Nos recibe en su oficina del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en Temuko.
Llueve sobre la capital del País Mapuche, pero ni el mal tiempo ni la pronta caida de la noche logran apaciguar la actividad al interior de una "organización no gubernamental" que -en pocos años- se ha transformado en referencia obligada a la hora de hablar de derechos indígenas en Chile. Ubicada a pocas cuadras del centro cívico, por allí circulan a diario no solo miembros de la institución, abogados en su mayoría, sino también numerosos dirigentes indígenas y una tropa de entusiastas jóvenes investigadores que desde sus respectivas áreas de trabajo, monitorean todo aquello que el gobierno hace y deja de hacer en materia indígena. Se trata de una institución a todas luces incómoda para las autoridades del gobierno, situación que no pareciera importar en absoluto a nuestro entrevistado, miembro de una de las familias mas tradicionales del establishment político concertacionista.
José Aylwin Oyarzún es el cuarto de los cinco hijos del ex Presidente Patricio Aylwin. Al igual que su padre estudió Leyes en la Universidad de Chile, pero no siguió una carrera política. Integró durante 10 años la Comisión Chilena de Derechos Humanos y durante el gobierno de su padre participó en la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), organismo antecesor de la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
En esa calidad intervino en el anteproyecto de la Ley Indígena, promulgada el año 1993, legislación que no duda en catalogar hoy como "muy a la zaga" de los estándares mínimos de derechos indígenas a nivel internacional.
Ex director del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera de Temuko, se distanció de dicha casa de estudios cuando el comprosimo asumido con la promoción y defensa de los derechos indígenas se volvió incompatible con la aparente neutralidad del mundo académico local. "Se nos cerraron algunas puertas y tuvimos que partir", recuerda hoy. Fundaría entonces, en septiembre del año 2004, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, institución que dirige junto a la también abogada y especialista en derecho internacional humanitario, Nancy Yañez. Sobre la labor del Observatorio, su visión respecto de la situación de los derechos indígenas en Chile y algunas paradojas de la particular democracia chilena, trata la siguiente entrevista exclusiva.
- Durante el primer semestre como Observatorio lanzaron una publicación que resume el comportamiento de los gobiernos de la Concertación en materia de derechos indígenas. Me refiero a “Lagos, los Pueblos indígenas y el ‘nuevo trato’: Las paradojas de la democracia chilena”, una compilación de diversos artículos que deja al descubierto las contradicciones de la política indígena en Chile. ¿De dónde surge la idea de abordar una administración en particular como aquella del ex presidente Ricardo Lagos?
Esta publicación surge por varias razones. Por un lado porque uno de nuestros objetivos fundacionales como organización tiene que ver con documentar la situación de los pueblos indígenas en Chile, a partir de ciertos parámetros que están determinados para nosotros por la evolución del derecho internacional relativo a los derechos humanos en general y a los derechos de los pueblos indígenas en particular.
Sentimos que una de nuestras contribuciones como organismo no gubernamental es monitorear la situación de estos derechos a partir de ciertos lineamientos en los cuales creemos, para luego dar a conocer estos informes ante la opinión pública. Esto lo hacemos junto a otras tareas, más vinculadas con la promoción de estos estandares de derechos en Chile y acompañar a su vez procesos de defensa de estos derechos cuando son violados o amenazados. En esa línea el documentar esa realidad para nosotros es fundamental, lo hacemos citidianamente, pero también definimos ciertas áreas temáticas o ciertos periodos que nos parecen fundamentales de analizar. Lo habiamos hecho con el tema de los mapuches y la justicia, junto a Human Rights Watch el año 2004, cuando partimos con nuestro trabajo. También lo hemos hecho en el ámbito de la globalización y los pueblos indígenas, etc.
- ¿Por qué el gobierno de Ricardo Lagos en específico y no la Concertación en su conjunto?
La decisión de hacer este trabajo sobre el gobierno de Lagos tiene varios fundamentos. El Observatorio surge desde el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, desde donde se nos cerraron las puertas para seguir trabajando. Desde este programa nosotros habiamos realizado ya trabajo de documentación hasta el año 2004 y uno de ellos fue un libro, también editado por LOM Ediciones, sobre los derechos de los pueblos indígenas en Chile. En este libro analizábamos fundamentalmente el nuevo marco jurídico vigente, la Ley Indígena, y las políticas públicas impulsadas por los sucesivos gobiernos de la Concertación desde el año 1994. Entonces, era un periodo que sentiamos que temporalmente habiamos cubierto con nuestro trabajo. Ahora, nos parecia que había un periodo con particulares contradicciones, por haber sido un gobierno conducido por una persona autoidentificada como socialista y que habia en tiempos de campaña formulado diversos compromisos y generado importantes expectativas en diversos sectores del pueblo mapuche.
- Era el primer presidente socialista post dictadura. Esto de cierta manera fue usado en la campaña electoral para atraer ciertos sectores, a sabiendas del simbolismo de presentarse como la continuidad de Salvador Allende...
Efectivamente, para nosotros tenia toda una simbologia presentarse como el primer presidente socialista post Unidad Popular y por supuesto que esto generó expectativas en importantes sectores del movimiento mapuche, ello por todo lo que implicó el gobierno de Allende, con la Ley Indígena del año 1972, la Reforma Agraria y otros avances que hubo en ese periodo. Todo ello generó altas expectativas, pero nos encontramos sin embargo con que el gobierno de Lagos fue una administración particularmente paradójica. En nuestro trabajo cotidiano en comunidades, un constatación que era recurrente era el análisis que hacian los dirigentes mapuches de que no habia existido tal nivel de represión contra ellos desde la dictadura militar y, en otros casos, la gente constataba que ni en tiempos de dictadura fueron víctimas de tal nivel de represión en su contra. Nos parecia por tanto que habia una paradoja que desde el punto de vista político debia ser subrayada.
- Paradoja y contradicciones que, convengamos, en otros ámbitos cruzan a todos los gobiernos de la Concertación, desde la administración Aylwin en adelante, sin excepción.
Absolutamente. Me parece importante dejar en claro que el hecho de que nos hayamos detenido en un periodo determinado no significa que no tuvieramos una visión crítica de la Concertación en su totalidad, no significa que no hagamos hoy una lectura crítica de todos los gobiernos de la Concertación en materia indígena.
- En México se publicó el año 2005 un libro que analizaba muy críticamente y desde diversas áeras el gobierno de Vicente Fox, que también habia generado expectativas por la posibilidad de implementar los Acuerdos de San Andrés tras la derrota del PRI.
¿Constituyó esta publicación mexicana un antecedente para vuestro trabajo sobre Lagos?
Fue un antecedente, nos pareció una experiencia super interesante el documentar desde distintas perspectivas un periodo en particular. Y nos parecia que asi como existen otros temas que tratamos como Observatorio, este periodo demandaba que pudieramos abrir un espacio para invitar a otras personas que teniendo inserciones laborales distintas, compartian una visión de derechos humanos, una mirada de la realidad de los pueblos indígenas. Por ello invitamos a profesionales de otras organizaciones no gubernamentales, académicos, dirigentes sociales, a participar de esta publicación, para obtener una mirada mas integral sobre dicha administración.
Verdad histórica y nuevo trato
- Con la administración Frei existieron muy pocas instancias de diálogo para resolver conflictos, se hizo un ejercicio de diálogos comunales que no tuvieron mayor trascendencia, pero lo que existió más bien fue un claro alineamiento de su gobierno con el empresariado, como lo demostró el caso de la represa Ralko, entre otros. Lagos, por el contrario, a poco de asumido el poder implementó una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que se vio como una potente señal de enmendar el rumbo en la relación del estado con los pueblos indígenas. Sin embargo, esta Comisión se diluyó más tarde en un ámbito casi exclusivamente académico y sus propuestas terminaron archivadas.
¿Cómo observan ese proceso?
Es una de las contradicciones de su gobierno que nos motivó a escribir el libro y que intentamos documentar. Efectivamente, más allá de los anuncios electorales, de los diálogos convocados a poco andar de su gobierno a través de un Grupo de Trabajo, se crea esta Comisión, que no olvidemos es una propuesta que el movimiento mapuche realiza al gobierno para discutir temas de fondo, los que decian relación con la verdad sobre el pasado y con el establecimiento de un nuevo trato. De alguna manera, Lagos como Presidente acoge esta demanda y crea esta Comisión que a mi juicio tenía problemas de origen. Es decir, en vez de invitar a las partes a que designen sus interlocutores, estos fueron designados desde el ejecutivo. Esto determina que ciertos invitados, que serian representativos de sectores mas críticos, se terminen marginando finalmente de dicha instancia.
A pesar de ello, el trabajo desarrollado fue bastante profundo y en su diagnóstico esa Comisión asume un análisis bastante crítico de la acción del estado en relación a los pueblos indígenas, que en gran medida es coincidente con el análisis que el propio movimiento mapuche ha realizado históricamente. Llama, por ejemplo, a la ocupación de la Araucanía como una "invasión", constata las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas a lo largo de la historia y formula en el ámbito jurídico-político una serie de propuestas que si bien no son más tarde acogidas en su plenitud, vislumbraron un importante avance.
- Dicha Comisión habló quizas por primera vez desde el ámbito estatal de derechos colectivos.
Claro, llegó a conclusiones que iban mucho más allá del reconocimiento constitucional y de la ratificación del Convenio 169, hablaba de dotar esos reconocimientos de sustancia y eso pasaba por otorgar derechos políticos, territoriales y culturales. En el ámbito político incluía la elección de representantes indígenas en el Senado y en la Cámara de Diputados; la participación de los indígenas en la integración y gestión de gobierno a nivel comunal y regional; el reconocimiento de las instituciones e instancias organizativas propias de cada uno de los pueblos indígenas; la participación en la discusión, formulación de leyes, políticas y programas, entre otras medidas. Además se reconoce en el Informe un conjunto de derechos sobre los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios, se propone, en relación con los proyectos de inversión públicos y privados, reconocer el derecho a consulta, el derecho a participación en los beneficios sociales y económicos de las actividades productivas y a la compensación por los daños causados.
- Sin embargo, junto a ello también fortalecía la política pública sectorial hacia los pueblos indígenas, que es el pilar donde se asienta el indigenismo de estado y esa anacrónica mirada asistencialista de la demanda indígena y mapuche en particular.
Son alguna de sus contradicciones, porque claramente en términos de recursos la Comisión propone fortalecer el Programa Orígenes, el Fondo de Tierras y los Programas de Desarrollo... Y claramente el Programa Orígenes, nosotros lo hemos constatado, lejos de potenciar los procesos territoriales indígenas van mas bien fraccionando esos esfuerzos e intenta a su vez cooptar a los sectores mapuche más críticos por medio de proyectos y acceso a recursos estatales.
- ¿Dónde estaría a su juicio el origen de este aparente contrasentido?
Es decir, hablar de derechos colectivos, proponer medidas en esa dirección y, por otro lado, fortalecer estos mecanismos de intervención estatal en el mundo indígena.
Está en lo que yo identifico como "la otra política" del gobierno de Lagos, fuertemente vinculada a la apuesta que se hace a la inclusión de los territorios indígenas a la economia global y que se manifiesta en el respaldo irrestricto del estado, incluso en la ejecución por parte de organismos públicos, de proyectos que buscan insertar a los territorios indígenas en este mercado global. Siempre entendiendo estos territorios indígenas como fuente de recursos naturales a ser explotados, extraidos, en muy pocos casos a ser elaborados, y vendidos a los mercados globales. Esto se manifiesta en la proliferación de proyectos de inversión que a pesar de no contar con procesos de consulta adecuados y a pesar del rechazo indígena, son en última instancia siempre implementados. Esa otra política creo yo lleva a un proceso de movilización social del pueblo mapuche y que se traduce luego en diversas estrategias, muchas de ellas pacíficas y algunas de ellas también con acciones de fuerza.
- Acciones de fuerza que mayoritariamente han sido en contra de bienes y no en contra de personas......
Pero que a pesar de ello el estado, como forma de asegurarse su objetivo último que es la incorporación de estos territorios en estos mercados globales, conlleva la adopción de una política represiva que el Relator de Naciones Unidas denomina como "política de criminalización". Esta se grafica en la política de persecución judicial de la cual el estado se hace parte y para la cual recurre a legislación de estados de excepción, la mas grave de las cuales es la Ley Antiterrorista, y en acciones de represión violenta en contra de comunidades, dirigentes y que se traducen en el uso indiscriminado de la fuerza pública, violando derechos básicos de las personas, como la integridad física, la libertad, el derecho a desplazamiento e incluso el derecho a la vida en algunos casos, como fue el asesinato del joven mapuche Alex Lemun. Esa creo yo es la gran tensión del gobierno de Lagos y que persiste de cierta forma en el trasfondo del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado en la actual administración.
- ¿Se podría decir que hubo una intencionalidad de descomprimir posibles conflictos a través del fortalecimiento de instancias como el Programa Orígenes, el Fondo de Tierras, la política sectorial?
¿La zanahoria y el garrote?
Cuando uno analiza el periodo de Lagos se puede afirmar que hubo una política dual, del garrote y la zanahoria como se señala comúnmente. Y se advierte que existió esta intencionalidad de ganar la adhesión o el silencio de las comunidades por la via de esta política sectorial, con mas recursos, con más posibilidades de acceder a beneficios, para asegurarse que este proyecto económico no fuese amenazado por el movimiento indígena, que aun asi, que a pesar de esta estrategia dual del gobierno, fue en Chile el único movimiento social capaz de poner en entredicho esa política económica en que se basó la administración Lagos y que persiste hasta hoy.
Año perdido de Bachelet
- Si las autoridades son incapaces de implementar las recomendaciones emanadas de una comisión implementada y financiada por el propio gobierno, como fue el caso de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ¿qué seguridad pueden tener los pueblos indígenas de que La Moneda y el Parlamento tomarán en cuenta recomendaciones venidas desde Ginebra, Nueva York u otras instancias internacionales? No hace mucho, organismos extranjeros que de manera constante y responsable han estado monitoreando la situación de derechos humanos en Chile y específicamente la realidad del Pueblo Mapuche, calificaron el primer año de Michelle Bachelet como un "año perdido" en materia de derechos indígenas.
No es mucha la seguridad que se puede tener. Es un hecho que los informes y las recomendaciones que surgieron de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y que significaban pasos sustantivos en garantizar derechos colectivos a los pueblos indígenas no fueron acogidas. Y tampoco fueron acogidos los informes del Relator de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y mucho menos aquellos emanados de organismos independientes y más críticos, como Human Rights Watch, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos, etc...
Uno observa esto y queda con una sensación de escepticismo, pero también es bueno recordar que en el caso del Informe de la Comisión de Verdad Histórica no hubo tras de sus resultados una movilización indígena que llevara a que el estado se viera obligado a impulsar las recomendaciones, por distintas razones eso no ocurrió, el movimiento no se hizo cargo de sus resultados y se puede decir que es un documento que cayó en el vacio. Es un informe que quedará como un documento histórico, pero que nadie toma para exigir al estado su implementación. Distinto ha sido el caso del informe del Relator, que si bien no constituye el centro del accionar de los pueblos indígenas, si existen organizaciones que lo asumen como propio y que desarrollan desde entonces una serie de iniciativas a nivel nacional e internacional para que se cumplan sus recomendaciones.
- Existe la percepción de que las relatorias en general, en el marco del derecho internacional, no son muy efectivas frente a los estados.
Es una percepción real, ocurre esto que señalas y no solo en el marco del Relator para Cuestiones Indígenas, sino en diversas otras relatorias. Cosa diferente es el caso de los informes de los Comités, que tienen relación con los pactos internacionales y atañen a cómo se cumplen estos pactos por parte de los estados, lo que los vuelve de cierto modo mas vinculantes.
- ¿Ha sido tiempo perdido en materia de derechos indígenas el mandato actual de la Presidenta Michelle Bachelet?
Lo que uno percibe de este gobierno es que hubo nuevamente un llamado al diálogo siendo candidata Bachelet y en una zona cargada de simbolismo como lo es Nueva Imperial. Se trató de un llamado que uno podría imaginar no tendría mayor acogida en los movimientos indígenas, por toda esta historia anterior de diálogos sin mayor proyección que se habian desarrollado, pero el movimiento indígena y una parte importante del movimiento mapuche en particular, instrumentalmente o no, participa de ese diálogo, incluso se rearticula en función de esos diálogos y lo que podría haber sido una oportunidad para dar un paso sustantivo, uno ve al final que nuevamente las demandas de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche, son desestimadas. Y lo son en función de estos otros objetivos que mencionaba del gobierno de Lagos y que siguen presentes en la actual administración. No existe en concreto una intencionalidad de generar transformaciones profundas que pongan en riesgo o en peligro esa otra apuesta central que sigue siendo la apuesta de la Concertación. Me refiero a seguir en esta senda de apertura de mercado, de seguir en este esfuerzo de incorporar a los indígenas y sus territorios principalmente en un modelo, en un proyecto de desarrollo, no demandado por ellos en lo absoluto y aun en contra de su voluntad.
- En este sentido de continuidad de una estrategia, de continuidad de una determinada política de estado
¿cómo interpreta la decisión de Bachelet de no aplicar bajo su mandato la Ley Antiterrorista contra dirigentes mapuches?
Creo que obedece al reproche internacional del que fue objeto Ricardo Lagos en los últimos años de su gobierno, a la huelga de hambre de los presos políticos en el primer año de Bachelet y a los múltiples llamados de atención que la propia mandataria ha recibido de la comunidad internacional, de intelectuales como el propio José Saramago, de Naciones Unidas, etc. Creo que esa presión fue la que logró que la presidenta decidiera dejar de lado parte de esta estrategia tan burda de persecución judicial y política contra los dirigentes mapuches.
- Pero si bien a dejado de lado la Ley Antiterrorista, desde el movimiento mapuche se denuncia que Bachelet estaría dejando prácticamente en libertad de acción al Ministerio del Interior y sus aparatos represivos. Es decir, no hay un mandato ejecutivo de aplicar mano dura y reprimir como quizás era explícito en el gobierno de Lagos, pero tampoco se ven acciones concretas del ejecutivo en orden a prevenir los abusos cuando estos son cometidos al interior de comunidades y denunciados por las víctimas.
Efectivamente y allí creo yo que radica una de las grandes deudas de esta administración en particular. Frente a situaciones de abuso policial, de violencia desmedida, de abuso de la autoridad en particular al interior de comunidades mapuches, la actual administración no se ha hecho eco de las denuncias y eso implica ser cómplice de una situación de violación de derechos básicos de las personas, que se traduce en innumerables casos de allanamientos, de intimidación, de amenazas contra la vida, que no tienen ningún sustento para un gobierno democrático.
Hacia un diálogo real
- Mencionaba el llamado al diálogo realizado por Bachelet a poco de asumir su mandato. Pareciera ser que de parte del movimiento mapuche o al menos de parte de ciertos sectores, siempre existe voluntad y disposición de participar de aquellas instancias de diálogo que se abren a nivel de gobierno. Esto contrasta un poco con esta imagen de la "intransigencia mapuche" que señalan ciertas autoridades y que reproducen los medios de comunicación que copan la agenda informativa. Pareciera ser que la intransigencia no estaría precisamente del lado mapuche.
Los movimientos indígenas tienen razones de sobra para no querer seguir participando ni creyendo en nuevas instancias de diálogo. Pero no solo siguen participando, sino que lo hacen proponiendo fórmulas para avanzar en el reconocimiento de sus derechos, concurren a los diálogos, asisten a las reuniones, con un respeto solemne a la autoridad y a la palabra empeñada, claramente los intransigentes no son los indígenas o los mapuches. Es lamentable que a pesar de ello, la Concertación mantenga esta política dual, mantiene la represión contra las comunidades, la persecución contra dirigentes y más aun, le da la razón con sus últimos anuncios a los sectores más escépticos del movimiento mapuche de no ir al diálogo, porque el mensaje es que sus propuestas no serán escuchadas finalmente, que no vale la pena ir al diálogo. Ese es un hecho que se debe hacer notar, porque al frustrarse estos diálogos, de alguna manera se esta incentivando a los pueblos indígenas a buscar otras alternativas que no son las del diálogo.
Claramente, no son los pueblos indígenas quienes no están disponibles para conversar, sino que es mas bien el estado con su actitud quien está indirectamente incentivando el desarrollo de otras estrategias para buscar solución a las demandas de las comunidades y del pueblo mapuche en general.
- Comparando estas instancias de diálogo que se dan en Chile entre el gobierno de turno y los pueblos indígenas, instancias que generalmente adquieren la forma de comisiones, con otros procesos de diálogo en otros estados del continente, queda la sensación de que en el caso chileno se trata más bien de "puestas en escena", ya sea para descomprimir un escenario de conflicto o para mostrar "avances" ante la comunidad internacional. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Puedo señalar que la relación de los movimientos indígenas con los estados pasa generalmente por diversas etapas. Estas etapas incluyen muchas veces la confrontación, el conflicto, en otros contextos han tenido manifestaciones mas profundas, mas violentas, como es el caso de Chiapas en México, que luego desembocan en procesos de diálogo y en el establecimiento de instituciones para intentar resolver esas situaciones, instituciones ya sea de carácter temporal o permanente. Hay que decir que estos esfuerzos de diálogo también se han visto frustrados muchas veces. En el caso de México se llega a los Acuerdos de San Andrés, que en teoria iban a permitir profundas transformaciones juríricas y políticas del estado en su conjunto en beneficio de los pueblos indígenas, una de las demandas centrales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero estos acuerdos finalmente no se materializaron. Ha sucedido lo mismo en otros procesos mucho mas complejos aun, como es el caso de los procesos de desmilitarización de zonas indígenas o de desarme de grupos guerrillerros. Está el caso de El Salvador, donde se llevó adelante un proceso de paz donde si bien no participaron directamente las organizaciones indígenas, se trató más bien de partidos políticos sentados en la mesa de negociación, la resolución de dicho conflicto interno era de sumo interés para el movimiento indígena local. Y bueno, algunas cosas se resolvieron y otras no.
- Ha citado ejemplos donde el conflicto está cruzado por un escenario de enfrentamiento armado, lo que de una u otra forma condiciona a los estados a sentarse a conversar o negociar con su contraparte, pues es el monopolio de la fuerza lo que está en juego en estos casos, es decir, una de las bases mismas del estado como institución.
¿Pero qué sucede en contextos de conflicto social menos confrontacionales? ¿es posible que se generen instancias de diálogo reales?
Claramente existen otras experiencias de diálogo, menos dramáticas. Pasa creo yo también por el caracter más o menos democrático del estado en cuestión. Por ejemplo, en Canadá existen instancias de diálogo permanente entre los pueblos indígenas, las primeras naciones, con el estado. Pero allá los pueblos indígenas han buscado sus propias instancias de representación y el estado las ha reconocido, mateniendo un diálogo permanente, ya sea en situación de conflicto, que los hay, o en situaciones de no conflictividad. Este es un caso interesante, porque en el caso de Chile, cuando se crea la CONADI, se la concebia como una instancia permanente de diálogo entre el estado y el movimiento indígena, pero esto se rompe a poco andar, cuando el gobierno interviene el organismo y el movimiento indígena más crítico deslegitima esta institución. Desde entonces las organizaciones mas fuertes se han situado desde fuera del estado y sin una instancia donde mantener este diálogo.
- El ex director del organismo, Alberto Parra, señalaba en entrevista con Azkintuwe que CONADI no debiera asumir tareas de interlocución política, que estas más bien debian ser responsabilidad del gobierno central y el movimiento mapuche. Y lo decía por un lado privilegiando el carácter de "servicio público" de CONADI y, por otro, reconociendo las limitaciones de la institución y su poca credibilidad como instancia de "diálogo" entre los pueblos indígenas y el estado.
De allí por ejemplo que últimamente la Coordinación de Organizaciones Mapuche haya demandado a Bachelet una nueva institucionalidad que permita la representación del movimiento indígena ante el estado chileno, una institucionalidad donde no deban en este caso los mapuches participar desde dentro del estado, como lo sería el caso del Consejo de la CONADI, sino desde una posición de mayor autonomía. Todo parece indicar que esta fórmula de representación indígena dentro de estas instancias del estado es muy debilitada y de que la fuerza de la voz indígena esta en la legitimidad de sus instancias propias, tradicionales o no. En muchos otros países la fortaleza de los diálogos entre los pueblos indígenas y los estados está determinado por el grado de autonomía que poseen estos pueblos indígenas, su viabilidad esta determinada por la cohesión de los movimientos. No me cabe la menor duda de que en aquellos estados donde los pueblos indígenas tienen instancias mas autónomas y cohesionadas, el diálogo es mas potente y fructifero, y las demandas de dichos pueblos tienen posibilidades mucho mayores de ser acogidas / Azkintuwe
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