La PDI busca a quienes ayudaron a ex jefe policial (24-10-08)

Viernes 24 de octubre de 2008

Por C. L. / A.Ch. / La Nación



Director de la policía civil confirma que “se perdió” alcoholemia de Trévor Oyarzún



La PDI busca a quienes ayudaron a ex jefe policial

SE HABRE PERIODO "CACERIA DE INDIOS"PDI
Ex prefecto habría chocado en estado de ebriedad, pero sumario lo eximió sin el examen del Servicio Médico Legal. En todo caso Arturo Herrera descarta que Oyarzún sea uno de los favorecidos por la red de corrupción.

"El sumario lo encontré livianito y por eso ordené que se reabriera", dijo ayer el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Arturo Herrera, al confirmar que la institución investigó al ex prefecto Trévor Oyarzún, por chocar en supuesto estado de ebriedad en diciembre pasado.

Al cerrarse el sumario interno, la carpeta investigativa no tenía la alcoholemia. Esto hace sospechar a la Fiscalía Centro Norte que el prefecto Oyarzún, que pasó a retiro en julio, fue beneficiado por la red de corrupción descubierta al interior de la PDI, de los tribunales y del Servicio Médico Legal (SML).

No obstante, el director de Investigaciones desestimó, en principio, que Oyarzún sea parte de esa mafia. "Este caso, aparentemente, es puntual y personal, por lo que hay que tener prudencia y calma y esperar lo que la justicia dicte", aseguró Herrera.

El director de la PDI contó que el sumario contra Oyarzún debía cerrarlo él mismo, pero se encontró con la sorpresa de que faltaba la alcoholemia, "así que ordené su reapertura y estoy a la espera de qué es lo que dispone finalmente la fiscal en este caso", indicó Herrera.


En diciembre de 2007, Trévor Oyarzún, entonces jefe nacional de Delitos contra la Propiedad, chocó en un vehículo institucional en la esquina de San Pablo y Radal, en Quinta Normal. Estaba acompañado por otro detective y ambos, al parecer, en estado de ebriedad.


La institución inició un sumario administrativo que fue rápidamente cerrado por el fiscal interno que designó la PDI para indagar el incidente. Lo anormal es que se puso fin a la pesquisa sin contar con los resultados de la alcoholemia. Esto llevó a Herrera a reabrir la investigación.


Por lo mismo, se estima que la reapertura del sumario apunta más bien a sancionar a quienes se vieron envueltos en esta irregularidad, comenzando por el mismo fiscal interno. Para el director Arturo Herrera, el ex prefecto es un civil más que debe responder ante la justicia como un particular.

En tanto, Trévor Oyarzún, quien actualmente trabaja como jefe de seguridad en el municipio de Lo Prado, recordó que el sumario lo eximió de la acusación de chocar en estado de ebriedad en un vehículo policial y desmintió tener relación con la red de corrupción.

A pesar de estas negativas, las sospechas de la fiscal González sobre Oyarzún se basan en que la red ofrecía adulteraciones o pérdidas de alcoholemias, gracias a la participación del funcionario del SML, Darwin Arancibia Muñoz.

PDI SE HACE PARTE

El director de Investigaciones también reiteró que la institución estudia hacerse parte del proceso judicial que investiga la red de corrupción que coordinaba Margarita Cuadros Aedo y que integraban 11 detectives (todos dados de baja), 5 funcionarios de tribunales, uno del SML y cuatro particulares.

"Estudiamos una querella para hacernos parte de todo el tema anterior, porque aquí hubo un abuso de confianza, especialmente un tema de probidad. La jefa jurídica me informó de que hay una probabilidad de que nos podamos hacer parte", indicó.

Herrera calificó el uso de las claves internas como un "abuso de confianza". Sólo tres de los detectives tenían acceso amplio al sistema computacional Gestión Policial (Gepol) y gracias a eso podían eliminar los antecedentes de los antisociales. Eran los famosos "borrones mágicos".

Finalmente, Herrera advirtió que si hay más funcionarios de la PDI involucrados serán "dados de baja de inmediato. Esa ha sido mi línea desde que asumí como director".

COMITÉ PENAL DE CDE RESOLVIÓ AMPLIAR QUERELLA

El comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) resolvió ayer ampliar la querella presentada en junio pasado contra los primeros imputados en la red de corrupción detectada al interior de la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial y hacerla extensiva a todos los nuevos formalizados por más delitos.
La acción judicial que originalmente apuntaba a la comisión de cohecho, soborno y falsificación y uso malicioso de instrumento público, ahora también incluirá asociación ilícita y delitos informáticos.

En la querella -dijeron fuentes cercanas al organismo- además se reiterará la petición de indagar a los abogados que representaban a los beneficiados por las resoluciones falsas, contraórdenes de detención y rebajas de pena que elaboraba la red.
La propuesta de querella iría nuevamente a comité el próximo jueves y tras ello sería presentada ante el tribunal. La materia se resolvió a la brevedad, puesto que es un tema prioritario -debido a su gravedad- para el organismo fiscal.








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