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ZAFFARONI Y CATTANI ARREMETIERON CONTRA LA PENALIZACION DEL CONSUMO
“Es el disparate más grande”
“Es el disparate más grande”
En el panel “La ley penal y el consumidor” defendieron la despenalización Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte; Horacio Cattani, camarista federal, y Roberto Falcone, del Tribunal Oral Federal marplatense. La diputada Diana Conti dio un panorama negro del Parlamento.
Por Horacio Cecchi
“Llegó la hora de la verdad, llegó el momento de dejar de sancionar a las víctimas. Es el momento de empezar a tratar a los enfermos”, dijo Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte, después de hacer un diagnóstico feroz y agobiante (se comprende su tono de agobio) sobre el impacto que produce la prohibición del consumo de drogas entre los sectores más jóvenes de la pobreza. A su lado, el camarista federal Horacio Cattani desarrolló la historia de la estigmatización social en el país amparada bajo la figura del consumo de drogas y golpeó las raíces del discurso prohibicionista. El juez del Tribunal Oral Federal marplatense, Roberto Falcone, atacó el sentido mismo del discurso llevado al absurdo de que “si a una mujer que compra en un supermercado le aplicaran la ley 23.737, se consideraría que lo que compró lo hizo para comercializarlo”. Por último, la diputada oficialista Diana Conti dio otra perspectiva cuando aseguró que para una ley que despenalice el consumo “no se puede contar con el Congreso, porque no hay interés o hay intereses ocultos”.
El panel “La ley penal y el consumidor” prometía ir al fondo, a la lógica profunda del sistema. Los nombres de los participantes hablaban por sí mismos. Ellos hablaron de las drogas, de otra droga, la de la prohibición, la adicción de sus agitadores, y los efectos adversos primero de la estigmatización y, ahora, con la salud defenestrada de lo más joven y pobre de la población. El ánimo, en conjunto del panel, fue el de sacar el problema del consumo del ámbito penal y trasladarlo al de salud.
Zaffaroni comenzó dando un panorama poco alentador. “Hace 31 años que vengo diciendo lo mismo”, bromeó sin bromear. Hizo una analogía entre vino y droga (ver recuadro), un recorrido entre la inspiración por prohibir y sus resultados adversos, entre el negocio y el discurso prohibitivo. Después, señaló que “el alcohol desinhibe, la marihuana es de la época de los hi-ppies, la cocaína es de la época en que había que estar brillante. Pero ahora nos ha llegado el tóxico de la miseria, que produce lesiones irreversibles”. Antes había dicho que la política de drogas, la prohibición, provoca una división por poder económico, y que los más pobres consumen drogas cuyos productores no tienen la menor intención de procesarlas con cierto control de calidad, son drogas baratas, que se hacen mal y que destrozan.
Aclaró que “la política prohibicionista es mundial, no vamos a ser nosotros los que podamos modificarla desde acá. Pero terminemos con el discurso absurdo de que con la prohibición vamos a hacer de-saparecer el consumo. Es el disparate más grande. Pero este disparate se consideró verdad. Es momento de dejar de sancionar a las víctimas. Es el momento de tratar a los enfermos. Que todo el esfuerzo que se dedica a perseguir a consumidores se dedique a perseguir a los traficantes de estos tóxicos baratos, terminemos con la política que desvía el esfuerzo estatal”. Y dijo que “a veces no sé si se hace de buena fe o es una fuente de formación de cajas”.
Cattani hizo una reseña sobre el recorrido o el origen del pensamiento prohibicionista en el país. “Para los penalistas es obvio que no se puede penalizar a la víctima –dijo–, pero para la sociedad, para los políticos no es tan obvio.” “En el ’91 (en el proyecto del Código Penal de 1891) no existía ninguna figura delictual relacionada con la drogadicción –señaló Cattani–. Pero en el ’24 tenemos una inmigración masiva. Fue el momento en que el diputado Leopoldo Bard (UCR) empezó a estigmatizar a los inmigrantes, agitando la idea de que no había una figura delictiva que sancionara el tráfico de drogas. En ese momento, no había un problema social, no había una necesidad de combatirlo como un problema, sino que se trataba de estigmatizar al inmigrante.” Leyó entonces el discurso de aquel momento, “parece escrito hoy por otros cruzados”, subrayó la curiosa (no sorprendente) similitud con el discurso de un “ex ministro de Justicia en 1994”, en alusión se supone que al ex ministro de Justicia y ex juez de la Corte menemista Rodolfo Barra. Cattani destacó que el agitamiento prohibicionista no fue propiedad de gobiernos dictatoriales y recordó que entre 1968 y 1973 se vivieron cinco años de desincriminación, paradójicamente con gobierno militar.
Recordó después que en 1974 se sancionó la ley 20.771, conocida como la ley de estupefacientes, cuyo artículo 6º fue motivo de inconstitucionalidad en el histórico fallo de la Corte conocido como fallo Bazterrica, que mantuvo la idea de respeto a la libertad individual en el caso de tenencia y consumo personal, hasta el desembarco de la Corte menemista que lo sepultó bajo la alfombra roja. “En la 20.771 .. hiló Cattani.., se usa la misma palabra que se usaría más tarde, ‘aniquilamiento’.”
Siguió Falcone, con una seguidilla de párrafos que transformaban el discurso prohibicionista y la ley 23.737 en un absurdo, y atacó la idea de emparentar en un “binomio al vendedor y al comprador. Dicen que sin comprador no hay vendedor. Acaso cuando alguien va al supermercado se entiende que por comprar está comercializando”. Describió a la 23.737 como una ley esquizofrénica. “Si el adicto se cura, le extinguimos la aplicación de la ley penal, pero si es un adicto muy enfermo y no se cura, lo castigamos, sale y se lo vuelve a detener.” Defendió los derechos individuales, al Código Penal como un límite al poder del Estado, y sostuvo que el “derecho penal no tutela la moral, cuando nos metemos en lo moral nos enredamos”. Con un ejemplo sintetizó el nudo de la ley actual: “Si una madre, para cubrir a su hijo, oculta una bolsa de cocaína cuando viene la policía, y la descubren, esa madre es narcotraficante. Pero si el hijo, en lugar de la bolsa de droga le entrega un revólver, esa madre es encubridora”.
Después llegaría el turno de la diputada Conti. El momento en que dio un estado de situación parlamentario en relación con el impulso por la despenalización. Entonces, se hizo la noche: “No se puede contar con el Congreso –dijo–, hay una connivencia peligrosa con los que piensan por la criminalización”.
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GOBIERNO, JUECES, LEGISLADORES Y EXPERTOS, EN CONSENSO PARA DESPENALIZAR LA TENENCIA DE DROGAS
Para no quedar colgado cuando cambie la ley
Un seminario organizado para debatir las políticas públicas sobre drogas sirvió para cerrar filas en torno del proyecto de no criminalizar la tenencia para consumo y debatir cómo debe encarar cada área el nuevo escenario que se viene.
Por Emilio Ruchansky
Compromiso y responsabilidad ante los nuevos desafíos. Esta fue la idea que de alguna manera unió a los funcionarios de los seis ministerios que ayer hablaron de las políticas públicas de drogas. O de su inexistencia. Más allá de explayarse por primera vez sobre el apoyo al eslogan de “no criminalizar al adicto”, instaurado por el ministro Aníbal Fernández, las autoridades tuvieron que plantear cómo implementar el nuevo escenario en áreas como salud, educación o trabajo. Con la Sedronar fuera de juego, las funciones en prevención y represión del narcotráfico de esta secretaría creada a partir de la ley prohibicionista que se busca revertir, reabrieron debates enterrados en la comodidad del silencio.
No fue casualidad que el escenario elegido para estas primeras jornadas de reflexión haya sido la sede porteña del Colegio Público de Abogados. Los ánimos despenalizadores del oficialismo no provinieron del reclamo de los consumidores por su autonomía, sino de la necesidad de una Justicia ahogada de causas por tenencia para consumo personal. La jornada reunió, además de casi todo el gabinete, a expertos y representantes de la Justicia y el Congreso. Durante todo el día hubo paneles sobre los aspectos penales y su relación con el consumo y el narcotráfico, ponencias que discurrieron sobre la asistencia integral y la promoción de derechos o talleres de educación.
“Las leyes no empiezan a existir cuando se las sanciona sino cuando echan raíces en la sociedad, convirtiéndose en hábitos colectivos”, sentenció el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la inauguración, sin ocultar que se trataba de un concepto aristotélico. Y la cita resultó muy oportuna porque el tan mentado proyecto que reemplazará a la hipercriticada ley de drogas todavía no apareció, pero ayer se habló como si su estuviera aprobado y se discutiera su implementación. Fernández afirmó incluso que entre las fuerzas de seguridad el proyecto tuvo “una recepción fenomenal”.
Rodeado de los ministros y funcionarios de Trabajo, Interior, Educación, Salud, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, Fernández elogió “el rapto lúcido” que tuvo el actual juez de la Corte Suprema de la Nación Enrique Petracchi cuando votó a favor de declarar inconstitucional que se castigue la tenencia de estupefacientes para uso personal. Recordó que esa decisión, tomada en 1985 a partir del caso Bazterrica, fue “una pieza de colección”, en un momento en que aún se imponía la doctrina impulsada por el presidente norteamericano Richard Nixon y acatada por López Rega, que “parangonaba al adicto con el subversivo”.
Ayer todos se encargaron de criticar al modelo estadounidense y también de aclarar que por encima de las convenciones internacionales sobre drogas están los tratados de derechos humanos. Y que en la Argentina no se debatió lo suficiente, al punto de adoptar una legislación que rompe con las garantías constitucionales del país. Un tema sobre el que también versó la exposición de Fernández.
Por turnos, los demás ministros esbozaron sus responsabilidades ante el cambio de alineación que acercará al país la política de tolerancia y reducción de daños implementada en varias naciones europeas. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoció estar “asustado” por el incremento del uso de estupefacientes en ámbitos laborales. Habló de prevención y sugirió, como un canal posible, los convenios colectivos de trabajo, instancia donde sindicalistas y empresarios discuten el salario pero también las condiciones de trabajo. “Desde ahí se pueden impulsar acciones tendientes a generar conciencia sobre las adicciones”, completó Tomada.
Alicia Kirchner, en cambio, prefirió dejar las buenas intenciones de lado y mencionó el camino recorrido por el Ministerio de Desarrollo Social en el tema. “Desde el 2003 se está haciendo un gran cambio en lo que respecta a las políticas sociales”, aseguró. Como ejemplo puso al Plan Familia, “en el cual se aborda la problemática de la droga” y la labor realizada junto a las Madres del Paco (que están en contra del proyecto oficial). “Hay que trabajar con todas las organizaciones en su conjunto, para poder hacer políticas sociales”, recomendó la ministra, y aseguró estar “al servicio de esta construcción” para la que cuenta con los “equipos técnicos necesarios para llevarla adelante”.
La ministra de Salud, Graciela Ocaña, estaba de viaje, así que fue uno de su secretarios, Carlos Sorati, quien escuetamente sentó los lineamientos de esta cartera. “El uso abusivo de drogas es un problema que por su complejidad debe ser abordado intersectorialmente”, definió, aunque no tardó en desmarcarse, como dice el dicho: “Juntos pero no revueltos”. Fue entonces cuando explicó, sin entrar en detalles, que “en salud la especificidad es clave y hay ciertos temas que son de áreas puntuales en las que no conviene que intervengan otros sectores”.
Tal vez la referencia era para los jueces que hasta hoy siguen derivando consumidores y adictos, por igual, a los centros médicos como forma de conmutarles la pena. No se mencionó el vacío legislativo sobre los tratamientos, en general compulsivos, ni al escaso control sobre las comunidades terapéuticas o granjas (muchas de ellas denunciadas ante la Justicia por torturas y privaciones ilegítimas de la libertad). Hoy, la primera mesa redonda a las 9 será sobre este tema, tal vez el más preocupante en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos.
Otro faltazo fue el del ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco. En su lugar estuvo Alberto Sileoni, su segundo, que dio un discurso corto pero encendido. “No se puede educar desde la construcción de la figura de lo prohibido, porque el miedo y el terror no pueden ser estímulos”, dijo, casi en tono de autocrítica. “Los consumidores son sujetos de derecho y hay que escucharlos”, agregó, ganándose a la platea de militantes cannábicos que concurrieron a la jornada.
Por otra parte, Sileoni planteó la necesidad de “hablar en serio” con los chicos y dejar de “tomarlos por tontos”. El tema de la prevención e información real será central en los cambios a implementarse desde el Ministerio de Educación, aunque puertas adentro comparen el tema drogas con la educación sexual (más que nada por lo complicado de introducirlo dentro de la currícula). Es que debe ser consensuado por el Consejo Federal de Educación, donde las posturas difieren según las autoridades provinciales, muchas de ellas conservadoras.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, no habló. Su par de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, juró que el tema drogas es uno “de los más importantes de la agenda internacional” y recordó que las actuales políticas a nivel mundial están siendo revisadas por la ONU. Pidió “un enfoque que abarque a toda la sociedad” y exigió consenso y participación si se quiere que este cambio tenga legitimidad. En cierta forma era lo que buscaba esta iniciativa del Comité Científico Asesor. Su secretaria ejecutiva, la fiscal Mónica Cuñarro, destacó la iniciativa del sistema judicial por frenar los efectos de la prohibición pero reconoció sus límites: “De este embrollo se sale haciendo política, eso es lo que estamos exigiendo”.
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La economía narco
Comenzó leyendo datos. Más bien cifras que hablaban de la concentración de la riqueza, de la pobreza extrema en la que viven muchos latinoamericanos, de la falta de oportunidades. Y entonces, una vez preparado el terreno, el juez Luis Fernando Niño tiró la bomba: “Esto hace que el narcotráfico se convierta en una especie de mercado informal, una economía subterránea para acceder a ciertos beneficios”. Siguiendo esta línea, el magistrado de cuño garantista evaluó las pocas opciones que tienen quienes cultivan coca y el valor agregado que hace millonarios a los grandes narcos a fuerza de procesar, traficar y rebajar la sustancia.
“¿Por qué entonces nos la agarramos con los consumidores?”, se preguntó. Luego elogió el modelo holandés porque “redujo el uso adictivo” de muchas sustancias y reconoció que la ilegalidad, además de favorecer al narcotráfico, pone en riesgo a los consumidores. “Los hace más vulnerables porque tienen que transar con los narcos, y muchas veces este vínculo los termina complicando más porque venden pequeñas cantidades para solventar su consumo. Ni hablar de los casos de sobredosis favorecidos por la clandestinidad del negocio”, reflexionó Niño.
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