Por Andrea Chaparro / La Nación
En arista penal de red de corrupción al interior del Poder Judicial, la PDI y el SML
Fiscal anuncia formalización por cohecho de ex jefe policial
En el sumario, el ministro Carroza estableció que dos funcionarios incurrieron en falta a la probidad al sustraer un expediente, falsificar una contraorden de detención y un abono de pena. También propuso una censura escrita a otros dos empleados por manipular claves del sistema informático.
La fiscal Centro Norte Nancy González anunció ayer que solicitará una audiencia para formular cargos por el delito de cohecho en contra del ex jefe nacional antirrobos Trévor Oyarzún, quien habría reconocido en su declaración que pagó para adulterar su alcoholemia tras haber chocado en diciembre de 2007 cuando conducía un móvil institucional en estado de ebriedad.
El retirado funcionario policial sería uno más de los beneficiados por los "servicios" que prestaba la red de corrupción que operaba al interior del Poder Judicial y la Policía de Investigaciones (PDI).
La fiscal formulará cargos también contra quienes haya intervenido en la adulteración del examen, como la ya formalizada y coordinadora de la red Margarita Cuadros -conocida como "Maggie" o "La Gata"- y el ex empleado del Servicio Médico Legal (SML) Darwin Sepúlveda, dijeron fuentes cercanas a la causa.
Tras el anuncio, la fiscal no dio mayores detalles, pero trascendió que el ex alto oficial de la PDI habría pagado entre $1,5 y $3 millones por el "beneficio".
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Consultada por la indagación de otros funcionarios policiales activos o en retiro involucrados en hechos similares, la fiscal dijo que investiga a funcionarios públicos así como a personas no vinculadas a la administración estatal.
Sobre si existían otras entidades públicas relacionadas con la red de corrupción, en particular Carabineros, González dio una respuesta general: "Tenemos distintas líneas de investigación respecto de varias reparticiones públicas", comentó la fiscal.
En el caso de la jueza del Séptimo Tribunal Oral de Santiago, Colomba Guerrero, la fiscal explicó que en la causa penal respecto de ella, por ahora, no hay indagación.
No obstante, ayer el ministro Mario Carroza, a cargo del sumario administrativo, le formuló cargos por faltas a la prudencia y a la reserva, al comunicar a un tercero el contenido de una indagación interna del Poder Judicial. (ver recuadro).
Las declaraciones de la fiscal González se dieron tras una audiencia de cautela de garantías que se llevó a cabo en el Séptimo Juzgado de la capital para resolver el traslado de los miembros de la red al Módulo 32 del penal Santiago Uno con el objetivo de aislarlos de la población penitenciaria común y resguardar su seguridad. El tribunal accedió a esta petición de las defensas.
CARGOS EN SUMARIO
En tanto, el ministro Carroza junto con pronunciarse respecto de la situación de la única magistrada mencionada en la indagación decidió formular cargos contra la funcionaria del Cuarto Juzgado del Crimen de Santiago Joaquina Carreño (formalizada) por faltas a la probidad al sustraer un expediente por conducción en estado de ebriedad.
El mismo cargo recibió el funcionario del 32º Tribunal del Crimen René Pizarro (formalizado) por falsificar una contraorden de detención en favor de un reo y por elaborar un abono fraudulento a la pena de un interno rematado.
El magistrado también propuso una censura por escrito para dos empleados del Cuarto Juzgado de Garantía de la capital, Joanna Ferrer y Tomás Silva, por manipular y no controlar debidamente las claves de acceso al sistema informático del Poder Judicial.
Reintegran a jueza Guerrero
A pesar de haber considerado que la jueza oral Colomba Guerrero faltó a la prudencia y a la reserva cuando advirtió a Margarita Cuadros que tuviera “cuidado” porque su nombre había aparecido en un sumario administrativo, el ministro Mario Carroza decidió poner término a la suspensión aplicada a la magistrada y reintegrarla a sus funciones en el Séptimo tribunal Oral de Santiago.
En su resolución, el sumariante reseñó que la medida “de suspender de sus funciones a (...) Colomba Guerrero Rosen, en su oportunidad indispensable para la realización de este procedimiento administrativo, hoy al advertirse de los antecedentes que si bien ha resultado ser una conducta inadecuada atendida su investidura, no se ha logrado establecer que se haya vulnerado la investigación penal del Ministerio Público y no resulta fundamental que subsista, por lo que se deja sin efecto”.
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