía se basa en el hecho de que “lo que hizo (Reyes Villa) es emitir un criterio personal independientemente de la jerarquía de prefecto, haciendo uso de su derecho a expresar un criterio distinto al del Gobierno para la convocatoria a referéndum”.
Asimismo, las pruebas presentadas en contra no pudieron probar que el ex prefecto haya instigado a la insurrección civil.
En cuanto a la acusación de malversación de 90 mil dólares de fondos prefectuales, tampoco se pudo probar la participación de Reyes Villa.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081204/pags/20081204203733.html
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