LUNES 10 de marzo de 2008
Plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura
Un muro de silencio
Con el asesinato del ex prefecto Héctor Febres y la muerte "dudosa" del coronel retirado Paul Navone, dos represores vinculados al robo de niños durante la dictadura, volvió a hacerse evidente que se sigue construyendo impunidad y que los jóvenes apropiados siguen siendo el botín de guerra de los genocidas.
Por ANRed - Sur
El torturador Héctor Antonio Febres era el encargado de robar los hijos de quienes estaban detenidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Arma (ESMA) y entregarlos a los apropiadores. Meses atrás, todo parecía indicar que "Selva" estaba dispuesto a romper ese pacto silencio porque sentía que desde la Armada y la Prefectura le habían soltado la mano. Pensaba dar nombres pero no llegó a hacerlo. El pasado 10 de diciembre, día de los derechos humanos y fecha de la asunción de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, fue envenenado en su cárcel vip de la base Delta. Murió impune y con su silencio se mantuvo firme el muro de impunidad. Días atrás, se conoció la noticia de que el coronel retirado Paul Navone se había "suicidado". Casualmente, el militar tenía que ser indagado por el robo de los mellizos de la detenida desaparecida Raquel Negro, nacidos en el hospital de Paraná.
"Todos aquellos que van a dar algún dato del plan sistemático de secuestro y apropiación de menores terminaron muertos o envenenados", denuncia Victoria Moyano- quien es hija de desaparecidos y recuperó su identidad a los nueve años. Moyano no duda que estos hechos están relacionados y tienen un objetivo común: "Son los mecanismos que se activan para que la impunidad continúe". Esa impunidad que permite que aún no se sepa qué hicieron con los 30000 detenidos-desparecidos y que más de 400 jóvenes todavía tengan la identidad que sus apropiadores les dieron.
"Pasaron 32 años y todavía seguimos esperando noticias de los desaparecidos. Los chicos que se encuentran son por los esfuerzos de las abuelas o bien porque ellos mismos van a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)", reconoce Elsa Pavón, integrante de la Asociación Anahí. También, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) aporta en este sentido: "Las declaraciones de los últimos días de Estela de Carlotto diciendo que hay que analizar a todos los hijos de los militares, está dando cuenta desde su perspectiva de que esta vía no es, para nada, suficiente y que a este ritmo va a ser muy difícil que recuperan la identidad los más de 400 chicos que se saben apropiados".Aunque investigar a los represores que tengan hijos cuyas edades coincidan con las de los hijos robados a los desaparecidos no parece ser medida suficiente para desenmascarar tanta impunidad. " Es correcto - afirma Victoria Moyano- el reclamo de Abuelas proponiendo investigar el origen de los hijos denlos militares y de las fuerzas de seguridad que tengan entre 28 y 34 años, aunque con eso sólo no alcanzaría, ya que hay cientos que fueron criados por civiles, como los hijos de Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín".
Los años transcurridos y el hecho que sólo sean 88 los jóvenes que recuperaron su identidad dejan ver un vacío enorme. "Al final, los responsables de buscar nuestra identidad somos nosotros mismos. Lo que tendría que hacer el Estado, tenemos que hacerlo nosotros", se indigna Moyano. Todo parece quedar reducido a que los jóvenes duden y se hagan una prueba genética o a esperar que los genocidas quieran confesar y romper el cerco de impunidad que los ha protegido. "El mismo Estado que hizo desaparecer a nuestros padres es el mismo Estado que tiene que abrir los archivos de la dictadura", exige Moyano. Bregman apoya ese reclamo: "Es increíble que se sigan manteniendo archivos secretos, documentos que se sabe que el Ejército ha destruido últimamente. Esos archivos en vez de utilizarse para ocultar y para tratar de mantener la impunidad deberían servir para su contrario: se podría dar cuenta del destino de muchos de los desaparecidos y, por esa vía también, del destino de los chicos que hoy tienen apropiados".
Juicio
Tiempo atrás se conoció que la fiscalía se decidió pedir la elevación a juicio oral por el plan sistemático de apropiación de menores de siete ex jerarcas de la última dictadura, entre los que se encuentra Reynaldo Bignone, el marino Jorge "Tigre" Acosta y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides. La causa se inició originalmente en 1996 contra el genocida Jorge Rafael Videla y permitió que volviera a prisión. Sin embargo, Videla no será juzgado en esta oportunidad.
Si bien Victoria Moyano como Elsa Pavón reconocen la necesidad del juicio, afirman que se debe ir por más. El reclamo que lleva más de 30 años vuelve a hacerse voz en la exigencia de Elsa Pavón: "Seguramente estos militares van a ir presos pero nosotros queremos saber dónde están los chicos, dónde están los padres, dónde están las madres que tuvieron a los hijos en cautiverio". Así como la noción que juzgar a unos pocos militares por algunos casos de apropiación de menores no es más que un paliativo, tal como insiste Victoria Moyano: "Los juicios tienen que servir para eso, para que nosotros podamos saber dónde están nuestros 400 hermanos y nuestros viejos".
Plan sistemático de apropiación de menores durante la dictadura
Un muro de silencio
Con el asesinato del ex prefecto Héctor Febres y la muerte "dudosa" del coronel retirado Paul Navone, dos represores vinculados al robo de niños durante la dictadura, volvió a hacerse evidente que se sigue construyendo impunidad y que los jóvenes apropiados siguen siendo el botín de guerra de los genocidas.
Por ANRed - Sur
El torturador Héctor Antonio Febres era el encargado de robar los hijos de quienes estaban detenidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Arma (ESMA) y entregarlos a los apropiadores. Meses atrás, todo parecía indicar que "Selva" estaba dispuesto a romper ese pacto silencio porque sentía que desde la Armada y la Prefectura le habían soltado la mano. Pensaba dar nombres pero no llegó a hacerlo. El pasado 10 de diciembre, día de los derechos humanos y fecha de la asunción de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, fue envenenado en su cárcel vip de la base Delta. Murió impune y con su silencio se mantuvo firme el muro de impunidad. Días atrás, se conoció la noticia de que el coronel retirado Paul Navone se había "suicidado". Casualmente, el militar tenía que ser indagado por el robo de los mellizos de la detenida desaparecida Raquel Negro, nacidos en el hospital de Paraná.
"Todos aquellos que van a dar algún dato del plan sistemático de secuestro y apropiación de menores terminaron muertos o envenenados", denuncia Victoria Moyano- quien es hija de desaparecidos y recuperó su identidad a los nueve años. Moyano no duda que estos hechos están relacionados y tienen un objetivo común: "Son los mecanismos que se activan para que la impunidad continúe". Esa impunidad que permite que aún no se sepa qué hicieron con los 30000 detenidos-desparecidos y que más de 400 jóvenes todavía tengan la identidad que sus apropiadores les dieron.
"Pasaron 32 años y todavía seguimos esperando noticias de los desaparecidos. Los chicos que se encuentran son por los esfuerzos de las abuelas o bien porque ellos mismos van a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)", reconoce Elsa Pavón, integrante de la Asociación Anahí. También, la abogada Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) aporta en este sentido: "Las declaraciones de los últimos días de Estela de Carlotto diciendo que hay que analizar a todos los hijos de los militares, está dando cuenta desde su perspectiva de que esta vía no es, para nada, suficiente y que a este ritmo va a ser muy difícil que recuperan la identidad los más de 400 chicos que se saben apropiados".Aunque investigar a los represores que tengan hijos cuyas edades coincidan con las de los hijos robados a los desaparecidos no parece ser medida suficiente para desenmascarar tanta impunidad. " Es correcto - afirma Victoria Moyano- el reclamo de Abuelas proponiendo investigar el origen de los hijos denlos militares y de las fuerzas de seguridad que tengan entre 28 y 34 años, aunque con eso sólo no alcanzaría, ya que hay cientos que fueron criados por civiles, como los hijos de Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín".
Los años transcurridos y el hecho que sólo sean 88 los jóvenes que recuperaron su identidad dejan ver un vacío enorme. "Al final, los responsables de buscar nuestra identidad somos nosotros mismos. Lo que tendría que hacer el Estado, tenemos que hacerlo nosotros", se indigna Moyano. Todo parece quedar reducido a que los jóvenes duden y se hagan una prueba genética o a esperar que los genocidas quieran confesar y romper el cerco de impunidad que los ha protegido. "El mismo Estado que hizo desaparecer a nuestros padres es el mismo Estado que tiene que abrir los archivos de la dictadura", exige Moyano. Bregman apoya ese reclamo: "Es increíble que se sigan manteniendo archivos secretos, documentos que se sabe que el Ejército ha destruido últimamente. Esos archivos en vez de utilizarse para ocultar y para tratar de mantener la impunidad deberían servir para su contrario: se podría dar cuenta del destino de muchos de los desaparecidos y, por esa vía también, del destino de los chicos que hoy tienen apropiados".
Juicio
Tiempo atrás se conoció que la fiscalía se decidió pedir la elevación a juicio oral por el plan sistemático de apropiación de menores de siete ex jerarcas de la última dictadura, entre los que se encuentra Reynaldo Bignone, el marino Jorge "Tigre" Acosta y el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides. La causa se inició originalmente en 1996 contra el genocida Jorge Rafael Videla y permitió que volviera a prisión. Sin embargo, Videla no será juzgado en esta oportunidad.
Si bien Victoria Moyano como Elsa Pavón reconocen la necesidad del juicio, afirman que se debe ir por más. El reclamo que lleva más de 30 años vuelve a hacerse voz en la exigencia de Elsa Pavón: "Seguramente estos militares van a ir presos pero nosotros queremos saber dónde están los chicos, dónde están los padres, dónde están las madres que tuvieron a los hijos en cautiverio". Así como la noción que juzgar a unos pocos militares por algunos casos de apropiación de menores no es más que un paliativo, tal como insiste Victoria Moyano: "Los juicios tienen que servir para eso, para que nosotros podamos saber dónde están nuestros 400 hermanos y nuestros viejos".
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