El magistrado estableció que fue una operación coordinada entre los ejércitos de Chile y Uruguay ( 27-09- 2008)

Sábado 27 de septiembre de 2008



Por Andrea Chaparro / La Nación

El magistrado estableció que fue una operación coordinada entre los ejércitos de Chile y Uruguay

Juez dicta masiva acusación por crimen de Eugenio Berríos

El ministro Alejandro Madrid formuló cargos contra 19 personas por su participación en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, retenido en Uruguay para evitar que declarara en causas de DDHH.

El ministro en visita Alejandro Madrid dictó ayer una masiva acusación contra militares y civiles chilenos, a los que se sumaron tres ex uniformados uruguayos, involucrados en el secuestro y homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, quien fue encontrado muerto en abril de 1995 en la playa El Pinar, Montevideo, tras permanecer cerca de cuatro años oculto contra su voluntad, víctima de un operativo de inteligencia con el que se impidió que declarara en las investigaciones judiciales por los crímenes del ex diplomático chileno-español, Carmelo Soria, y del ex canciller Orlando Letelier.

En la resolución, el magistrado formuló cargos por el delito de secuestro con homicidio, secuestro y asociación ilícita en contra del entonces director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), Eugenio Covarrubias Valenzuela (encubridor), quien al asumir el cargo en diciembre de 1991 fue informado de la situación de Berríos en Uruguay, advirtiéndosele los motivos por los que fue sacado del país ese año y que existía "necesidad de mantenerlo vigilado, ya que su estilo de vida y afición al alcohol ha causado problemas", reseña el dictamen.

Mientras que por secuestro con homicidio (autor) y asociación ilícita acusó al mayor (R) Arturo Silva Valdés, encargado de la unidad especial de la DINE denominada "Asesoría de Análisis", que dependía directamente de quien estuviera a la cabeza del organismo.

En ese puesto, Silva recibió la orden de esperar en el aeropuerto de Buenos Aires al ex químico que viajaba escoltado por el oficial de Ejército Pablo Rodríguez Márquez (acusado de secuestro). Allí permanecieron dos días y luego partieron a Uruguay.

Según el fallo, esta no era la primera operación de inteligencia de esta índole. Fue "similar a las realizadas con los mayores de Ejército (R) Carlos Herrera Jiménez y Arturo Sanhueza Ros, quienes, por orden de de la DINE ( ), fueron llevados a Uruguay (donde) con la cooperación de oficiales del ejército de ese país, se les mantuvo fuera del alcance de la justicia chilena por encontrarse comprometidos en procesos por violaciones de los derechos humanos", consigna el juez.

En la tarea de seleccionar a aquellas personas que era preferible sacar del país y refugiar en naciones vecinas habría participado el ex auditor general del Ejército, general (R) Fernando Torres Silva y su entonces mano derecha, el coronel (R) Enrique Ibarra Chamarro, quienes seguían de cerca los casos conflictivos en los tribunales.

De hecho, en la investigación se estableció que la Auditoría y la DINE bloquearon la acción de los magistrados que indagaban las causas por delitos de lesa humanidad.

El secuestro del químico

El ministro también formuló cargos por el delito de secuestro, asociación ilícita y obstrucción a la justicia en contra del director de la DINE general (R) Hernán Ramírez Rurange, antecesor de Covarrubias en el cargo, así como contra el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco que en octubre de 1991 estaba a la cabeza del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

Según el fallo, Provis mantuvo a Berríos en las dependencias de ese cuartel militar donde se coordinó su salida de Chile bajo la custodia de agentes especiales del DINE vía Punta Arenas hacía Argentina y con destino final Uruguay.

El texto agrega que durante 2002 Berríos vivió en el barrio Los Pocitos, en Montevideo, donde era controlado por distintos militares chilenos y tres ex oficiales de inteligencia uruguayos: Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copilla y Wellington Sarli Pose. Todos acusados de secuestro.

En noviembre de ese año, el químico cansado del cautiverio intenta escapar y se comunica con el consulado de Chile en Uruguay para conseguir un salvoconducto. Poco después logra llegar a una comisaría local y relata su historia pero fracasa.
Hasta ese lugar llegan sus vigilantes y aseguran que está perturbado. Es trasladado a un policlínico para ser examinado y el doctor de turno concluye que es un hombre normal, pero el mismo Berríos duda sobre su decisión y, finalmente, regresa con sus custodios. Después de eso se le pierde la pista hasta el 13 de abril de 1995, cuando se encuentran sus restos óseos los que evidenciaban impactos de bala y signos de violencia.

OCULTAR Y REFUGIAR

El magistrado estableció que:

- “Las acciones (...) fueron realizadas entre 1991 y 1993 por personal en servicio activo de los ejércitos de Chile y Uruguay, que apartándose de las funciones propias de sus cargos, formaron una organización paralela a la estructura regular del mando (...) para lo cual se coordinaron”.

- “(Los militares) procedieron a participar en diversas acciones tendientes a sustraer de la acción de la justicia y proporcionar refugio a militares y civiles que se encontraban imputados en diversos crímenes (...) cometidos durante el régimen militar”.

“A pesar de que estos hechos (...) han podido llegar a comprometer la seguridad interna del Ejército de Chile y el prestigio de la administración de justicia”.



http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080926/pags/20080926200043.html

Chl - Acusan en primera instancia a 19 personas, la mayoría militares, del asesinato en Uruguay del agente de la DINA Eugenio Berríos.

i) El juez Alejandro Madrid acusó a 19 personas, 14 militares y 2 civiles chilenos y 3 militares uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la DINA Eugenio Berríos.

Chl - Acusan a 19 militares del secuestro y asesinato del agente de la DINA Eugenio Berríos. (Agencia IPS). Radio Nizkor, 29 sep08

El juez chileno Alejandro Madrid, de la Corte Apelaciones de Santiago, acusó el viernes 26 sep08 a 19 personas, la mayoría militares de Chile y tres uruguayos, por el secuestro y asesinato del ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el químico Eugenio Berríos. El juez, quien instruye la causa desde 2003, acusó al mayor retirado del ejército, Arturo Silva Valdés, de autor del delito de secuestro con homicidio de Berríos, y al ex general Eugenio Covarrubias Valenzuela, de encubridor de los hechos. Bajo los cargos de secuestro fueron inculpados siete uniformados retirados:

el general Hernán Ramírez Rurange, el brigadier Manuel Provis Carrasco, el teniente coronel Pablo Rodríguez Márquez, el mayor Jaime Torres Gacitúa, el oficial Manuel Pérez Santillán y los suboficiales Marcelo Sandoval Durán y Nelson Román Cáceres. A ellos se sumó el civil Raúl Lillo Gutiérrez. Los militares uruguayos extraditados a Chile en abril de 2006, por solicitud de Madrid, los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, fueron formalizados por secuestro y asociación ilícita. Por este último delito el juez también acusó al ex auditor del ejército de Chile, Fernando Torres Silva, y al coronel retirado Enrique Ibarra, además de Provis, Ramírez, Covarrubias, Silva, Rodríguez, Torres, Lillo, Pérez, Sandoval y Román. Madrid formalizó asimismo al oficial retirado Mario Cisternas Orellana y a los civiles Nelson Hernández Franco y Erika Silva Morales, además de Sandoval y Román, por infracción al artículo del Código Penal que establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar un ilícito. Por obstrucción a la justicia figura Ginez Rojas Gómez junto a los ya mencionados Ramírez, Rodríguez, Lillo y Covarrubias. Berríos, un químico especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, como el gas sarín, fue agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer cuerpo represivo de la dictadura del general Pinochet, fallecido en 2006. En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país para impedir que declarara en el proceso judicial por la muerte del ex canciller del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, asesinado en un atentado perpetrado en 1976 en Washington... La última vez que se lo vio con vida fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría de Parque del Plata, localidad cercana a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. El cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en una playa de El Pinar, Uruguay, pero las pericias establecieron que la fecha de muerte databa de fines de 1992 o comienzos de 1993. El magistrado reconoció que la investigación fue "complicada porque se trata de temas que obedecen a determinadas operaciones de inteligencia y que tuvo alcances de carácter internacional"... Madrid adelantó que está cerca de cerrar los sumarios de otros importantes procesos ligados al secuestro y homicidio de Berríos, entre ellos el caso de la muerte del ex presidente democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien falleció de una infección generalizada en 1982, luego de someterse a una operación de rutina.

La familia del ex mandatario, que a comienzos de la década del 80 se perfilaba como una de las figuras más importantes de la oposición a Pinochet, cree que Berríos estuvo detrás del agente biológico que se le habría introducido a Frei en la primera de las operaciones que se le practicaron en la Clínica Santa María, de Santiago. "Ha quedado claramente determinado el crimen de Berríos", dijo este viernes el abogado de la familia Frei, Álvaro Varela, quien aseguró que "existen antecedentes" que vinculan a Berríos con el deceso del ex jefe de Estado. Además, calificó el secuestro y asesinato del ex químico como "extraordinariamente graves, pues ocurrieron en plena vigencia del régimen democrático y con la clara voluntad e intencionalidad de impedir que los tribunales de justicia hicieran su tarea". "Nosotros somos bastantes optimistas", dijo por su parte Carlos Neira, abogado de los tres militares uruguayos acusados. Mantenemos "la misma la convicción que hemos venido sostenido durante tanto tiempo, en el sentido de que nuestros representados no tienen ningún grado de participación en los hechos que terminaron con la muerte del señor Berríos en Uruguay", declaró el jurista. Ahora la defensa y los querellantes tienen la oportunidad de responder a la acusación dictada por el ministro Madrid, para dar inicio a la etapa de plenario. Cuando ésta finalice, el juez estará en condiciones de dictar sentencias de primera instancia, que se estima se conocerán en los próximos meses.

[Fuente: Por Daniela Estrada, IPS, Santiago de Chile, 27 sep08]