PUEL MAPU:adhirió a la convención internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. 12 de Agosto de 2003

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DE HITLER A ASTIZ

Por Eduardo Tagliaferro

Fuerte señal del Gobierno contra la protección a los represores: adhirió a la convención internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Allí se establece que esos delitos podrán ser juzgados “cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”

ADHESION AL TRATADO POR EL CUAL LOS CRIMENES GRAVES NO PRESCRIBEN

“Así encarcelaron a los nazis”

El Gobierno tomó la decisión, frenada desde 1995, de adherir a la convención que establece que los criminales de guerra y los autores de delitos contra la humanidad siempre deberán ser perseguidos. También envió al Congreso un proyecto para que la Convención tenga rango constitucional.

El presidente Néstor Kir-chner firmó anoche dos decretos llamados a dejar una fuerte marca en la lucha contra los crímenes del pasado. Por un lado instruyó al canciller Rafael Bielsa para hacer efectiva la adhesión argentina a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Por otra parte envió al Congreso un proyecto de ley para otorgarle rango constitucional al Tratado.

La medida es un fuerte gesto político que no puede pasar desapercibida ni por la Corte Suprema de Justicia, ni por ambas cámaras parlamentarias, que precisamente debaten sobre la nulidad o la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Además de insistir en que “no puede ponerse en duda la decisión política del gobierno para remover todos los obstáculos que impidan llegar a la verdad, la justicia y decirle no a la impunidad”, el ministro de Justicia Gustavo Beliz aseguró que se trata de “señales muy importantes para que los otros poderes del Estado interpreten la voluntad de dar por tierra con las violaciones de los derechos humanos y del brutal atentado a la Embajada de Israel y la Amia”.

La mención del ministro explicaba por sí sola la presencia de quienes acompañaron al funcionario en el anuncio. Luego de reunirse con Kirchner, estuvieron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el presidente de la Amia, Abraham Kaul; el de la DAIA, José Hercman; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el secretario de Política Exterior de la Cancillería, Jorge Taiana; y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.
La Convención fue aprobada por Naciones Unidas en 1968 y entró en vigencia en 1970. Luego de que la Argentina la firmase, a instancias del radical Hipólito Solari Yrigoyen ambas cámaras del Congreso le dieron su respaldo a través de una ley aprobada en 1995. A pesar de ello siempre estuvo pendiente de resolución la ratificación presidencial del Convenio. Sin éxito el senador riojano Jorge Yoma intentó que concretaran la medida primero Carlos Menem y luego Fernando de la Rúa. Consultado por Página/12, Yoma no dudó en señalar que la decisión de Kirchner “es la medida más importante y valiente que ha firmado un presidente democrático por la vigencia de los derechos humanos”. Acotó que “con esta norma, el mundo encarceló a los nazis”.

En su primer artículo, la Convención sostiene que “los crímenes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. En el tercer artículo señala que “los Estados Partes en la presente Convención se obligan a adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición de conformidad con el derecho internacional”.

El Tratado insiste en la necesidad de adecuar la legislación vigente a lo que de él se desprende. En este punto los crímenes de la dictadura no prescriben y habrá que remover todos los obstáculos que impidan juzgar el genocidio. En buen romance, las leyes de punto final y obediencia debida podrían convertirse en una cuestión abstracta y sus efectos también, aunque como en toda disputa de interpretación de la Constitución la última palabra la tendrá la Corte.
“La señal del Gobierno es tan fuerte que será difícil para un tribunal, incluso para la Corte Suprema, ir en sentido contrario a un tratado de Naciones Unidas con rango constitucional”, comentó anoche un funcionario del Poder Ejecutivo que pidió reserva de su nombre. A su modo, y cuidándose de no inmiscuirse con decisiones del Poder Judicial, Beliz lo reconoció en la rueda de prensa de anoche cuando dijo que “la Corte mañana –por hoy– tratará cuestiones vinculadas a derechos humanos. Cada uno de los poderes hace lo suyo, pero más allá de interpretaciones, no se puede dudar de la voluntad del gobierno”. Extremando el tacto, aunque no demasiado, Beliz opinó que los tramos en los que el Tratado se enfrente con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “deben ser analizados desde el punto de vista del Poder Judicial”. Consultado por este diario, Taiana no dudó en señalar que, en caso de que la Convención obtenga rango constitucional, luego de que los dos tercios del total de legisladores de ambas cámaras lo respalden, ésta estará por encima de las leyes. En esa línea el Congreso podría realizar modificaciones a los códigos y luego la Justicia debería dar su interpretación a cuestiones como la de la ley más benigna.
La atribución de indultar también tiene rango constitucional. En ese caso la Corte, luego de que la Convención sea constitucional, debería laudar entre qué nivel manda, si un tratado o la atribución del presidente. Muchas cuestiones se definirán en el terreno de interpretación de las leyes, mientras muchos responsables de los crímenes de la dictadura se acercan al banquillo de los acusados en la Argentina o a ser extraditados a otros países.

“No soy abogada, soy una luchadora”, dijo Carlotto en la presentación de los proyectos. Para ilustrar su acuerdo con la medida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que últimamente “no se gana para alegrías”. Y elogió: “Estamos viviendo un momento histórico. Hay un Presidente que no sólo dice sino que hace. Estamos avanzando en el buen camino”.
La norma a la cual adhirió ayer la Argentina fue inspirada por los juicios de Nuremberg que siguieron a la derrota del nazismo alemán. “No podrá haber Justicia para las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA si no hay Justicia para los crímenes de Margarita Belén”, señaló el presidente de la AMIA. “Es un solo país”, concluyó.
La Convención será ley argentina dentro de 90 días, tal como lo contempla el Tratado de la ONU. Y si el Congreso aprueba el proyecto del Ejecutivo, se transformará de hecho en algo superior: un artículo de la Constitución. Así hasta los juicios de la verdad podrían convertirse en penales.

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Todos frente al Congreso porque “el pueblo argentino exige la nulidad”

Más de 112 agrupaciones realizarán hoy, a las 14, una concentración frente al Congreso para reclamar la nulidad de las leyes de impunidad. El fin es que coincida el reclamo de los organismos de derechos humanos con la sesión en Diputados.

Los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones piqueteras se concentrarán hoy frente al Congreso para seguir desde ahí la sesión de la Cámara de Diputados en la que comenzará a tratarse la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. “Queremos que en nuestro país podamos vivir sin impunidad”, explicó Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las más de 112 agrupaciones que convocaron a la manifestación por la declaración de la nulidad “absoluta e insanable” de las leyes de impunidad.La manifestación frente al Congreso está prevista para las 13, aunque algunas organizaciones se concentrarán previamente en otro sitio para marchar después hasta ese lugar. Es el caso de la agrupación Barrios de Pie, que tiene previsto pasar a las 12 por Tribunales. “En definitiva la que va a resolver es la Corte”, sostuvo el principal referente de esa agrupación piquetera, Jorge Ceballos, y precisó que “después de que nos escuchen los jueces vamos a juntarnos con las demás organizaciones en el Congreso, alrededor de las 14”.La Corriente Clasista y Combativa (CCC), que también se sumó a la convocatoria, se concentrará a las 12.30 en la avenida 9 de Julio y Belgrano. A la manifestación concurrirán además columnas del Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados que lidera Raúl Castells y el MTD Evita.Entre los organismos de derechos humanos, los que convocaron a la concentración son, además de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Amnistía Argentina, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación ex Detenidos y Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y las dos agrupaciones que agrupan a hijos de desaparecidos.La manifestación tiene por objetivo respaldar el proyecto de la diputada de Izquierda Unida (IU) Patricia Walsh, quien fue la primera en impulsar la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Ahora los peronistas le ponen un nombre que ni siquiera se puede mencionar, nosotros no queremos trabas, por eso queremos que se sancione el proyecto de Patricia Walsh, que es la nulidad”, precisó Cortiñas. La IU adelantó que instalará una pantalla gigante frente al Congreso en la que se proyectarán imágenes de lo que suceda en el recinto de Diputados con el objetivo de dejar en evidencia a los legisladores que se opongan a la iniciativa.“No vamos a aceptar proyectos que no expresen claramente la nulidad”, enfatizó también la dirigente de la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos Adriana Calvo, durante la conferencia que brindó junto a Cortiñas y otros referentes de organismos de derechos humanos para dar precisiones sobre la convocatoria a la manifestación, bajo cuatro consignas: “Ni postergación de la sesión especial, ni inoponibilidad”; “El pueblo argentino exige nulidad”; “Por una Argentina sin impunidad” y “Cárcel a los genocidas”.


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