SEGUNDO INFORME DE LA
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA
A LA PRESIDENTA DE CHILE,
SRA. MICHELLE BACHELET JERIA
26 de junio 2009 - Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura –
En Homenaje a la Resistencia Cultural durante la dictadura y a los nuevos talentos que vienen con urgentes reclamos.
CARTA ABIERTA A LA PRESIDENTA DE LA
REPUBLICA, SRA. MICHELLE BACHELET JERIA
De nuestra consideración,
La Comisión Ética Contra la Tortura se dirige a usted este 26 de junio, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, para presentarle nuestro Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y los alarmantes actos de maltrato policial, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se han registrado en el último tiempo y que afectan de manera focalizada a miembros de la etnia mapuche; en los últimos años, excepto el asesinato del trabajador forestal, Rodrigo Cisternas de 26 años, todas las demás personas afectadas gravemente en sus derechos humanos son mapuche: Matías Catrileo, asesinado por la espalda por Carabineros de Chile. Johny Cariqueo, muerto luego que Carabineros de Pudahuel lo torturara. José Huenante, de 16 años, detenido por Carabineros de Chile en el 2005, desaparecido desde entonces. Miguel Tapia Huenulef, detenido por Carabineros del GOPE, que en un número superior a 30 efectivos, allanaron violentamente su domicilio en Santiago, reduciendo mediante golpes a todos sus moradores. En la zona de la Araucanía, los niños en las escuelas son interrogados por efectivos policiales para ubicar a sus padres que tienen órdenes de arresto. El secuestro, en el 2003, de Daniela Ñancupil de sólo 12 años, hija del lonko de Nalcahue, por parte de civiles quienes portando armas y equipos de comunicación la retuvieron amenazándola de muerte, golpeándola e interrogándola sobre su familia y dirigentes mapuche; Patricio Queipul Millanao, de 13 años, en diciembre 2008 secuestrado por la PDI en la comunidad autónoma de Temucuicui.
El volumen de la información recabada nos hace consagrar un espacio especial a la represión que aqueja a nuestros hermanos del pueblo mapuche, los montajes judiciales y actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que aún practica la policía chilena en contra de ellos, dejando traslucir la existencia de un sistema de justicia arbitrario y altamente discriminatorio hacia esta etnia y por la que claman diversas instancias internacionales, incluido el Comité Contra la Tortura de la ONU que, recientemente, evacuó su informe.
Reiteramos el llamado que hiciéramos en el
Asimismo, esperamos que la primera autoridad de la República, asuma con prontitud las medidas que aborden los temas pendientes en materia de violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la dictadura; especialmente esperamos que se aborden integralmente las políticas de Verdad, Justicia y Reparación para todos los sobrevivientes de tortura en nuestro país de acuerdo al mandato de la Convención Internacional contra la Tortura suscrita por Chile.
Del mismo modo que lo hace el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nos sumamos a la demanda de una institucionalidad de los derechos humanos que se erija en la instancia nacional para los afectados por violaciones, basada en los Principios de Paris.
También solicitamos al Gobierno que permita a la ciudadanía el derecho a manifestación y la libre expresión sin temor a ser reprimido con la extrema violencia policial que hemos debido ver con ocasión de las recientes manifestaciones de docentes y el 21 de mayo en Valparaíso.
Deseamos que nuestro país se presente en los foros internacionales con todos los instrumentos de defensa de los derechos humanos de manera impecablemente aplicados, vigentes y de acuerdo a los estándares y exigencias que hace el mundo civilizado a las sociedades verdaderamente democráticas.
Esperando contar con su favorable acogida, le saluda atentamente,
Juana Aguilera J.
Por equipo de trabajo
Comisión Etica contra la Tortura
Santiago, 26 de junio 2009
A MODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 2009
DE LA COMISIÓN ETICA CONTRA LA TORTURA
I
A cada hora, el poder del mundo se concentra y se globaliza. Un reducido número de empresas, como un salvaje animal totalitario, lo tienen en sus garras. Continentes en la miseria junto a altos niveles tecnológicos. Posibilidades de vida asombrosas a la par de millones de hombres desocupados, sin hogar, sin asistencia médica, sin educación. El individualismo ha hecho estragos. La total asimetría en el acceso a los bienes producidos socialmente está terminando con gran parte de la humanidad. El sufrimiento de millones de seres humanos que viven en la miseria está permanentemente delante de los ojos de todos, aunque se hagan esfuerzos por cerrarlos. Es la crisis de una concepción del mundo y de la vida, basada en la idolatría de la técnica y en la explotación del hombre por el hombre. Para la obtención del dinero han sido considerados válidos todos los medios. En el caos, cada uno saquea lo que puede. Esta sociedad ha crecido llevando como meta la conquista, allí donde tener poder ha significado apropiarse y explotar a los más débiles. La economía reinante conduce a que la población mundial, en gran parte, no pueda seguir viviendo.
Esto pareciera suficiente para que los poderes del mal justifiquen la violencia, la represión, el genocidio.
Colonialismo e imperios, a través de luchas sangrientas, han pulverizado tradiciones enteras y han profanado valores milenarios, cosificando primero la naturaleza y luego los ideales de los seres humanos. El bienestar se ha logrado a través de la imposición del miedo y de la exclusión.
II
En Chile, la élite dominante pareciera orgullosa y transmite su autocomplacencia al conjunto de la sociedad. El sistema de dominación del régimen militar no advierte síntomas de cuestionamiento o crisis, ni en lo político, ni en lo ideológico-cultural, ni en lo económico. Su dominio continúa sin contrapeso. Ha habido un proceso de adecuación institucional del marco jurídico político establecido por la Constitución de 1980, y de ajustes del modelo económico neoliberal. En otros términos, las cosas “han cambiado para que nada (en lo sustantivo) cambie”.
Se preserva aún el sistema electoral binominal, que permite a la derecha mantener su sobre-representación parlamentaria y excluir a la izquierda. Se garantiza así un proceso legislativo que sólo habilita cambios dentro de la continuidad, dados los quórums requeridos para reformas de envergadura.
El régimen político, funcionalizado a las necesidades del capital, ha sufrido la evidencia de prácticas de corrupción que han sido absorbidas y relativizadas por la vía de reformas de “modernización del Estado”, que harían más transparentes los nombramientos y remuneraciones de altos cargos públicos, las compras gubernamentales, la administración de las empresas públicas y los gastos de las campañas políticas.
El acuerdo de las fuerzas políticas del sistema a propósito de lo anterior, ha evitado que el escándalo acerca de las instituciones crezca y se convierta en factor de crisis como en otros países de la región.
La estabilidad política ha pasado, además, por un sistema de partidos que sólo ofrece variantes de administración del modelo neoliberal, en lo económico-social. Un sistema hegemonizado por la coalición que ha podido ofrecer una mayor capacidad para cooptar y clientelizar a amplios sectores de la población, para mantener reducida y desarticulada la protesta social, al mismo tiempo que ganar crecientemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
Las fuerzas políticas progresistas son aún marginales y aún no superan la dispersión. Se trata de un movimiento popular que empieza a reconstituirse como tal, con una diversidad de dinámicas que sólo circunstancialmente se articulan y proyectan a escala nacional.
El centro de las preocupaciones de las autoridades políticas y económicas ha sido mantener la confianza del gran empresariado en quienes ejercen el poder ejecutivo. Y esto ha sido logrado por la vía de asegurar la estabilidad del marco estructural neoliberal. Esto es, donde el “sector privado” es el motor y guía del crecimiento, mientras que el Estado se limita a funciones subsidiarias y de regulación funcional, avanzando en la apertura comercial y financiera de la economía y en el que también existe un amplio imperio del mercado como mecanismo de regulación de la vida social y económica, en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad social y del trabajo.
La política macroeconómica aplicada ha contribuido a aumentar la concentración del poder económico en transnacionales y grandes empresas, al mismo tiempo que ha ido marginalizando al sector de medianas, pequeñas y micro empresas, que general un 20% del PIB, no obstante emplear al 90% de la fuerza de trabajo.
Mientras los beneficios y el crecimiento se concentran en los barrios acomodados, las empresas forestales e hidroeléctricas han ido ocupando espacios cada vez más amplios, en desmedro de aquellos en que residen las comunidades indígenas, amenazando sus continuidades histórica y cultural. Esto significa que el crecimiento concentrado en la exportación de materias primas se está logrando a costa de una enorme destrucción del medio ambiente.
En lo ideológico, como efecto de lo anterior, se ha extendido una mercantilización del sentido de la vida, que deshumaniza a los seres humanos y sus relaciones, vaciándolas de valores éticos y remitiéndolas a la dimensión monetaria.
Los medios de comunicación de masas, lo mismo que el sistema educativo, se encargan de remarcar que vivimos en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que merced a su espíritu emprendedor, vencen en el mercado. Los grandes empresarios son convertidos en “modelos de conducta” a se imitados por toda la sociedad. Este camino pasa por el esfuerzo individualista, la deslealtad con los compañeros y la subordinación a los superiores. Dado que el Estado se ha des-responsabilizado de su rol garante de los derechos económicos, sociales y culturales, los pobres terminan percibiéndose a sí mismos como culpables de su propia situación, por su falta de competitividad, su ignorancia, su ausencia de espíritu de superación, su falta de creatividad y de emprendimiento. Es así como en el afán de poder gastar más, las personas se endeudan hasta padecer de “endeudamiento crónico”, lo que les torna tensas, agresivas, violentas, y se sumergen en el estrés, la depresión, el alcohol o las drogas.
III
Por eso se mantiene la Comisión Etica contra la Tortura. Y también es el sentido de este Informe de algunos aspectos de la situación de derechos humanos. Es necesario superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado a las personas que no fueron consideradas en el Informe Valech, tales como los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; las víctimas que han fallecido; los niños que fueron detenidos con sus padres o nacieron bajo cautiverio; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor; quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.
Además, la pensión mensual brindada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.
La CECT reitera la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas; aprobar una nueva ley de reparaciones que asuma las propuestas de la Comisión Valech; eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso al Poder Judicial a las denuncias de tortura.
IV
El presente Informe comprende los temas planteados, ratificados por la Coordinación de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales; a ello se suman las demandas de los ex presos políticos y la influencia de los medios de comunicación de comunicación de masas en la mantención de la impunidad; el grueso del Informe se ha centrado en la situación represiva que hoy padece el pueblo mapuche, que viene sufriendo la exclusión y el exterminio para el enriquecimiento de las corporaciones transnacionales, no obstante que ya el Pacto de Quilín de 641, reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación mapuche al sur del río Bío-Bío.
Sin embargo, hoy los mapuche continúan sufriendo desaparición forzada, torturas, prisión política, condenas con libertad vigilada, medidas cautelares, montajes de la policía uniformada y civil, de la ANI [Agencia Nacional de Informaciones o policía política], del Ministerio Público y de la prensa.
El Informe culmina con un extracto del Manual de Amnistía Internacional sobre JUICIOS JUSTOS, capítulo 9 y 10 que abordan los derechos de los detenidos durante el interrogatorio y el derecho a permanecer en condiciones de detención humanas y a no ser torturado.
El sentido de este Informe es insistir en que no podemos vivir sin hacernos responsables de los demás, renunciando al bien individual por el bien común. Son responsables quienes dan su vida por salvar a otros. No puede haber responsabilidad cuando la vida ha perdido su fin, o éste se halla sólo en la comodidad individual o en el éxito fácil. “Cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la “globalización” aplasta con su poder les impone una uniformidad arrogante, el ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer”. (Sábato, Ernesto, “La resistencia”, Seix Barral, B. Aires, 2000, pág. 52). La historia enseña que la condición última del hombre es trascendente y, por tanto, misteriosa. No es posible continuar en la superficie de la vida. La cosificación del hombre, que se plasma en las violaciones de los derechos humanos, en la expoliación de los trabajadores, en el cinismo colectivo, constituyen los nuevos altares, los nuevos absolutos, los dioses con pies de barro.
Las violaciones de los derechos humanos se realizan para imponer la globalización económica que, como huracán, ha pasado por el mundo entero.
La Comisión Etica contra la Tortura está convencida, al igual que el pensador Albert Camus,(“Ercilla”, 28-8-49), que nuestra presencia busca creer que “la misión del hombre es ser rebelde y combatir el absurdo y la crueldad, luchar por la libertad, la justicia y la felicidad en un mundo que las niega”.
REFLEXION SOBRE LA IMPUNIDAD*
La Corte Suprema peruana, en un fallo unánime emitido luego de 16 meses de juicio, condenó al ex dictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión, como autor de las matanzas de Barrios Altos (asesinato de 15 personas, entre ellos un niño, en 1992), y La Cantuta (9 estudiantes y un profesor universitario, en 1991), considerados crímenes de Estado y/o de lesa humanidad. La Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH, que junto a los familiares de las víctimas fue la principal impulsora de este juicio, fue galardonada en 2008 en Washington con el premio Letelier-Moffit del Instituto para Estudios en Política por su lucha contra la impunidad y a favor de la verdad y la justicia. APRODEH ha declarado que la persistente lucha de los familiares ha sido el motor del proceso y que el fallo emitido el 7 de abril pasado “marca un importante hito para la justicia universal pues se reconoce que las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori obedecieron a una política antisubversiva de guerra sucia, paralela a la oficial, comandada por él.”
El histórico juicio se inició el 10 de diciembre de 2007 luego de la extradición del dictador desde Chile, solicitada el 3 de enero de 2006 y concedida en septiembre de 2007. La sentencia, primera de su tipo en el mundo, no ha concitado interés en Chile. Por ello examinaremos el papel que la Corte Suprema ha cumplido respecto de la impunidad, vigente en muchos aspectos hasta ahora junto con la herencia política y represiva de la dictadura de Augusto Pinochet. Corresponde al actual candidato presidencial de la concertación, el entonces presidente (1994-2000) y actual senador Eduardo Frei y a la Corte Suprema, el baldón histórico de haber asegurado la impunidad para Augusto Pinochet El dictador murió el 10 de diciembre de 2006 sin ser sentenciado en ninguna de las más de quince causas por las que fue procesado desde el 2000, existiendo miles de querellas adicionales que ni siquiera alcanzaron a ser tramitadas.
Cronograma de la impunidad
El gobierno de Frei lo trajo de regreso a Chile el 3 de marzo de 2000, tras 17 meses de arresto en Londres, asegurando sería juzgado en Chile. El 8 de agosto de ese año, la Corte Suprema desaforó al dictador por el caso Caravana de la Muerte. El ex juez Juan Guzmán logró procesarlo por primera vez en diciembre de 2000, por las 74 víctimas del caso Caravana de la Muerte. Pero la Corte Suprema lo sobreseyó argumentando falazmente “demencia vascular moderada” (2002) y luego lo hizo por la Operación Cóndor y por el asesinato del General Carlos Prats (2005). Se le procesó posteriormente por malversación de fondos públicos (cuentas del Banco Riggs), por la Operación Colombo, y por los secuestros y torturas en Villa Grimaldi. En todas las causas la Corte de Apelaciones concedía prontamente su libertad condicional. El 27 de noviembre de 2006, quedó con arresto domiciliario por el secuestro y homicidio de dos presos políticos, en la Caravana de la Muerte en 1973. Habían transcurrido seis años del inicio de este caso y de su primer procesamiento. La impunidad se consumó a pesar del notable esfuerzo de jueces que marcaron la excepción a la regla, y la incesante búsqueda de justicia de los abogados y organizaciones de derechos humanos.
Vigencia de la impunidad
A partir de nuestra valoración del fallo de la Corte Suprema peruana, llamamos la atención sobre la vigencia de la impunidad en Chile. Sólo 44 de de los 257 criminales condenados por violaciones a los derechos humanos están en prisión. El resto cumple penas remitidas. Según FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) sólo en la mitad de los casos de los 3.278 desaparecidos y ejecutados reconocidos como víctimas, hay avances judiciales. En el año 2008 se dictaron cien sentencias, quince de las cuales definitivas, es decir de la Corte Suprema. Pero está aun vigente la ley de amnistía. La Corte Suprema ha dictado 50 sentencias en materia de procesos por violaciones a los derechos humanos desde 2005. En varios casos emblemáticos se ha hecho justicia, como por ejemplo respecto del asesinato del general Carlos Prats y su esposa. Pero aquí mostraremos la tendencia a la aplicación de la prescripción o la media prescripción, una falsa “justicia con clemencia” más preocupada de los victimarios que de las víctimas, a espaldas de la doctrina internacional de ddhh.
Denegación de justicia
Año 2009
§ Enero: la Corte Suprema benefició a los asesinos del dirigente del MIR Jecar Neghme con libertad vigilada.
§ Marzo: la Corte Suprema en los casos de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria, militantes comunistas, revocó el fallo aplicando la media prescripción dejando en libertad condicional a Carlos López Tapia, ex jefe de Villa Grimaldi..
§ Marzo: la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó la sentencia de la jueza Emma Díaz contra los responsables de masacrar a 31 campesinos en Osorno, (caso Rahue III, 1973) Cambió la sentencia a prisión perpetua para Adrián José Fernández Hernández, responsable de 15 secuestros, condenando a él y a otros cuatro criminales en serie a 20 años. Absolvió a seis condenados por la jueza y dejó a los restantes 15 en libertad.
Año 2008
§ Diciembre: la Corte Suprema recusó la sentencia dictada en el caso de Iván Montti Cordero y Carmen Díaz Darricarrere reemplazándola por la media prescripción Los directivos de la DINA recibieron 4 años con beneficios de libertad vigilada.
§ Noviembre: la Corte Suprema sentenció a Ricardo Lawrence Mires (ex coronel de carabineros) a 3 años por el secuestro de Ariel Santibáñez Estay. Así el ex DINA, empresario distribuidor de camarones, sigue disfrutando de libertad.
§ Septiembre: la Corte Suprema rebajó las condenas de los responsables de la matanza de 15 campesinos en Liquiñe, liberando al ex coronel Hugo Guerra Jorquera y el empresario Luis García Guzmán.
§ Septiembre: la Corte Suprema falló la libertad condicional para los cinco agentes de la CNI responsables del homicidio de Fernando Vergara, de la emisora clandestina Radio Liberación, en 1984.
§ Mayo: La Corte Suprema aplicó la prescripción liberando al único imputado por el homicidio calificado del estudiante Constanzo Vera en el Fuerte Borgoño, Julio Alarcón Saavedra, oficial de la Armada.
La otra impunidad
A estos hechos se suma la alarmante violencia policial ejercida contra la protesta social y en especial en los allanamientos a comunidades indígenas, sumada a la criminalización de sus demandas. No existe por parte de la autoridad y los jueces la voluntad de investigar y sancionar las prácticas de uso indiscriminado de la fuerza y los tratos inhumanos, crueles y degradantes a los que son sometidas comunidades mapuche involucradas en las luchas por recuperación de sus tierras. Los asesinatos de jóvenes como Matías Catrileo y Alex Lemún también permanecen impunes.
La persistencia en aplicar a luchadores mapuche la legislación antiterrorista, herencia de dictadura, no contribuye a resolver problemas derivados del despojo histórico de tierras. El ambiente de impunidad a su vez se presta para montajes de inteligencia, nuevas violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, el irrespeto del debido proceso y la existencia de condenas mediáticas a los imputados por parte de las autoridades, vulnerando los más elementales principios de respeto a la honra de las personas y la presunción de inocencia. La práctica recurrente de legislar a espaldas de la opinión de los interesados, pretendiendo beneficiarlos, sólo agrava el conflicto y muestra que gobierno y parlamentarios no sólo desconocen el derecho internacional en derechos humanos sino también las normas de derecho indígena globalmente aprobadas.
Consideramos que autoridades de gobierno, parlamentarios, jueces honestos y nuestros propios asociados, profesionales que luchamos por la defensa de los derechos humanos estamos llamados a contribuir a romper las cadenas de la impunidad, en los distintos ámbitos que ello se expresa. Denunciar, educar, solidarizar y actuar para impedir que estas prácticas continúen extendiéndose es nuestra misión y a ello convocamos para impedir que las luchas que hoy dan los chilenos en distintos ámbitos por la defensa de sus derechos sea criminalizada y a exigir que por los crímenes de ayer se logre verdad, justicia y reparación.
En el marco de esta reflexión llamamos a:
Anular la Ley de Amnistía
Reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de las demandas que emanen de ellos.
Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Promulgar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Juzgar en tribunales civiles los casos actuales de uniformados involucrados en torturas y homicidios
Derogar la legislación antiterrorista
Coordinador de Colegios de Profesionales:
Capítulo de DDHH Colegio de Asistentes Sociales, Comisión de DDHH Colegio de Arquitectos, Comisión de DDHH Colegio de Administradores Públicos, Comisión de DDHH Colegio de Bibliotecarios, Comisión de DDHH Colegio de Contadores de Chile Regional Metropolitana,Comisión de DDHH Colegio de Fonoaudiólogos, Comisión de DDHH Colegio de Médicos Veterinarios, Capítulo de DDHH Colegio de Matronas, Colectivo de Ingenieros por los DDHH, Departamento de DDHH Colegio de Periodistas, Departamento de DDHH Colegio de Profesores, Colegio de Enfermeras, Colegio de Educadores de Párvulos, Colegio de Antropólogos de Chile.
Declaración publicada en Santiago, en abril de 2009
Ingreso al Informe completo sobre Tortura en Chile de la Comisión ética contra la Tortura
“El volumen de la información recabada nos hace consagrar un espacio especial a la represión que aqueja a nuestros hermanos del pueblo mapuche, los montajes judiciales y actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que aún practica la policía chilena en contra de ellos, dejando traslucir la existencia de un sistema de justicia arbitrario y altamente discriminatorio hacia esta etnia y por la que claman diversas instancias internacionales, incluido el Comité Contra la Tortura de la ONU que, recientemente, evacuó su informe”…. Acceder al Informe Completo - Hacer Click:
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