Gobierno boliviano no acepta fallo de justicia en caso de prefecto de Pando
El gobierno boliviano resolvió la noche de este lunes no acatar el fallo de la Corte Superior de Justicia, con sede en la capital política de Bolivia, Sucre (Chuquisaca), que ordena la excarcelación del prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández.
Fernández, recluido en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz desde septiembre pasado, según el mandato judicial debe de inmediato ser trasladado a Sucre para ser puesto a dispuesto del Fiscal General de la República.
Fernández es acusado de ser autor intelectual e instigador de la muerte de al menos 16 campesinos, decenas de heridos y varios desaparecidos, durante un enfrentamiento entre partidarios y opositores del mandatario boliviano, Evo Morales, en el distrito Povernir, en el departamento de Pando, el 11 de septiembre pasado.
El gobierno anunció que iniciará un proceso por prevaricato en contra de los magistrados Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, que votaron a favor del Habeas que presentó la defensa del acusado.
El viceministro de Régimen Interior y Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, en rueda de prensa, dijo que el Poder Ejecutivo no dará curso a la resolución judicial, argumentando que las autoridades recurridas, entre ellas los ministros de Defensa y de Gobierno (Interior), no fueron notificadas, y que por lo tanto no podía haberse instalado la audiencia de habeas corpus.
"Cuando una orden judicial es legal, legítima y correcta debe cumplirse y acatarse, pero cuando una orden es una herejía jurídica, cuando una orden transgrede el ordenamiento jurídico, cuando se instala y se falla en una audiencia en la que no se ha citado a una autoridad recurrida, esa audiencia y esas decisiones son nulas de pleno derecho, no han nacido a la vida del derecho, no tienen efecto jurídico alguno, no existe obligación alguna de cumplírsela", aseveró.
Gamarra declaró que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de diciembre de 2007 en un caso similar que sirve de jurisprudencia y que respalda la decisión asumida por el Poder Ejecutivo de no acatar la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca.
"La citación es inexcusable y debe realizarse indefectiblemente por el juzgador o tribunal que le corresponda conocer y resolver la acción tutelar planteada, toda vez que al ser un trámite sumarísimo y oral, la citación y la asistencia de la parte recurrida es insoslayable para asumir criterio y resolver la tutela, salvo en los casos en que la parte recurrida renuncie a su derecho a asumir defensa, por cuanto de presentarse esa situación, el juzgador deberá resolver en base a las pruebas que aporte la parte recurrente, pero bajo ningún motivo se puede instalar audiencia, celebrarla y resolver cuando la parte recurrida desconoce la presentación de la acción tutelar en su contra.
Gamarra afirmó que esta sentencia dio lugar, en su consideración, a que la vocal Teresa Rosquellas emita su criterio por la improcedencia del recurso presentado por los abogados del ex Prefecto de Pando, determinación que fue saludada por el Ggobierno.
La autoridad anunció que el Ejecutivo hará uso de todos los recursos legales necesarios que le franquea la ley para que la justicia en el país "por fin se imponga y sepa sancionar a estos magistrados que cometieron una herejía jurídica".
"No existe obligación alguna de darle cumplimiento (a la resolución de la Sala Penal), se ejercitará todos los recursos legales necesario no sólo para dejar nulo lo que ya es nulo de pleno derecho, sino además para sancionar a estos magistrados que están atentado contra la administración de la buena justicia en el país, más bien tratando de generar grados de impunidad que no los vamos a tolerar", enfatizó.
En cuanto a la situación jurídica del prefecto, el viceministro Gamarra manifestó que continuará detenido y confinado en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, mientras el juez que ordenó su reclusión no disponga lo contrario.
"Leopoldo Fernández se encuentra detenido en el penal de San Pedro por disposición de juez competente al haber tramitado en una audiencia cautelar por delitos de orden común y, por tanto un juicio ordinario, cuya jurisdicción corresponde a la ciudad de La Paz; pero también se encuentra en condición de confinado por trasgredir el estado de sitio", remarcó.
El gobierno boliviano resolvió la noche de este lunes no acatar el fallo de la Corte Superior de Justicia, con sede en la capital política de Bolivia, Sucre (Chuquisaca), que ordena la excarcelación del prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández.
Fernández, recluido en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz desde septiembre pasado, según el mandato judicial debe de inmediato ser trasladado a Sucre para ser puesto a dispuesto del Fiscal General de la República.
Fernández es acusado de ser autor intelectual e instigador de la muerte de al menos 16 campesinos, decenas de heridos y varios desaparecidos, durante un enfrentamiento entre partidarios y opositores del mandatario boliviano, Evo Morales, en el distrito Povernir, en el departamento de Pando, el 11 de septiembre pasado.
El gobierno anunció que iniciará un proceso por prevaricato en contra de los magistrados Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, que votaron a favor del Habeas que presentó la defensa del acusado.
El viceministro de Régimen Interior y Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, en rueda de prensa, dijo que el Poder Ejecutivo no dará curso a la resolución judicial, argumentando que las autoridades recurridas, entre ellas los ministros de Defensa y de Gobierno (Interior), no fueron notificadas, y que por lo tanto no podía haberse instalado la audiencia de habeas corpus.
"Cuando una orden judicial es legal, legítima y correcta debe cumplirse y acatarse, pero cuando una orden es una herejía jurídica, cuando una orden transgrede el ordenamiento jurídico, cuando se instala y se falla en una audiencia en la que no se ha citado a una autoridad recurrida, esa audiencia y esas decisiones son nulas de pleno derecho, no han nacido a la vida del derecho, no tienen efecto jurídico alguno, no existe obligación alguna de cumplírsela", aseveró.
Gamarra declaró que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de diciembre de 2007 en un caso similar que sirve de jurisprudencia y que respalda la decisión asumida por el Poder Ejecutivo de no acatar la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca.
"La citación es inexcusable y debe realizarse indefectiblemente por el juzgador o tribunal que le corresponda conocer y resolver la acción tutelar planteada, toda vez que al ser un trámite sumarísimo y oral, la citación y la asistencia de la parte recurrida es insoslayable para asumir criterio y resolver la tutela, salvo en los casos en que la parte recurrida renuncie a su derecho a asumir defensa, por cuanto de presentarse esa situación, el juzgador deberá resolver en base a las pruebas que aporte la parte recurrente, pero bajo ningún motivo se puede instalar audiencia, celebrarla y resolver cuando la parte recurrida desconoce la presentación de la acción tutelar en su contra.
Gamarra afirmó que esta sentencia dio lugar, en su consideración, a que la vocal Teresa Rosquellas emita su criterio por la improcedencia del recurso presentado por los abogados del ex Prefecto de Pando, determinación que fue saludada por el Ggobierno.
La autoridad anunció que el Ejecutivo hará uso de todos los recursos legales necesarios que le franquea la ley para que la justicia en el país "por fin se imponga y sepa sancionar a estos magistrados que cometieron una herejía jurídica".
"No existe obligación alguna de darle cumplimiento (a la resolución de la Sala Penal), se ejercitará todos los recursos legales necesario no sólo para dejar nulo lo que ya es nulo de pleno derecho, sino además para sancionar a estos magistrados que están atentado contra la administración de la buena justicia en el país, más bien tratando de generar grados de impunidad que no los vamos a tolerar", enfatizó.
En cuanto a la situación jurídica del prefecto, el viceministro Gamarra manifestó que continuará detenido y confinado en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, mientras el juez que ordenó su reclusión no disponga lo contrario.
"Leopoldo Fernández se encuentra detenido en el penal de San Pedro por disposición de juez competente al haber tramitado en una audiencia cautelar por delitos de orden común y, por tanto un juicio ordinario, cuya jurisdicción corresponde a la ciudad de La Paz; pero también se encuentra en condición de confinado por trasgredir el estado de sitio", remarcó.
*
*
*
*
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario