sábado, 18 de octubre de 2008

Red de corrupción favoreció a 100 peligrosos delincuentes (18-10-2008)

Sábado 18 de octubre de 2008

Por Claudio Leiva Cortés / La Nación

Les vendían contraórdenes de detención, libertades y reducciones de condenas falsificadas

Red de corrupción favoreció a 100 peligrosos delincuentes

Nueve detectives y tres funcionarios judiciales activos fueron detenidos junto a 7 sujetos que tienen vinculaciones con los tribunales. Están pendientes 20 arrestos. Los cargos que les imputó la Fiscalía Centro Norte son asociación ilícita, cohecho, adulteración de instrumento público y delito informático.

Homicidas, violadores y narcotraficantes eran favorecidos por la red de corrupción de detectives y funcionarios judiciales detenidos ayer, en el marco de las investigaciones que realiza la Fiscalía Centro Norte desde el año 2007, por pagos de sobornos y falsas resoluciones de tribunales.

En total, fueron arrestadas 19 personas en Santiago, El Tabo y Calama, pero aún quedan otras 20 por capturar. En su mayoría, los detenidos son detectives en servicio activo de la Brigada de Robos Metropolitana (Birom), varias Brigadas de Investigación Criminal (Bricrim) y Policía Internacional.

También se cuentan dos funcionarios judiciales activos, otro del Servicio Médico Legal (SML), una ex empleada de tribunales y de la PDI que era la líder, un ex detective y otros cinco sujetos ligados al Poder Judicial. Todos fueron formalizados por asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público y delitos informáticos.

Según la fiscal Nancy González, los imputados cobraban entre $300.000 y $4 millones por adulteración de alcoholemias, contraórdenes de detención, eliminaciones de antecedentes en la PDI, levantamientos de arraigos, reducciones de condenas y excarcelaciones.

Para esto, los funcionarios judiciales falsificaban las firmas de los jueces y los timbres de los tribunales. Los detectives, por su parte, ingresaban al sistema informático de la PDI con las claves de sus jefes o de otros policías para robar información o adulterarla sin dejar pistas de los verdaderos responsables (ver recuadro).

De esta forma, se favorecían peligrosos delincuentes, pero también hampones de poca monta que pagaban para eludir la acción de la justicia. Muchos alcanzaron a huir del país. Se calcula que el total de favorecidos llegaría a 100, aunque los casos comprobados por la investigación suman 30. De estos, sólo tres fueron recapturados.

La líder de esta organización es Margarita Cuadros Aedo, ex actuaria y ex funcionaria de la PDI. Su "enlace" en la institución era el detective de la Birom, Jorge Fuentes Molina, quien se encargaba de contactar a los clientes y de conseguir los favores con sus colegas (ver dato). La Fiscalía cuenta con 12.000 escuchas incriminatorias.

La investigación se remonta a junio de 2007, cuando la funcionaria del 9 Juzgado de Garantía de Santiago, Uberlinda Elizondo Uribe, comenzó a emitir contraórdenes de detención de diferentes tribunales, usando timbres falsos. Desde mayo pasado, se encuentra en prisión preventiva.

En tanto, la funcionaria del 4 Juzgado de Garantía de Santiago, Gloria Navarrete, fue detenida en julio pasado por emitir un oficio para dejar en libertad al narco Janio Henry González, recluido en la cárcel de Los Andes. Por este hecho también cayó el detective Manuel Donoso.

Por la gravedad de los hechos, la Corte Suprema ordenó entonces una investigación administrativa que quedó a cargo del ministro Mario Carroza. Ayer, el máximo tribunal le asignó dedicación exclusiva al juez para que pesquise los casos de corrupción en el Poder Judicial.

De hecho, Carroza asistió ayer a la audiencia de formalización, que se realizó en una sala especial del 7 Tribunal de Garantía de la capital. Por la importancia del caso también concurrieron la jefa de la Fiscalía Centro Norte, Sonia Rojas, y dos abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa.

La detención de los detectives provocó un remezón en la institución, sobre todo en la Birom, donde ayer se efectuaban sumarios e interrogatorios a cargo del Departamento V (Asuntos internos) y de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas.

Los arrestos estuvieron a cargo de la propia PDI, en el caso de sus funcionarios involucrados, y del OS-9 de Carabineros. En estos operativos simultáneos se incautaron armas, computadores, dinero y droga.

NÓMINA

LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN
Margarita Cuadros Aedo (55), ex actuaria y ex funcionaria de la PDI.

DETECTIVES DETENIDOS
Jorge Fuentes Molina (38), enlace de Cuadros Aedo en la PDI.
Diego Inostroza Flores (35).
Vitalicio Hernández Silva (42).
Ricardo Meza Fuenzalida (33).
Óscar Ruiz Silva (32).
Williams Ramírez Viera (30).
Marcelo Palavecino Flores (33).
Ricardo Morales Calquín (28).
Mario Acuña Sagal (32).

FUNCIONARIOS JUDICIALES DETENIDOS
René Pizarro Araya (39), del 32 Juzgado del Crimen de la capital.
Joaquina Carreño Ramírez (51), del 4 Juzgado de Garantía de Santiago.
Darwin Arancibia Muñoz (39), funcionario del SML.

PARTICULARES DETENIDOS
María Chávez Díaz (30).
Ricardo Pérez Landeros (50).
Manuel Orellana Gutiérrez (34).
Pilar Díaz Fres (35).
Claudio Fuentes Alarcón (33), detenido en El Tabo.
Óscar Contreras Cruz, ex funcionario de la PDI, detenido en Calama y formalizado por exhorto.

ÓRDENES DE DETENCIÓN PENDIENTES
Rodrigo Muñoz Zúñiga.
Richard Salinas Lillo.
César Rodríguez Vergara.
Gonzalo Lecaros Piffre.
Juan Llantén Aedo.
Danilo Olivares Elgueta.
Luis Acosta Valdivia.
Elías Abarca Escobedo.
Manuel Berríos Fernández.
Nelson Bórquez Jaro.
Carlos Carrasco Ortega.
Eduardo Cavallo García.
Juan Cortés Gutiérrez.
Roberto Flores Morán.
Nelson Izquierdo Cáceres.
Andrea Fuentes Alarcón.
Alejandro Fuentes Alarcón.
Alejandro Zuik Ring.


PDI DETECTÓ VULNERACIÓN DE BASE DE DATOS

Un dato clave para la investigación lo aportó la misma PDI al informar que desde abril de 2007 había detectado la vulneración de la base de datos de la institución. Este antecedente lo entregó el prefecto jefe de la Zona Metropolitana, Óscar Gutiérrez, tras lamentar la participación de miembros de la policía en los hechos. Gutiérrez dijo que no es una falla del sistema, sino que había funcionarios que accedían a él para obtener información de causas y luego entregarlas a terceros.

En otros casos, añadió, incluso se intervino la base de datos y se cambió información. “Hubo modificaciones en los antecedentes a algunas órdenes de arraigo o de detención que fueron cambiadas”, comentó.

Aclaró que, por ahora, no hay “funcionarios dados de baja o alejados de la institución, sólo están suspendidos”.

REACCIONES EN EL PODER JUDICIAL POR ARRESTOS DE FUNCIONARIOS

►Presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín: “Es parte de las políticas de asumir las situaciones que nos afectan, investigarlas y corregirlas”, dijo tras ordenar la dedicación exclusiva del ministro Mario Carroza para indagar estos hechos debido a su gravedad.

►Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar:%b% “Nos preocupa, por eso se adoptaron y se seguirán tomando medidas para eliminar a los funcionarios que tengan alguna actuación irregular dentro del Poder Judicial”, expresó al ser consultado por la red.

►Ministro Mario Carroza, a cargo de investigación administrativa: “Tiene relación con una red (...) hay contactos en cada institución, (...) no hay una asociación o alguien que dirija, que haga de cabecilla, sino que sencillamente son contactos”, comentó el magistrado.


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