18 de Agosto de 2009
ONGs funan a los diputados Allende, Rossi y Burgos
ONGs funan a los diputados Allende, Rossi y Burgos
La Asociación Chilena de ONGs "Acción" denunció ante las organizaciones sociales a los diputados que votaron a favor de la ley que criminaliza las protestas sociales.
La Asociación Chilena de ONGs "Acción", que reúne a más de 60 organizaciones no gubernamentales, contactará a las organizaciones sociales de los distritos de los diputados Isabel Allende, Fulvio Rossi y Jorge Burgos, para denunciarlos por haber votado favorablemente por la ley que criminaliza las protestas sociales.
Esto, porque a su juicio perjudica gravemente el derecho a la libre expresión de las demandas sociales, por ello, los llamó a que como ciudadanos exijan a quienes los representan en el Parlamento, que expliquen y fundamenten dicha votación.A través de una declaración pública, la entidad señaló que “nuestro país enfrenta un proceso de grave criminalización de las protestas sociales. Un ejemplo de lo anterior es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas, en el marco de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana”“No solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público, lo que va en contra de todos los deseos o expresiones del llamado gobierno ciudadano”, explicó el dirigente.Asimismo, la asociación demandará también a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el contenido de esta ley, que impone fuertes sanciones a los organizadores y convocantes de manifestaciones o protestas públicas.
Álvaro Ramis, presidente de "Acción", señaló que este “es el momento para que las autoridades políticas, tanto en el Ministerio del Interior como en el Parlamento, reflexionen sobre el curso de las políticas de control social que están implementando y que poseen impredecibles consecuencias”.Por otra parte, ante la carta del Subsecretario del Interior Patricio Rosende al diario El Mercurio, donde plantea que “no es correcto afirmar que se busca responsabilizar a los convocantes”, cabe destacar que la única modificación realizada por la Cámara al proyecto fue agregar una línea que señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”.Ramis señaló que estas modificaciones al proyecto de ley no restan su carácter coercitivo y represivo, que limita la libertad de reunión y el derecho de todos los ciudadanos a usar los espacios públicos.
"No comparto artículo aprobado" La diputada Isabel Allende (PS) afirmó, que no “comparte el espíritu" de Artículo 4 del proyecto Modifica algunos aspectos en materia de orden público, que fue aprobado por la Cámara y que responsabiliza a los organizadores de las manifestaciones de cualquier desorden que se pueda provocar. Ello, tras la información aparecida en un matutino donde aparece respaldando el mencionado artículo.Sobre este punto, la parlamentaria dijo haber cometido "un error involuntario al momento de votar” y reiteró que “no puede culparse a la organización de cualquier tipo de manifestación por la llegada de elementos externos o encapuchados”.“Según este artículo los organizadores deben demostrar que han tomado las medidas del caso para no ser culpados, pero este punto es demasiado amplio. Por lo demás, soy una convencida de que son las fuerzas policiales las encargadas de resguardar y hacerse cargo del orden público”, enfatizó.La diputada Allende agregó que “nadie convoca a una manifestación para provocar desórdenes, sin embargo, muchas veces aparecen grupos de infiltrados que realizan destrozos e incluso agreden a los propios organizadores”.“Yo estoy por la libertad a manifestarse, es un derecho que nos ganamos cuando volvimos a la democracia y difícilmente pude haber votado concientemente a favor de restringir este derecho y reitero que fue un error absolutamente involuntario”, concluyó la diputada Isabel Allende.
La Asociación Chilena de ONGs "Acción", que reúne a más de 60 organizaciones no gubernamentales, contactará a las organizaciones sociales de los distritos de los diputados Isabel Allende, Fulvio Rossi y Jorge Burgos, para denunciarlos por haber votado favorablemente por la ley que criminaliza las protestas sociales.
Esto, porque a su juicio perjudica gravemente el derecho a la libre expresión de las demandas sociales, por ello, los llamó a que como ciudadanos exijan a quienes los representan en el Parlamento, que expliquen y fundamenten dicha votación.A través de una declaración pública, la entidad señaló que “nuestro país enfrenta un proceso de grave criminalización de las protestas sociales. Un ejemplo de lo anterior es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas, en el marco de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana”“No solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público, lo que va en contra de todos los deseos o expresiones del llamado gobierno ciudadano”, explicó el dirigente.Asimismo, la asociación demandará también a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el contenido de esta ley, que impone fuertes sanciones a los organizadores y convocantes de manifestaciones o protestas públicas.
Álvaro Ramis, presidente de "Acción", señaló que este “es el momento para que las autoridades políticas, tanto en el Ministerio del Interior como en el Parlamento, reflexionen sobre el curso de las políticas de control social que están implementando y que poseen impredecibles consecuencias”.Por otra parte, ante la carta del Subsecretario del Interior Patricio Rosende al diario El Mercurio, donde plantea que “no es correcto afirmar que se busca responsabilizar a los convocantes”, cabe destacar que la única modificación realizada por la Cámara al proyecto fue agregar una línea que señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”.Ramis señaló que estas modificaciones al proyecto de ley no restan su carácter coercitivo y represivo, que limita la libertad de reunión y el derecho de todos los ciudadanos a usar los espacios públicos.
"No comparto artículo aprobado" La diputada Isabel Allende (PS) afirmó, que no “comparte el espíritu" de Artículo 4 del proyecto Modifica algunos aspectos en materia de orden público, que fue aprobado por la Cámara y que responsabiliza a los organizadores de las manifestaciones de cualquier desorden que se pueda provocar. Ello, tras la información aparecida en un matutino donde aparece respaldando el mencionado artículo.Sobre este punto, la parlamentaria dijo haber cometido "un error involuntario al momento de votar” y reiteró que “no puede culparse a la organización de cualquier tipo de manifestación por la llegada de elementos externos o encapuchados”.“Según este artículo los organizadores deben demostrar que han tomado las medidas del caso para no ser culpados, pero este punto es demasiado amplio. Por lo demás, soy una convencida de que son las fuerzas policiales las encargadas de resguardar y hacerse cargo del orden público”, enfatizó.La diputada Allende agregó que “nadie convoca a una manifestación para provocar desórdenes, sin embargo, muchas veces aparecen grupos de infiltrados que realizan destrozos e incluso agreden a los propios organizadores”.“Yo estoy por la libertad a manifestarse, es un derecho que nos ganamos cuando volvimos a la democracia y difícilmente pude haber votado concientemente a favor de restringir este derecho y reitero que fue un error absolutamente involuntario”, concluyó la diputada Isabel Allende.
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