Miércoles 3 de diciembre de 2008
/ La Nación
Fiscal nacional defendió indagatoria contra detectives y bajó perfil a su liberación
Polémica por fallo que liberó a ex policías por falta de pruebas
Por su parte el ministro Alfredo Pfeiffer explicó que ninguna de las pruebas que aportó la Fiscalía acredita la existencia de la malversación que se le atribuyó a los ex miembros de la PDI, razón por la que se revocó la prisión preventiva que los afectaba.
"Se estima que no hay antecedentes que justifiquen la existencia del hecho punible. No sé si se reunirán más antecedentes, pero lo que hay no permite justificar la existencia de un delito. Faltan más antecedentes que lo acrediten y son insuficientes".
Con estas palabras el presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, explicó el fallo que este lunes revocó la prisión preventiva del marginado comisario Jorge Sánchez y el ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Birom) Trévor Oyarzún, indagados por la presunta apropiación de $40 millones de los $922 millones sustraídos en el llamado "robo del siglo".
Al ser consultado por el detalle del dictamen, el magistrado precisó que -a juicio de la sala- no existían pruebas suficientes, en esta etapa de la investigación, para mantener en la cárcel a los ex policías.
Lo anterior porque no acreditado el "hecho punible" -la existencia del delito de malversación que se le atribuye a Oyarzún y Sánchez- más difícil resulta aún probar su participación en la supuesta apropiación de los fondos.
Los dichos del ministro Pfeiffer contestaban así las palabras que temprano dijera el fiscal nacional Sabas Chahuán al referirse al dictamen judicial.
El jefe del Ministerio Público había apoyado públicamente la indagatoria que dirige la Fiscalía Centro Norte contra la red de corrupción que operaba al interior de los tribunales y de la Policía de Investigaciones (PDI).
Chahuán en relación al dictamen dijo que "no hay mérito, por ahora, para la prisión preventiva, pero (la Corte) no se refirió a la formulación de cargos o formalización de la investigación, porque no le corresponde".
El fiscal nacional agregó que las diligencias de este caso siguen en curso a pesar de este impasse.
ESTILO DE HERRERA
Mientras que respecto a la polémica por la inminente citación del director de la PDI, Arturo Herrera, a la Cámara, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, no desmintió la existencia de 39 detectives que hasta octubre estaban suspendidos a raíz de un "megasumario" que busca establecer la responsabilidad de funcionarios involucrados en hechos de corrupción.
Respecto a la información aparecida en la última edición de La Nación Domingo, dijo a Radio ADN, que desconocía la cifra de esa investigación, pese que hasta octubre la indagación estaba a cargo del prefecto Patricio Morales.
Luego de su traslado al norte, el tema quedó en manos del subdirector operativo Óscar Gutiérrez.
Respecto a los privilegios que se le otorgan al general (R) de Ejército y ex director, Fernando Paredes, confirmó que éste tiene derecho a ello y que utilizó un vehículo institucional, pero que por su edad actualmente no lo hace.
Asimismo, confirmó que la casa en la que vive Herrera se paga con autorización del Ministerio de Hacienda y que los dos vehículos BMW, traídos desde Alemania, fueron comprados en el marco de un proceso de renovación.
Navarrete respaldó a Herrera por sus dichos contra Trévor Oyarzún, pero dijo que las palabras usadas "a lo mejor no son las más adecuadas".
Crean alianza anticorrupción
Con la firma de un convenio interinstitucional quedó ratificada la alianza entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para combatir y prevenir los actos de corrupción.
El acuerdo asegura el “intercambio información (…) sobre diversas materias que comprende la prevención de faltas a la probidad”, reseña el texto.
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, explicó que a los tribunales así como a estos organismos “les corresponde detectar, investigar, perseguir, juzgar y hacer efectivas, en sus casos, las responsabilidades que la ley señala”.
Por su parte, el fiscal nacional indicó que “estamos dando una señal de mayor afiatamiento, de mayor coordinación” en materia de corrupción.
Mientras que el presidente del CDE, Carlos Mackenney, expresó que esta firma de convenio sólo hace explícita “una relación de colaboración que hemos ido implementando las principales autoridades de estos organismos hace algún tiempo y permiten intercambiar antecedentes”.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081202/pags/20081202215659.html
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/ La Nación
Fiscal nacional defendió indagatoria contra detectives y bajó perfil a su liberación
Polémica por fallo que liberó a ex policías por falta de pruebas
Por su parte el ministro Alfredo Pfeiffer explicó que ninguna de las pruebas que aportó la Fiscalía acredita la existencia de la malversación que se le atribuyó a los ex miembros de la PDI, razón por la que se revocó la prisión preventiva que los afectaba.
"Se estima que no hay antecedentes que justifiquen la existencia del hecho punible. No sé si se reunirán más antecedentes, pero lo que hay no permite justificar la existencia de un delito. Faltan más antecedentes que lo acrediten y son insuficientes".
Con estas palabras el presidente de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, explicó el fallo que este lunes revocó la prisión preventiva del marginado comisario Jorge Sánchez y el ex jefe de la Brigada de Robos Metropolitana (Birom) Trévor Oyarzún, indagados por la presunta apropiación de $40 millones de los $922 millones sustraídos en el llamado "robo del siglo".
Al ser consultado por el detalle del dictamen, el magistrado precisó que -a juicio de la sala- no existían pruebas suficientes, en esta etapa de la investigación, para mantener en la cárcel a los ex policías.
Lo anterior porque no acreditado el "hecho punible" -la existencia del delito de malversación que se le atribuye a Oyarzún y Sánchez- más difícil resulta aún probar su participación en la supuesta apropiación de los fondos.
Los dichos del ministro Pfeiffer contestaban así las palabras que temprano dijera el fiscal nacional Sabas Chahuán al referirse al dictamen judicial.
El jefe del Ministerio Público había apoyado públicamente la indagatoria que dirige la Fiscalía Centro Norte contra la red de corrupción que operaba al interior de los tribunales y de la Policía de Investigaciones (PDI).
Chahuán en relación al dictamen dijo que "no hay mérito, por ahora, para la prisión preventiva, pero (la Corte) no se refirió a la formulación de cargos o formalización de la investigación, porque no le corresponde".
El fiscal nacional agregó que las diligencias de este caso siguen en curso a pesar de este impasse.
ESTILO DE HERRERA
Mientras que respecto a la polémica por la inminente citación del director de la PDI, Arturo Herrera, a la Cámara, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, no desmintió la existencia de 39 detectives que hasta octubre estaban suspendidos a raíz de un "megasumario" que busca establecer la responsabilidad de funcionarios involucrados en hechos de corrupción.
Respecto a la información aparecida en la última edición de La Nación Domingo, dijo a Radio ADN, que desconocía la cifra de esa investigación, pese que hasta octubre la indagación estaba a cargo del prefecto Patricio Morales.
Luego de su traslado al norte, el tema quedó en manos del subdirector operativo Óscar Gutiérrez.
Respecto a los privilegios que se le otorgan al general (R) de Ejército y ex director, Fernando Paredes, confirmó que éste tiene derecho a ello y que utilizó un vehículo institucional, pero que por su edad actualmente no lo hace.
Asimismo, confirmó que la casa en la que vive Herrera se paga con autorización del Ministerio de Hacienda y que los dos vehículos BMW, traídos desde Alemania, fueron comprados en el marco de un proceso de renovación.
Navarrete respaldó a Herrera por sus dichos contra Trévor Oyarzún, pero dijo que las palabras usadas "a lo mejor no son las más adecuadas".
Crean alianza anticorrupción
Con la firma de un convenio interinstitucional quedó ratificada la alianza entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para combatir y prevenir los actos de corrupción.
El acuerdo asegura el “intercambio información (…) sobre diversas materias que comprende la prevención de faltas a la probidad”, reseña el texto.
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, explicó que a los tribunales así como a estos organismos “les corresponde detectar, investigar, perseguir, juzgar y hacer efectivas, en sus casos, las responsabilidades que la ley señala”.
Por su parte, el fiscal nacional indicó que “estamos dando una señal de mayor afiatamiento, de mayor coordinación” en materia de corrupción.
Mientras que el presidente del CDE, Carlos Mackenney, expresó que esta firma de convenio sólo hace explícita “una relación de colaboración que hemos ido implementando las principales autoridades de estos organismos hace algún tiempo y permiten intercambiar antecedentes”.
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20081202/pags/20081202215659.html
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