miércoles, 6 de enero de 2010

Brasil crisis militar renuncia masiva FF.AA:Lula propone la creación de una Comisión Nacional de la Verdad--06-01-10

Miércoles, 6 de Enero

Lula propone la creación de una Comisión Nacional de la VerdadCúpula militar brasileña presiona para que no se investiguen los crímenes de la dictadura

En ningún país resulta fácil afrontar el pasado y depurar responsabilidades: de eso saben mucho en Latinoamérica, especialmente allá donde se sufrieron dictaduras militares en los setenta. Pero mientras en los últimos años países como Argentina y Chile han comenzado a procesar a quienes fueran sus tiranos, en Brasil, un cuarto de siglo después del fin de la dictadura que gobernó la nación entre 1964 y 1985, sigue pendiente la cita con la historia.

Consciente de ello, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva proponía el pasado 21 de diciembre la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar los delitos que se cometieron al amparo de aquel régimen. Al día siguiente, se desataba la que muchos califican como la peor crisis político-militar en los siete años de presidencia de Lula.

La Comisión, propuesta dentro de un Programa de Derechos Humanos, pretendía identificar a los responsables de 475 muertes o desapariciones y de las torturas a 20.000 personas durante ese periodo. En cambio, los militares lo interpretaron como un intento de derogar la Ley de Amnistía de 1979, una ley de punto y final sobre esa etapa de Brasil.

Dimisiones

El proyecto que fue tildado de “provocador y revanchista” por los militares, también contemplaba el cambio de nombres y edificios que fueron bautizados en homenaje a los dirigentes de la la dictadura.

El ministro de Defensa, Nelson Jobim, y los tres comandantes de las Fuerzas Armadas el general Enzo Peri, del Ejército, el general Juniti Saito, de la Fuerza Aérea, y el almirante Julio Moura Neto, el comandante de la Marina pusieron la semana pasada sus cargos a disposición del presidente, quien no aceptó las dimisiones y acabó cediendo a sus presiones: Lula se comprometió a “revisar” los aspectos más delicados del proyecto y retrasó hasta abril una definición del plan.
Una vez más, la cúpula uniformada hizo valer su fuerza. “La presión militar es fortísima”, confesó un miembro del Gobierno al diario Folha de Sao Paulo.

Lucha armada

Cuando la crisis saltó a las páginas de los diarios, el ministro de Justicia y uno de los precursores del proyecto, Tarso Genro, minimizó lo ocurrido y aseguró que Lula “lo resolverá todo cuando regrese” de vacaciones el 11 de enero. Sin esperar a esa fecha, los militares siguieron haciendo ruido: el parlamentario responsable de Defensa, Raul Jungmann, aseguró que “la crisis está solucionada, pero va a dejar secuelas porque se ha quebrado la confianza” de los mandos del Ejército.
Uno de los aspectos que más les ha molestado es la ausencia de referencias en el texto del proyecto al otro lado, el de los militantes de izquierdas que utilizaron la lucha armada para combatir la dictadura. Un general lo expresó con contundencia en declaraciones al diario O Estado de Sao Paulo: “Si quieren colocar a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma [Rousseff, candidata de Lula a las presidenciales de este año]“, dijo en alusión al pasado guerrillero de la ministra.

Polémica amnistía

Lo cierto es que la ley de 1979 protege a unos y a otros; pero no se trató de una amnistía consensuada por las dos partes, sino de una ley impuesta por los dictadores antes de su disolución para garantizarse la impunidad.
El proyecto presentado por Lula no hablaba de derogar la Ley de Amnistía, pero sí de identificar a víctimas y verdugos, lo que podría abrir una vía para la depuración de responsabilidades. Máxime cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte del país, está analizando desde hace más de un año una demanda de familiares de asesinados y torturados para acabar con la impunidad.
La Corte Suprema está debatiendo si los casos de tortura y homicidio deben ser incluidos entre los “crímenes políticos” de que habla la ley. La cuestión llegó al alto tribunal después de que un juez de São Paulo rechazase que el ex coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, después condenado por torturas, se acogiese a la amnistía para evitar el proceso.

Heridas por cicatrizar

Al contrario que en Argentina, Chile o Uruguay, en Brasil todavía queda un largo camino por recorrer para que cicatricen las heridas que dejó el oscuro capítulo de la dictadura. La polémica sobre la amnistía surge de tanto en tanto, pero la indulgencia de Lula hacia los militares dista mucho de la firmeza de Néstor Kirchner y Michelle Bachelet.

No lo ha tenido fácil: cada vez que se ha avanzado un mínimo hacia el fin de la impunidad, las Fuerzas Armadas brasileñas han reaccionado en bloque y con rapidez, hasta conseguir que se entierre el debate. Una capacidad de influencia que lleva a preguntarse hasta qué punto la cúpula militar sigue controlada por la misma elite que gobernó el país durante el régimen militar.

Público / LibreRed

Fecha: 06/01/2010

abrebrecha.com
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Brasil-DDHH: Militares amenazan con renunciar

/ ANSA

Miércoles 30 de diciembre de 2009 Actualizada 08:25 Internacional

Los comandantes del Ejército, Enzo Martins Pieri, la Aeronáutica, Juniti Saito, y el ministro de Defensa Nelson Jobim amenazaron renunciar si el Presidente brasileño Luiz Lula da Silva crea la Comisión de la Verdad sobre los crímenes durante la dictadura militar, revelaron hoy medios locales.
Los altos jefes militares expresaron su disposición a dejar sus cargos luego que el Gobierno aprobó un proyecto para crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes contra disidentes políticos durante la dictadura (1964-1985), informó hoy Folha de Sao Paulo.
Ese proyecto, presentado en un acto el 21 de diciembre, encabezado por el Mandatario Lula y el secretario de Derechos Humanos Paulo Vannucci es “excesivamente insultante, agresivo y revanchista” hacia las Fuerzas Armadas, dijeron los militares el pasado 23 de diciembre, reveló Folha.
“La presión (militar) es fortísima”, afirmó una fuente del Gobierno a ese diario.
Se estima que el Presidente no adoptará una posición definitiva sobre el tema en los próximos días, pero se espera que lo haga a su regreso de las vacaciones el 11 de enero.
De acuerdo con Folha, el Mandatario dialogó con el secretario Vannucci a quien sugirió reelaborar el proyecto y buscar una fórmula de 2conciliación”.
Vannucci, ex preso político, también analiza renunciar al cargo en caso que la propuesta sea vetada por la presión militar.
En tanto, el diario Estado de Sao Paulo indica que el ministro de Defensa, Nelson Jobim, también habría expresado su intención de dejar el cargo ante el tenor “revanchista” de la iniciativa respaldada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia.
El Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado por Lula y Vannucci incluye varios ejes sobre temas como minorías sexuales, discapacitados y derechos sociales.
El punto que causó incomodidad entre los uniformados fue el “Eje Orientador 6: Derecho a la Memoria y la Verdad” que entre sus objetivos consigna el de “identificar y tornar públicas las estructuras” que el régimen montó para secuestrar, torturar y matar.
Ese ítem obligaría a las Fuerzas Armadas a entregar supuestos archivos con documentación sobre la represión.
El diario Estado publicó que los militares no aceptarán la revisión de la ley de Amnistía, sancionada en 1979, la cual prohíbe investigar y abrir procesos contra los uniformados.
Según ese diario, un general en actividad dijo que si los militares son procesados también deberían serlo la ministra y pre candidata presidencial Dilma Rousseff, ex presa política tras haber integrado una organización armada que enfrentó al gobierno de facto.
lanación
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Crisis militar en Brasil por la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad

La cúpula de la Fuerzas Armadas amenazó con una renuncia masiva, en repudio a la iniciativa.
El organismo busca investigar delitos cometidos por el régimen militar entre 1964 y 1985. Y podría generar la reapertura de los juicios contra represores, congelados por una ley de 1979.

El proyecto del gobierno brasileño de crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura (1964-85) desencadenó una inesperada reacción del cúpula militar, que amenazó con una dimisión generalizada.
La disputa se originó en vísperas de Navidad, con el lanzamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos, una iniciativa del oficialismo que prevé la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad para investigar crímenes cometidos por el régimen militar.
"Se trata de la mayor crisis político-militar del gobierno de Lula Da Silva", expresó Nelson During, editor de un sitio especializado de defensa.
Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de Amnistía de 1979, que garantiza que no haya procesos contra los represores. "Existía un acuerdo de que cualquier modificación que afecte la amnistía obligaría a investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia), pero el Programa del gobierno mencionó sólo a los militares", dijo el titular de la comisión parlamentaria de Defensa, Raúl Jungmann.
El legislador confirmó que, roto el acuerdo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, secundado por los comandantes de las tres Fuerzas, pusieron su cargo a disposición, y sólo retrocedieron ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos sensibles del Programa de Derechos Humanos.
"Desde el punto de vista militar, la crisis está solucionada, pero dejará secuelas porque se quebró la confianza", dijo Jungmann, quien advirtió que la resistencia ahora es del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucci.
No existe "ninguna controversia insanable entre el ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. (Lula) lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones", declaró a la prensa este miércoles el ministro de Justicia, Tarso Genro.
El colegio de abogados brasileño criticó las "presiones" del comando militar: "Amnistía no es amnesia", replicó Cesar Britto, presidente de la entidad, que reclama con una acción en la Corte Suprema una reinterpretación de la ley de amnistía que permita conocer la verdad y procesar a los torturadores.
Los militares se han resistido a toda iniciativa que amenace revisar la amnistía en Brasil, país que reconoce 400 víctimas entre muertos y desaparecidos. "Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno, ex guerrillera, y posible candidata de Lula a sucederlo en 2010)", desafío un general en estricto anonimato.
clarin.com
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