Domingo 23 de abril de 2006
MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE EN ANGOL
MAPUCHES EN HUELGA DE HAMBRE EN ANGOL
Cuarenta días sin pan
Se habla de un Nuevo Trato con los indígenas. Pero, de momento, el Trato se parece mucho al de siempre. Tres comuneros mapuches y una ex estudiante de teología, presos en la Araucanía, no comen desde el 13 de marzo. Un enfrentamiento más en el gran conflicto de los derechos de los pueblos originarios.
La Nación
Betzie Jaramillo
Hoy cumplen 40 días sin comer nada. Sólo agua. Esta es la forma de protesta de los comuneros mapuches Juan Huenulao, Patricio Marileo, Jaime Marileo y Patricia Troncoso, “La Chepa”, en huelga de hambre desde el 13 de marzo para que se revise el fallo y se decrete amnistía por la condena de 10 años que los cuatro recibieron por el incendio de 100 hectáreas del fundo Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco. La sentencia los condena también a pagar una indemnización de más de 400 millones.
Patricia, ex alumna de teología de la Universidad Católica de Valparaíso, es la que en peores condiciones se encuentra, con fallos renales, y ya no puede tenerse en pie. Pero todo apunta a que ninguno desistirá y los cuatro se han resistido al intento de los funcionarios de la cárcel de Angol de suministrarles suero contra su voluntad.
Tan severa condena es producto de la Ley Antiterrorista, que sólo se aplica en la IX Región y, en concreto, a los mapuches, y que entre otras consecuencias dobla automáticamente las penas a los inculpados. “Nadie puede desconocer que la aplicación de la Ley Antiterrorista es injusta y represiva”, dijo el senador Alejandro Navarro, que además de apoyar a los presos anuncia que va a solicitar al Gobierno una ley de amnistía para los condenados. Y la visita que hizo la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hace unos días terminó en un informe que, entre otras muchas cosas, dice que “la calificación de terrorista” vulnera los principios del derecho penal en democracia y viola los derechos a un juicio justo, y concluye que el proclamado “fin de la transición” con la nueva Constitución sigue dejando al margen a los pueblos indígenas.
Así de duras son las reglas en este territorio convulso donde está el foco del llamado “conflicto mapuche”. Un conflicto que, según el dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander, “se va a agudizar durante este período y nos estamos preparando para movilizarnos”, ante noticias que hablan de más centrales hidroeléctricas en los territorios que reivindican y el aumento de 2,5 millones de hectáreas a 4 millones de explotaciones forestales. Como dice Aucán Huilcamán, el mapuche que quiso, y no pudo, ser candidato a la Presidencia, “la Forestal Mininco, cuyo principal accionista es Eliodoro Matte, es dueña del doble de hectáreas que tienen todos los mapuches juntos”.
“Cada pino y cada eucalipto consumen 90 litros de agua al día y se secan las napas”, denuncia el abogado Alihuen Antileo, werken (vocero) de la organización Meli Wixan Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), escindida de la radical Coordinadora Arauco-Malleco. Cosa que confirma Manuel Santander: “Somos un desierto verde. Por culpa de las forestales tenemos que llevar agua en camiones a Galvarino, Lumaco, Traiguén y Lautaro”. Quién diría que iba a faltar agua en esos campos famosos por tener este líquido esencial para la vida, a raudales. Y la cruel consecuencia: el desplazamiento forzoso de los mapuches que engrosan la lista de marginados en las ciudades que, como deja claro el nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jaime Andrade Guenchocoy, “ellos son los más pobres de los pobres”. Este exilio obligado afecta al 75% de esta etnia.
¿CUÁNTOS SON?
¿El 75% de cuántos? He aquí el otro problema. Según el último censo de 2002, serían casi 700 mil los indígenas en el país desde Arica a Tierra del Fuego, un 4,6% de la población total. De esta cifra, 604 mil son mapuches. Pero esa cifra es impugnada por los dirigentes mapuches. Y hablan de un millón y medio sólo contando a su pueblo; o sea, alrededor de 10% de la población de Chile sería indígena. Y es que desde el primer censo de pueblos originarios en 1992 ha desaparecido casi la mitad. “Todo un genocidio estadístico”, como lo califica el abogado Antileo. Según él y Santander, esto forma parte de la política de negación sistemática del pueblo mapuche.
Pero mapuches o no, son votos. Y por eso la entonces candidata Michelle Bachelet se reunió al borde de la segunda vuelta, el 6 de enero, en Nueva Imperial, con representantes indígenas. Allí acordaron impulsar un proceso de diálogo cuyos frutos se darán a conocer el 24 de junio, día en que se celebra el Año Nuevo mapuche y que debería ser el punto de partida a una política de nuevo trato 2006-2010. Parte de este nuevo trato está en la definitiva ratificación del Convenio 169 de la OIT, que a pesar de las demoras ya sólo falta que ratifique el Senado y que es una norma internacional que casi todos los países de América, con la sola excepción de Chile y Uruguay, han suscrito.
LOS RECURSOS NATURALES
El famoso Convenio 169 tiene como ejes centrales la protección de los pueblos indígenas y el respeto a su integridad, pero para ser más concretos alude también al derecho de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus territorios. O sea, esos recursos naturales tan preciosos y precisos para todo el país como son la minería del norte y las riquezas forestales en el sur, además de los derechos de aguas a lo largo de todo el territorio nacional. Y no hay que leerse los periódicos todos los días para darse cuenta que son precisamente esas riquezas las que están en conflicto con los gigantes empresariales, tanto internacionales como nacionales.
El abogado Antileo es escéptico al respecto: “¿Se van a detener las forestales? ¿Se van a detener las centrales hidroeléctricas que se planean en el Biobío? ¿O el ducto de la planta de Celco en la zona de Mehuín? La respuesta es no”. Manuel Santander, del Consejo de Todas las Tierras, es más optimista y piensa que “es un instrumento internacional que puede generar una base para el reconocimiento constitucional” de los pueblos originarios. Jaime Andrade, director de la Conadi, opina que la firma del Convenio 169 está hoy más cerca y que “ojalá sea en esta legislatura, aunque no se debe correr el riesgo de que sea rechazado”.
Andrade considera que el día 24 de junio será un hito para inaugurar de una vez por todas un debate nacional sobre el tema indígena que los incluya, y reconoce “el clasismo y el racismo que existe en la sociedad”. Pero Manuel Santander opina que ese diálogo, a dos meses de esa fecha, no se está produciendo. Diálogo fallido que ya ha provocado la retirada de la urgencia del Proyecto de Reforma Constitucional de los Pueblos Indígenas, “por lo inconsulto que resulta el texto”; es decir, que no contaron con la opinión de los propios indígenas para elaborarlo.
No son pocos los que piensan que no es fácil dialogar con los indígenas, porque hay muchos grupos y no hay una voz unitaria. A lo que el abogado Antileo responde con la rapidez de un rayo: “Sí, sí, muchos prefieren vernos como una patota sin orden. Pero el día en que la UDI y el PC, que comparten la misma bandera chilena y bailan las mismas cuecas, se unan, nosotros haremos lo mismo”.
EL CHUPETE NO ALIMENTA
¿Por qué se necesita una reforma constitucional? ¿Es que no sirve la Ley Indígena que ya está en vigor? La reforma constitucional idónea reconocería que en Chile conviven distintos pueblos, con distintos idiomas, con patrimonios culturales e históricos diversos, con derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos al territorio, autonomía y autodeterminación. En cambio, la Ley Indígena es vista por los dirigentes indígenas como una ley paternalista que consagra la idea colonialista sobre ellos. O también es conocida como la “ley chupete”, que entretiene pero no alimenta.
Jaime Andrade reconoce que es evidente que Chile no es una sola nación y que basta mirar para ver la diversidad que hay en el país, y que, aunque los avances han sido lentos, hay algunos progresos. “Son legislaciones parciales, como la posibilidad de que una pareja pueda contraer matrimonio en su propia lengua o el reconocimiento del palín como deporte nacional o la ley que acata los derechos de las comunidades lafkenches al borde costero”. Pero que es insuficiente y que el reconocimiento constitucional marcaría una diferencia sustancial. Aunque todo apunta a que será más tarde que temprano el deseado reconocimiento.
SE ACABA EL TIEMPO
Como ya está a punto de ser tarde para los cuatro huelguistas de la cárcel de Angol, el propio Andrade los ha visitado a petición del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el lonko José Cariqueo. Fue una visita de carácter humanitario. Él confirma que su estado es “delicado. Ya no se levantan y están muy debilitados y con riesgo vital”. Pese a todo, Andrade pudo comprobar que “están decididos a seguir con la huelga”.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo o quién tiene el poder para hacerlos desistir de la radical decisión que tomaron el 13 de marzo. La justicia es lenta, la burocracia también, a pesar de las presiones internacionales y nacionales para dar una solución a estas cuatro personas. Si llega a ocurrir un desenlace fatal, se convertirán en mártires de una causa que ya nadie puede soslayar.
Porque hay que reconocer que tienen razón cuando hablan de expolio y de usurpación, cuando denuncian a la Ley Antiterrorista que se les aplica, y cuando defienden su lugar en el mapa porque, después de todo, ellos estaban aquí desde hace miles de años. 20 mil y hasta 40 mil años antes que llegaran los huincas, como demuestra el yacimiento de Monteverde a las afueras de Puerto Montt, que tiene asombrados a los científicos del mundo y que obliga a reescribir la historia humana de América.
Patricia, ex alumna de teología de la Universidad Católica de Valparaíso, es la que en peores condiciones se encuentra, con fallos renales, y ya no puede tenerse en pie. Pero todo apunta a que ninguno desistirá y los cuatro se han resistido al intento de los funcionarios de la cárcel de Angol de suministrarles suero contra su voluntad.
Tan severa condena es producto de la Ley Antiterrorista, que sólo se aplica en la IX Región y, en concreto, a los mapuches, y que entre otras consecuencias dobla automáticamente las penas a los inculpados. “Nadie puede desconocer que la aplicación de la Ley Antiterrorista es injusta y represiva”, dijo el senador Alejandro Navarro, que además de apoyar a los presos anuncia que va a solicitar al Gobierno una ley de amnistía para los condenados. Y la visita que hizo la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hace unos días terminó en un informe que, entre otras muchas cosas, dice que “la calificación de terrorista” vulnera los principios del derecho penal en democracia y viola los derechos a un juicio justo, y concluye que el proclamado “fin de la transición” con la nueva Constitución sigue dejando al margen a los pueblos indígenas.
Así de duras son las reglas en este territorio convulso donde está el foco del llamado “conflicto mapuche”. Un conflicto que, según el dirigente del Consejo de Todas las Tierras, Manuel Santander, “se va a agudizar durante este período y nos estamos preparando para movilizarnos”, ante noticias que hablan de más centrales hidroeléctricas en los territorios que reivindican y el aumento de 2,5 millones de hectáreas a 4 millones de explotaciones forestales. Como dice Aucán Huilcamán, el mapuche que quiso, y no pudo, ser candidato a la Presidencia, “la Forestal Mininco, cuyo principal accionista es Eliodoro Matte, es dueña del doble de hectáreas que tienen todos los mapuches juntos”.
“Cada pino y cada eucalipto consumen 90 litros de agua al día y se secan las napas”, denuncia el abogado Alihuen Antileo, werken (vocero) de la organización Meli Wixan Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), escindida de la radical Coordinadora Arauco-Malleco. Cosa que confirma Manuel Santander: “Somos un desierto verde. Por culpa de las forestales tenemos que llevar agua en camiones a Galvarino, Lumaco, Traiguén y Lautaro”. Quién diría que iba a faltar agua en esos campos famosos por tener este líquido esencial para la vida, a raudales. Y la cruel consecuencia: el desplazamiento forzoso de los mapuches que engrosan la lista de marginados en las ciudades que, como deja claro el nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jaime Andrade Guenchocoy, “ellos son los más pobres de los pobres”. Este exilio obligado afecta al 75% de esta etnia.
¿CUÁNTOS SON?
¿El 75% de cuántos? He aquí el otro problema. Según el último censo de 2002, serían casi 700 mil los indígenas en el país desde Arica a Tierra del Fuego, un 4,6% de la población total. De esta cifra, 604 mil son mapuches. Pero esa cifra es impugnada por los dirigentes mapuches. Y hablan de un millón y medio sólo contando a su pueblo; o sea, alrededor de 10% de la población de Chile sería indígena. Y es que desde el primer censo de pueblos originarios en 1992 ha desaparecido casi la mitad. “Todo un genocidio estadístico”, como lo califica el abogado Antileo. Según él y Santander, esto forma parte de la política de negación sistemática del pueblo mapuche.
Pero mapuches o no, son votos. Y por eso la entonces candidata Michelle Bachelet se reunió al borde de la segunda vuelta, el 6 de enero, en Nueva Imperial, con representantes indígenas. Allí acordaron impulsar un proceso de diálogo cuyos frutos se darán a conocer el 24 de junio, día en que se celebra el Año Nuevo mapuche y que debería ser el punto de partida a una política de nuevo trato 2006-2010. Parte de este nuevo trato está en la definitiva ratificación del Convenio 169 de la OIT, que a pesar de las demoras ya sólo falta que ratifique el Senado y que es una norma internacional que casi todos los países de América, con la sola excepción de Chile y Uruguay, han suscrito.
LOS RECURSOS NATURALES
El famoso Convenio 169 tiene como ejes centrales la protección de los pueblos indígenas y el respeto a su integridad, pero para ser más concretos alude también al derecho de los pueblos originarios sobre los recursos naturales de sus territorios. O sea, esos recursos naturales tan preciosos y precisos para todo el país como son la minería del norte y las riquezas forestales en el sur, además de los derechos de aguas a lo largo de todo el territorio nacional. Y no hay que leerse los periódicos todos los días para darse cuenta que son precisamente esas riquezas las que están en conflicto con los gigantes empresariales, tanto internacionales como nacionales.
El abogado Antileo es escéptico al respecto: “¿Se van a detener las forestales? ¿Se van a detener las centrales hidroeléctricas que se planean en el Biobío? ¿O el ducto de la planta de Celco en la zona de Mehuín? La respuesta es no”. Manuel Santander, del Consejo de Todas las Tierras, es más optimista y piensa que “es un instrumento internacional que puede generar una base para el reconocimiento constitucional” de los pueblos originarios. Jaime Andrade, director de la Conadi, opina que la firma del Convenio 169 está hoy más cerca y que “ojalá sea en esta legislatura, aunque no se debe correr el riesgo de que sea rechazado”.
Andrade considera que el día 24 de junio será un hito para inaugurar de una vez por todas un debate nacional sobre el tema indígena que los incluya, y reconoce “el clasismo y el racismo que existe en la sociedad”. Pero Manuel Santander opina que ese diálogo, a dos meses de esa fecha, no se está produciendo. Diálogo fallido que ya ha provocado la retirada de la urgencia del Proyecto de Reforma Constitucional de los Pueblos Indígenas, “por lo inconsulto que resulta el texto”; es decir, que no contaron con la opinión de los propios indígenas para elaborarlo.
No son pocos los que piensan que no es fácil dialogar con los indígenas, porque hay muchos grupos y no hay una voz unitaria. A lo que el abogado Antileo responde con la rapidez de un rayo: “Sí, sí, muchos prefieren vernos como una patota sin orden. Pero el día en que la UDI y el PC, que comparten la misma bandera chilena y bailan las mismas cuecas, se unan, nosotros haremos lo mismo”.
EL CHUPETE NO ALIMENTA
¿Por qué se necesita una reforma constitucional? ¿Es que no sirve la Ley Indígena que ya está en vigor? La reforma constitucional idónea reconocería que en Chile conviven distintos pueblos, con distintos idiomas, con patrimonios culturales e históricos diversos, con derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos al territorio, autonomía y autodeterminación. En cambio, la Ley Indígena es vista por los dirigentes indígenas como una ley paternalista que consagra la idea colonialista sobre ellos. O también es conocida como la “ley chupete”, que entretiene pero no alimenta.
Jaime Andrade reconoce que es evidente que Chile no es una sola nación y que basta mirar para ver la diversidad que hay en el país, y que, aunque los avances han sido lentos, hay algunos progresos. “Son legislaciones parciales, como la posibilidad de que una pareja pueda contraer matrimonio en su propia lengua o el reconocimiento del palín como deporte nacional o la ley que acata los derechos de las comunidades lafkenches al borde costero”. Pero que es insuficiente y que el reconocimiento constitucional marcaría una diferencia sustancial. Aunque todo apunta a que será más tarde que temprano el deseado reconocimiento.
SE ACABA EL TIEMPO
Como ya está a punto de ser tarde para los cuatro huelguistas de la cárcel de Angol, el propio Andrade los ha visitado a petición del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el lonko José Cariqueo. Fue una visita de carácter humanitario. Él confirma que su estado es “delicado. Ya no se levantan y están muy debilitados y con riesgo vital”. Pese a todo, Andrade pudo comprobar que “están decididos a seguir con la huelga”.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo o quién tiene el poder para hacerlos desistir de la radical decisión que tomaron el 13 de marzo. La justicia es lenta, la burocracia también, a pesar de las presiones internacionales y nacionales para dar una solución a estas cuatro personas. Si llega a ocurrir un desenlace fatal, se convertirán en mártires de una causa que ya nadie puede soslayar.
Porque hay que reconocer que tienen razón cuando hablan de expolio y de usurpación, cuando denuncian a la Ley Antiterrorista que se les aplica, y cuando defienden su lugar en el mapa porque, después de todo, ellos estaban aquí desde hace miles de años. 20 mil y hasta 40 mil años antes que llegaran los huincas, como demuestra el yacimiento de Monteverde a las afueras de Puerto Montt, que tiene asombrados a los científicos del mundo y que obliga a reescribir la historia humana de América.
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