En aquel 11 de septiembre
Unasur: “Hubo masacre en Bolivia”
La entidad que investigó la matanza de 20 campesinos bolivianos ocurrida en septiembre pasado en Pando afirmó que se trató de una masacre planificada, mientras que la oposición acusó a la comisión de parcialidad.
La comisión de la Unión de Países Sudamericanos (Unasur) creada para investigar los hechos sangrientos de Pando, concluyó que en ese departamento boliviano hubo una masacre de al menos 20 campesinos perpetrada por grupos armados que respondían a las autoridades regionales, opositoras al gobierno de Evo Morales.
El informe indica que los delitos cometidos son de lesa humanidad y que sus responsables deben ser juzgados en la justicia ordinaria. El presidente de la comisión, el argentino Rodolfo Matarollo, entregó este miércoles el informe al presidente Morales en un acto en el Palacio de Gobierno.
El documento es el resultado de una investigación solicitada por los países de la Unasur reunidos a mediados de septiembre en Chile, tras la masacre registrada el 11 de ese mes en Pando, en medio de una ola de protestas opositoras.
El mandatario agradeció a los presidentes de UNASUR por el apoyo ofrecido y dijo que el informe le dio la razón. "Algunos opositores se propusieron acabar con el gobierno entre enero y agosto, pero fracasaron", dijo.
La comisión dijo que tiene la "convicción intelectual y moral que durante aquella jornada en la localidad de Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, república de Bolivia, se cometió una masacre".
Luego agrega que no se llegó a establecer el número definitivo de víctimas, pero que al menos 20 campesinos murieron.
Aquel 11 de septiembre
El 11 de septiembre, en el marco del conflicto que enfrentó el gobierno de Evo Morales con cinco regiones opositoras, se produjeron serios incidentes de violencia. Los de mayor gravedad sucedieron en Pando, donde campesinos afines a Evo Morales marchaban para presionar al entonces prefecto opositor Leopoldo Fernández.
Los funcionarios y grupos afines a la Prefectura autonomista, en su afán de impedir la marcha, reprimieron, causando la muerte de campesinos. Del lado de los autonomistas cayeron dos personas.
El informe, leído por Matarollo ante invitados especiales, indica que los agresores actuaron "en forma organizada" y que "respondieron a una cadena de mando" que actuó con funcionarios y financiamiento de la Prefectura.
El que fuera prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ahora está detenido en La Paz. El gobierno lo acusa de ser el autor de la masacre de campesinos y, para reemplazarlo, posesionó a militar activo.
Sobre la policía, el informe manifiesta que "incumplió de manera flagrante su misión de preservar la vida".
Señala que muchos campesinos sufrieron torturas y que, incluso, los heridos que eran trasladados al hospital también eran torturados.
El documento deja algunos interrogantes y pide investigar sobre hechos denunciados pero no comprobados, como son la ejecución de niños, el entierro de cadáveres sin identificación, el destino de los desaparecidos, los tratos crueles y los abusos sexuales.
Los opositores rechazan
Los opositores rechazaron el informe. El senador de Podemos, Paulo Bravo, quien representa a Pando, dijo que el trabajo de UNASUR "no tiene ningún valor" porque, en su criterio, es un informe parcializado que no escucha a las dos partes.
Según Bravo, lo único que hizo UNASUR es beneficiar al presidente Morales con su informe.
Matarollo dijo que la comisión escuchó a ambos lados, incluso, al prefecto Fernández, pero que en algunos casos dieron versiones inverosímiles como aquella que indica que "los campesinos se mataron entre ellos".
El ex prefecto Fernández, antes de conocer el informe, dijo que también debería ser investigado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien acusa de haber organizado a los campesinos para marchar en contra del prefecto.
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Jueves 4 de diciembre de 2008
Unasur entregó informe alabado por el Gobierno boliviano y desacreditado por la oposición
“Crímenes de lesa humanidad en Pando”
El documento, que recoge la investigación de la muerte de 20 campesinos en septiembre, afirma que se trató de una matanza planificada, perpetrada por “agresores que respondían a “una cadena de mando” prefectual, “al servicio de una empresa criminal”.
El Presidente de Bolivia Evo Morales recibió ayer en La Paz el documento que resume la investigación que por varias semanas realizó una misión especial de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), sobre una masacre de campesinos ocurrida en septiembre en el departamento de Pando, cuando el país vivía una crisis político-social que lo tuvo al borde de la guerra civil.
El coordinador del grupo de peritos, antropólogos forenses y criminalistas de Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia y Argentina, el trasandino Rodolfo Mattarollo, señaló que en dicha ocasión se cometió un "crimen de lesa humanidad" y recomendó que los responsables sean juzgados por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades, tal como lo ha planteado la defensa del ex prefecto pandino Leopoldo Sánchez, quien actualmente está encarcelado, acusado de genocidio.
Según las indagaciones de la comisión -creada el 15 de septiembre en Santiago durante una reunión extraordinaria de Unasur (ver recuadro)- al menos 20 campesinos murieron aquel fatídico 11 de septiembre, si bien Mattarollo aclaró que todavía no se puede dar por cerrada la cifra de víctimas.
En su discurso, el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina dijo que los agresores de los agricultores estaban organizados y respondían "a una cadena de mando que contaba con funcionarios y bienes del gobierno departamental (de Pando), al servicio de una empresa criminal".
Dado que también murieron a bala dos funcionarios de la prefectura, la comisión de Unasur pidió a las autoridades judiciales de Bolivia "su investigación exhaustiva y la sanción correspondiente".
Persecución
El informe, además, señala que en Pando se "desencadenó una clara persecución de un grupo con identidad propia, fundada en motivos racionales, nacionales, étnicos, culturales y sociales", aunque Mattarollo declaró que no podía decir si era un genocidio o no, puesto que esa es una competencia judicial.
Sin embargo, el Presidente Evo Morales no tuvo problemas en catalogar lo ocurrido en septiembre como un "genocidio" protagonizado por la oposición y que pretendía "escarmentar" a los pueblos indígenas, al tiempo que pidió a la Unasur que acompañe una segunda etapa de las investigaciones de los asuntos aún no aclarados.
"Este es un informe parcializado, de gente que viene pagada por (el Presidente venezolano) Hugo Chávez, con la única intencionalidad de confundir más al país". Con esta frase el senador Roberto Yánez, del opositor Poder Democrático y Social (Podemos), resumió el escozor que causaron en la derecha boliviana las conclusiones de la investigación de Unasur.
A su juicio de las fuerzas políticas contrarias a Morales, en el texto no se menciona la supuesta responsabilidad del Gobierno en esos hechos, como la supuesta incitación a los campesinos para enfrentarse a Leopoldo Fernández.
El diputado de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, coincidió con Yáñez en criticar que "hay una parcialidad en ese informe", el cual "no extiende sus tentáculos, ni extiende su visión a la gente del Gobierno, ni a los socios del Gobierno que han participado (en los sucesos). Eso nos debe preocupar".
Según el opositor, sólo puede compartir con el documento presentado en que hubo "una masacre en Pando y que hay que meter a la cárcel a todos quienes han participado" en ella.
Comisión investigadora
A raíz de la crisis política que vivía Bolivia, el 15 de septiembre la presidenta pro témpore de Unasur, la Mandataria de Chile Michelle Bachelet, convocó de urgencia a Santiago a todos los países miembros del organismo regional, para abordar los sucesos y dar un apoyo unánime al Jefe de Estado boliviano, Evo Morales. En esa reunión se acordó crear una comisión investigadora sobre la matanza, la cual quedó conformada de la siguiente manera: Juan Gabriel Valdés (Chile); Fermino Fechio (Brasil); Francisco Borja (Ecuador); Guido Toro (Perú); Carlos Pita (Uruguay); Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia); Nicolás Gutman, Eduardo Zuaian, Ciro Annichiarico y Rodolfo Mattarollo (Argentina).
FRACASÓ EL PARO CÍVICO DE TARIJA CONVOCADO PARA PROTESTAR CONTRA EL GOBIERNO
Un paro cívico de 24 horas contra el Presidente boliviano Evo Morales, y en defensa de dirigentes detenidos los últimos días acusados de sedición tuvo un escaso nivel de acatamiento en la sureña capital prefectual de Tarija, el mayor productor de gas del país, informaron ayer medios locales. La protesta estaba enmarcada en un plan de movilizaciones en los departamentos rebeldes de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, cuyos dirigentes son adversarios de Morales, ante la posibilidad de que el Ejecutivo de La Paz decida encausar también a los prefectos (gobernadores) rebeldes de esas regiones.
Un reporte de la radio católica Erbol, dijo ayer que el transporte y los mercados públicos trabajaban con normalidad y que sólo algunos comercios y bancos del centro de la ciudad atendían de manera irregular. “En las provincias (tarijeñas) las actividades son completamente normales, lo que hizo prever desde temprano que la medida iba a ser un fracaso”, informó la radioemisora.
La situación era de evidente contraste con otras manifestaciones en las que grupos civiles de choque obligaban a los ciudadanos a acatarlas y cerrar comercios y paralizar el transporte.
El paro fue convocado para protestar por la detención de 23 personas desde el fin de semana, acusadas de participar en la toma violenta de entidades públicas en septiembre y por la masacre de 20 campesinos leales a Morales en Pando (ver nota principal).
Pese a la evidente poca particpación, el directivo del opositor comité cívico de Tarija Freddy Castrillo, expresó ayer su satisfacción por lo que calificó de “respuesta favorable por parte de toda la población” que, según él, se sumó al paro porque “no es una medida de presión sino de reflexión”.
En el único incidente de la jornada, un grupo de campesinos llegó a la Plaza de Armas de Tarija para demandar que los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) y por conceptos de regalías sean administrados por los municipios en vez de la Prefectura.
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1 comentario:
PAKO KONCHATU MADRE
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