martes, 10 de marzo de 2009

INFORME GLOBAL DEL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE Ex - MENORES VICTIMAS DE PRISION POLITICA Y TORTURA.- Valparaíso, 22 de Enero 2009




INFORME GLOBAL DEL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE Ex - MENORES VICTIMAS DE PRISION POLITICA Y TORTURA.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer los avances y desafíos en el reconocimiento y reparación de niños, niñas y adolecentes victimas de Prisión Política y Tortura.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a. Conocer los logros en cuanto a la reparación terapéutica de los ex niños/as que han participado en los talleres precedentes.

b. Ofrecer talleres terapéuticos en el eje de la reparación.

c. Conocer los avances que a nivel de estado existen al respecto.

d. Diagnosticar y conocer los desafíos a que nos enfrentamos, con expectativas reales y la dignidad alta.

e. Contar con un catastro de la cantidad de ex menores que se encuentran aún con la vivencia sin haberla relatado muchas veces por temor.

f. Organizar a la agrupación y fortalecer las redes de apoyo.

g. Lograr el reconocimiento y la justa reparación de carácter integral esperada por esta población.

Para el logro de dichos objetivos se prepararon dos dispositivos:

A. Seminario abierto a la comunidad invitada e interesada en este importante tema.

B. Talleres terapéuticos destinados exclusivamente a ex menores en situación de prisión política y/o tortura.


EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

Con respecto al seminario:

En cuanto a la asistencia, se contó con la participación de 60 ex– menores de varias regiones del País con un 96% de asistencia. Además se contó con un grupo de panelistas, que fueron invitados. Algunos de ellos como la diputada Karla Rubilar fue invitada, pero no asistieron ni dieron sus excusas (Consejo Nacional de la Cultura, diputados, senadores de la República, etc.)

1º Inauguración a cargo de la docente de la Universidad ARCIS Valparaíso, Sra. Nelly Cubillos A. Psicóloga.



2º Actuación del Señor Oscar Salas (ex preso político y Señora).




3º Palabras de bienvenida a cargo de la Señora Viviana Fernández. Presidenta de la Agrupación de Ex Menores Valparaíso, y Coordinadora Nacional.
4º Palabras del Director de la ONG “PAICABI” Valparaíso Sr. Iván Zamora Zapata.



5º Palabras del Coordinador Programa PRAIS, Valparaíso-San Antonio Psicólogo Sr. Álvaro Jiménez Troncoso.



6º Palabras de la Coordinadora Programa PRAIS, Viña del Mar/Quillota Psicóloga Sra. Brígida Contardo Guerra.



7º Palabras de saludos de la representante de EXIL/ESPAÑA, Psicóloga Sra. Patricia Jirón



8º Palabras del Dr. Arturo Jirón Vargas, profesor de la Universidad de Chile, ex preso político. (Ex – Ministro de salud de SALVADOR ALLENDE)



9º Saludo vía Video Conferencia del Doctor Jorge Barudy Labrín. Neuro Psiquiatra, Psicoterapeuta y Terapeuta Familiar. Formador reconocido por la EFTA (Asociación Europea de Terapia Familiar). Docente del Postgrado en Psicoterapia e intervención social sistemática de la Universidad Católica de Lovaina. Responsable clínico del Programa de prevención tratamiento del maltrato infantil. Fundador y actual Director de EXIL, Centro Médico Psico-social para refugiados políticos y víctimas de tortura en BELGICA, FRANCIA y ESPAÑA; Supervisor y formador de equipos profesionales que trabajan en esta área, Docente de varias Universidades Españolas y chilenas. A través de este medio nos entrega un mensaje de reconocimiento de la O.N.U. y se compromete a seguir en esta tarea de Reconocimiento, Reparación y Justicia.

10º Palabras de la representante del Gobierno Sra. Marisol Espinoza

11º Video testimonio de trabajo realizado en el Segundo Encuentro Nacional de Ex – Menores.

12º Palabras de la Sra. Andrea Henríquez Gamonal, Psicóloga de la Agrupación de Ex – Menores Victimas de Prisión Política y Tortura.

Para llevar a cabo este proyecto se logró coordinar con las agrupaciones del sur y con nuevas regiones puesto que la voz de aquellos muchachos y muchachas ya no quiere seguir silenciada, han reunido valor, al ver que hay movimiento. Es decir, aún aparecen más casos de Ex – Menores que sufrieron estas atrocidades durante la Dictadura Militar. Se estableció la necesidad y el compromiso de asistir a estos Ex – Menores con apoyo Psiquiátrico y Psicológico, rescatando sus testimonios y vivencia sufridas hasta el día de Hoy.

Con respecto a los talleres terapéuticos: talleres colectivos y arte terapia.

A partir de los testimonios, que nos ha tocado leer y escuchar llegamos a la conclusión que debíamos trabajar con los Ex niños, niñas y adolescentes, ya que la gran mayoría de ellos encuentran con síntomas de una traumatización extrema: aislamiento social, baja autoestima, miedo a las personas, dificultades en la concentración, proyectos de vida coartados en comparación con los deseos originales, disfunción familiar, temores que creían infundados, dificultad para conciliar y mantener el sueño, estudios incompletos lo que implica oportunidades laborales limitadas, mantención de mutismo selectivo por años, etc.

El poder del trabajo en grupo en un clima de confianza, cercanía, credibilidad, no juzgamiento, ESTAR CON PARES hizo que las personas se abrieran para dar paso a una cura paso a paso, a través del establecimiento de vínculos solidarios.

Logros concretos:

- Gran parte de los participantes acceden a relatar su experiencia y vivencias relativas a la Violencia de Estado que se ejerció sobre ellos en forma inhumana.
- Dos Ex menores nacidos en prisión se conocen y se reconocen en su experiencia de vida.
- Validan su vivencia no desde un estar locos u enfermos como habitualmente lo hacían, sino que como consecuencia de la violencia ejercida sobre ellos/as.
- Comprensión de la sintomatología desde un trato amigable hacia ella, se NORMALIZAN experiencias de rebeldía juvenil, consumo en ciertos períodos de drogas, etc.
- Activación de redes de apoyo para aquellas personas que se encuentran solas, aisladas sin visualizar solución a problemáticas actuales.
- Proyecto de creación de una bolsa de trabajo: para todos los compañeros/as que por el mismo daño ocasionado no terminaron sus estudios, tienen su fuente de ingreso a través de trabajos esporádicos.

Algunos participantes con estudios universitarios se comprometen a generar vínculos reparatorios a través del aprendizaje de la lectura y escritura para aquellas personas analfabetas.

- Socialización de la experiencia vivida para que nuevos integrantes que cuenten con la condición de ex - menor preso político y torturado puedan acceder a esta vinculación con la organización.

Por recomendaciones de los Profesionales Psiquiatras y Psicólogos de Exil las Terapias Colectivas no superaron el Nº de 60 personas, por lo que a futuro se tendrán que realizar dos o tres encuentros anuales Terapéuticos, para que ningún Ex – Menor quede excluido y sin participar de este gran apoyo humanitario que está realizando Exil.

Estadísticamente la población etérea que mayores consultas hace en el Prais, al menos en Viña y Valparaíso, corresponde a las edades 42 a 55 años, según lo señalado por Psicólogo PRAIS Valparaíso, en Jornada del 2008 a partir de las consultas realizadas en este dispositivo.

Se está trabajando para obtener de los Prais Regionales una información completa fidedigna y transparente, creemos que en el sur existe la mayor parte de los Ex menores Dañados en Dictadura por la poca información, cobertura, enseñanza, aspectos territoriales, muchos de ellos analfabetos, el temor y el miedo sin saber a quién contar su Experiencia vivida.

LO QUE SE ESPERA Y POR LO QUE SE LUCHA

Lo más importante es lograr el reconocimiento del Estado de Chile, en virtud de la gravedad de los testimonios y de la calificación otorgada por el estado que no consideró a los Ex – menores Víctimas de Prisión Política y Tortura. Para esto contamos con todo el apoyo de los Profesionales de Exil, que trabajan por más de cinco años con la agrupación, especializados en la temática de DD.HH y reconocidos a nivel Internacional.

Lograr ser incorporado en el informe “Valech” como único testimonio de la memoria histórica que nuestro País debe asumir, con estos encuentros terapéuticos, proclamamos aquello que no deseamos para otros: nunca jamás vuelva a ocurrir

El trabajo de la Agrupación con el apoyo incondicional de Exil/España y Bélgica, ha logrado fortalecer redes en la temática de DD.HH., derivaciones de personas secueladas, se refuerza la coordinación y vías de comunicación con regiones.

Este informe Global es entregado personalmente al Sr. DOMINGO NAMUNCURA, asesor Presidencial, de nuestra Presidenta MICHELLE BACHELET JERIA


Valparaíso, 22 de Enero 2009


VIVIANA FERNANDEZ MONTENEGRO MORELIA FERNANDEZ MONTENEGRO



COORDINADORAS y VOCERAS AGRUPACION EXMENORES VICTIMAS DE PRISION POLITICA Y TORTURA A NIVEL NACIONAL

Valparaíso, Fono (032) 2237873/ 2230414 97291758 / 83010146
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informe sobre invitación a las coordinadoras en el marco del museo de la memoria
Estimados/as compañeros/as:
Deseamos informarles que el martes 16 de Junio fuimos invitadas a participar de una muestra previa de lo que será el Museo de la Memoria en el salón Montt Varas del Palacio de la Moneda. Pudimos darnos cuenta de que las donaciones recepcionadas hasta el momento, están siendo muy bien protegidas y cauteladas, tanto es así que los objetos no pueden ser tocados con las manos, la mayoría se encuentra en caja de vidrio, ni tampoco se puede ingresar ingiriendo alimentos ni refrescos. A la entrada hay una persona que supervisa que este procedimiento sea cumplido. Es importante señalar que cada objeto tiene una historia y un significado especial para el donante que es expuesto en forma escrita pra poder darle un sentido a la donación efectuada. Por otra parte, nos encontramos sumamenta contentas de haber tenido la oportunidad de que la Presidenta Michelle Bachelet nos otorgara un tiempo especial y con una gran disponibilidad para darle a conocer de una forma directa el quehacer de nuestra agrupación, nuestra historia, el apoyo que estamos recibiendo por parte de Exil- España, la ONU y en forma especial del Dr. Arturo Jirón, como también nuestras demandas actuales. Lo anterior fue recibido por la mandataria de muy buena manera haciéndonos sugerencias de diversa índole especialmente en el aspecto de velar por la autenticidad de los casos valorando además, la responsabilidad con que se ha llevado el trabajo considerando el acompañamiento de profesionales con experiencia en el área. Tuvimos la oportunidad de entregarle la memoria realizada por el Dr. Jorge Barudy y su equipo y una carta de solicitud de audiencia en la que queremos darle a conocer con más detalle la crueldad a la que fuimos expuestos/as los niños y niñas en dictadura. La presidenta nos señaló que las gestiones con respecto al tema de un nuevo período de investigación está a cargo de la vocera de gobierno Sra. Carolina Tohá y de la voluntad política de los parlamentarios. Cabe señalar que como coordinadoras y voceras nos encontramos extremadamente satisfechas de haber accedido a la máxima autoridad de nuestro país para exponerle nuestro labor y requerimientos de reconocimiento y de reparación a los ex-menores víctimas de prisión política y/o tortura

-- VIVIANA FERNANDEZ - MORELIA FERNANDEZ
Coordinadoras y Voceras de Agrupación de Ex- menores Víctimas de Prisión Política y/o Tortura

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lunes, 9 de marzo de 2009

El asesor que complica a la UDI

Domingo 8 de marzo de 2009 _NOM_SECCION1
Por Javier Rebolledo / La Nación Domingo



Jaime Jullian, el nombre que se repite en Recoleta y Huechuraba

El asesor que complica a la UDI

Durante años operó en las cuestionadas GMA, Asesorías y Servicios, además de cumplir múltiples roles con el ex alcalde Gonzalo Cornejo y Carolina Plaza. Siempre en las sombras, cuando la Fiscalía Centro Norte comenzó su investigación, se abrió a reconocer su rol dentro del tinglado que habría tenido por fin recaudar dineros para campañas electorales.

En 2000, Iñaki Busto, el ahora exiliado operador de la UDI, recibió una petición de parte de los senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: asesorar a tres jóvenes alcaldes recién elegidos que, esperaban, se transformaran en puntales del crecimiento del gremialismo en comunas populares del Gran Santiago. Se trataba de Gonzalo Cornejo, en Recoleta; Carolina Plaza, en Huechuraba, y Francisco Miranda, en San Bernardo.

Una de las primeras gestiones de Iñaki frente a la solicitud fue contactar a su íntimo amigo Jaime Jullian Pope, para ofrecerle asesorar a Cornejo y Plaza. Agrónomo titulado en la Universidad Católica, era una carta experimentada. No sólo había servido en 1982 como alcalde de Curacaví, designado por Augusto Pinochet, sino que fue además, junto al propio Busto, uno de los jefes de la campaña senatorial de Andrés Chadwick en 1997, a quien conocían desde la universidad.

Jullian cumplía además con otro requisito clave para las labores que le serían encomendadas en el futuro. A pesar de que pertenecía a la UDI desde los años de estudiante, donde conoció a varios de sus actuales líderes, siempre había cultivado un perfil bajo.

Así, en 2000 Jullian comenzó a desempeñarse como asesor directo de Gonzalo Cornejo, para luego asumir cargos directivos tanto en Recoleta como en Huechuraba. En ese momento, nadie sospechaba que, paralelamente a sus labores formales, el asesor y consejero Jullian participaba de la formación y puesta en marcha de una serie de empresas, incluida las polémicas Asesorías y Servicios Limitada (ASL) y Gestión Municipal Avanzada (GMA), que hoy son sindicadas como verdaderas cajas negras donde se recibían aportes de empresarios y otros actores para luego derivarlos a campañas políticas.

Actualmente, Jullian es parte de los expatriados del gremialismo. Pese a que se lo ha señalado como uno de los cerebros de los sospechosos movimientos de dinero que investiga la Fiscalía Centro Norte en el marco de las indagaciones a la empresa GMA, han sido sus propias declaraciones judiciales las que han permitido a los fiscales desenredar la madeja de sociedades y negocios que manchan el accionar los municipios controlados por el gremialismo en la zona norte de la Región Metropolitana. Es, lo que se llama, un testigo clave.

La triangulación

Una fuente de la UDI señala que dentro del partido no es una sorpresa que Jullian se haya abierto a relatar los hechos que investiga la justicia. "Es un hombre que goza de un tremendo respeto y siempre se lo ha visto como alguien transparente. Su imagen dista mucho de la de Iñaki Busto", señala. Otra fuente de la tienda de Suecia 286 relata que el agrónomo no siempre ha tenido una militancia activa, y que solía alternar su actividad política con los negocios agrícolas que llevaba en la Región de O’Higgins.

A fines de 2008, el propio Jullian habría declarado a la fiscal Ximena Chong que el dinero que aportaron empresarios de Recoleta como ellos mismos reconocieron en el proceso tanto para la campaña edilicia de Cornejo en 2004 y como para la de su esposa, la diputada Claudia Nogueira, en 2005, fue triangulado a través de ASL.

Dicha empresa tiene un amplio historial vinculado a GMA. Fue creada por Jullian en 2000, quedando él como propietario del 98% de las acciones y su hermano Rodrigo del 2% restante.

El 31 de diciembre de 2003, y mientras las campañas municipales del año siguiente calentaban motores, ASL fue contratada por la Municipalidad de Recoleta por un monto de 1 millón 200 mil pesos mensuales. Justo ese día terminó también el contrato que vinculaba a Jullian con la municipalidad, como asesor del alcalde. Entre 2001 y 2002 había sido administrador municipal en Recoleta, y por esa misma fecha, se desempeñó también como jefe de gabinete de Carolina Plaza en Huechuraba.

El primer cruce entre ASL y GMA se da en 2004, aun antes de las elecciones municipales. En febrero de ese año, el socio mayoritario de esta última empresa, Bernard Bataszew, le entregó un poder amplio a Jullian para que retirara todo tipo de documentos emitidos por GMA. ¿Qué relación existía entre ambas compañías como para que Jullian gozara de estos beneficios?

En marzo de 2005, el agrónomo traspasa uno de sus contratos con Recoleta, y posteriormente ese mismo año asume funciones oficialmente como miembro del directorio de la hoy cuestionada firma.

Sin embargo, para entender cabalmente la triangulación de dineros que hoy investiga la justicia hay que agregar una tercera empresa al baile. Se trata de Rush Limitada, cuyo domicilio comercial, curiosamente, es el mismo de ASL y GMA: Manzano 377, en un edificio del barrio Patronato, comuna de Recoleta. Dicha compañía fue formada por Gonzalo Cornejo, su ex jefa de gabinete, Jenny Acevedo y un tercer socio. La Fiscalía Centro Norte detectó que, a fines de 2007, GMA pagó a Rush cerca de 30 millones de pesos, una de las situaciones que hoy apremia al ex alcalde. Pero las responsabilidades penales más complicadas que podría enfrentar Cornejo se deben a que la mencionada Jenny Acevedo dejó el municipio para asumir como gerente general de GMA en mayo de 2005 (es decir, dos meses antes de que renunciara a la municipalidad) y que luego, como representante de la firma, firmó un contrato con Cornejo el 25 de agosto de 2006, cuando ambos eran socios en Rush.

Full campaña

Durante 2005, todo fue miel sobre hojuelas para el grupo de hombres más cercanos a Gonzalo Cornejo. Durante ese año y el siguiente, los funcionarios municipales veían cómo, terminada la jornada laboral Acevedo, Jullian e Iñaki Busto, junto con el concejal UDI por Recoleta Marcelo Teuber, el entonces administrador municipal Álvaro Lavín y un par de amigos más, solían reunirse para salir todos juntos. "Como primera parada, algunos de los lugares predilectos eran los restaurantes Eladio y El Otro Sitio. Luego se reunían en el departamento que arrendaba Jenny, ubicado en calle Bellavista", señala la misma fuente.

Al mismo tiempo durante ese 2005, otra empresa, la cuarta que registraba domicilio en las mismas oficinas de Manzano 377, realizaba desde allí un intenso trabajo consistente en servicios de publicidad y en llamados telefónicos para sondear las preferencias del público respecto de candidatos de la UDI para la elección de diputados de diciembre de ese año. Full Call sólo emitió 18 boletas, todas ellas en 2005, para distintos candidatos del gremialismo en vísperas de las elecciones parlamentarias y también para Joaquín Lavín, cuando éste competía en la carrera por la presidencia.

Según comenta otro militante de la UDI, Jaime Jullian era el hombre que desde esa oficina confeccionaba los cuestionarios telefónicos y también elaboraba las bases de cálculo para interpretar los resultados. "Como es un especialista en números, toda esa pega siempre estuvo radicada en él", cuenta la fuente.

A pesar de que ni Carolina Plaza ni Gonzalo Cornejo aparecen en la estructura societaria de Full Call, en agosto del año pasado la alcaldesa de Huechuraba confesó a la justicia que le había prestado 10 millones de pesos al ex edil de Recoleta para la formación de la empresa. Como ella argumenta, eso no la transforma en socia. Sin embargo, su principal asesor en el municipio, Aníbal Rodríguez, sí aparece como socio.

Como si fuera poco, Ignacio Urzúa, ex secretario de Planificación de Huechuraba, declaró a la Fiscalía que, en 2007, fue llamado por la propia Plaza para que acudiera a las oficinas de Manzano 377. Ahí se encontró comiendo sushi a la alcaldesa de Huechuraba, acompañada por Jullian e Iñaki Busto.

Hombre orquesta

El 19 de junio de 2007, Jaime Jullian compró parte de las acciones de GMA que estaban en poder de la hija de Iñaki Busto, a quien su padre se las había traspasado un mes antes. Según un informe que la Contraloría Regional de Valparaíso emitió en junio del año pasado respecto a la Municipalidad de Viña del Mar, el 18 de julio de 2007 la edil de la Ciudad Jardín, Virginia Reginato, firmó un contrato con GMA caratulado como "Ordenamiento territorial de información social de la comuna". El valor total del convenio alcanzó los 15 millones de pesos. Hasta ahí no había nada sospechoso. Sin embargo, Jullian venía trabajando en Viña junto con Marcelo Teuber en la implementación de la ya famosa Ficha Vecino, el producto estrella de GMA, desde fines de 2006, aunque a título personal y con contratos a honorarios.

A través de sucesivos contratos, ambos fueron aumentando regularmente el monto de sus remuneraciones, las que hasta febrero de 2008 alcanzaban la suma de casi 60 millones de pesos.

En los descargos que entregó al organismo contralor, sin embargo, el municipio viñamarino le bajó el perfil a los servicios contratados a GMA. Señala que, dentro del plan tecnológico de la municipalidad, "la participación de la aludida es menor, lo que a su juicio también se manifiesta en los bajos montos que le fueron pagados", reseña la alcaldesa de Viña.

El asesor

El último episodio del caso GMA fue anunciado esta semana por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, cuando confirmó la apertura de una nueva investigación a cargo del fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abott , esta vez por los pagos que la diputada Claudia Nogueira había hecho a Jaime Jullian, quien durante 2006 figuró como su asesor legislativo.

¿Cuál era el problema? El Congreso Nacional canceló cerca de 800 mil pesos mensuales a Jullian, dinero que luego fue a parar íntegramente a la cuenta bancaria bipersonal que Nogueira mantiene con su esposo, Gonzalo Cornejo. Según la diputada, sin embargo, no hubo nada irregular en la transacción y los trabajos cancelados, correspondientes a materias laborales y de educación, entre otras, se cumplieron a cabalidad.

Cuesta entender por qué Jullian devolvió desinteresadamente el fruto de su trabajo a la cuenta de su empleador. La explicación la dio el propio abogado de la diputada, Mario Zumelzu, según el cual "Jullian sabía bien el destino de las platas, pues en su declaración, él dijo que los pagos recibidos por las asesorías él los donó para las actividades de la parlamentaria en su distrito".

En total, GMA cobró a los municipios de Huechuraba y Recoleta cerca de 500 millones de pesos por la instalación y mantención de la Ficha Vecino y el Sistema de Información Georreferenciada. A esto hay que agregar sumas aún mayores que habrían entrado a través de empresarios, aportes varios, ASL y, en general, todas las empresas que funcionaron aquella misteriosa dirección de Recoleta. Lo claro es que toda la maravilla informática que Cornejo, Plaza e Iñaki Busto prometieron traer a sus comunas a través de la inversión en tecnología hoy no es más que un mal chiste. Y que en cada uno de sus pasos aparece la huella, silenciosa pero efectiva, de Jaime Jullian. El mismo hombre cuyo testimonio tiene contra las cuerdas a Cornejo, Nogueira y otros de sus camaradas de la UDI. //LND

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090307/pags/20090307212734.html



Conadi negocia de manera reservada con agricultores que han sufrido múltiples ataques "armados e incendiarios."

Ya adquirió 123 hectáreas y las entregó a comunidad indígena:

Gobierno compra tierras vecinas a las de agricultores atacados para detener violencia

Conadi negocia de manera reservada con agricultores que han sufrido múltiples ataques armados e incendiarios. Organismo deberá disponer de $7 mil a 10 mil millones para comprar 2.000 hectáreas.

IVÁN FREDES

TEMUCO.- La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) deberá disponer de siete mil a diez mil millones de pesos para adquirir y traspasar a cuatro comunidades mapuches unas 2.000 hectáreas de tierras, que negocia reservadamente con una docena de agricultores de Ercilla y Vilcún. Su intención es parar definitivamente las reiteradas ocupaciones y atentados de grupos violentistas que reclaman derechos ancestrales sobre estas propiedades de la IX Región.

En esa línea, el organismo gubernamental acaba de comprar cuatro hijuelas, por un total de 123 hectáreas, a la sucesión Miller Bohringer (cuatro hermanos), vecina del agricultor René Urban, en la suma de $415 millones, las que fueron traspasadas y ocupadas de inmediato por la comunidad Ancapi Ñancucheo, de acuerdo con el contrato notarial al que tuvo acceso "El Mercurio".

Hasta ahora, las negociaciones se hacen bajo estricta reserva con los agricultores René Urban, Mario Martín Ruff, Ema Martín Ruff, Eduardo Martín Ruff, Luis Valenzuela Leger, Luis Seitz, Fernando Wickel y Jorge Luchsinger, entre otros, para adquirir alrededor de 20 predios.

Los mismos agricultores estiman que el Gobierno deberá desembolsar entre siete mil y diez mil millones de pesos para adquirir la totalidad de esas tierras, considerando que en algunos casos el precio de la hectárea puede superar los cinco millones de pesos.

"La negociación es lenta y eso puede provocar un conflicto mayor, porque la Conadi ha alimentado las expectativas de las comunidades y aún no resuelve nada", dijo Luis Valenzuela, hijo de uno de los propietarios en negociación. "Hasta ahora la oferta presentada es ridícula y no representa el valor comercial", apuntó.

Las tierras en proceso de adquisición serán traspasadas a las comunidades Guañaco Millao, Ancapi Ñancucheo y Temucuicui, en el sector de Ercilla, y a la comunidad de Yeupeco, en la zona de Vilcún.

La situación más conflictiva la representa la comunidad Temucuicui, cuyos máximos dirigentes amenazaron con ocupar los predios de Urban si al 15 de marzo próximo no está concluida una nueva tasación de sus predios para la presentación de la respectiva oferta al agricultor.

Sin embargo, dicha retasación, suscrita en un documento por representantes de Conadi y la comunidad, no se efectuará debido a que los predios ya ha sido tasados dos veces.

El propietario no acepta una tercera tasación, porque a su juicio la Conadi pretende disminuir el precio, producto de un incendio que en enero último afectó alrededor de 200 hectáreas en dos de sus cinco predios.

"Me opongo, porque así van a seguir quemando el campo para pagar menos", dijo Urban.

El lonco de Temucuicui, Juan Catrillanca, dijo que su demanda es por 1.500 hectáreas, y si la Conadi no cumple su demanda evaluarán si se movilizan.

El diputado Eugenio Tuma, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, cuestionó que el Gobierno negocie y firme acuerdos bajo amenazas, y rechazó la posibilidad de que Temucuicui sea favorecida con nuevas tierras sin respetar la ley ni el reglamento del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi. "Es una pésima señal para el resto de las comunidades que postulan pacíficamente", dijo.

Por la misma razón, citó al Parlamento para el próximo miércoles a los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma, y de Mideplan, Paula Quintana. La idea, dijo, es que expliquen la legalidad de dichas compras y el origen de los dineros para esas adquisiciones.

La más favorecida

El año 1998 la comunidad Temucuicui incluía a 165 personas mayores de 18 años, cuyo título de merced otorgado en 1884 consignaba 250 hectáreas.

Hoy ya suma 2.723,4 hectáreas, traspasadas tras sucesivas compras de terrenos con subsidios estatales.

La lista de la Conadi en internet informa que la comunidad "Ignacio Queipul" o Temucuicui recibió en 1998 los predios Lote A del fundo Alaska (98 hectáreas) y la hijuela Santa Luisa (58 hectáreas); en el año 2002, el fundo Alaska (1.937 hectáreas); en 2004, el fundo La Soledad (278 hectáreas), y en 2005, el predio Santa Filomena (425 hectáreas).

La comunidad original ha experimentado sucesivas divisiones, para así poder optar a nuevas tierras.

Dos agricultores agredidos

RENÉ URBAN

Atacado una treintena de veces desde hace ocho años. El valor de sus cinco predios, con 600 hectáreas en total, es del orden de los 3 mil millones. Estos son: La Romana, Montenegro, Nilontraro, Santa Melania y El Manzano

JORGE LUCHSINGER

Ha sufrido reiterados ataques armados e incendiarios en sus dos fundos de 500 hectáreas. El valor también asciente a $3 mil millones, porque tienen mejor aptitud agrícola. Los fundos son: Santa Margarita y San Miguel.

VALOR

CONADI pagó, en promedio, $3,4 millones la hectárea, de acuerdo con la tasación comercial.

http://diario.elmercurio.com/2009/03/08/nacional/nacional/noticias/A7CAA94D-9EA2-4AA1-A6E3-BDF898901CB6.htm?id={A7CAA94D-9EA2-4AA1-A6E3-BDF898901CB6}

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Venezuela expropiará latifundios para producir alimentos - SERAN "PROPIEDAD SOCIAL" 09-03-09

SERAN "PROPIEDAD SOCIAL"

Venezuela expropiará latifundios para producir alimentos

El gobierno de Venezuela intervendrá a partir de hoy varios latifundios para impulsar la producción de alimentos, anunció el presidente Hugo Chávez. Al hablar anoche durante un acto público, el mandatario dijo que el latifundio es uno de los grandes males que aqueja aún a la nación.

"Si hay 10 hectáreas y se están subutilizando, depredando los suelos, no se están aprovechando de manera correcta ni para el beneficio de todos, es un latifundio", señaló Chávez, según un despacho de la agencia de noticias estatal ABN.

Recordó que la propiedad social "puede ser indirecta, como Pdvsa (Petróleos de Venezuela), porque la rige el Estado", o directa, que es "la más difícil de lograr: permitir que una comunidad pueda ser dueña de una propiedad, para gestionar y trabajar en beneficios de todos".

"Transformando el modelo de propiedad, de producción y la distribución de los modelos de consumo, podremos lograr el modelo socialista, podremos lograr una sociedad donde reine la justicia, todos vivamos con la mayor suma de felicidad posible".

Permalink:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-121220-2009-03-09.html

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Tucapel Jiménez: “Novoa era subsecretario cuando mataron a mi padre”

Lunes 9 de marzo de 2009 | 14:18


Tucapel Jiménez: “Novoa era subsecretario cuando mataron a mi padre”




El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Tucapel Jiménez, rechazó esta mañana la eventual presidencia senatorial de Jovino Novoa, al recordar y cuestionar el papel que el senador UDI ocupó durante el gobierno militar, época en que además murió su padre, ex dirigente sindical.

“Fue el senador Novoa, subsecretario de gobierno en el año 1982, cuando se asesinó a mi padre, cuando se asesinó a un ex presidente de la República, cuando se asesinó a miles de chilenos”, sentenció.

Asimismo, Jiménez afirmó que “si (Novoa) no supo lo que estaba pasando en el país, que se estaban asesinado a miles de compatriotas por pensar diferente, si él no lo supo fue una persona tremendamente inepta en su cargo”.

Respecto al futuro presidente del Senado, el diputado consideró que Novoa “debió haberse inhabilitado para asumir un cargo de esta magnitud” y reprochó a la derecha que “habla todos los días de la responsabilidad política y lo que hay, por supuesto, es una tremenda irresponsabilidad política”.

En este contexto, el parlamentario PPD añadió que “como amante de la democracia siento una profunda vergüenza que una persona como Jovino Novoa asuma el tercer cargo de la nación” y aseguró que “será un día negro para la democracia chilena cuando asuma (el senador Novoa)”.

Tucapel Jiménez Alfaro fue dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, por lo que adquirió gran protagonismo en el movimiento sindical opositor al Gobierno militar.

El 25 de septiembre de 1982, Jiménez fue asesinado mediante disparos y degollamiento, luego de que agentes de inteligencia siguieron el taxi que conducía, le interceptaran y obligaran a conducir hacia el poniente rural de Santiago.

Su participación activa en la causa sindical, que incluso le unió con el ex presidente Eduardo Frei Montalva para "juntar las fuerzas opositoras a la dictadura", le valió constantes amenazas de muerte y seguimientos. Ambos estaban bajo la mira de la CNI pero Frei murió primero, casi un mes antes.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090309/pags/20090309142009.html

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Suprema condena al Fisco a pagar $75.000.000 a familiar de detenido desaparecido 09-03-09

09 de Marzo de 2009

Suprema condena al Fisco a pagar $75.000.000 a familiar de detenido desaparecido

El Máximo Tribunal dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Darío Miranda Godoy, Jorge Solovera Gallardo y Enrique Jeria Silva, ocurridos desde el 30 de julio y el 18 de agosto de 1976 en la ciudad de Santiago.

En fallo dividido los ministros determinaron las siguientes sanciones: Manuel Contreras Sepúlveda: 5 años de presidio sin beneficios; Carlos López Tapia: 3 años de presidio con el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Asimismo, se condenó al Fisco a pagar una indemnización de $ 75.000.000 a Aída Toro Hoffmann, esposa de una de las víctimas.

Tanto en la decisión penal como en el aspecto civil, el fallo fue dictado con el voto en contra de los ministros Segura y Ballesteros, quienes estuvieron por acoger la figura de la prescripción.

Esta es la séptima sentencia de la Corte Suprema en 2009 en materia de procesos por violaciones a los derechos humanos y la número 50 desde 2005.

En el caso fallado, en primera instancia el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar había determinado una pena de 10 años y 1 día para Manuel Contreras Sepúlveda y de 5 años para Carlos López Tapia, concediendo en este caso el beneficio de la libertad vigilada.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/suprema-condena-al-fisco-a-pagar-75000000-a-familiar-de-detenido-desapareci/

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Censuran por miedo exposición de "Arte" en el Diario La Nación. CALFUNAO J.






7 March, 2009


Denuncian que Censuran exposición de Presa Mapuche


Dibujos hechos por Juana Calfunao, Presa Mapuche en Cárcel de Temuco, habrían sido censurados según denuncian los organizadores. La muestra se pretendía hacerse detrás del palacio de Gobierno de la Moneda.



Santiago - "Lamentamos informar a la comunidad nacional e internacional que a pesar de la constante preocupación de los organizadores por mostrar a tiempo las imágenes y los textos a publicar, el Sr. Martín Huerta, Director de la sección de Arte y columnista del diario La Nación, canceló la exposición horas antes de su inauguración".






El lunes 2 de marzo del 2009 se realizaría la exposición de 42 dibujos hechos por la Lonko Juana Calfunao -presa política desde el año 2006 y condenada hasta el 2012- traídos directamente desde la cárcel de Temuco al frontis del diario La Nación, detrás del Palacio de La Moneda, para que nuestra sociedad pueda ver lo que ocurre en el sur de Chile.


Lamentamos informar a la comunidad nacional e internacional que a pesar de la constante preocupación de los organizadores por mostrar a tiempo las imágenes y los textos a publicar, el Sr. Martín Huerta, Director de la sección de Arte y columnista del diario La Nación, canceló la exposición horas antes de su inauguración. Huerta tuvo las imágenes desde mediados de enero y los textos les fueron entregados hace dos semanas atrás, teniendo tiempo suficiente para revisar el material. Pero,en palabras de Huerta, sólo ayer se puso a “ver las cosas”, a lo que señala que sólo “cuatro a cinco imágenes se salvan”,“ son demasiado fuertes y no deseo exponerme a que pasen cosas… esto llega al omóplato del Gobierno”.

PAKOZZ CRIMINALES DE LESA SEGUNDA COMISARIA TEMUCO.

¿Qué podría pasar si se exponen estas imágenes? Según Huerta esto “me acarrearía problemas con los dueños de La Nación”, es decir, el Gobierno chileno. Además como última declaración recalca el miedo que tiene a ser despedido, “yo no puedo exponer mi trabajo, yo vivo de esto, a mi edad ¿dónde voy a encontrar pega?”, por lo que el único culpable oficial es él. Pero sostenemos que el miedo hace auto-censurarse a individualidades que históricamente han apoyado los procesos sociales. No obstante, Huerta reconoce que “estoy con la causa mapuche”.

Nosotros sabemos que el miedo impuesto por el Gobierno con injusticia y represión destruye la ”libre expresión”, inexistente en este caso y en muchos otros.

Censurando la realidad, la mentira seguirá creciendo.




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El senador Alberto Espina dice que La Moneda "teme conflicto con organizaciones de DD.HH. y termina abandonando a las víctimas". 11-02-09

El senador Alberto Espina dice que La Moneda "teme conflicto con organizaciones de DD.HH. y termina abandonando a las víctimas".


Miércoles 11 de febrero de 2009

FUENTE: EL MERCURIO

"El Gobierno se ha negado a aplicar una ley que se dictó en democracia, la Ley Antiterrorista, y con esta decisión política está incentivando la impunidad".



Así lo afirma el senador Alberto Espina, al exponer lo que para parlamentarios de la Alianza es el tema de fondo que emergió con la denuncia de la ex abogada de la intendencia de la Araucanía Alicia Gómez, quien dijo que existe un instructivo del Gobierno para que estos profesionales no se hagan parte en causas con imputados por delitos terroristas.

Gómez fue cesada en sus funciones tras no presentarse en la formalización de Mauricio Huaiquilao, imputado por el ataque incendiario al fundo "Santa Rosa", de propiedad del agricultor Eduardo Luchsinger, además de otros tres atentados. La abogada explicó que "mi no concurrencia dice relación con que sabía que el fiscal pretendía formalizar por infracción a la Ley Antiterrorista, lo que se aparta de las conclusiones manifestadas por la Presidenta de la República respecto de no aplicar esta ley".

Espina, quien representa en el Senado a la Araucanía, dijo que "esta doctrina deriva en que las investigaciones se debilitan, se desincentivan, porque el Gobierno se termina inhibiendo ante hechos terroristas". A esto se agrega, afirmó, que los fiscales que investigan atentados no se sienten respaldados en las acciones que desarrollan y tampoco lo sienten respecto del apoyo que deben prestar las policías a esas investigaciones.

Al respecto, el diputado UDI Gonzalo Arenas anunció que en marzo citarán al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que se refiera al instructivo presidencial al que hace alusión la abogada Gómez, lo que ella explicó diciendo que existía el instructivo de no comparecer si se imputa un delito terrorista.

"Nosotros consideramos que si no hay un instructivo presidencial, al menos son órdenes que emanan del ministerio del Interior, porque en las causas en las que está invocada la Ley Antiterrorista sospechosamente el Gobierno nunca se ha hecho parte ", dijo Arenas.

>> Tres últimos casos: ley de Seguridad del Estado o no hacerse parte

Desde que el Gobierno accedió a llegar a un acuerdo con la activista pro mapuche Patricia Troncoso, conocida como La "Chepa", para que depusiera una huelga de hambre que se prolongó por 111 días, ha declinado presentar querellas invocando la Ley Antiterrorista.

Entre los casos ocurridos el último año figura un allanamiento a la comunidad mapuche de Temucuicui, en agosto de 2008, en el que dos carabineros fueron heridos a bala. Entonces el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, descartó la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los responsables, porque el Gobierno decidió invocar la Ley de Seguridad del Estado.

El 4 de noviembre de 2008, el Ministerio Público invocó la Ley Antiterrorista al formalizar a los estudiantes de Antropología Jhonatan Vega (26) y Félix Delgado (22), y a R.H.I. (17), detenidos por lanzar una bomba Molotov a furgones policiales en la Ruta 5 Sur (en la foto). La Intendencia no se querelló.

En tanto, el 26 de enero de 2009, la Intendencia se querelló contra quienes resultaran responsables por el atentado incendiario que días antes afectó a un fundo en la comuna de Padre las Casas. La querella fue presentada por el delito de robo con intimidación e incendio. En esa oportunidad la intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos (PS), se excusó de invocar la Ley Antiterrorista aduciendo falta de antecedentes.

>> La posición del Gobierno

Presidenta Bachelet

13 de mayo de 2006

"No voy a aplicar la Ley Antiterrorista porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar".

Intendenta Nora Barrientos

21 agosto de 2008


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"Nosotros hemos sido categóricos y hemos dicho que en el gobierno de la Presidenta no vamos a pedir la aplicación de la Ley Antiterrorista".

Subsecretario Patricio Rosende

Ayer


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"La Presidenta ha dicho que ella y su gobierno no va a invocar la Ley Antiterrorista, eso se ha cumplido. Pero si el Ministerio Público, que es el que califica, que investiga y que formaliza, lo hace, bueno, el Gobierno tiene que respetar esa decisión".


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"Lo importante no es que exista un instructivo escrito o verbal, sino la decisión del Gobierno de no actuar en causas en que la fiscalía se querelle por delitos terroristas".

Senador Alberto Espina (RN)


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"Se habla de un instructivo presidencial, lo que consideramos muy grave, porque a través de una instrucción presidencial no se están aplicando las leyes".

Diputado Gonzalo Arenas (UDI)

http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article219

sábado, 7 de marzo de 2009

Monseñor Sixto Parzinger: "Es inaceptable la violencia que emplean grupos pequeños de mapuches rebeldes revolucionarios" 12 de febrero de 2009

Monseñor Sixto Parzinger: "Es inaceptable la violencia que emplean grupos pequeños de mapuches rebeldes revolucionarios"

Jueves 12 de febrero de 2009

IVÁN FREDES

TEMUCO.- "La violencia de los grupos mapuches rebeldes, revolucionarios, es moralmente inaceptable. Son muy pocos, son grupos pequeños, pero hacen mucho daño. Creo que debe privilegiarse el diálogo, el entendimiento, la pacificación y aplicar la Ley Antiterrorista sólo en casos extremos".
Así definió su postura frente al conflicto mapuche el obispo de la Araucanía (diócesis de Villarrica), monseñor Sixto Parzinger (77), en declaraciones a "El Mercurio", cuando está a unos dos meses de alejarse de su cargo, tras 31 años como pastor, desde donde ha desempeñado en varias ocasiones el papel de mediador, para buscar la paz y resolver problemas de las comunidades mapuches.
Llegó a la zona de Padre Las Casas como misionero capuchino en 1965 y fue investido como obispo de Villarrica en 1978. Tras cumplir la edad requerida, presentó su renuncia al Papa Benedicto XVI en 2006, quien acaba de nombrar como su sucesor al actual rector del seminario de Concepción, Javier Stegmeier.
El diálogo
Monseñor Parzinger sostiene que "no soy quién" para calificar la decisión del Gobierno de no invocar la Ley Antiterrorista, pero dice entender que su aplicación "desprestigia al país en el extranjero y exacerba los ánimos de los mapuches más rebeldes".
"El Gobierno debe intensificar el diálogo con todas las comunidades y no con los grupos más radicales, los sublevados que son una minoría y a veces dominan al resto. También debe hablar con los propietarios y con las forestales, para comprar sus tierras a un precio justo. Debe haber diálogo efectivo, porque queda mucho por hacer", dice al reflexionar sobre los caminos para resolver el conflicto.
A su juicio, muchas de las acciones violentas son de grupos que pierden la paciencia, por la lentitud del camino oficial y por el olvido en la solución de sus demandas de tierras. "Ellos no ven avances ni progreso, y algunos, muy pocos, muy pocos, toman otras medidas. Muchas veces los violentistas se imponen a los pacifistas, que son la gran mayoría", señala.

Entre sus recuerdos, alude a la dramática muerte del joven activista mapuche Matías Catrileo, en el fundo de Jorge Luchsinger, el 3 de enero de 2008, donde intervino personalmente para que sus compañeros entregaran el cuerpo que ese día trasladaron y escondieron a tres kilómetros del lugar. "Ahí se evitó mucha violencia. Ellos me pidieron que acudiera al lugar, porque desconfiaban de Carabineros. Lo hice y me retiré cuando el cuerpo fue entregado a sus padres. Y se evitó un conflicto mayor", dice.


http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article222

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Andrés Gutiérrez Coña, estudiante. UCT - 20 años, fue violentamente detenido ayer jueves en Imperial, acusado participado ataque - Viernes 6-03-09

En prisión preventiva queda nuevo comunero acusado bajo ley antiterrorista.

La policía militarizada detuvo ayer en la localidad de Rulo, comuna de Nueva Imperial, al estudiante de agronomía de la Universidad Católica de Temuco, Andrés Gutiérrez Coña (20), acusado de participar en la quema que sufrió el fundo San Leandro, distante 10 kilómetros de Lautaro, Región de La Araucanía, registrado la noche del 12 de enero último.

Hace un par de semanas se había allanado la casa de su madre en Cerro Navia, en la Región Metropolitana, y el Hogar Mapuche de Temuco, pero no fue encontrado.
En virtud de esa búsqueda, el abogado Rodrigo Lillo interpuso un recurso de protección a su favor, pero no fue aceptado.

De acuerdo a informes policiales –transmitidos por la prensa burguesa- Andrés Gutiérrez Coña habría participado junto a Miguel Tapia Huenulef (preso en Valdivia) en el mencionado ataque.

Tanto Tapia Huenulef como Gutiérrez Coña son perseguidos bajo la figura de la Ley Antiterrorista. En este caso, en un claro ejemplo de persecución política, el gobierno también invocó ese cuerpo heredado de la dictadura.

La detención y formalización de Coña se efectuó esta mañana en el Juzgado de Garantía de Lautaro. El peñi fue formalizado por los “delitos” de incendio, homicidio frustrado y lesiones menos grave de carácter terrorista.

El Ministerio Público dijo contar con una huella dactilar que quedó en las pertenencias que rescató del fuego el personal que realizó las pericias en el lugar.
El fiscal antimapuche, Sergio Moya, detalló que "él participó junto a un grupo de 14 individuos en la agresión a una familia numerosa, todos comuneros de la etnia mapuche, oportunidad en la cual se usaron armas de fuego en su contra y se procedió a destruir algunas dependencias en las cuales esta familia guardaba forraje y otros elementos".

En la audiencia de formalización se dictaron 11 meses para la investigación, tras la cual Gutiérrez Coña fue trasladado primeramente a la cárcel de Angol, a la espera del informe de Gendarmería que determinará el mejor lugar de reclusión para el comunero.

http://redchem.entodaspartes.org/spip.php?article821

http://www.kilapan.entodaspartes.net/spip.php?article226


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Antecedentes sobre persecución política en contra de Mauricio Huaiquilao H.

6 March, 2009


Antecedentes sobre persecución política en contra de Mauricio Huaiquilao H


"El día 28 de Julio de 2008 fui detenido, interrogado y torturado por carabineros de chile en un procedimiento hasta ahora inexplicable y que aun investiga la fiscalia militar de Temuco". "Desde ese día he sido objeto de una abierta persecución y seguimiento que involucra vigilancia permanente de mi domicilio, filmaciones e interceptaciones telefónicas contra toda mi familia", señala el Preso Político Mapuche Mauricio Huaiquilao...


Fuentes:



1. El día 28 de Julio de 2008 fui detenido, interrogado y torturado por carabineros de chile en un procedimiento hasta ahora inexplicable y que aun investiga la fiscalia militar de Temuco.


2. Desde ese día he sido objeto de una abierta persecución y seguimiento que involucra vigilancia permanente de mi domicilio, filmaciones e interceptaciones telefónicas contra toda mi familia.


3. El día 22 de enero de 2009 mi domicilio fue violentamente allanado por la policía de investigaciones en un aparatoso operativo que involucro amedrentamiento armado a mi familia y la incautación de ropa, libros, zapatos y material audiovisual.


4. El día 5 de Febrero de 2009 fui detenido en mi domicilio y vuelven a allanar, esta vez con mas violencia y agresividad y en donde se observa a personal de investigaciones sacar desde un vehiculo 2 bolsas de nylon color negro y otra amarilla e ingresarla al domicilio, por lo cual sospechamos de las intenciones del ministerio publico de estar elaborando un montaje político judicial que me inculpe en los hechos que se me imputan.


Ese día fueron incautadas nuevamente especies las cuales fueron fotografiadas en los domicilios.

5. En ninguno de los hechos detallados ha estado presente el fiscal a cargo Sr. Sergio Moya, con lo cual las sospechas del montaje cobran fuerza, ya que, la policía no es supervisada en su actuar desmedido y puede manipular e inventar pruebas inculpatorias de todo tipo.


6. Otro hecho que refuerza este teoría es que la policía ha hecho montar una serie de mentiras a personal administrativo de una empresa en donde yo trabajaba y que confirmaría que el 30 de octubre a las 00.30 hrs, hora en que se me sitúa en un atentando en el By pass de Temuco, yo me encontraba trabajando.


Tanto el libro de asistencia y el libro de novedades de dicha empresa han sido sistemáticamente negados a la defensa y a la familia, entrando el personal de dicha empresa en múltiples contradicciones respecto de la existencia del registro de aquel día 30 de octubre.


7. Además mi familia ha sufrido en el ultimo tiempo constantes amenazas telefónicas relacionadas con la situación de persecución que me afecta, aun permaneciendo yo en prisión preventiva por todos los hechos que se me imputan. Estas amenazas telefónicas se han realizado el día jueves 26 de febrero a las 03.00 de la madrugada y el día lunes 2 de marzo a las 01 de la madrugada. En ambas llamadas se pretende que mi familia salga del domicilio en dirección a la cárcel de Temuco, en un supuesto incidente que me estaría afectando en este lugar, luego terminan con frases intimidatorios que anuncian que “no los dejaremos tranquilos” El teléfono desde el que se efectúan las llamadas no queda registrado en el celular de mi familia, por lo que sospechamos de tecnología avanzada que solo pueden tener organismos del Estado relacionados con inteligencia policial.


8. El carácter de persecución política en mi contra esta dado, por ser un mapuche conciente de la situación de mi Pueblo, por haber trabado relaciones con una comunidad en conflicto y por haber reafirmado una y otra vez el pensamiento de Matias Katrileo, mi amigo y hermano.


Mauricio Huaiquilao Huaiquilao,
Preso Politico Mapuche
Temuco, marzo de 2009.



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ALLANAMIENTOS EN PADRE LAS CASAS Padres de activista mapuche denuncian hostigamiento policial 06-03-08


ALLANAMIENTOS EN PADRE LAS CASAS

Padres de activista mapuche denuncian hostigamiento policial

Los atribulados padres de Ernesto Chachallao, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) afirman que el 17 de febrero recién pasado Carabineros nuevamente llegó fuertemente armado a la comunidad e irrumpió violentamente en su casa y los intimidaron agresivamente. "La vida familiar se ha tornado imposible", precisaron en un recurso presentado ante la Corte de Apelaciones, denunciando tal situación.

ROBERTO NEIRA - TEMUKO - 06 / 03 / 09



Operativo en Padre Las Casas.

José Chachallao Millalén aún no olvida la mirada de terror de sus tres pequeñas nietas que el 2006 presenciaron el ingreso de medio centenar de Carabineros a la "Comunidad Mariano Llaitul" de Padre Las Casas, IX Región. En esa ocasión los efectivos policiales, fuertemente armados, buscaban al hijo del pequeño agricultor: Ernesto Chachallao, pero no lo encontraron.Dos años después, a fines de febrero del 2009, la historia se volvió a repetir y con mayor grado de violencia. Es por eso que decidió presentar un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Temuko, donde acusa hostigamiento policial y violación de sus garantias constitucionales por parte de las policias uniformada y de civil.El pequeño agricultor mapuche y su esposa, Ignacia Painemil, presentaron el escrito a favor de su hijo Ernesto (29), mapuche vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y que se encuentra prófugo de la Justicia. La CAM es conocida en la región como una de las organizaciones mapuches que tiene una postura radical para reivindicar derechos ancestrales sobre la tierra, principalmente hacia latifundistas y empresas madereras.AllanamientosEn el documento ingresado al tribunal de alzada se sostiene que en la tarde del 26 de diciembre del 2006, unos 50 carabineros fuertemente armados, micros y furgones llegaron hasta el domicilio del matrimonio. En el documento se agrega que los efectivos allanaron con brutalidad la casa. "Los galpones, el chiquero de los chanchos, el patio y todas las construcciones que están aledañas a nuestra casa", precisa. En uno de los párrafos sostiene: "En nuestra casa estaban nuestras tres nietas pequeñas, las que hasta hoy día han quedado traumatizadas y con serios problemas sicológicos".

Con fecha 26 de febrero la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Temuko declaró admisible el recurso de protección. Los ministros Leopoldo Llanos Sagristá, Héctor Toro Carrasco y Alvaro Mesa Latorre sostienen: "Se declara admisible el recurso de protección interpuesto. Pídase informe a Carabineros de Padre Las Casas", precisa la resolución.

Los padres de Ernesto recuerdan en el escrito que los funcionarios policiales les señalaron que buscaban a su hijo Ernesto Chachallao por un celular que habían encontrado y que su hijo había perdido hacía un tiempo. Los progenitores del joven vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), sostienen que durante los últimos años, "ha habido un brutal hostigamiento debido a que frecuentemente nos han estado importunando y preguntándonos en forma agresiva por el paradero de nuestro hijo, ejerciendo en nuestra contra y nuestra familia una permanente violencia y hostigamiento sicológicos".Los atribulados padres del mapuche afirman que el 17 de febrero recién pasado Carabineros nuevamente llegó fuertemente armado a la comunidad e irrumpió violentamente en su casa y los intimidaron agresivamente. "La vida familiar se ha tornado imposible. El temor a la agresión y a daños mayores contra nuestra persona y el hostigamiento psíquico contra nuestra familia, nos lleva a presentar este recurso de protección para proteger nuestra vida, salud e integridad", precisa el recurso.

Con fecha 26 de febrero la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Temuko declaró admisible el recurso de protección. Los ministros Leopoldo Llanos Sagristá, Héctor Toro Carrasco y Alvaro Mesa Latorre sostienen: "Se declara admisible el recurso de protección interpuesto. Pídase informe a Carabineros de Padre Las Casas, quien deberá evacuar el informe respectivo, dentro del término de ocho días, adjuntando todos los antecedentes que digan relación con la materia", precisa la resolución.Intensa búsquedaEl comunero es intensamente buscado por la policía uniformada con una orden de detención pendiente por porte ilegal de arma de fuego e incendio del Juzgado de Garantía de Imperial, por su presunta participación en el atentado al fundo Las Praderas, ocurrido en diciembre del 2006.En esa ocasión unos ocho sujetos, que actuaron amparados en la oscuridad de la noche, le prendieron fuego a un camión y a un cargador de rollizos que eran utilizados en las faenas de la Forestal Crecex. En esta causa estuvo detenido Héctor Llaitul, considerado el líder de la CAM y Roberto Painemil Parra, ambos finalmente declarados inocentes del delito de incendio por el Tribunal Oral de Nueva Imperial.El comunero mapuche Roberto Painemil, fue detenido el mismo día de los hechos en una camioneta gracias al trabajo de una junta de vigilancia que funcionaba en las inmediaciones para combatir el abigeato y que desde la CAM denuncian como "bandas paramilitares". En tanto, Llaitul, trabajador social de la Universidad Concepción, fue aprehendido el 22 de febrero del 2007 en el terminal de esa ciudad por personal de la Policía de Investigaciones / AZ

GBI:montaje contra presos políticos chilenos (Por Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel).

Frente al gran montaje contra presos políticos chilenos (Por Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel).

A todas las redes de apoyo en Chile, Argentina y diferentes partes del mundo A toda la gente conciente que lucha por una nueva vida A nuestros familiares, amigxs y compañerxs A los medios de contrainformación:

1. A través de estas letras, queremos denunciar una nueva maniobra del estado policial chileno. Como antaño, hoy se vuelve a confirmar la vigencia y continuidad del plan Cóndor, el mismo que en los años 70’ hizo presa a miles de militantes de organizaciones revolucionarias en América Latina. Ayer fueron los militares y sus dictaduras, hoy son las llamadas democracias y sus estados de derecho (que no son más que la continuidad de las anteriores) los que en concomitancia y coludidos a través de sus poderes políticos, judiciales y policiales, le dan marcha por vía de la cooperación de los servicios de inteligencia y las policías de Chile y Argentina, a la planificación y ejecución de burdos montajes que permitan reprimir, encarcelar e intercambiar prisioneros. Es en este contexto en el cual nuestra compañera, Andrea Urzúa Cid, ha sido involucrada por la policía argentina, al igual que nosotros en Chile, en un montaje más, lleno de irregularidades policiales y judiciales, donde su único delito es el porte ilegal de solidaridad rebelde, compañerismo revolucionario y la anarquía de compartir y repartir su vida llena de sueños revolucionarios con los que luchan, dentro y fuera de las cárceles.
2. Andrea comienza su viaje el lunes 16 de septiembre desde Chile, bajo un estricto seguimiento por parte de agentes de la policía chilena hasta Neuquén, Argentina. Arribó el martes 17 con los esbirros tras ella. Nos visita el miércoles 18 y nos comunica el seguimiento que sufre desde que se bajó del bus, pero estaba alegre y tranquila pese a esto, a estar en otro país y bajo estas circunstancias. Quedamos de vernos al día siguiente en una nueva visita, pero esta nunca llegó a concretarse y nosotros comenzamos a ser objeto de constantes requisas, primero con perros y luego con personal de antimotines (en menos de 24 horas sufrimos tres requisas, de donde se llevaron el aceite para cocinar, fideos y porotos). Es el viernes 20 que nos enteramos que a nuestra compañera se le había negado el ingreso el día anterior porque, según la policía penitenciaria, trató de ingresar una “sustancia”, la que de forma increíble sufre tres mutaciones: primero indican que serían pastillas, luego droga, para finalmente concluir de la forma más descarada diciendo que eran explosivos. A nuestra compañera no se le encuentra nada. Se le obliga a firmar un papel pero no se le permite leerlo, siendo presionada por alrededor de 8 antimotines y oficiales, sin presencia de juez, defensor ni fiscal. Así, se le niega el ingreso y es obligada a irse del recinto. Al irse continúa el seguimiento a todas partes y es allanada la casa donde tenía estadía. Andrea se comunica con abogados de DDHH y se le informa que no tiene orden de detención y captura, por lo que el día viernes por la tarde decide emprender su regreso a Chile. Sin embargo, es detenida en la frontera por personal policial y de gendarmería argentina, y es desde ese momento que, fuera de todo procedimiento policial y judicial, comienza su secuestro. Se niega información de ella a sus familiares, amigos y compañeros y es paseada de un lugar a otro (unidades policiales y diferentes ciudades) como una forma de dificultar su ubicación. Es el propio juez Lavate (juez federal que llevará su caso) el que comunica vía telefónica y desde su juzgado, el día miércoles 24/9, a Mauricio Villarroel que tenía en su poder a su novia Andrea Urzúa, dando así término al secuestro al que fue sometida y a la búsqueda por varias unidades y ciudades, como así también por hospitales donde fue llevada por sus raptores-aprehensores.

3. Para nosotros no existen dudas, Andrea está siendo involucrada en un burdo montaje por parte de la policía argentina, alentada y auspiciada por la policía chilena que, una vez más, demuestra a través de la presión y su injerencia en otros países que no en vano es llamada la Israel de América Latina y, avalada por el imperio yanki, ocupa sus mismos métodos. Los hechos narrados son concretos: Andrea fue seguida constantemente, se allanó la residencia donde estaba sin una orden de detención, la prensa “informa” que la policía habla de porte de explosivos y recién después de 48 horas se le detiene en la frontera, esto con el fin de hacer de este montaje un show donde se indica que trataba de fugarse cruzando la frontera ¿por un paso legal? ¿a Chile? Chile no dudaría en entregarla si se lo pidiesen.

4. Esto sólo es parte de los esfuerzos del estado chileno para presionar a sus pares argentinos, con el fin de lograr nuestra pronta expulsión a territorio chileno. Hoy que estamos por ser condenados en Argentina por portación ilegal de armas de guerra, con esto se aleja la posibilidad para el estado chileno de ser enviados de forma rápida para ser sometidos a una prisión infinita al otro lado de la cordillera. Cuando estamos prontos a un juicio por expulsión, cuando las redes de solidaridad han crecido y están fuertes en Chile, Argentina, América y Europa, lo único que se busca es crear acontecimientos que permitan a los diferentes poderes fácticos de este lado tener los argumentos políticos que les permitan expulsarnos, ya que judicialmente no los tienen. Y es desde esta misma forma con la que en definitiva se está atacando a las organizaciones populares y revolucionarias, tanto de Chile como de Argentina y demás países de nuestra América morena.

5. Hoy desde esta prisión y sus muros que pretenden callarnos y sepultarnos, nuestro grito saluda a todas y todos lo que luchas, desde dentro y fuera de las prisiones. Un abrazo fraterno y acá nada termina, seguimos de pie, jamás mendigando ni arrodillados. Atacar a nuestro entorno más íntimo y cercano sólo es parte de la guerra sucia en esta guerra social y de clases.

SÓLO LA LUCHA NOS HACE LIBRES SALUD Y ANARQUÍA MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRÁ REBELIÓN

Freddy Fuentevilla Saa Marcelo Villarroel Sepúlveda Prisioneros políticos de origen chileno Miristas y libertarios

Viernes 26 de septiembre de 2008 Unidad de detención provincial Nº11 Neuquén, patagonia argentina
http://redchem.entodaspartes.org/spip.php?breve180

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viernes, 6 de marzo de 2009

LEYES "CRIMINALES DE LESA": ESPECIALES EN WALLMAPULa fábula del terrorismo mapuche PEDRO CAYUQUEO




LEYES ESPECIALES EN WALLMAPU

La fábula del terrorismo mapuche

"El terrorismo es la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror en la población civil" (Real Academia Española de la Lengua); "Violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos o agentes clandestinos" (Corte Suprema de EE.UU).

PEDRO CAYUQUEO * - TEMUKO - 06 / 03 / 09


Miguel Angel Tapia Huenulef.

Foto de Agencias.

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El Departamento de Estado norteamericano, en su último informe sobre terrorismo global, señala que Chile es un país “libre del flagelo del terrorismo internacional y doméstico”. Lo señala un gobierno que sabe precisamente de terrorismo. Del internacional, del doméstico y aquel de exportación que padecimos los latinoamericanos en tiempos de las denominadas “guerras sucias”, allá por los 70’ y 80’. En Chile reina la paz social, señalan desde EE.UU y lo repiten las autoridades chilenas con orgullo tras cada gira internacional, cuando las odiosas comparaciones con otros países de la región demandan poner los puntos sobre las ies.

Chile es un país “estable”, “democrático”, “seguro para invertir” y “fiscalmente responsable”. Un Estado donde “las instituciones funcionan”, en el decir de un ex primer mandatario, hoy adalid contra el cambio climático global y quien, sin embargo, fue el responsable de desempolvar el año 2001 la legislación antiterrorista de Pinochet para perseguir a “mapuches” en los campos del sur. En un país “sin terrorismo” decenas de ciudadanos eran perseguidos y encarcelados como tales. Una de las tantas paradojas de su administración.

Una ley a la medida

Bajo el mandato del ex presidente Ricardo Lagos, una treintena de comuneros y dirigentes fueron sometidos a proceso y posteriormente enjuiciados por infracción a la Ley 18.314, promulgada en dictadura y que sanciona en Chile “conductas terroristas”. En su mayoría se trató de miembros de comunidades en conflicto con empresas madereras y que eran perseguidos bajo el cargo de “incendio intencional”, ya fuera de maquinarias o plantaciones en zonas rurales. Como este delito en Chile está sancionado por una pena mínima de 5 años, sectores empresariales y políticos exigieron a La Moneda aplicar la Ley Antiterrorista.

Diez años atrás, esos mismos sectores habían recalificado en el Congreso Nacional el delito de incendio como un delito “propiamente terrorista”, aumentando en varios grados su penalidad. Por obra y gracia de los congresistas, en Chile se homologó de esta forma la quema de una plantación forestal en un apartado sector de Ercilla, con la explosión de un cochebomba en un concurrido y céntrico mercado de Bagdad. En ambos casos se estaba en presencia de un acto de terrorismo, es decir, ante un “acto de violencia ejecutado para infundir terror en la población civil”, según la definición de la Real Academia Española de la Lengua. Ni más ni menos.


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Bajo el mandato del ex presidente Ricardo Lagos, una treintena de comuneros y dirigentes fueron sometidos a proceso y posteriormente enjuiciados por infracción a la Ley 18.314, promulgada en dictadura y que sanciona en Chile “conductas terroristas”. En su mayoría se trató de miembros de comunidades en conflicto con empresas madereras.


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Esta doble calificación de un mismo delito -“simple”, en la justicia ordinaria y “terrorista” en la legislación heredada de Pinochet y reactualizada en “democracia”- llevó al absurdo de que, en el denominado Caso Poluco Pidenco, un grupo de los mapuches procesados fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol a 10 años de cárcel por “incendio terrorista” y otro grupo a 5 años por “incendio simple”. Ambos grupos en la misma causa judicial, con las mismas pruebas, mismos testigos, pero con una diferente tipificación del delito investigado.

Huelga destacar que otros dos acusados, ambos líderes tradicionales, con las mismas pruebas y mismos testigos, resultaron finalmente absueltos por el tribunal. En palabras de los jueces, las pruebas acompañadas por el Ministerio Público y el Gobierno “no aportaron antecedentes en cuanto a la existencia de un plan premeditado por parte de las personas a quienes el persecutor fiscal atribuye participación en el incendio para haber atentado, ya sea en contra de la vida, integridad física o libertad de un grupo determinado de la población”.

Posterior al famoso juicio de los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin en Traiguén (ambos condenados por “amenaza terrorista”) y de la fallida Operación Paciencia contra líderes de la CAM (absueltos del cargo de “asociación ilícita terrorista”), el caso Poluco Pidenco fue el tercer juicio en el cual el Ministerio Público, gobierno y empresas forestales sustentaron una acusación en la Ley 18.314, ello en contra de mapuches que se encontraban reivindicando derechos territoriales y socioculturales sobre la ahora “propiedad privada”. Y tal vez el más escandaloso, amen de las disímiles sentencias arrojadas por el tribunal de Angol y que hoy son investigadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que acogió a tramitación la denuncia presentada por los afectados.

Delitos violentos, no terroristas

Y es que si revisamos los delitos que se cometen en el marco del mal llamado “conflicto mapuche” y cuya autoría en muchos casos llama a la duda, son todos delitos contra la propiedad. ¿Violentos? que duda cabe, pero contra la propiedad al fin y al cabo, según apuntan diversos especialistas en derecho. “El delito terrorista a nivel internacional está estipulado como un deliberado atentado contra la integridad corporal o la libertad de las personas y se trata de circunstancias totalmente extremas de delitos atroces, pero es muy difícil explicar ante la comunidad internacional que un delito de incendio constituya un delito terrorista”, señala José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

“A mí me da la impresión que tanto las autoridades judiciales como el Gobierno sobre reaccionan frente a esto y recurren en términos muy desproporcionados a la aplicación de una ley que no corresponde y que no se justifica”, subraya. En octubre de 2004, Human Rights Watch y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, actual Observatorio Ciudadano, publicaron el lapidario Informe “Proceso Indebido: Juicios Antiterroristas, Tribunales Militares y los Mapuches en el Sur de Chile”, donde graficaron la violación de los derechos humanos y la discriminación que afectaba a los mapuches perseguidos por la Ley Antiterrorista. Dicho Informe constituyó la primera lápida sobre las credenciales “democráticas” de la administración Lagos en el exterior.

La segunda lápida provino desde Naciones Unidas. En su Informe sobre Chile, el ex Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, demandó a las autoridades que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas.” Agregó que “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.

En el mismo plano, Stavenhagen propuso que el Gobierno de Chile considerase la posibilidad de declarar una “amnistía general” para los mapuches procesados por realizar actividades sociales y políticas en el marco de la defensa de sus tierras. Concluía en su Informe que “la situación actual de los pueblos indígenas de Chile requiere la atención urgente, no sólo del Gobierno, sino también de todos los grupos políticos así como de la sociedad en general. A pesar de haberse producido importantes avances en el país en materia indígena durante los últimos diez años, estos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país”.

Promesa incumplida

El impacto internacional de ambos Informes, sumado a las dramáticas movilizaciones emprendidas desde las cárceles por mapuches condenados bajo la Ley Antiterrorista, llevaron a la presidenta Michelle Bachelet, en el marco de su campaña electoral, a prometer que bajo su mandato no se aplicaría dicha ley a miembros del Pueblo Mapuche. Ya como presidenta, reafirmó dicho compromiso tras ser increpada en Viena por defensores de derechos humanos que apoyaban a presos políticos en huelga de hambre en Temuco. "No voy a aplicar la Ley Antiterrorista porque considero que la justicia ordinaria tiene bastante fuerza para actuar”, afirmó a los manifestantes.

Era la segunda vez en menos de una semana que Bachelet se veía obligada a referirse a los presos mapuches en el marco de su primera gira europea como mandataria. Una semana antes, en Madrid, el Premio Nobel de Literatura 1999, el portugués José Saramago, la emplazaba a “mirar a estos habitantes originarios que han estado alejados de sus derechos y ahora se ven atacados por las multinacionales que vienen a quitarles sus tierras para construir industrias... hágame el favor de mirar a los mapuches”. Si bien la cacería policial de dirigentes y comuneros se mantuvo inalterable en los años siguientes, Bachelet cumplió su promesa y en variadas ocasiones se negó a desempolvar la legislación pinochetista, pese a las presiones ejercidas por gremios empresariales, parlamentarios de derecha y personeros de su propio gobierno, como el ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe.


Bachelet resistió las presiones, pero finalmente cedió. El pasado 12 de febrero, la violenta detención en Lo Prado, Región Metropolitana, del activista de la causa mapuche Miguel Angel Tapia Huenulef (45) y el supuesto descubrimiento de un “arsenal de guerra” en su poder, llevó al gobierno a invocar nuevamente su aplicación.


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Desde el exterior, numerosas voces le recordaban constantemente el tenor de su compromiso. Una era la del propio Stavenhagen. En febrero de 2008, a días de dejar su cargo como Relator y ante las presiones sobre Bachelet en orden a “endurecer la mano” en Wallmapu, el personero de Naciones Unidas señaló desde México que no era “justificable” que el Gobierno chileno aplicase la Ley Antiterrorista a las acciones de protesta en territorio mapuche. Subrayó Stavenhagen que el problema fundamental en Chile era “la situación vulnerable de las comunidades mapuches con respecto a sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales”.

Recordó Stavenhagen que en su visita del año 2003 ya había recomendado que se buscara una vía política a estos movimientos sociales y que no se criminalizara sus movilizaciones. Y si bien señaló desaprobar las acciones de fuerza llevadas a cabo por algunos activistas en el sur, advirtió de que ello no justificaba la aplicación de leyes especiales. “No apruebo, pero entiendo (que) cuando la gente tiene bloqueada la vía democrática, la vía política, la vía de la negociación, la vía institucional, pueda tomar medidas como ocupación de predios”, destacó, subrayando que “este tipo de acciones constituyen un delito del orden civil, pero no justifican una represión de la Fuerza Armada, ni menos la aplicación de la Ley Antiterrorista”.

Bachelet resistió las presiones, pero finalmente cedió. El pasado 12 de febrero, la violenta detención en Lo Prado, Región Metropolitana, del activista de la causa mapuche Miguel Angel Tapia Huenulef (45) y el supuesto descubrimiento de un “arsenal de guerra” en su poder -denunciando como un montaje por sus familiares-, llevó al gobierno a invocar nuevamente su aplicación. Ante la ausencia de Bachelet, por esos días de visita oficial en Cuba, le correspondió al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, comunicar la drástica medida y al subsecretario, Patricio Rosende, interponer el recurso judicial respectivo, medida que el senador y candidato presidencial del Movimiento Amplio Social, Alejandro Navarro, no dudó en calificar como un “regreso a la dictadura militar”.

El parlamentario recordó que “la propia Presidenta fue la que comprometió su palabra ante el mundo mapuche de no aplicar tal ley, una vez que fue criticada por órganos de derechos humanos de Naciones Unidas”. Agregó que “si seguimos así, con la política del ministro del Interior, vamos a terminar violando gravemente derechos humanos, como todos los ligados al debido proceso, como han denunciado organismos internacionales que apoyaron al pueblo de Chile contra la dictadura”. Al cierre de esta edición, Miguel Tapia Huenulef, acumula formalizaciones por 12 delitos en tribunales de Santiago y la Araucania, varias por “incendio terrorista”, arriesgando cadena perpetua simple. Permanece incomunicado en el módulo de Máxima Seguridad de la cárcel de Isla Teja en Valdivia, el “Guantánamo” sureño / AZ



* Artículo publicado originalmente en Revista Punto Final Nº 680. www.puntofinal.cl