EL CONDOR= Eugenio Berríos:operación coordinada entre los ejércitos de Chile y Uruguay ( 27-09- 2008)

Sábado 27 de septiembre de 2008

Por Andrea Chaparro / La Nación

El magistrado estableció que fue una operación coordinada entre los ejércitos de Chile y Uruguay

Juez dicta masiva acusación por crimen de Eugenio Berríos

El ministro Alejandro Madrid formuló cargos contra 19 personas por su participación en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, retenido en Uruguay para evitar que declarara en causas de DDHH.

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó ayer una masiva acusación contra militares y civiles chilenos, a los que se sumaron tres ex uniformados uruguayos, involucrados en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, quien fue encontrado muerto en abril de 1995 en la playa El Pinar, Montevideo, tras permanecer cerca de cuatro años oculto contra su voluntad, víctima de un operativo de inteligencia con el que se impidió que declarara en las investigaciones judiciales por los crímenes del ex diplomático chileno-español, Carmelo Soria, y del ex canciller Orlando Letelier.

En la resolución, el magistrado formuló cargos por el delito de secuestro con homicidio, secuestro y asociación ilícita en contra del entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Eugenio Covarrubias Valenzuela (encubridor), quien al asumir el cargo en diciembre de 1991 fue informado de la situación de Berríos en Uruguay, advirtiéndosele los motivos por los que fue sacado del país ese año y que existía "necesidad de mantenerlo vigilado, ya que su estilo de vida y afición al alcohol ha causado problemas", reseña el dictamen.

Mientras que por secuestro con homicidio (autor) y asociación ilícita acusó al mayor (R) Arturo Silva Valdés, encargado de la unidad especial de la DINE denominada "Asesoría de Análisis", que dependía directamente de quien estuviera a la cabeza del organismo.

En ese puesto, Silva recibió la orden de esperar en el aeropuerto de Buenos Aires al ex químico que viajaba escoltado por el oficial de Ejército Pablo Rodríguez Márquez (acusado de secuestro). Allí permanecieron dos días y luego partieron a Uruguay.
Según el fallo, esta no era la primera operación de inteligencia de esta índole. Fue "similar a las realizadas con los mayores de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros, quienes, por orden de de la DINE ( ), fueron llevados a Uruguay (donde) con la cooperación de oficiales del ejército de ese país, se les mantuvo fuera del alcance de la justicia chilena por encontrarse comprometidos en procesos por violaciones de los derechos humanos", consigna el juez.

En la tarea de seleccionar a aquellas personas que era preferible sacar del país y refugiar en naciones vecinas habría participado el ex auditor general del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva y su entonces mano derecha, el coronel (R) Enrique Ibarra Chamarro, quienes seguían de cerca los casos conflictivos en los tribunales.
De hecho, en la investigación se estableció que la Auditoría y la DINE bloquearon la acción de los magistrados que indagaban las causas por delitos de lesa humanidad.

El secuestro del químico

El ministro también formuló cargos por el delito de secuestro, asociación ilícita y obstrucción a la justicia en contra del director de la DINE general (R) Hernán Ramírez Rurange, antecesor de Covarrubias en el cargo, así como contra el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco que en octubre de 1991 estaba a la cabeza del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Según el fallo, Provis mantuvo a Berríos en las dependencias de ese cuartel militar donde se coordinó su salida de Chile bajo la custodia de agentes especiales del DINE vía Punta Arenas hacía Argentina y con destino final Uruguay.

El texto agrega que durante 2002 Berríos vivió en el barrio Los Pocitos, en Montevideo, donde era controlado por distintos militares chilenos y tres ex oficiales de inteligencia uruguayos: Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copilla y Wellington Sarli Pose. Todos acusados de secuestro.

En noviembre de ese año, el químico cansado del cautiverio intenta escapar y se comunica con el consulado de Chile en Uruguay para conseguir un salvoconducto. Poco después logra llegar a una comisaría local y relata su historia pero fracasa.
Hasta ese lugar llegan sus vigilantes y aseguran que está perturbado. Es trasladado a un policlínico para ser examinado y el doctor de turno concluye que es un hombre normal, pero el mismo Berríos duda sobre su decisión y, finalmente, regresa con sus custodios. Después de eso se le pierde la pista hasta el 13 de abril de 1995, cuando se encuentran sus restos óseos los que evidenciaban impactos de bala y signos de violencia.

OCULTAR Y REFUGIAR

El magistrado estableció que:

- "Las acciones (...) fueron realizadas entre 1991 y 1993 por personal en servicio activo de los ejércitos de Chile y Uruguay, que apartándose de las funciones propias de sus cargos, formaron una organización paralela a la estructura regular del mando (...) para lo cual se coordinaron".

- "(Los militares) procedieron a participar en diversas acciones tendientes a sustraer de la acción de la justicia y proporcionar refugio a militares y civiles que se encontraban imputados en diversos crímenes (...) cometidos durante el régimen militar".

"A pesar de que estos hechos (...) han podido llegar a comprometer la seguridad interna del Ejército de Chile y el prestigio de la administración de justicia".

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080926/pags/20080926200043.html


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26 de Septiembre de 2008

Ministro Alejandro Madrid dicta masiva acusación en el caso Berríos

Como autores de secuestro el magistrado acusó al general (r) Hernán Ramírez Rurange; general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela; brigadier (r) Manuel Provis Carrasco; teniente coronel (r) Pablo Rodríguez Márquez; comandante (r) Jaime Torres Gacitúa; mayor (r) Raúl Lillo Gutiérrez; comandante (r) Manuel Pérez Santillán; Tomás Casella Santos (militar uruguayo); Eduardo Radaelli Copilla (militar uruguayo); Wellington Sarli Pose (militar uruguayo); Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres.
El ministro en visita Alejandro Madrid dictó una masiva acusación en la investigación por el secuestro y posterior asesinato del químico y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo.

Como autores de secuestro con homicidio fueron acusados Arturo Silva Valdes (autor) y Eugenio Covarrubias Valenzuela (encubridor).

En tanto como autores de secuestro el ministro Madrid acusó al general (r) Hernán Ramírez Rurange; general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela; brigadier (r) Manuel Provis Carrasco; teniente coronel (r) Pablo Rodríguez Márquez; comandante (r) Jaime Torres Gacitúa; mayor (r) Raúl Lillo Gutiérrez; comandante (r) Manuel Pérez Santillán; Tomás Casella Santos (militar uruguayo); Eduardo Radaelli Copilla (militar uruguayo); Wellington Sarli Pose (militar uruguayo); Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres.

Además el magistrado dictó acusación por el delito de asociación ilícita en contra de Hernán Ramírez Rurange; Eugenio Covarrubias Valenzuela; ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva; Manuel Provis Carrasco; abogado y coronel (j) Enrique Ibarra Chamorro; mayor Arturo Silva Valdes; Pablo Rodríguez Márquez; Jaime Torres Gacitúa; Raúl Lillo Gutiérrez; Manuel Pérez Santillán; Tomás Casella Santos; Eduardo Radaelli Copolla; Wellington Sarli Pose; Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres.

Como autores del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito fueron acusados Mario Cisternas Orellana, Marcelo Sandoval Durán, Nelson Román Cáceres, Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales

En tanto como autores de obstrucción a la justicia, previsto en el artículo 269 bis del Código Penal el ministro Madrid dictó acusaciones en contra de Ginez Rojas Gómez, Hernán Ramírez Rurange, Pablo Rodríguez Márquez, Raúl Lillo Gutiérrez y Eugenio Covarrubias Valenzuela.

El químico Alejandro Berríos fue visto por última vez con vida en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que se encontraba secuestrado, sin embargo fue entregado a un grupo de perdiéndose su rastro.

En tanto en abril de 1995, el cadáver del ex agente de la DINA fue encontrado en una playa de la localidad de El Pinar, atado y con dos disparos en la cabeza.

Caso Berríos: corte confirma que uruguayos deben permanecer en Chile (17 de diciembre del 2007)

El caso Berríos baja la cortina (24 de abril del 2008)

http://www.elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_nueva.asp?id_noticia=259119



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Berrios Eugenio
DINA


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Lunes 28 de Octubre 2002 El Siglo

La mano del Ejército

"Hermes" era el alias usado por Eugenio Berríos como agente de la DINA: fue asesinado entre enero y marzo de 1993 y su cuerpo fue finalmente encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, sepultado boca abajo, como se hacía con los traidores en la Edad Media.

Como dicen en las familias de la mafia: "este hombre sabía mucho". Básicamente por eso fue asesinado el brillante y tenebroso químico de la DINA Eugenio Berríos, llevándose consigo secretos sobre los asesinatos de Orlando Letelier, Carmelo Soria, los intentos de eliminar a varios enemigos uniformados de Manuel Contreras Sepúlveda, el proyecto de quitar el olor de la cocaína y el extraño fallecimiento de Eduardo Frei Montalva. No fue el único eliminado por sus "camaradas de armas" para ocultar estos delitos. Extraños suicidios y desapariciones acompañan esta historia de intriga y ocultamiento en que la principal rama de las Fuerzas Armadas aparece implicada hasta "más arriba del paracaídas".

"Suicidio" y desaparición uniformada

El 22 de octubre de 1977, tras ser visitado por altos oficiales de la DINA entre quienes estaba Manuel Contreras, apareció muerto en su domicilio el Director del Departamento Consular del ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guillermo Osorio Mardones. La versión oficial habla de suicidio, pero todos los datos apuntan a un asesinato para impedir que declarara en el juicio contra la DINA por el atentado que cobró la vida de Orlando Letelier y Ronnie Moffit en Estados Unidos. El funcionario de la dictadura había sido Ministro Consejero en la embajada chilena en Argentina al momento del bombazo contra el general Carlos Prats y su señora, pero su decisiva participación en la entrega de pasaportes falsos a Michel Townley y Armando Fernández Larios, quienes viajaron a EE.UU. bajo los nombres de Williams Rose y Alejandro Romeral, lo implicaba directamente en el Caso Letelier.

Pero un caso aun menos conocido, el de Guillermo Jorquera Gutiérrez, aparece directamente relacionado con el final trágico de Berríos. Jorquera era un efectivo del Ejército destinado a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que fue detenido el 23 de enero de 1978, alrededor de las 16:30 horas, cuando intentaba asilarse en la Embajada de Venezuela, ubicada en calle Bustos 2021, comuna de Providencia. La acción fue frustrada por el carabinero de punto fijo Carlos Garrido Sotomayor, quien procedió a detenerlo y conducirlo a la 14ª Comisaría de Carabineros, hoy denominada 19ª. En el cuartel policial, el Comisario Mayor Julio Mardones Ferrada, al enterarse de que se trataba de un militar, lo puso a disposición del capitán de Ejército Adolfo Fernando Born Pineda, también de la DINE, junto con el arma de fuego y la tarjeta de identificación militar (TIM) que portaba. Born lo trasladó hasta las oficinas del Director de la DINE, general de brigada Héctor Orozco Sepúlveda, dejándolo en la sala de espera, mientras él pasó a conversar con el general, quien le informó que Jorquera había sido dado de baja, por lo cual le ordenó le retirara su TIM y "lo despachara", orden que cumplió de inmediato. Orozco precisó en tribunales que había sido dado de baja el mismo día de su intento de asilo. La causa era por "necesidades del servicio", por un supuesto alcoholismo. Sin embargo, en otro oficio, el general Orozco indicó que la solicitud de baja había sido solicitada por la DINE el 22 de diciembre de 1977 a la Dirección del Personal de Ejército, solicitud que se reiteró con fecha 6 de enero de 1978.

Por otro lado, el coronel de Ejército Enrique Valdés Puga, subsecretario de Relaciones Exteriores en esa época, con fecha 29 de julio de 1976 había solicitado al ministro de Defensa los servicios de Guillermo Jorquera, en su calidad de especialista en Inteligencia Militar con experiencias en el área del ministerio de Relaciones Exteriores, para desempeñarse en el Departamento de Seguridad Ministerial. Esta solicitud fue acogida el 27 de agosto de ese año. El 9 de noviembre, el mismo coronel envió un oficio reservado al Director del DINE, informando la excelencia del trabajo realizado por Jorquera como asesor de la sección Análisis y a cargo de "Investigaciones Especiales". En estas funciones se desempeñó hasta fines del año 1977 y nada hacía prever que tuviera intenciones de solicitar asilo, como tampoco había causas aparentes para ello.

La salida de Jorquera coincide con el "suicidio" de Osorio y una herida de bala "accidental" en una pierna que lo mantuvo hospitalizado hasta el 12 de enero de 1978, y con yeso hasta el 20, un día antes de su frustrado asilo. La ex cónyuge de Jorquera afirma que su marido había sido marginado del Ejército "por el extravío de unos documentos del ministerio de Relaciones Exteriores, relacionados con el Caso Letelier". Desde el mismo día en que estuvo en la Dirección de Inteligencia, Guillermo Jorquera está desaparecido. Su familia sufrió diversos actos de intimidación y su esposa, funcionaria de FAMAE, fue despedida por "necesidades de la empresa". La DINE había iniciado la labor de ocultamiento.

Los secretos de "Hermes"

Eugenio "Hermes" Berríos era uno de los favoritos de Manuel Contreras en el trabajo de la DINA. El químico era considerado un genio en la investigación científica y el uso de sus inventos con fines de eliminar enemigos, por lo que fue destinado a trabajar en la casa que servía a Michel Townley como cuartel general, ubicada en la calle Vía Naranja de La Dehesa.

Entre los secretos que murieron junto a Berríos está el destino de las armas químicas que fabricó, entre ellas el gas Sarín, y acciones de tráfico de drogas que podrían involucrar no sólo a delincuentes comunes sino también a autoridades chilenas, peruanas y estadounidenses de ese entonces. Su esposa, Gladys Schmeisser, sabía de su amistad con Jorge Ricardo Alarcón Dubois, un ex detective que trabajaba como agente encubierto de la Drug Enforcement Administration, más conocida como DEA, que es acusada desde diversas partes como la mayor mafia del narcotráfico a nivel internacional. Otro de sus amigos era Máximo Isidro Bocanegra Guevara, un agente peruano de Vladimir Montecinos y narcotraficante que buscaba eventuales canales de comercialización de la cocaína y el trabajo de depurar esa droga en Chile, para lo que los conocimientos de Berríos eran absolutamente necesarios.

También era asiduo visitante de su casa Carlos Wahr Daniel, con antecedentes por robo y estafa en España, que trasladaba cocaína al extranjero para Hernán Monje Defonso, otro narcotraficante de peso. Otras amistades de Berríos eran Luis Gerardo de Azcuénaga González y el químico Samuel Rojas Zúñiga, con quienes "Hermes" buscó la forma de disfrazar la cocaína en forma de boldo en polvo y crearon la boldina.

Tiempo después, en una parcela de Melipilla perteneciente a Máximo Bocanegra, sería encontrado un completo laboratorio para refinar cocaína. En 1993, cuando Investigaciones allanó la casa de Berríos en la comuna de Providencia, halló un laboratorio de ese tipo. Esa misma pista condujo a los policías hasta Iquique, donde encontraron otro similar.

El Proyecto Andrea

En el "rubro" de las armas químicas, se sabe que Berríos tuvo a su cargo el desarrollo del gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la segunda guerra mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y así usarlo en la eliminación de opositores políticos, como también en arma de eliminación masiva en caso de guerra, pues en ese entonces apremiaba la situación con Perú o una posible triple confrontación incluyendo a Bolivia y Argentina.

El Sarín fue probado por lo menos en dos ocasiones: en el caso del asesinato del conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, y luego en el de Manuel Leyton, un agente de seguridad que había desobedecido órdenes. Se consideró también su posible utilización para asesinar a Orlando Letelier, para lo cual se introdujo en Estados Unidos un frasco de perfume Chanel Nº5 cargado con este gas. El plan de utilización del gas Sarín fue conocido como "Proyecto Andrea" y participaron otros tres expertos de los que sólo se conoce su nombre clave: Gaviota, Canario y Dag. Uno de ellos podría ser el bioquímico Francisco José Oyarzún Sjoberg.

Eugenio Berríos tenía una poderosa imaginación en materia de procedimientos letales. Dudaba si efectivamente el Sarín era indetectable, pues sabía que un elemento químico extraño puede ser rastreado con procedimientos cada vez más sofisticados. Por eso pensaba en un sistema "más natural" que matara sin dejar huellas (Ver recuadro).

La "Unidad Especial"

Cuando comenzaron a avanzar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad, ya terminada la dictadura, se constituyó al alero de la DINE encabezada por Hernán Ramírez Rurange la denominada "Unidad Especial", organismo que se dedicaría a la protección de los inculpados y sus mandos. Todos los procesados por el asesinato de Berríos están relacionados con esta unidad operativa (ver recuadro).

La "Unidad Especial" se encargaría de sacar del país a Carlos Herrera Jiménez, cuando comenzaba a cerrarse el cerco del proceso por la muerte de Tucapel Jiménez; también a Luis Sanhueza Ross cuando éste partió rumbo a Argentina y luego a Uruguay, a fines de 1992, al ser conocida su autoría en la muerte del empresario Aurelio Sichel, financista de La Cutufa, y su participación en el asesinato de Jécar Neghme.

En el caso de Eugenio Berríos, el plan incluyó un viaje hasta Punta Arenas, una salida vía terrestre a Argentina y luego el traslado en barco hasta Montevideo, donde estuvo un tiempo junto a Herrera Jiménez. Para llevarle el sueldo a Berríos, que habría ascendido a tres mil dólares por mes, llegaban hasta Uruguay tanto Arturo Silva como Jaime Torres Gacitúa, acompañados del teniente (R) Raúl Lillo Gutiérrez.

Berríos fue enterrado en Chile el 9 de octubre pasado, pero su historia conocida y por conocer seguirá dando que hablar por mucho tiempo. La mano del Ejército aquí puso su firma.

Las sospechas de los Frei

Tantas han sido las sospechas de la familia Frei que apuntan al posible asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, que finalmente presentaron una querella por asociación ilícita y obstrucción a la justicia ante el Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, el mismo en que la magistrado Olga Pérez instruye el caso Berríos.

Una enfermera, testigo de esos días que prefiere mantener su nombre en reserva, relata que la Clínica Santa María era visitada frecuentemente por uniformados, quienes se paseaban en actitudes sospechosas, hasta que un día todo el personal de turno fue desalojado del piso en que estaba internado el ex Presidente, ingresando personas extrañas a la clínica. Luego de eso, Frei Montalva falleció.

Frei se había internado en noviembre de 1981, para operarse de una molesta esofagitis producida por una hernia al hiato, enfermedad crónica no mortal y ni siquiera grave. Tenía 71 años y se mantenía en perfectas condiciones físicas y mentales, aparecía como uno de los más conocidos opositores al régimen militar, luego de encabezar la campaña para votar No en 1980, cuando fue aprobada fraudulentamente la Constitución que rige hasta hoy. Tras el atentado sufrido por sus amigos Bernardo Leighton y Anita Fresno en Italia, Frei se pasó definitivamente a la oposición y entabló conversaciones reservadas con el Partido Comunista, que desde el primer minuto buscaba alianzas amplias en contra de la dictadura.

Luego de la agotadora campaña, que culminó con él como orador central en un atiborrado Teatro Caupolicán, decidió operarse. Hizo consultas con médicos chilenos sobre la conveniencia de hacerlo en el país y le fue garantizada la existencia de condiciones técnicas equivalentes a las de Estados Unidos.

Fue operado por un equipo dirigido por el doctor Alejandro Larraín, secundado por un grupo de médicos de alto nivel. Días más tarde aparecieron complicaciones, una obstrucción intestinal por adherencias peritoneales, que obligaron a una nueva operación el 6 de diciembre. Todo parecía todavía bajo control, pero se desencadenó un proceso infeccioso derivado del virus Proteus Providence, según se dijo, que motivó otra operación de urgencia. El cuadro patógeno no fue conjurado. Otra operación el 17 de diciembre marcó el comienzo del fin. Murió el 22 de enero de 1982.

En esos mismos días comenzaron los rumores. Era conocido el caso del general Augusto Lutz, jefe del Servicio de Inteligencia Militar al momento del golpe, fallecido después de una seguidilla de operaciones y tratamientos en el Hospital Militar. Su familia sostiene que fue víctima de la DINA, por oponerse al coronel Manuel Contreras ya convertido en hombre de confianza de Pinochet.

Otras informaciones, mencionadas por Carmen Frei, hablan de llamadas anónimas que advertían sobre un posible envenenamiento, trajines en la clínica de personas extrañas al cuerpo médico tratante y al personal auxiliar, y el rumor de la desaparición del protocolo de autopsia. Un mes después de la extraña muerte de Frei Montalva, sería asesinado salvajemente Tucapel Jiménez. La dictadura quedaba así sin dos de sus más peligrosos opositores públicos.

"Hermes", a esas alturas había desarrollado varias formas del gas Sarín, involucrado en el denominado Proyecto Andrea de investigación, aunque la ex esposa de Michel Townley, Mariana Callejas, recuerda que el locuaz Berríos afirmaba que "no había mejor manera de librarse de un indeseable que una gota de estafilococo dorado", bacteria de efecto violento que suele infectar los quirófanos de los hospitales. En esa línea, Berríos debe haber considerado también el envenenamiento mediante el desarrollo incontrolado de bacterias patógenas que normalmente existen en el organismo humano. De hecho, el mismísimo Odlanier Mena, sucesor de Manuel Contreras en el principal organismo represor de la dictadura y enemigo acérrimo del Mamo, estuvo a punto de ser envenenado con una bacteria que Eugenio Berríos obtuvo en el Instituto Bacteriológico.

Responsables en Chile y Uruguay

El denominado "Caso Berríos" llevaba años sin avances sustanciales, pero tras la paciente investigación encabezada por la magistrado Olga Pérez Meza y llevada adelante por el Departamento Quinto de la policía civil, los resultados comienzan a verse.

Entre los procesados aparecen encausados como autores del crimen los mayores en retiro Arturo "Mariano" Silva Valdés y Jaime "Salinas" Torres Gacitúa, quien fuera escolta de Pinochet cuando estuvo detenido en Londres. En tanto que, por obstrucción a la justicia, la jueza procesó al general (R) Hernán Ramírez Rurange, también implicado en el asesinato de Tucapel Jiménez; al teniente (R) Raúl Lillo Gutiérrez, ligado al crimen de Tucapel Jiménez; y al comandante (R) Pablo Rodríguez Márquez. La obstrucción a la justicia se refiere a las muertes de Orlando Letelier y Carmelo Soria, puesto que Berríos fue sacado del país y finalmente asesinado para evitar su testimonio en esas investigaciones.

Como encubridor del delito de obstrucción a la justicia fue encausado el general (R) Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien asume la dirección del DINE teniendo conocimiento de la "estadía" de Berríos en Uruguay. Otros que aparecen vinculados al crimen son el comandante Mario "Alejandro" Cisternas y el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross, implicado en las muertes de Jécar Neghme, José Carrasco, Abraham Muskatblit, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, la Operación Albania y la desaparición de cinco jóvenes rodriguistas en septiembre de 1986. También está el nombre del general (R) Emilio Timmerman, quien ejercía el cargo de agregado militar en la embajada de Chile en Uruguay y reconoció ante otro delegado que Berríos estaba en Montevideo.

Aunque no es posible investigar desde Chile las responsabilidades de altos oficiales uruguayos en este asesinato, el proceso identifica como partícipes al actual teniente coronel

Eduardo Radaelli, por ese entonces capitán; el teniente coronel Tomas Casella, que aparece por esos mismos días paseando junto a Pinochet por las calles de Montevideo; y el también

teniente coronel Wellington Sarli Pose. Todos ellos, al menos, participaron de la entrega de Berríos, refugiado en una comisaría uruguaya, a los militares chilenos que lo ultimarían. El protocolo de autopsia realizado por la especialista Patricia Hernández asegura que Eugenio Berríos fue asesinado con dos armas diferentes, una sería chilena y otra uruguaya, como forma de sellar un pacto de silencio entre agentes de organismos de seguridad de ambos países. El Plan Cóndor volvía a funcionar.


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Viernes 18 de Octubre 2002 El Mostrador

Caso Berríos: Procesan a militares en retiro

En una histórica decisión que apunta a aclarar el asesinato del químico de la DINA Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1993, la titular del Sexto Juzgado del Crimen de Santiago, Olga Pérez Meza, sometió a proceso a seis militares en activo y en retiro.

La magistrada encausó como autores al mayor (R) Arturo Silva Valdés y al mayor (R) Jaime Torres Gacitúa. Ambos se encontraban en prisión preventiva desde el lunes pasado.

Por obstrucción a la justicia, la jueza Pérez procesó al general (R) Hernán Ramírez Rurange, al teniente en retiro Raúl Lillo y al comandante, también en retiro, Pablo Rodríguez Márquez.

Como encubridor fue encausado el general en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela.

Avances en la investigación

La investigación ha avanzado hasta establecer que contra el mayor en retiro Arturo Silva Valdés y el también retirado mayor Torres Gacitúa existirían presunciones fundadas de su participación en la muerte de Berríos, ocurrida en Uruguay entre enero y marzo de 1993.

De acuerdo a la investigación periodística sobre el caso contenida en el libro Crimen Imperfecto, del periodista Jorge Molina, Torres Gacitúa formaba parte de la “unidad especial” de la DINE que intervino en la muerte del químico, mientras que Silva Valdés actuaba como hombre de avanzada del ex comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, en sus viajes al exterior.

Silva Valdés tenía una relación operativa directa con el ex jefe de la DINE, Hernán Ramírez Rurange. Además de cumplir las labores señaladas para Pinochet, era el encargado de pagar los sueldos a los agentes que permanecían ocultos fuera del país para protegerlos de enfrentar procesos judiciales o, bien, para que no declararán en investigaciones que se realizaban en Chile, como era el caso de Berríos.

Silva, adicionalmente, tenía algunos negocios paralelos vinculados al traspaso por aduana de ropas, perfumes y otros elementos.

Para llevarle el sueldo a Berríos, que habría ascendido a tres mil dólares por mes, llegaban hasta Uruguay tanto Arturo Silva como Jaime Torres Gacitúa, acompañados del teniente (R) Raúl Lillo Gutiérrez, quien también conformaba la “unidad especial” del DINE.

Los pasos de la “unidad especial”

Lillo había sido detenido por la jueza Olga Pérez a finales de agosto de este año y luego fue dejado en libertad. Junto a él fue aprehendido en esa fecha el comandante actualmente en retiro Pablo Rodríguez Márquez, ex agente del DINE, quien también fue liberado de la detención preventiva.

Además de los mencionados, la “unidad especial” -que a la fecha de la muerte de Berríos tenía un nuevo jefe, el director de la DINE, general ahora retirado Eugenio Covarrubias- estaba compuesta también por el comandante activo Mario Cisternas.

Fue en junio de 1993 cuando estalló el escándalo del anónimo que denunció la operación Berríos.

El ex químico, conocido por perfeccionar en Chile el gas sarín y por sus vínculos con el tráfico de drogas, había sido sacado por la DINE en octubre de 1991 con destino a Uruguay para evitar que lo que sabía del caso Letelier generara una debacle entre ex miembros de la DINA.

A fines de 1992, Berríos llegó a una comisaría uruguaya pidiendo ayuda y sosteniendo que estaba estaba secuestrado por militares uruguayos y chilenos. La policía lo habría entregado a sus captores, entre ellos, según estaría ya claro, se encontrarían Silva y Torres Gacitúa.

El químico fue asesinado a balazos entre enero y marzo de 1993, fecha que coincidió con la visita de Augusto Pinochet a Montevideo en febrero de ese año. El edecán durante esa visita fue el coronel de contraespionaje Thomas Casella, también jefe de la operación para ocultarlo en Uruguay.

El cuerpo fue finalmente encontrado en abril de 1995 en la playa El Pinar, sepultado boca abajo, como se hacía con los traidores en la Edad Media.


http://www.memoriaviva.com/culpables/criminales%20b/berrios_eugenio.htm