Aylwin dice que ya no es posible saber más sobre los detenidos desaparecidos "Los gobiernos y los tribunales hemos hecho lo que se ha podido"

Domingo 26 de agosto de 2007

"Los gobiernos y los tribunales hemos hecho lo que se ha podido":
Aylwin dice que ya no es posible saber más sobre los detenidos desaparecidos

Sergio Espinosa V.

El ex gobernante lamenta que el Estado "fuera renuente a hacer plena justicia en el caso de Pinochet". Admite que sólo una nueva ley de amnistía podría cerrar este doloroso tema y recuerda su insólita amistad con los generales (r) Arellano Stark y Gordon.
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SERGIO ESPINOSA V.

Para la historia quedó la imagen de un emocionado Presidente Patricio Aylwin recibiendo el voluminoso informe de la "Comisión Rettig" que mostró la dramática realidad de los detenidos desaparecidos durante el régimen militar. Eso fue en 1991. Trece años después, vio como un simple espectador el resultado de la "Comisión Valech" en los casos de torturados políticos. Esta semana, el ex Mandatario recibió con sorpresa la decisión del gobierno de reactivar por seis meses las labores de ambas comisiones.

"El ministro y el subsecretario general de la Presidencia me explicaron que después del Informe Valech una lista de personas quiere acogerse a los beneficios de los que recibieron torturas", comenta.

-Entonces apunta más a la reparación económica que a recibir nuevos datos.

-Exactamente. Por lo que me han dicho, esto se va a limitar a gente que fue víctima de torturas y no se presentó oportunamente a la Comisión Valech.

-¿Qué le parece esta iniciativa?

-Mire, si hubo gente que realmente fue víctima de torturas, es un acto de justicia que la ley sea pareja para todos.

-El Gobierno está postulando a Chile para ocupar un cupo en el Consejo de DD.HH. de la ONU. ¿Puede ser vista esta medida como un argumento para fortalecer su opción?

-Creo que Chile tiene títulos para participar en una entidad de esa especie, puesto que según lo que yo sé, es el país en que habiéndose producido violaciones reiteradas a los derechos humanos con resultado de muerte o de tortura durante un tiempo prolongado, ha hecho más en la materia. Por una parte para esclarecer la verdad, por otra para dar algún tipo de compensación a las víctimas.

-Carlos Herrera Jiménez asegura que el grueso de los detenidos desaparecidos que aún faltan no serán encontrados, y que la justicia debe interrogar a los jefes y no sólo a los subalternos, si quiere avanzar en las investigaciones (ver D 4).

-No sé hasta qué punto eso que dice sea justo, porque quien dirigió la Dina, Manuel Contreras, no se puede decir que no haya respondido. Los generales Sergio Arellano Stark y Humberto Gordon, lo mismo. Gordon murió estando detenido en el Hospital Militar. Fui bastante amigo de él, y también lo fui de Arellano Stark...

-¿Por qué?

-Porque los dos fueron edecanes del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y yo era el presidente del partido, entonces iba mucho a La Moneda o a la casa de Frei, y sus edecanes lo acompañaban mucho en su casa. Iba a almorzar con Frei y ellos también almorzaban o al menos compartían un rato con nosotros.

-¿Y tuvo contacto con ellos durante el régimen militar?

-Con los dos, porque yo era muy amigo de un cuñado de Gordon que era camarada mío, el ex intendente Guillermo Maturana. En la época de Pinochet yo iba a ver a Maturana para su santo y me encontraba con él. Nunca olvido que un día me dijo "¿y usted qué está haciendo?". "Bueno, general, yo hago lo que se puede". Entonces me respondió: "Y lo que no se puede también" (estalla en risas).

-¿Nunca se valió de esa amistad para interceder por gente en los momentos más duros del régimen militar?

-Los que cumplían esa labor eran Jaime Castillo Velasco y mi hermano Andrés. Yo nunca me metí, porque estaba más en la cosa política, en la semiclandestinidad, y deliberadamente no quise entrar a pedirles cosas...

-¿Y alguna vez ellos lograron algo de Gordon y Arellano?

-Sí, por Jaime supe de gestiones que habían hecho por algunas personas y el resultado que habían obtenido: que los soltaran o los echaran del país, en lugar de exterminarlos simplemente.

-¿Comparte la premisa de Herrera, de que nunca se podrá saber el paradero de los desaparecidos?

-Sí, por la sencilla razón de que los mataron y lanzaron los cadáveres al mar. Es muy posible que sea como él dice. Los gobiernos y los tribunales hemos hecho lo que se ha podido.

-La justicia en la medida de lo posible que patentó usted...

-Exactamente. No es por relativismo, sino por realismo. Hay cosas que no se pueden sacar. Pero comparativamente, si uno mira lo ocurrido en este país después de la dictadura, frente a cualquier otro, no hay nadie que nos pueda dar lecciones de haber hecho más para esclarecer la verdad y establecer responsabilidades.

-¿Quedó satisfecho con el resultado del Informe Rettig?

-Sí, yo nombré personas claramente vinculadas al mundo de los derechos humanos, como Jaime Castillo o José Zalaquett, pero también a otras que habían estado vinculadas al gobierno de Pinochet, colaboradores suyos. Uno de ellos, Gonzalo Vial, había sido ministro. Ricardo Martain, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue nombrado por Pinochet como encargado de investigar las violaciones a los derechos humanos de su gobierno. José Luis Cea era un profesor de derecho constitucional bastante cercano en alguna etapa al régimen. Dudo que Gonzalo Vial no haya sabido las cosas que ocurrían. Sin embargo, aceptó y formó parte de la comisión, cuyo informe fue unánime en todo, lo que es muy notable.

-¿Cree que se podría conseguir algo más respecto de lo que ya se sabe?

-No, yo creo que no es posible saber más. Esto es. Lo que está pendiente son los juicios que todavía se ventilan respecto de algunos casos para determinar la responsabilidad de los organismos de seguridad de la dictadura.

-¿No sería bueno entonces que el Gobierno reconociera que hay que cerrar el capítulo de los derechos humanos?

-Temo que si el Gobierno intentara decir "mire, no más... esto se acaba" lo acusarían de estar amparando a delincuentes. Sería una impunidad indebida, a menos que se dictara una ley de amnistía.

-Eso exigiría una decisión política...

-Sería una decisión política. Un gobierno que recién asumiera podría decir "ya han pasado tantos años... demos vuelta la hoja y terminemos esto".

-¿Y no sería más sano?

-(Suspira) Yo creo que más sano es que si se cometieron estas barbaridades, se juzguen y los responsables sufran el castigo que se merecen.

-¿Qué le produce que Pinochet muriera sin que la justicia pudiera comprobar su eventual responsabilidad?

-En un caso lo hizo, pero lo declararon no responsable por incapacidad mental. Desde el punto de vista jurídico y ético, uno podría decir que el Estado chileno fue renuente a hacer plena justicia en el caso de Pinochet a lo largo de toda la transición.

MÁS DE US$ 1.386 MILLONES: Las platas para DD.HH.

Un costo de $720.715.899.000, equivalentes a casi US$ 1.386 millones, es la cifra que ha pagado el Estado en compensaciones a víctimas o familiares de los atentados a los derechos humanos.

-La ley 19.123, de Reparación (conocida como ley Rettig), estipuló pensiones a los familiares de las víctimas, que entre 1994-2006 llegan a $99.799.067.000. A ese dinero hay que sumar el bono compensatorio por $2.473.455.000 que se entregó por una sola vez en 1992, por el equivalente a la pensión por un año.

-La ley 19.234 estableció beneficios previsionales para los exonerados por motivos políticos. Desde 1995 hasta 2006 ha significado un costo para el erario público de $573.708.439.000.

-La ley 19.992 sobre Prisión Política y Tortura (conocida como ley Valech) ha implicado el pago de $44.734.938.000 en el período 2005-2006.

http://www.memoriando.com/noticias/401-500/444.html