26 de Junio de 2009
Organizaciones del sector critican políticas durante su mandato
La piedra en el zapato del acercamiento de Frei al mundo indígena
El anuncio del candidato presidencial de que iniciará un proceso de diálogo con representantes de los pueblos originarios para delinear las propuestas que definirán su eventual segundo periodo, despierta sentimientos encontrados en ese sector. Diversos actores recuerdan, especialmente, la dura postura del ex mandatario frente al proyecto hidroeléctrico Ralco, donde, señalan, removió a tres directores de la Conadi que se oponían a su realización. También responsabilizan a su gobierno por el criterio de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado en el conflicto con los mapuches, lo que definen como "el inicio de la criminalización".
Por Claudia Urquieta Ch.
La plantación de un canelo, discursos en mapudungun y degustación de comida típica de los pueblos originarios en el patio de la casa del comando de Eduardo Frei, fue la presentación que el equipo del candidato eligió para anunciar su acercamiento al mundo indígena el miércoles pasado.
Junto a un grupo de dirigentes originarios y coincidiendo con la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, el senador inauguró oficialmente un proceso de diálogo con representantes de pueblos indígenas para avanzar en las propuestas alusivas al tema que el parlamentario planea anunciar en septiembre.
También estaba presente el vicepresidente del PPD, Domingo Namuncura, quien es uno de los encargados de la iniciativa. El ex presidente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ve como una excelente señal de parte del candidato de la Concertación esta fórmula, y asegura que el escenario actual es radicalmente opuesto al vivido hace una década.
Consultado al respecto, el propio Frei aseguró que "no vamos a hacer el gobierno del 94'."
Pero la visión de otros actores no es tan optimista. Aún está en la memoria la política en torno al tema indígena adoptada durante su anterior mandato, gobierno, que ha sido fuertemente cuestionada por el mundo indígena, sobre todo a partir de la larga y accidentada historia por la aprobación para la construcción de la central Ralco.
Tensión en políticas indígenas
Para José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, el Gobierno de Frei "estuvo marcado por la contradicción y la tensión en materia de políticas indígenas. Lo que se grafica entre una política orientada en el discurso a la implementación de la Ley Indígena, aprobada a fines del '93, y la opción muy marcada de Frei por un desarrollo económico y crecimiento, orientado hacia la inclusión de Chile en mercados globales a través de la expansión de la industria extractiva y generadora de electricidad en territorio indígena".
Postura que se resume en las palabras del ex mandatario, quien señaló que nada detendría el crecimiento de Chile, "haciendo expresa referencia a cuestionamientos sociales que emergían desde distintos sectores de la población", señala el hijo del ex presidente Patricio Aylwin.
El proyecto más emblemático y resistido durante su mandato fue el de la hidroeléctrica Ralco, de Endesa, porque aunque afectaba a comunidades Pehuenches, se transformó en el símbolo del pueblo mapuche. Las resistencias provenían incluso desde la Conadi, institución que le tocó estructurar bajo su mandato.
Y aunque en un primer momento respetó la opción de generar una cogestión de política pública a través del organismo de composición mixta, cuando los consejeros empezaron a poner taras a la aprobación del proyecto de Endesa, las cosas cambiaron.
En el libro "Ralco: ¿Represa o Pobreza?", del mismo Domingo Namuncura, se entregan todos los antecedentes de cómo se tomaron las resoluciones sobre la materia. Así como los detalles de la salida de la institución de varios funcionarios que no remaban a favor de la iniciativa, incluido el propio autor del texto.
En conversación con El Mostrador, Namuncura explicó que en esa época Frei debió enfrentar el problema de que el consumo de energía del país excedía el de la capacidad de producción de la misma. Por eso asegura que "el gobierno cumplió con el propósito de garantizar el equilibrio de la demanda".
Alex Quevedo, abogado que representó a varias familias que fueron relocalizadas por la permuta de sus tierras para la construcción de Ralco, señala que lo que pasó en la Conadi "fue una intervención directa del presidente en la institucionalidad de protección de derechos indígenas. No fue de gobierno, fue directamente del Presidente. Intervino y desvirtuó la institución y le hizo perder todo el valor frente a las comunidades indígenas".
El abogado asegura que "fue más allá de lo moral: era absolutamente irregular que cada vez que el director de la Conadi no actuaba conforme a su voluntad de construir el proyecto Ralco, el presidente lo cambiaba. Esto pasó tres veces".
Hasta que se designó a Rodrigo González, quien votó a favor de las permutas de tierras que eran resistidas por los directores anteriores. "Fue un interventor y terminó con esta concepción de entidad bipartita donde la política indígena era determinada por representantes de pueblos indígenas y del Ejecutivo. Quedó claro que era un órgano fundamentalmente del gobierno", explica Aylwin.
Para el co-director del Observatorio Ciudadano, la situación fue determinante para el futuro de la Conadi, ya que "a pesar de las imperfecciones que tenía y tiene, había generado expectativas que en ese momento se diluyen. Y es determinante en que el movimiento indígena, que había suscrito el Acuerdo de Nueva Imperial y apostado por el gobierno de la Concertación, decidiera marginase del Estado y genera movimientos autonómicos".
Quevedo explica que hubo muchas más situaciones en que el gobierno intervino para allanarle el camino al proyecto, como en la resolución de la Contraloría General de la República que dictaminó que la concesión para construir la hidroeléctrica estaba ajustada a derecho. "Endesa puede haber cometido irregularidades, pero hubo una intervención del Ejecutivo para que el sistema hiciera la vista gorda ante esas irregularidades cometidas".
El relator especial de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, señaló dentro de su informe sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas de 2003, que "existieron graves irregularidades en las etapas de diseño, planeación y ejecución de esta obra y la de Pangue...las comunidades Pehuenche aledañas y afectadas por la obra no fueron consultadas, ni sus necesidades y derechos considerados en las etapas cruciales del proyecto, que se llevó a cabo incluso contra la opinión técnica de la CONADI y otros servicios públicos del Estado".
Mano dura
Paralelamente a Ralco, también hubo resistencia por parte del mundo indígena a la expansión forestal, fuertemente respaldada por la administración Frei, en la línea con la política económica y con el objetivo de insertar al país en los mercados internacionales.
Este rechazo se tradujo en bloqueos de caminos, quema de camiones e intensas protestas. "Se aplica mano dura, e inicia lo que luego Ricardo Lagos mantiene: el proceso de criminalización de la protesta social indígena", detalla Aylwin.
Por otro lado, el abogado señala que en la primera administración de la Concertación hubo juicios en contra de mapuches, pero que durante el gobierno de Frei se comienza con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. "En cuatro ocasiones el gobierno se hace parte en las causas que inician querellas a petición de las empresas forestales".
El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, explica que el gobierno del abanderado oficialista "tuvo posiciones muy represivas con las comunidades mapuches". Pese a esto, asegura que "estamos dispuestos a dialogar. Aunque no sólo para llegar a acuerdos, sino también para decirle lo que hemos vivido a consecuencia de su administración".
El Convenio 169
El escenario que Frei enfrentaría en caso de ser electo es similar al que le tocó cuando asumió en 1994: esa vez le tocó implementar la ley indígena. En 2010 deberá hacerse cargo de la implementación del Convenio 169, que ya despierta rechazo y cuestionamientos entre las filas de la oposición y el mundo empresarial.
Namuncura destaca que a Frei le tocó aplicar la Ley Indígena e instalar a la Conadi, en un contexto en que "era algo nuevo y no había experiencia. Fue un proceso de error y acierto". Lo que a su entender ahora es muy distinto."El contexto jurídico, legal y político será otro", ya que la ley indígena lleva 11 años en ruedo y la Ley de Medioambiente -que también se aprobó en ese gobierno- está consolidada.
Además, "el Convenio 169 cambia el modo de relación con el mundo indígena: convierte lo que era un favor de las autoridades de turno en derechos que deben ser cumplidos", asegura.
Eso sí, reconoce que "se descansó más en lo que Mideplan y Conadi podían hacer por el tema indígena y no hubo una transversalización en el Estado. De hecho el tema aún está percibido sectorialmente. Y la idea es que eso cambie".
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